1/24/2026

Día de las Mujeres Migrantes: “Nos atraviesa el machismo y el colonialismo”

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Por Jesica Rivero. Tiempo Argentino. Resumen Latinoamericano, 15 de enero de 2026

La militante y migrante Olga Choquetopa Torrez habla sobre cómo se tejen las redes en los barrios. El valor del trabajo colectivo y la solidaridad en tiempos de crisis económica.

Olga Choquetopa Torrez es boliviana pero llegó a la Argentina desde Paraguay. No vino en busca de trabajo, sino por curiosidad. Corría el año 2000 y ella paseaba por la ciudad de Encarnación. Disfrutaba unas vacaciones en ese país cercano a su tierra natal. Una tarde vio a lo lejos edificios grandes que le llamaron la atención. Preguntó qué eran. “Eso es Argentina”, le dijeron. Enseguida se subió a un barco y luego a un micro que la llevó hasta Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires.

”Cuando llegué me sorprendió mucho la solidaridad de la gente. Pregunté dónde había gente de Bolivia y me mandaron a Ezpeleta. Así llegué: preguntando” recuerda Olga en diálogo con Tiempo Argentino, en este nuevo Día de las Mujeres Migrantes que se celebra en el país cada 10 de enero en memoria de Marcelina Meneses y su hijo Joshua Torres quienes en 2001 fueron arrojados de un tren en movimiento, luego de ser insultadxs y matratadxs por su condición de migrantes.

Olga se instaló en Ezpeleta, una localidad de Quilmes al sur del conurbano bonaerense. De acuerdo al último Censo Nacional de 2022, en Argentina viven casi 2 millones de personas nacidas en otro país. De ese total, poco más de la mitad son mujeres. En la actualidad la feminización de la población inmigrante es muy notoria, a diferencia de los procesos migratorios de los siglos anteriores. La población femenina migrante pasó del 28,5% en 1869 al 54,9% en 2022.

Paraguay y Bolivia ocupan las dos primeras posiciones respecto del resto de los países de origen, pero en Ezpeleta no es necesario recurrir a la estadística para notar eso. Sus plazas, ferias y negocios están atravesados por los olores, colores y tonos de estas dos comunidades que llegaron, como Olga, con curiosidad y creando lazos solidarios. Las fiestas de las Santas Patronas de sus países de origen se mezclan con las juntadas entre “paisanos” que se ayudan a construir sus hogares y con las costumbres que sostienen en una tierra que cuidan como propia.

Lejos del distrito minero Colquiri, una comunidad de la ciudad de La Paz donde nació, Olga recorrió distintas organizaciones para conocer más sobre la realidad argentina.  Alquiló una pieza y desde ahí fue a charlar con militantes del Partido Obrero. También conoció la Villa 31, motivada por saber más sobre el Padre Mujica.

“Me gustaba visitar organizaciones porque en MAP Internacional, la ONG en la que trabajaba en Bolivia,  mi cargo era asistente social y quería fortalecer mi trabajo. Fue muy lindo conocer tantas experiencias” cuenta. 

Antes de su regreso a Bolivia tuvo un accidente en el tren, como el de Marcelina, justamente un mes después. Sucedió también en lo que en ese entonces se llamaba Línea Roca, el ferrocarril que unía Constitución con La Plata. “Me resbalé del tren. A mí nadie me empujó, me resbalé: ¡el tren era tan viejo!” recuerda. Olga cuenta que el piso del vagón estaba roto y se veían los rieles. Cuando quiso avanzar hacia otro, se resbaló y cayó al vacío. “Por ese accidente me quedé. No planeaba quedarme a vivir. Estuve seis meses internada en el Hospital Fiorito, en Avellaneda. Luego tres años de rehabilitación” dice. Ella tenía otros planes. Le gustaba conocer países. Había viajado a Ecuador, México, Guatemala y  Perú. No pensaba venir a la Argentina, sino que tenía planeado viajar a Kenia y conocer África. Pero la curiosidad la hizo llegar acá. Nunca más se fue. 

Día de las Mujeres Migrantes: “Nos atraviesa el machismo y el colonialismo”

Organizar para subsistir

Junto a otrxs migrantes fundó en 2001 la organización Ayllu Warisata, con la que crearon redes de apoyo con otras organizaciones indígenas y campesinas de Bolivia. Desde entonces Olga participó de múltiples iniciativas. Desde la Contra Cumbre NO al ALCA en Mar del Plata al Primer Congreso Descolonizador de Mujeres Indígenas en la Ex ESMA. Tenía experiencia en la participación política: a fines de los ochenta fue parte del nacimiento de la única federación de mujeres de Cochabamba, llamada Bartolina Sisa. En los 90 fue dirigente campesina, concejala y activista por el derecho de las mujeres. Esa experiencia la ayudó a ver la realidad de las mujeres migrantes. Sobre el tema dice que “el colonialismo machista sigue vigente, lo veo en Argentina entre la comunidad migrante. Muchos migrantes han sufrido, pero especialmente las mujeres. La trata laboral o sexual desde la infancia, también la violencia física, psicológica, económica en algunos trabajos de costura, por ejemplo, donde el mismo empleador también migrante ejerce violencia”

En plena pandemia crearon un comedor comunitario en su propia casa, en el barrio Villa Augusta. Renombraron a su organización. La llamaron “Olla Rebelde Warisata Mia”. El espacio integra una red de Puntos Solidarios que garantizan la alimentación a miles de vecinxs y que reciben asistencia del municipio para sobrellevar esa tarea fundamental y cada vez más necesaria.

El año pasado, la gestión local lanzó el Programa SUMA, a través del que se amplió y mejoró la calidad de la asistencia alimentaria en estos comedores, brindando alimentos frescos para mejorar los menús y también entregando equipamiento para mejorar las condiciones del trabajo comunitario. Olla Rebelde, la organización de Olga, lo integra. Una vez a la semana recibe a cientos de vecinos, en su mayoría migrantes, que buscan un plato de comida ante la desocupación y desmejoramiento de la calidad de vida que se incrementó en el país desde la llegada de Javier Milei. Junto con una docena de compañerxs, en su mayoría mujeres, sostienen esa solidaridad que asombró a Olga al pisar suelo argentino.

“Éramos un grupito de diez paisanos que nos reuníamos para hablar de distintas cosas, nos cocinábamos entre nosotros. Cuando surgió el COVID 19, veíamos a mucha gente caminando por la calle pidiendo azúcar, un poquito de arroz, un poco de fideo. Caminaba la gente pidiendo ayuda” recuerda.

En ese entonces, cuenta,  muchos paisanos quedaron varados en el país por las restricciones de la pandemia. Comenzaron cocinando para veinte personas pero enseguida fueron cincuenta. La comida que juntaban entre todos no alcanzaba. “Decidimos vender nuestros muebles. ¿Viste que en mi casa no tengo cerámica en el piso? Las que teníamos para colocar las vendimos. También chapas, cemento, cosas que encontrábamos” dice. 

