El Plan México deja sus primeras víctimas en las aguas sucias de las inundaciones de Tabasco
Con un estado entero bajo el agua, Calderón tiene tropas militares buscando autmóviles cargados de drogas, en lugar de ayudar
Por Greg BergerEspecial para The Narco News Bulletin
1 de noviembre de 2007
Villahermosa, la capital del estado de Tabasco, se encuentra actualmente bajo el agua. Las mas fuertes lluvias de las que se haya tenido memoria, han empujado las aguas de al menos siete ríos del estado hacia sus orillas. En muchos barrios de la capital, los tejados son las únicas cosas que flotan en las aguas desbordadas del Río Grijalba, mientras que en otros, las casas se han hundido completamente bajo las profundidades. Justamente como vimos en Nueva Orleáns durante los días siguientes al Huracán Katrina, innumerables vidas, indudablemente, han sido devoradas por las aguas turbias.
Pero al igual que la tragedia que golpeó a Louisiana, este desastre no es totalmente natural. Es un suceso natural trágico, cuyos efectos podrían haber sido mitigados de no ser porque el el gobierno mexicano está tan peligrosamente postrado a la Administración Bush, que es incapaz de asumir sus responsabilidades más básicas, entregándoselas a sus ciudadanos, mientras firma un acuerdo de 1,400 millones de dólares destinados a la guerra contra las drogas, y que es conocido como “Plan México”
Pero, ustedes podrían preguntarse, ¿cuál es la conexión entre el Plan México y las fuertes lluvias del Sureste mexicano?
El Ejército Mexicano durante los últimos años ha sido enviado durante desastres naturales para brindar ayuda humanitarias y para llevar a cabo labores de rescate, como ocurrió tras la desgracia que trajo consigo la erupción del Volcán de Popocatepetl en el 2000. Esta práctica es controvertida, ya que ejército ha sido asociado, desde hace tiempo, con violaciones a los derechos humanos. Mucha gente, especialmente en zonas pobres, rurales e indígenas de México, no confía en su presencia. Pero en años recientes, las autoridades han notado esto y comenzaron a enviar soldados sin armas. Aunque esto no significa que sean los soldados más “amables y gentiles” (el ejército continúa cometiendo abusos contra los ciudadanos) el uso de militares durante desastres era un ejemplo de cómo debería ser un gobierno mexicano verdaderamente dispuesto a servir a su gente.
Luego, Felipe Calderón llegó al poder entre acusaciones válidas de fraude electoral, y la fachada “suave” del Ejército Mexicano “amable y gentil” desapareció.
Prácticamente desde sus primeros días en el cargo, Calderón desplegó el Ejército en todas las zonas campesinas de México para “luchar contra el narcotráfico”. Lo que ha significado enviar soldados, fuertemente armados, para patrullar las densas áreas rurales de todo el país, desde Tijuana hasta Cuernavaca y Morelia. Simultáneamente, se han abierto puestos militares de control a lo largo de México donde vehículos se paran y se revisan ilegalmente. Esta absurda iniciativa no ha frenado el flujo de drogas, sino que, por el contrario, los crímenes relacionados con ellas se han incrementado desde que se dio inició el programa. Sin embargo, lo que realmente ha pasado es que se incrementaron los atropellos y abusos de ciudadanos mexicanos inocentes. En lo que presenta una espeluznante semejanza a cómo se ha comportado el ejercito estadounidense en Irak, los soldados mexicanos dispararon a cinco miembros de una familia en el estado de Sinaloa, entre los que se encontraban tres niños, el pasado junio, cuando accidentalmente bajaron la velocidad de su auto en uno de los puestos de control de Calderón.
Muchos críticos creen que, de hecho, el proyecto es un conveniente pretexto para aumentar el envío de soldados a regiones de potencial agitación social, como Oaxaca, Chiapas y Michoacan. Por ejemplo, durante el levantamiento civil del año pasado en Oaxaca, fue la gente del estado de Michoacan que conformaron la Asamblea Popular de los Pueblos de Michoacan, tomando a la APPO de Oaxaca como modelo. Cuando parecía que el levantamiento de Oaxaca podría extenderse, Michoacan se vio como un lugar probable para que la lucha continuara. Curiosamente, este fue el primer estado al que Calderón envió tropas “para combatir al narcotráfico”, una vez hubo ocupado su cargo.