Mujer y migrante

Desde que llegó al país, Olga se interesó por el trabajo social pero sobre todo por el trabajo con las mujeres, que era su principal tarea en Bolivia. Para ella, “el machismo está desde la colonia, desde la llegada de Colón a Latinoamérica. El machismo queda, siempre va a estar. Nos ha costado mucho integrar a las mujeres, ha sido una lucha muy difícil pero lo hemos logrado, no en todos los ámbitos pero en diferentes organizaciones se logró que más mujeres participen”.

Sobre la realidad de las mujeres migrantes dice que es un tema muy difícil y poco abordado. “Yo participe de Ni Una Menos, con mi organización fuimos a las marchas y todo pero es muy difícil si no hablamos de las violencias en nuestros idiomas migrantes, si no se habla de la violencia en quechua, en aymara o en guaraní. Nos atraviesa el machismo y el colonialismo. Necesitamos que se puedan hacer debates de esto, donde las mujeres en sus propios idiomas puedan hablar lo que viven”.

Olga tiene 66 años. Tiene tres hijxs, de los cuales detalla sus profesiones con orgullo. Es enfermera y también acompañante terapéutica, pero trabaja muy limitada por las secuelas de aquel accidente de tren. No puede estar parada mucho tiempo, tampoco mucho sentada, pero los días de comedor, a las seis de la mañana ya está levantada picando verduras, carnes y juntando la leña con la que encienden dos de los cuatro fuegos que requieren las ollas que al mediodía quedarán vacías. “La ayuda que yo recibí me demostró que los que  tienen menos son los más solidarios. Vi mucho amor en la gente. Que no se puede perder eso, ¿no?”

Gobernanza Migratoria

Desde 2019 el Municipio de Quilmes cuenta con un Plan Municipal de Gobernanza Migratoria que organiza el trabajo municipal en materia de migración internacional. La ciudad es históricamente receptora de personas migrantes. Según datos del Censo Nacional 2022, en el municipio habitan 43.968 personas migrantes internacionales, en su mayoría mujeres.

El informe preliminar “Migrar y Habitar Quilmes 2025” elaborado por la gestión local, al que accedió Tiempo Argentino en exclusiva, expone que de la población asistida entre 2019 y 2025 por la Dirección de Migración local casi el 60 por ciento fueron mujeres. Entre las principales necesidades se encuentran la regularización migratoria ligada al trámite de radicación y certificados de radicación requeridos para el acceso a jubilaciones y pensiones.  El plan contempla la creación del Observatorio de Migrantes y Refugiados “Reina Torres”, en memoria de la funcionaria a cargo del área fallecida el año pasado. Era cuñada de Marcelina Meneses y tía de su hijo Joshua, a quienes se conmemora cada 10 de enero. 

El escándalo de Grok y Elon Musk es solo el principio

Las expertas advierten de una nueva era de violencia machista con IA

Fuentes: El diario [Imagen: El logo de Grok, la IA de Elon Musk, con el magnate al fondo EP]

Grok, la IA del magnate, ha terminado restringiendo la creación de imágenes sexualizadas de mujeres, pero otras herramientas tienen muchos menos límites

 “Desde que descubrí Grok AI, el porno convencional ya no me convence; ahora me parece absurdo”, escribe en Reddit un entusiasta del chatbot de IA propiedad de Elon Musk. Otro coincide: “Si quiero a una persona muy específica, sí”.

Si quienes se han horrorizado por la distribución de imágenes sexualizadas en Grok esperaban que las tardías medidas de seguridad de la semana pasada pudieran volver a meter al genio en la botella, hay muchas publicaciones similares a estas en los foros de Reddit y otros lugares que cuentan una historia diferente. Y si bien Grok ha transformado la comprensión pública del poder de la inteligencia artificial, también ha puesto de manifiesto un problema mucho más amplio: la creciente disponibilidad de herramientas y medios de distribución que plantean a los reguladores mundiales una tarea que muchos consideran imposible.

Incluso cuando el Reino Unido o España anuncia que la creación de imágenes sexuales e íntimas no consentidas pronto será un delito, los expertos afirman que el uso de la IA para atacar a las mujeres apenas ha comenzado.

Sin apenas medidas de seguridad

Otras herramientas de IA cuentan con medidas de seguridad mucho más estrictas que Grok. Al pedirle que desnude la fotografía de una mujer para ponerle un bikini, Claude, el modelo de lenguaje de Anthropic (una startup financiada por Amazon o Google), responde: “No puedo hacerlo. No puedo editar imágenes para cambiar de ropa ni crear fotos manipuladas de personas”. ChatGPT y Gemini, la IA de Google, crean imágenes en bikini, pero nada más explícito.

Sin embargo, en otros lugares hay muchos menos límites. Los usuarios del foro sobre Grok en Reddit han estado compartiendo consejos sobre cómo generar las imágenes pornográficas más extremas posibles usando fotos de mujeres reales. En un hilo, los usuarios se quejaban de que Grok les permitía crear imágenes de mujeres en topless “tras oponer resistencia”, pero se negaba a generar genitales. Otros han notado que pedir “desnudez artística” elude las medidas de seguridad que impiden desnudar completamente a las mujeres.

Explosión de herramientas de “nudificación”

Más allá de los modelos de las principales plataformas, existe todo un ecosistema de páginas web, foros y aplicaciones dedicadas a la desnudez forzada y la humillación de las mujeres con IA. Estas comunidades están encontrando cada vez más formas de infiltrarse en la conversación dominante sobre estas herramientas, explica Anne Craanen, investigadora del Instituto para el Diálogo Estratégico (ISD, por sus siglas en inglés), especializada en violencia de género facilitada por la tecnología.

En comunidades de Reddit y Telegram se debate abiertamente cómo sortear las barreras de seguridad para lograr que las principales inteligencias artificiales generen pornografía, un proceso conocido como jailbreaking. En X, distintos hilos amplían información sobre aplicaciones de “nudificación”, capaces de producir imágenes de mujeres desnudas generadas por IA, y sobre cómo utilizarlas.

Craanen señala que las vías por las que el contenido misógino se propaga en internet se han multiplicado y advierte: “Hay un terreno muy fértil para que la misoginia prospere”. Una investigación del ISD publicada el verano pasado identificó decenas de aplicaciones y sitios web de nudificación que, en conjunto, recibieron casi 21 millones de visitas en mayo de 2025. Entre junio y julio del año pasado se contabilizaron 290.000 menciones de estas herramientas en X.

Buena parte de la infraestructura que sostiene los deepfakes de abuso sexual está financiada por empresas que utilizamos a diario (Nina Jankowicz — experta en desinformación y cofundadora del American Sunlight Project)

Otro informe del American Sunlight Project, difundido en septiembre, reveló la existencia de miles de anuncios de estas aplicaciones en Meta, pese a las declaraciones de la compañía sobre su esfuerzo por combatirlos. “Hay cientos de aplicaciones alojadas en tiendas convencionales como las de Apple y Google que hacen posible este tipo de abusos”, afirma Nina Jankowicz, experta en desinformación y cofundadora del American Sunlight Project. “Buena parte de la infraestructura que sostiene los deepfakes de abuso sexual está financiada por empresas que utilizamos a diario”, sostiene.

Clare McGlynn, profesora de Derecho y experta en violencia contra mujeres y niñas en la Universidad de Durham, teme que la situación no haga más que empeorar. “OpenAI anunció el pasado noviembre que permitiría contenido erótico en ChatGPT. Lo que ha ocurrido en X demuestra que cualquier nueva tecnología acaba utilizándose para abusar y acosar a mujeres y niñas. ¿Qué veremos entonces en ChatGPT?”.

“Las mujeres y las niñas son mucho más reticentes a utilizar la IA, algo que no debería sorprender. No la perciben como una tecnología nueva y emocionante, sino como una nueva vía para el acoso y el abuso, y como un intento más de expulsarlas de los espacios digitales”, expone.

Porno de castigo

Jess Asato, diputada laborista por la región británica de Lowestoft, lleva tiempo denunciando este problema y asegura que sus detractores han estado creando y difundiendo con entusiasmo imágenes explícitas suyas, incluso después de que se impusieran restricciones a Grok. “Me sigue ocurriendo y se sigue publicando en X porque hablo de ello”, añadió. Asato subraya además que el abuso mediante deepfakes generados con IA lleva años afectando a las mujeres y no se limita a Grok. “No sé por qué se ha tardado tanto en actuar. He hablado con muchísimas víctimas de situaciones mucho, mucho peores”, afirma.

Aunque la cuenta pública de Grok en X ya no genera imágenes para quienes no tienen una suscripción de pago y parece que se han introducido barreras para impedir la creación de imágenes en bikini, la aplicación para móviles de Grok (desligada de la red social) presenta muchas menos restricciones.

Ese componente performativo es clave y deja muy claras las connotaciones misóginas: castigar o silenciar a las mujeres (Anne Craanen — investigadora del ISD especializada en violencia de género facilitada por la tecnología)

Los usuarios aún pueden crear imágenes sexualmente explícitas a partir de fotografías de personas reales completamente vestidas, sin las limitaciones para los usuarios de pago que se han introducido en X. Si se le pide que transforme una foto en una escena con atuendo de bondage, lo hace. También sitúa a mujeres en posiciones sexualmente degradantes y las cubre con sustancias blancas similares al semen.

Según Craanen, el objetivo de crear desnudos falsos no suele ser solo compartir imágenes eróticas, sino el espectáculo en sí, especialmente cuando esas imágenes inundan plataformas como X. “Es el propio toma y daca, el intento de acallar a alguien diciendo: ‘Grok, ponla en bikini’”, explica.

“Ese componente performativo es clave y deja muy claras las connotaciones misóginas: castigar o silenciar a las mujeres. Y eso tiene además un efecto en cascada sobre las normas democráticas y el papel de las mujeres en la sociedad”, concluye.

Fuente: https://www.eldiario.es/tecnologia/escandalo-grok-elon-musk-principio-expertas-advierten-nueva-violencia-machista-ia_1_12907583.htm

60 mil mujeres detenidas por ICE en último año

 

La forma de ejecutar la política anti migratoria de Trump con aras de una limpieza étnica ha desatado protestas contra estos elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) por lo que Donald Trump ya amenazó con invocar la Ley de Insurrección, una ley federal de 1807 que permite al presidente de los Estados Unidos desplegar al ejército y la Guardia Nacional para controlar disturbios o rebelión en las calles.

Es importante decir que la historia de ICE no comenzó con la llegada de Donald Trump a la presidencia, sino en noviembre de 2002 cuando se aprobó la Ley de Seguridad Nacional y se puso en marcha la reorganización gubernamental más grande desde la creación del Departamento de Defensa. En marzo de 2003 formalmente abrió sus puertas la entonces agencia federal «Oficina de Inmigración y Control de Aduanas».

Los integrantes de la agencia estuvieron conformados por autoridades civiles y penales buscando proteger la seguridad nacional y fortalecer los ataques como el ocurrido el 11 de septiembre de 2001, cuando 19 hombres coordinados por el grupo terrorista Al Qaeda secuestraron aviones comerciales.

Este evento histórico desencadenó que le Ley de Seguridad Nacional fuera apoyada por 118 miembros del Congreso y firmada por el entonces presidente George W. Brush. Desde entonces, la misión de la agencia se convirtió en prevenir el terrorismo, mejorar la seguridad, proteger las fronteras estadounidenses, hacer cumplir las leyes migratorias, asegurar el ciberespacio y garantizar la recuperación ante desastres.

A partir de esto nacieron tres agencias: la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (convertida posteriormente en la CBP), la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, y la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (conocida como ICE en años posteriores). Así comenzó el despliegue de operativos contra personas migrantes señaladas por cometer delitos o pertenecer al crimen organizado, investigaciones y la capacitación de la primera generación de agentes especiales.

En 2007, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas se convirtió en Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE).

Fotografía retomada de la página web de ICE.

Cuando ICE llegó a manos de Trump, las violaciones a derechos humanos se recrudecieron. Un informe de la organización Human Rigth Watch señala que, tras el regreso del presidente en su segunda administración, que dio inicio en enero de 2025, se realizó una campaña abusiva de redadas y arrestos migratorios dirigidas a personas afrodescendientes en todo el país. Estos hechos se acontecían en lugares donde la comunidad latina trabaja, compra, come y vive.

Los agentes de ICE detuvieron a personas en juzgados, citas programadas ante funcionarios de inmigración, así como en escuelas y otros lugares públicos. En estas detenciones se documentó el uso de la fuerza excesiva para generar miedo ante las personas migrantes, pero también la protección de la identidad de los agentes a través del uso de mascarilla y ropa civil que fue expuesta como una medida de protección ante el doxing, según explica el organismo en su página web.

Para Human Rigth Watch esto agrava el panorama de derechos humanos ante la campaña masiva de deportación impulsada por Trump. También apuntaron, que la justificación que dio ICE se coloca como una barrera para la rendición de cuentas y fomenta condiciones de impunidad. Además, medios de comunicación informaron sobre personas que se hacen pasar por agentes federales ejerciendo el secuestro, violencia sexual o extorción a las víctimas.

Mujeres en el ojo de ICE

En octubre de 2025, la organización Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) denunció la situación que atraviesan las mujeres embarazadas detenidas por ICE, quienes permanecen encadenadas sin atención prenatal, recibiendo comida y agua insuficiente. Esto pese a que la propia directiva desaconseja la detención de mujeres en este estado.

A través de varias entrevistas realizadas a estas mujeres por parte de ACLU y otras organizaciones civiles, se encontró un patrón de abandono generalizado y violaciones de la política federal que implica negligencia médica, condiciones abusivas y desprecio a la dignidad.