El proyecto fue aplaudido por el gobierno estadounidense desde el comienzo, y propició un acuerdo entre Bush y Calderón, esa misma semana, donde Estados Unidos le entregó 1,400 millones de dólares a México para continuar el programa. El proyecto ya ha sido apodado en la prensa como “Plan México”, haciendo referencia al “Plan Colombia”, el devastador paquete de ayuda militar que el gobierno estadounidense le dio a Colombia, el cual ha suministrado recursos para un ejército brutal que trabaja con escuadrones de la muerte derechistas, y ha dañado considerablemente los campos colombianos, cubriendo cientos de miles de hectáreas con herbicidas tóxicos. El “Plan México”, la primera colaboración a un programa antidrogas de escala similar propuesto desde entonces, fue aprobado por Calderón sin consultar con el congreso mexicano y, menos aún, a los ciudadanos.
¿Qué tiene que ver todo esto con la inundación de Tabasco? El gobernador de Tabasco, Andrés Granier, hizo un recorrido por medios de radio y televisión, lamentando la falta de mano de obra para ayudar en las labores de evacuación, rescate y asistencia humanitaria. Específicamente, él condenó el hecho de que 5 mil soldados hubieran sido enviados al estado (cuyo 80% de su territorio se encuentra actualmente bajo el agua), mientras que en 1999 -cuando ocurrió la última inundación- 20 mil tropas fueron enviadas, a pesar de que las crisis era menos severa. ¿Por qué el gobierno federal no envió tropas a Tabasco? Porque ellos estaban dispersos por toda el área rural del país, fuera de sus cuarteles, en una persecución absurda para atrapar a los capos de la droga que el cínico presidente Calderón sabe que nunca van a encontrar, pues en muchos casos están protegidos por políticos y oficiales del ejército que supuestamente también están tras ellos.
El uso de soldados para el socorro en los desastres es un tema polémico, y se puede argumentar que nunca funcionaría realmente. Pero sin embargo, es el recurso humano más grande que tiene el Estado mexicano a su disposición inmediata, y esa mano de obra desgraciadamente esta siendo desperdiciada mientras los tabasqueños ahogan y pasan hambre. Socorristas están enfrentando el caos en Tabasco, agarrando niños aterrorizados de los techos de sus casas inundadas. Los recursos de las autoridades locales ya están siendo utilizados por encima de sus posibilidades, y están desesperados para que llegue ayuda. 15 mil pares de manos más salvarían muchas, muchas vidas. Pero en vez de hacer eso, los soldados que podrían estar allá están ocupados requisando las camionetas de indios pobres en los retenes de Chihuahua, mientras sus mandos retozan con los verdaderos narcotraficantes.
Es por eso que es correcto decir en vísperas del Día de Muertos – cuando los mexicanos a lo largo del país se preparan para honrar a los espíritus de sus familiares muertos – que el Plan México está dejando sus primeras víctimas.
Fueron destinados 1.4000 millones de dólares para el Plan México. Está es una cifra descomunal. ¿Es un ejercicio inútil pensar qué podrían hacer esos recursos, en los próximos meses, por los indígenas, los campesinos, los trabajadores del petróleo y el resto de los tabasqueños, quienes ahora han perdido el resto de lo poco que era suyo en sus vidas? La gente en los Estados Unidos contempló la misma situación cuando mercenarios de la corporación Blackwater desperdiciaron recursos que hubieran podido salvar vidas en Nueva Orleáns, después del Katrina. ¡Qué ejemplo más ilustrativo de la buena voluntad con que los actuales líderes mexicanos han dejado que Estados Unidos determine sus prioridades domésticas!
11/02/2007
CONTRA EL NARCOFECAL
Monsiváis: "El narco es la pesadilla mayor"
Miguel Molina BBC Mundo
Carlos Monsiváis es, sobre todo, un mexicano preocupado por su país.
El escritor -premio Juan Rulfo de la Feria Internacional del Libro- vino a Londres invitado por la British Academy y la embajada de México en el Reino Unido para hablar sobre la Ciudad de México, de la que ha sido cronista informal y profundo desde hace décadas.
"En el principio era el Centro", ha dicho Monsiváis, "y la nación mexicana estaba desordenada y casi vacía y la existencia del Centro obligó a la creación de los alrededores y de los sitios lejanos...".