De acuerdo con la organización, aunque ICE no informa sobre las detenciones de mujeres embarazadas, la instancia confirmó que en abril de 2025 había 14 mujeres en este estado detenidas en el centro Basile al sur de Luisiana.

Pese a que algunas mujeres informaban sobre su estado de salud, aun así, agentes de ICE las detuvieron. ACLU encontró el caso de una mujer nombrada como Alicia quien tuvo un aborto espontáneo mientras estaba detenida en Basile. Anteriormente recibió poca comida en mal estado y experimentó dolores abdominales intensos, calambres y sangrados.

La misma noche en que perdió al bebé, la regresaron detenida por dos meses más, incluso cuando aún presentaba hemorragias, hinchazón, fiebre y dolor uterino intenso. En julio de 2025 la deportaron separándola de sus hijas y, cuando al fin recibió atención médica, encontraron que tenía una infección que adquirió bajo custodia.

Otros casos registrados por UCLA son las historias de una estudiante y visitante legal llamada Marie quien desarrolló preclampsia en el tiempo que estuvo arrestada, así como Lucía quien recibió atención médica después de pasar una noche encerrada en un cuarto sola mientras presentaba hemorragia vaginal o la experiencia de Ana a quien le negaron vitaminas prenatales y atención médica durante su detención afirmando que no las necesitaba.

«En conjunto, estos relatos muestran un patrón sistémico de crueldad y negligencia médica hacia las mujeres embarazadas bajo custodia de ICE, en violación directa de las prohibiciones de la agencia sobre detener y sujetar a personas embarazadas» -Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés).

En 2020, Amnistía Internacional Estados Unidos denunció supuestos casos donde agentes de ICE realizaron esterilizaciones forzadas de mujeres migrantes detenidas en el Centro de Detención del Condado de Irwin, ubicado en Georgia. La investigadora de la organización, Denise Bell señaló que los informes apuntaban a que las mujeres fueron sometidas a una histerectomía sin su consentimiento, lo cual se considera un crimen de lesa humanidad en virtud del derecho internacional.

Otros informes como los de Human Rights Watch, que recopila datos internos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, revelaron diversos casos de violencia contra las mujeres migrantes desde el 2017 por parte de agentes de La CBP, la Patrulla Fronteriza y los oficiales de ICE como abuso sexual. 

Si bien, ICE continúa siendo una agencia federal y no un cuerpo militar, durante la administración de Trump ha operado como una fuerza militarizada al servicio de la política migratoria. A través de redadas, detenciones masivas y el uso de tácticas que violan los derechos humanos, esta instancia funciona como una fuerza coercitiva para criminalizar la migración, especialmente contra comunidades racializadas y personas en situación de vulnerabilidad.

Además, la violencia se intensificó cuando en septiembre de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos, accedió a que los agentes de inmigración consideraran la raza, etnia e idioma como factores de sospecha sobre la situación migratoria de una persona. Con ese permiso, no solo llevan a cabo a cabo las detenciones, sino que se reproducen violaciones a derechos humanos de manera sistemática.

La movilidad de las mujeres: violencias en las rutas migratorias

 

En 2024, más de 48 millones de personas de la región vivían fuera de su país de nacimiento y, por primera vez de forma sostenida, las mujeres representaron más de la mitad. Para 2025, 21 millones de personas se encontraban desplazadas forzosamente; casi la mitad eran mujeres. La movilidad carga violencias profundamente marcadas por el género.

Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración y la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración lo constatamos todos los días: la experiencia migratoria de las mujeres está atravesada por riesgos específicos que no pueden explicarse solo por la condición migratoria.

La discriminación, la violencia sexual, la trata, la sobrecarga de cuidados, el miedo constante a la deportación y la exclusión de los sistemas de protección se combinan de manera brutal. Dos de cada cinco mujeres en movilidad conocen a otra mujer que ha sufrido violencia de género durante el trayecto. El 16 por ciento de las víctimas de trata transnacional en contextos de movilidad proviene del continente americano. Estas cifras no son abstracciones: son historias de cuerpos vulnerados y de derechos negados.

A estas violencias se suman nuevas formas de agresión facilitadas por la tecnología. Los sistemas de control migratorio basados en datos biométricos y plataformas digitales, presentados como herramientas de orden y protección, han abierto una zona gris entre cuidado y vigilancia. La exigencia de huellas, rostros y datos personales para acceder a la regularización migratoria —como ocurre en distintos países de la región— expone a las mujeres migrantes a filtraciones de información, vigilancia indebida y decisiones automatizadas atravesadas por sesgos racistas y sexistas. Para una mujer que huye de la violencia familiar, de la trata o de la violencia sexual, ser rastreable digitalmente puede significar un nuevo riesgo, no una garantía de protección.

La violencia digital no se limita al uso de datos biométricos. La brecha en alfabetización y habilidades digitales, las barreras lingüísticas, el estatus migratorio irregular y el trauma del desplazamiento colocan a muchas mujeres en una posición de mayor exposición al fraude, la extorsión, el acoso y la desinformación. En un entorno donde más de la mitad del contenido en línea está en inglés, miles de mujeres migrantes navegan espacios digitales sin herramientas suficientes para protegerse o buscar ayuda. La desinformación y los discursos de odio, amplificados incluso por cuentas verificadas y por coberturas mediáticas estigmatizantes, profundizan la xenofobia y legitiman políticas de exclusión.

En este contexto, es imprescindible reconocer el papel central de las mujeres defensoras de derechos humanos de las poblaciones en movilidad. Son ellas —abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas, comunicadoras, defensoras comunitarias— quienes sostienen albergues, documentan violaciones, acompañan procesos legales y denuncian abusos. Y son también quienes enfrentan detenciones arbitrarias, criminalización, vigilancia digital, campañas de desprestigio y violencia sexual por desafiar órdenes migratorios y roles de género. La estigmatización de la migración como “amenaza a la seguridad nacional” ha convertido la solidaridad en un acto castigado.

Frente a este panorama, la Convención de Belém do Pará sigue siendo una herramienta clave. Su implementación con un enfoque interseccional —que reconozca la condición migratoria como un factor de discriminación— puede transformar la vida de millones de mujeres. Existen avances que muestran que el cambio es posible: el reconocimiento de la violencia de género como causal de asilo en algunos países, programas de regularización con enfoque de protección y lineamientos regionales impulsados desde el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres, el cual hace unas semanas tuvo su XXII reuniòn de evaluación en Fortaleza, Brasil. Sin embargo, estos esfuerzos siguen siendo fragmentarios.

Hoy más que nunca es urgente que los Estados articulen sus políticas migratorias con los sistemas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres; que garanticen vías de movilidad regulares, seguras y accesibles al género; que fortalezcan el asilo con enfoque feminista; que creen mecanismos transnacionales de acceso a la justicia y que incorporen a las organizaciones lideradas por mujeres migrantes en el diseño de las respuestas.

Cada cifra encierra una historia de resistencia. Cada mujer en movilidad merece vivir sin miedo, sin violencia y sin fronteras que limiten sus derechos. La región tiene una deuda pendiente con ellas. Reconocer que la movilidad humana tiene rostro de mujer es el primer paso; actuar en consecuencia es la verdadera obligación.

En 2025, Estados Unidos devolvió a más de mil niñas y adolescentes a territorio mexicano

 

La base de datos de ésta instancia señala que, durante los primeros 11 meses de la segunda administración de Donald Trump en Estados Unidos, se deportaron a 144 mil 061 mexicanas y mexicanos inmigrantes, de los cuales 13 mil 282 fueron mujeres mayores de 18, así como mil 409 niñas y adolescentes.

Además, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se reportó haber alcanzado las 527 mil deportaciones del territorio estadounidense más 1.6 millones de personas que se autodeportaron a lo largo del último año.

Las mujeres y niñas retornadas pertenecieron principalmente a los estados de Baja California (2 mil 499), Chiapas (mil 431), Chihuahua (2 mil 27), Coahuila (mil 60), Sonora (2 mil 578), Tamaulipas (2 mil 981), Ciudad de México (4), estado de México (562) y Tabasco (mil 549).

El número de deportaciones en Estados Unidos ha alcanzado cifras históricas y todavía se espera un incremento en los próximos meses. Lo que comenzó con una amenaza en abril de 2024 donde Trump advirtió el uso de fuerzas castrenses en sus fronteras, hoy se materializó en toda una política antinmigrante que busca «limpiar» a Estados Unidos de la población migrante, incluso cuando el país de la libertad se construyó con la migración de colonos ingleses que llegaron a América en 1607 y nunca se fueron.

Fue en una entrevista con la revista Times, cuando apenas era candidato a la presidencia, donde el mandatario prometió utilizar todos los recursos disponibles para impulsar la «mayor deportación de la historia». También propuso implementar reformas al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas para eliminar trámites burocráticos, militarizar sus fronteras y dotar de mayor poder al ICE para actuar de forma radical y extrema contra el flujo migratorio, así como implementar redadas y arrestos masivos.

En ese año, el Migration Policy Institute estimaba que aproximadamente 5.1 millones (45%) de los 11.3 millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos a mediados de 2022 procedían de México. Las amenazas de Trump dejaron en suspenso a varias familias mexicanas porque el titular de seguridad fronteriza Tom Homan quedó a cargo de las políticas migratorias y de seguridad fronteriza siendo conocido por violentas separaciones de madres, padres e infancias en 2018. Además, el funcionario bromeo con que, esta vez, se deportarían a las familias enteras.

Crédito: Unsplash

Para finales de enero 2025, Trump anunció estado de emergencia y la militarización de su frontera sur para sellar el paso hacia el territorio mexicano. Decisión que tomó cando firmó una serie de ordenes ejecutivas, entre las que estaban los temas migratorios, por ejemplo, la suspensión de programas para el reasentamiento de refugiados; la cancelación de las citas en la aplicación CBP One; la catalogación de pandillas y considerar a los cárteles de la droga como terroristas; retomar la construcción del muro fronterizo; implementar de nueva cuenta la política pública “Quédate en México”; y la detención de vuelos migratorios.

Anteriormente, las y los migrantes ya habían vivido las consecuencias del endurecimiento de las políticas anti migrantes en las fronteras, sobre todo las niñas, adolescentes y mujeres quienes enfrentaron violencia diferenciada por su género. El informe “Te tratan como si no valieras nada”, recopila datos internos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, en donde reveló diversos casos de violencia contra las mujeres desde el 2017 por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Varios casos incluyeron violencia sexual, trato discriminatorio y deshumanizante, violencia en razón de género, violencia verbal relacionada con animales, abuso físico y sexual, violencia psicológica, negación de alimentos y atención médica, intimidación de solicitantes de asilo, denegación del debido proceso, y detenciones hasta por más de 72 horas o incluso meses bajo temperaturas congelantes.

Crédito: Unsplash

Por otro lado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) pasó de ser una agencia federal para prevenir el terrorismo, mejorar la seguridad, proteger las fronteras estadounidenses, hacer cumplir las leyes migratorias a ser el cuerpo represor de Trump. De acuerdo con cifras de The Global Stadistics, solo en el último año detuvieron a 260 mil personas, de las cuales el 23% fueron mujeres, es decir, 59 mil 800.

A cargo de esta instancia quedaron las redadas que dieron inicio a una serie de manifestaciones y protestas por el uso de la fuerza excesiva. La violencia se intensificó cuando en septiembre de 2025 la Corte Suprema de los Estados Unidos accedió a que los agentes de inmigración consideraran la raza, etnia e idioma como factores de sospecha sobre la situación migratoria de una persona. Con ese permiso se llevaron a cabo violaciones a derechos humanos.

La epidemia de violencia contra las mujeres atormenta Brasil

 

Manifestación del movimiento ¡Mujeres Vivas, Levántense! el 7 de diciembre en Brasilia. Hubo protestas en otras 88 ciudades para protestar contra la creciente ola de feminicidios y violencia machista y demandar por el fin de los feminicidios y otras violencias contra las mujeres en todo el Brasil. Imagen: Marcelo Camargo / Agência Brasil.- Mario Osava

RÍO DE JANEIRO – Una mujer atropellada y arrastrada bajo el automóvil por cerca de un kilómetro queda como el signo de la creciente violencia contra las mujeres, cuyos niveles epidémicos en Brasil inquietan y moviliza a la sociedad.

Tainara Souza Santos murió a los 31 años el 24 de diciembre de 2025 en São Paulo, tras 25 días en un hospital donde se intentó salvarla de las heridas provocadas por su expareja, que usó el auto como arma en la agresión que conmocionó el país. Ella tuvo sus piernas amputadas y sufrió por lo menos otras tres cirugías.

El video de una cámara vial de seguridad registró el atentado, lo que facilitó el arresto del agresor al día siguiente.

Otros feminicidios de gran repercusión en el final de 2025 desataron la alarma. Un hombre incendió la casa donde vivía con su compañera y sus cuatro hijos pequeños en Recife, capital del estado de Pernambuco, en el noreste de Brasil, el 29 de noviembre. Los cinco murieron carbonizados.

“La violencia contra las mujeres es un problema estructural. Tiene raíces profundas, normas, valores, creencias que reafirman la desigualdad entre los géneros y promueven la aceptación de esas prácticas violentas, que por ende se reproducen en nuestra sociedad”: Cristina Neme.

La oleada de asesinatos tuvo como respuesta una protesta nacional del movimiento ¡Mujeres Vivas, Levántense!, que promovió el 7 de diciembre manifestaciones en por lo menos 89 ciudades brasileñas.

“La violencia contra las mujeres es un problema estructural. Tiene raíces profundas, normas, valores, creencias que reafirman la desigualdad entre los géneros y promueven la aceptación de esas prácticas violentas, que por ende se reproducen en nuestra sociedad”, señaló Cristina Neme, coordinadora de proyectos del no gubernamental Instituto Sou da Paz.

La protesta en São Paulo el 7 de diciembre reclamó un “basta ya” 
a la ola de feminicidios, que crecieron en los últimos años en 
Brasil pese a las nuevas leyes que prevén hasta 40 años de cárcel 
para ese crimen. Imagen: Rovena Rosa / Agência Brasil

Las leyes no evitan la violencia

Brasil avanzó en la legislación que penaliza la violencia de género. Desde 2006 cuenta con la ley Maria da Penha, que tipifica los delitos de violencia doméstica y familiar contra las mujeres, establece penas y medidas de prevención y atención a las víctimas.

Lleva el nombre de una farmacéutica de Ceará, un estado del nordeste brasileño, que sufrió dos atentados a su vida, a tiros y por electrocución, además de innumerables agresiones, cometidas por su marido, en los años 80.

Quedó parapléjica y luchó en la justicia por la condena del exmarido que solo fue encarcelado en 2002. Condenado en dos juicios, en 1991 y 1996, logró postergar su prisión por recursos judiciales en que alegó irregularidades procesuales.

El caso movilizó organizaciones feministas y de derechos humanos que lo llevaron a cortes internacionales y terminaron por lograr la aprobación de la ley en el Congreso legislativos en 2006.

Otra ley, de 2015, tipificó el crimen de feminicidio, en que la víctima es asesinada por el simple hecho de ser mujer, con penas previstas de 12 a 30 años de cárcel. Luego, en 2024, otra ley elevó la pena a entre 20 y 40 años.

Pese a esas legislaciones, el feminicidio y otros tipos de violencia contra las mujeres crecen en las estadísticas.

Eso ocurre especialmente en los intentos de feminicidio, que registran “un gran aumento desde 2022”, según Juliana Brandão, investigadora sénior del Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP).

El último informe anual del FBSP, de 2025, apunta que hubo 1492 feminicidios en 2024, con un aumento de 0,9 % en comparación con 2023, mientras los intentos de homicidios machistas sumaron 3870 y un incremento de 19 %.

La ministra brasileña de las Mujeres, Márcia Lopes, tiene 
nuevos desafíos ante el crecimiento de la violencia contra 
mujeres que se suma a las desigualdades de género y la
 misoginia, temas que enfrentan fuerte oposición de la extrema 
derecha. Imagen: Valter Campanato / Agência Brasil

Misoginia en las redes digitales

La tendencia al agravamiento, en contradicción con leyes más severas, coincide con el ascenso político de la extrema derecha, que gobernó el país entre 2019 y 2022 con el presidente Jaír Bolsonaro, y “el aumento exponencial de sitios web misóginos y antifeministas” desde 2022, según datos del Ministerio de las Mujeres, destacó Brandão.

“Son fenómenos paralelos, más influencia de la ‘machosfera’, más intentos de feminicidio”, sostuvo Brandão a IPS, por teléfono desde São Paulo. Por “machosfera” entiende el conjunto de sitios web y perfiles en las redes sociales que difunden ideas machistas y el odio a las mujeres.

“Cuanto más mujeres logran una mejor inserción en la política, la economía y la cultura, saliendo del límite doméstico a la arena pública, más fuerte es la reacción, con el mensaje de que ese no es un espacio para la mujer”, acotó.

La legislación no logra por si sola contener esa tendencia impulsada por una “cultura antifeminista arraigada en la extrema derecha”, de odio a las luchas por igualdad de género y de la violencia como forma de solución de conflictos, lamentó.

Brandão, una abogada, considera que los intentos en alza de los feminicidios comprueban que el delito es un acto planificado, premeditado, que se alimenta de la propagación en las redes sociales, con sus orientaciones, planes y motivos de odio para los ataques a las mujeres.

El conocimiento acumulado sobre las agresiones contra las mujeres registra su repetición y recrudecimiento hasta culminar en el feminicidio.

“La legislación es importante para que el sistema de justicia esté atento, reconozca la violencia contra las mujeres”, pero como se trata de delitos causados por factores múltiples, es necesario un conjunto de medidas para debelar esa criminalidad específica, propone Brandão.

Anielle Franco, ministra de la Igualdad Racial, participó 
en la protesta contra los feminicidios en Brasilia, el 7 de 
diciembre. Ella es hermana de Marielle Franco, la concejal 
de Río de Janeiro asesinada en 2018 y un símbolo de 
las luchas de las mujeres y la población negra. 
Imagen: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Políticas públicas con presupuesto

La prevención de las violencias, que comprenden violaciones y acoso sexuales, agresiones físicas y sicológicas, en el ambiente doméstico y en el público, exige políticas públicas de promoción de los derechos humanos y reducción de las desigualdades de género, sostuvo la abogada.

Eso comprende políticas de redistribución del ingreso, para superación de “las relaciones asimétricas, de la dependencia en relación a la pareja”, ejemplificó.

Además, hace falta una red de apoyo a las víctimas desde la denuncia hasta el acceso a una justicia eficiente y la reorganización de sus vidas. En resumen, políticas públicas con presupuesto suficiente, reclamó la abogada. Hubo retrocesos en los recursos públicos destinados a esas políticas, lamentó.

La legislación actual prevé tanto el castigo a los agresores como una red de acogida y asistencia a las víctimas para su protección y para que puedan “rehacer sus vidas fuera del círculo de violencia que puede conducir al feminicidio”, subrayó Neme a IPS desde São Paulo.

Pero “esos mecanismos necesitan ganar eficacia, presencia en todos los municipios, ya que la violencia ocurre en los territorios, en el cotidiano de ciudades grandes, medianas y pequeñas”, matizó.

Ese acceso amplificado debe involucrar las comisarias de atendimiento especializado a las mujeres, centros de acogida, asistencia jurídica y social, “un gran desafío para las políticas públicas” en que es indispensable articular los gobiernos de distintos niveles, el poder judicial y la policía, sostuvo.

Todo eso se hace más necesario ahora que los medios digitales y las redes sociales “potencializan y generan nuevas dinámicas de agresiones, odios e intolerancia que promueven la violencia basada en género”, concluyó.


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Los feminicidios, reconocidos como un crimen específico solo hace 10 años, ya constituyen un grave problema social. En 2023 el legislativo Congreso Nacional aprobó una ley que concede una pensión especial a los niños y adolescentes huérfanos de madres asesinadas por razón de género.

La inquietud por ese aparente retroceso en la civilización estimula estudios, además de protestas.

La Universidad Estatal de Londrina, una ciudad de 580 000 habitantes en el interior del meridional estado de Paraná, creó en 2022 el Laboratorio de Estudios de Feminicidios (Lesfem) que monitorea la evolución del tema, con apoyo de otras dos universidades.

Sus últimos datos apuntan 5582 feminicidios intentados y consumados en enero-octubre de 2025, un aumento de 32,6 % sobre el mismo período de 2024. Los casos consumados corresponden a 31,48 % del total, es decir casi mitad de los intentos.

Las estadísticas apuntan las mujeres negras y pobres como la gran mayoría de las víctimas, pero es São Paulo, el más rico entre los 26 estados brasileños, el que registra el aumento más preocupante.

Fueron 930 feminicidios intentados y consumados en enero-octubre de 2025, 42,8 % más que en igual período de 2024, según Lesfem. En la capital, São Paulo, que tiene 11,9 millones de habitantes, la policía registró 53 feminicidios consumados en los 10 primeros meses de 2025, superando los 51 de todo el año de 2024.

Las acciones para prevenir esas muertes también proliferan. En Brasilia, con sus tres millones de habitantes, el gobierno local creó el programa Viva Flor que distribuye a mujeres amenazadas un aparato para pedir socorro policial en pocos minutos. Un equipo de agentes especializados queda disponible 24 horas al día para atender las llamadas.

El gobierno del estado de Paraná desarrolló un sistema, llamado el Algoritmo de Revictimización, mediante el cual se busca evitar que las agresiones contra las mujeres se repitan y recrudezcan. Ya procesa cerca de 15 millones de denuncias para identificar donde se pueden repetir los delitos y evitarlos.

Impactos de la doctrina Donroe en las mujeres. Geopolítica del siglo XXI

 

Ciudad de México.– La reapropiación de la doctrina Monroe, ahora conocida como doctrina Donroe y que es atribuida al presidente de Estados Unidos Donald Trump, ha servido para consolidar una política de intervencionismo basada en el militarismo y la coerción, una estrategia de poder que atraviesa los cuerpos y las vidas de las mujeres, lo que agrava las brechas de seguridad, derechos y justicia en contextos ya marcados por la violencia y la desigualdad.

Originalmente la doctrina Monroe fue formulada en 1823 por el presidente norteamericano James Monroe quien luchó en la Guerra de Independencia de ese país y surgió como un eje de la política exterior de Estados Unidos con el propósito declarado de impedir que las potencias europeas establecieran nuevas colonias en América Latina, bajo el lema “América para los americanos”. Sin embargo, con el paso del tiempo se transformó en un instrumento para legitimar el intervencionismo estadounidense en los países de la región, consolidando una relación de dominación política, económica y militar.

200 años después de aquella doctrina, Donal Trump se apropia de ella y la presenta como parte de su Estrategia Nacional de Seguridad, como eje para preservar su posición dominante y su liderazgo estratégico en el hemisferio occidental, así como para proteger su territorio y garantizar el acceso a zonas consideradas de interés prioritario.

No olvidemos que históricamente, el sistema colonialista ha justificado la dominación sobre los cuerpos de las mujeres quienes quedan sujetas de control sexual y reproductivo. Bajo estos escenarios, las Naciones Unidas apuntan que las niñas tienen hasta 90% menos probabilidades de acceder a educación y pueden ser víctimas de matrimonios infantiles, trabajo forzado o reclutamiento.

Muchas de ellas intentan huir convirtiéndose en desplazadas o refugiadas y enfrentándose a otras violencias, como el tráfico de personas con fines de explotación sexual. Otras viven en solitario la responsabilidad de cuidado tras separarse de sus familias, quienes deciden migrar en busca de mejores oportunidades.

La geopolítica del siglo XXI está marcándose por la doctrina Donroe, un precepto del gobierno de Trump quien ha anunciado que, “en caso de ser necesario”, ejecutará despliegues militares específicos, advirtiendo que, cuando lo considere, recurrirá al uso de la fuerza letal. Asimismo, prevé una mayor participación de la Guardia Costera y la Marina bajo el argumento de vigilar rutas marítimas, frenar la migración irregular, combatir el tráfico de personas y de drogas y asegurar el control de rutas estratégicas en escenarios de crisis.

Por eso no se puede perder de vista lo señalado por Amnistía Internacional España, en su texto La mujer y los conflictos armados, publicado el 5 de marzo del 2024, al recordar que durante una guerra o conflicto armado, las mujeres y niñas experimentan distintas violencias como tortura, ataques indiscriminados, asesinatos, amenazas, secuestros, desapariciones forzadas, detenciones, encarcelamiento, violencia sexual, desplazamiento o reclutamiento forzado.

La mujer y los conflictos armados – cimacnoticias.com.mx

Una de las situaciones que se replica en los territorios en conflicto es el uso del cuerpo de las mujeres como botín de guerra a través de la violencia sexual.

Esto es un hecho tangible, en 2024, la violencia sexual en contextos bélicos aumentó 25% respecto a 2023, así lo reportó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su más reciente informe “Violencia sexual relacionada con los conflictos”. No perdamos de vista que el 92% de las víctimas de violencia sexual en contextos de guerra son mujeres y niñas, pues es a través del control de sus cuerpos que se ejerce represión política, terrorismo y tortura, consecuencia de crisis políticas, humanitarias y de seguridad.

El mundo enfrenta aumento de violencia sexual contra mujeres como arma de guerra – cimacnoticias.com.mx

Para Amnistía Internacional, el uso de la violencia sexual como táctica de terror y forma de tortura deja consecuencias físicas y emocionales en las mujeres. De acuerdo con ONU Mujeres, millones de mujeres en zonas de conflicto están enfrentando secuelas graves como estrés postraumático, traumas, ansiedad y depresión sin poder acceder a atención o apoyo. De la misma manera, el acceso a servicios de salud mental también supone un problema, en países de ingreso alto hay 70 profesionales de salud mental por cada 100 mil habitantes y en países de bajo ingreso, la cifra es inferior a 1. 

El intervencionismo militar de Estados Unidos no solo afecta la soberanía de los países; también crea escenarios de violencia e impunidad donde las mujeres resultan particularmente vulnerables. Cuando existen ocupaciones militares, conflictos armados o estrategias de seguridad militarizadas, la violencia sexual se convierte en una herramienta de control y dominación, pues se utiliza a las mujeres como botín de guerra para castigar comunidades, sembrar terror y desestructurarlos.

Tan solo en 2024, la ONU documentó que la violencia sexual en contextos de guerra aumentó 25%, y e el 92% de las víctimas son mujeres y niñas, por lo que, en crisis políticas y de seguridad, sus cuerpos suelen ser utilizados como campo de batalla, bcomo parte de una estrategia deliberada de represión y sometimiento.

El mundo enfrenta aumento de violencia sexual contra mujeres como arma de guerra

Venezuela, Groenlandia y Cuba

Uno de los primeros países que están enfrentando las consecuencias de esta doctrina fue Venezuela. El 3 de enero se registró en Caracas una operación militar estadounidense ordenada por Donald Trump que incluyó bombardeos y culminó con la extracción del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

Mientras la intervención de Estados Unidos acontece en Venezuela, las mujeres quedarán en medio de la ocupación militar y la resistencia que surge, por lo que se esperan diferentes escenarios bélicos.

De acuerdo con Estefanía Mendoza, cofundadora y coordinadora de Planificación, Programas y Proyectos de la organización Mulier, organización dedicada a la prevención y defensa de los derechos de las mujeres y niñas venezolanas, ha logrado denunciar en julio del 2025 una red de trata de personas con fines de explotación sexual debido a la crisis humanitaria compleja que se vive en Venezuela por lo que afirma, se han creado las condiciones perfectas para el crecimiento de este delito que afecta de manera desproporcionada a mujeres, niñas y adolescentes. 

«En los últimos seis años habían sido rescatadas 4 mil 761 mujeres y niñas venezolanas de redes de trata en diferentes partes del mundo. Cada año se observa un aumento sostenido en el número de casos, acompañado de una evolución en las modalidades de captación y explotación».

Las venezolanas, entre una ocupación militar y la dictadura

El intervencionismo de Estados Unidos también pone en riesgo a las defensoras de derechos humanos. En Venezuela ya se han documentado las primeras detenciones contra defensoras y periodistas que han registrado y denunciado lo que ocurre en el país, una situación que impacta de manera desigual a las mujeres, quienes enfrentan una doble vulnerabilidad tanto por su labor de defensa como por su género.

Alertan alto riesgo de detención para defensoras y periodistas en Venezuela

Bajo la misma lógica de control hemisférico, la administración Trump sostuvo que el Estado cubano “está muy cerca” de colapsar, vinculando esta afirmación a la pérdida del respaldo económico de Venezuela. No obstante, aunque no se ha declarado formalmente una intención de intervenir militarmente, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, advirtió que su país responderá con firmeza ante cualquier agresión por parte de Estados Unidos.

Cimacnoticias ha documentado que ante la crisis humanitaria que se vive en Cuba, son las mujeres defensoras, periodistas y activistas quienes buscan hacer frente a las persistentes violaciones de derechos humanos; sin embargo, bajo un gobierno autoritario son silenciadas, criminalizadas y castigadas por alzar la voz.

Yenisey se convirtió en una de las voces públicas más visibles en la denuncia de la represión en Cuba, de la situación en las cárceles y del trato que reciben las personas presas por razones políticas. Enfrentó amenazas, hostigamiento y detenciones arbitrarias por mantener la difusión de información en redes sociales y medios independientes, donde comparte regularmente audios y videos de denuncia.

El trato hacia mí ha sido más cruel por ser mujer y madre. Me amenazan a través de mis hijos, me gritan en público, intentan usar la culpa como arma. Es un ensañamiento particular contra las mujeres que alzan la voz”. Yenisey Taboada, La Habana, entrevista junio 2025.

Testimonios describen que, junto a la violencia física, en muchas de estas detenciones hay violencia psicológica. Las víctimas entrevistadas relataron que, durante su detención, en todo momento los agentes estatales les amenazaban con acusarlas de cargos falsos a ellas y a sus familias, insistiendo en que “ellas no son nadie, son manipulables, son solo instrumentos utilizados por otras personas porque no valen nada”.

Cuba intensifica represión contra defensoras y periodistas

De igual forma, la administración Trump ha sostenido que Groenlandia debería quedar bajo el control estadounidense, no obstante las mujeres de ártico han vivido la violencia por parte de los colonialistas daneses.

En octubre del 2025, Cimacnoticias reportó que Dinamarca se había disculpado con mujeres indígenas inuit de Groenlandia, ya que durante décadas las esterilizaron forzadamente, les aplicaron espirales anticonceptivas mejor conocidas como dispositivo intrauterino (DIU), para controlar la fecundidad sin su consentimiento de más de 4 mil 500 mujeres y niñas a quienes sometieron de manera ilegal desde 1960 hasta 1991.

Este episodio en la historia de las mujeres de Groenlandia es conocido como «Caso espiral o caso DIU», en el cual se investiga la responsabilidad de Dinamarca en una campaña sobre fertilidad aplicada en mujeres inuit de Groenlandia.

La primera vez que se dio a conocer el caso fue en 2022 gracias al podcast «The Spiral Campaign» que incluye cinco episodios en el que dos periodistas siguen la pista sobre una campaña de DIU. Médicos daneses en Groenlandia instalaron el dispositivo intrauterino en mujeres y niñas de 13 años y los casos aumentaron hasta llegar a la mitad de las mujeres en edad fértil sin su consentimiento entre 1960 y 1970, aunque la campaña duró hasta 1991 cuando Groenlandia se hizo cargo de su sistema de salud pública.

Ahora, la situación de mujeres del ártico en Groenlandia volvería a agravarse de ser apropiadas sus tierras por la política trumpista Donroe.

No solo es América Latina

Pese a que la doctrina Donroe ha impactado principalmente a América Latina, otras regiones del mundo tampoco quedan exentas de la injerencia militar de Estados Unidos. El país, a través del uso de la fuerza, financiamiento y despliegues militares, ha intervenido en distintas regiones para ejercer control sobre naciones menos favorecidas.

Tal es el caso de Palestina, que desde el 7 de octubre de 2023 enfrenta una ofensiva militar del Estado de Israel con apoyo de Estados Unidos, caracterizada por intensos bombardeos en Gaza y el bloqueo de alimentos y suministros básicos.

Israel mantiene genocidio en Gaza a pesar del alto al fuego: AI

Hasta el momento, estos ataques han provocado la muerte de más de 45 mil personas. De ellas, se estima que al menos 14 mil 500 eran niñas y niños. En el caso de las mujeres, se ha documentado el asesinato de 10 mil, de acuerdo con el informe más reciente de ONU Mujeres.

Pese a que se firmó un alto al fuego, Amnistía Internacional ha señalado que los ataques contra la población palestina continúan, pues ha documentado la expulsión sistemática de personas palestinas de sus hogares y de las tierras más cultivables. Asimismo, el ejército israelí permanece desplegado en el 58% de la Franja de Gaza, por lo que se prevé que esta expulsión podría volverse permanente.

Por otro lado, en Irán se desarrolla una ola de protestas masivas contra el régimen que ha sido respondida con una represión violenta por parte de las autoridades. En los últimos días se han registrado muertes de manifestantes y miles de detenciones, incluidas de mujeres, mientras las calles de distintas ciudades han sido escenario de choques, incendios y fuertes operativos de seguridad.

Mujeres iraníes se rebelan contra el régimen por libertad y derechos

Ante ello, Estados Unidos analiza distintas formas de intervenir, desde sanciones económicas hasta ciberataques y apoyo tecnológico a los manifestantes. Mientras Trump amenaza con actuar si continúa la violencia estatal, el gobierno iraní advierte que cualquier ataque estadounidense provocará represalias, elevando el riesgo de una escalada internacional