Y después salimos a tomar café y comprar una maleta, y aprovechamos el sol y el aire fresco y las calles llenas de gente y el congestionamiento de tránsito en esta capital, tan distinta y tan parecida a la otra, como pretexto para hablar sobre los alrededores y los sitios lejanos de México, y sus penas y sus motivos de regocijo. No hallamos mucho.
Esto fue lo que dijo.
Desempleo, la derecha y la izquierda, el narcotráfico, un torbellino de espectros.Si uno no fuera mexicano, ¿cómo tendría que ver o cómo podría explicarse la realidad política que vive México?
Si uno fuera mexicano, cual es mi caso, ¿cómo podría explicarme lo que no entiendo o lo que no me explico? La realidad política mexicana se me escapa porque elementos muy diversos confluyen y no logro jerarquizarlos.
Lo primero es la inercia que dejó el PRI. Setenta y un años de un autoritarismo monolítico, ramplón, con grandes zonas de corrupción (no digo que todos los priistas fueron corruptos, desde luego que no, pero que el PRI se asentaba en la corrupción desde luego que sí), con elementos represivos de distintos niveles, con oportunidad hasta cierto momento de movilidad social, con una tendencia secularizadora. Todo eso es una carga inercial fuerte.
En segundo lugar, y te digo sin que haya orden jerárquico, ante la idea de que ya que el empleo se vuelve una especie en extinción Estados Unidos se convierte en una tierra promisoria, y la migración alcanza niveles idílicos.
Aunque se sepa -y con detalle- del racismo, de las dificultades, de los hostigamientos, etcétera, se supera todo eso porque se piensa que detrás está el empleo, un empleo que permitirá en esta versión del imaginario la construcción de una familia y las ventajas para los hijos.
Ante la idea de que ya que el empleo se vuelve una especie en extinción Estados Unidos se convierte en una tierra promisoria, y la migración alcanza niveles idílicos
En tercer lugar, hay una atomización de la política que ha llegado a enormes niveles de desprestigio, casi todos muy justificados, y que alcanza a casi todos los partidos políticos.
En cuarto lugar, la emergencia de una derecha bastante cerrada, muy atrasada y decidida a recuperar lo que perdió en las guerras de la reforma liberal y a hacerse justicia por propio saqueo.
Y en quinto lugar una izquierda que social y culturalmente es de lo más significativo que hay y que políticamente es un atraso.
Ésos son algunos de los elementos. A esto hay que agregar las dificultades con que la globalización procede y el enfrentamiento a la desigualdad.
Si quieres un rasgo definitivo, esencial, es la desigualdad. No se puede avanzar parejamente ni mucho menos, y aunque ningún país ha conseguido eso, tanta desigualdad sí hace que el avance que se ve, que puede ser verificado, se vaya volviendo polvoso o se vaya desvaneciendo con gran frecuencia, porque no puede ser que una minoría progrese y una mayoría se sumerja.
No hay tal cosa como el avance parcial o sectorial en un país de las condiciones de México y con la vecindad de Estados Unidos.
¿Y el narcotráfico?
No lo mencioné por un acto esquivo de la memoria, que a veces no quiere sumergirse en la depresión.
El narcotráfico ha corrompido no sólo a grandes sectores policíacos sino a la idea que se tiene de la policía: ya es una idea corrupta de la policía corrupta
El narcotráfico es la pesadilla mayor. No sólo involucra a una parte muy significativa de la población sino que, gracias a la introducción masiva de armas al país, el narcotráfico ha conseguido una situación espasmódica de violencia aquí sí parejamente.
El narcotráfico ha marcado el descenso de la nunca muy apreciada consideración por la vida humana. El narcotráfico ha dado las grandes señales de crueldad realmente sobrecogedora y en Youtube se han visto ejemplos que dan idea de cómo el horror puede ir todavía más a fondo.
El narcotráfico ha corrompido no sólo a grandes sectores policíacos sino a la idea que se tiene de la policía: ya es una idea corrupta de la policía corrupta.
El narcotráfico ha vulnerado a muchas instituciones, ha depreciado el valor de las fuerzas de seguridad pública, ha construido otra frontera muy a su arbitrio, y ha convertido en anécdota pintoresca (debido en gran parte al estupor con que se le contempla) la sucesión de escenas de horror.
¿Entonces habría que ver con buenos ojos -o cuando menos darle el beneficio de la duda- al Plan México o la Iniciativa de Mérida?
Así como se ha presentado, no veo yo la óptica bondadosa que se aplique. Ya en principio no ponerle Plan México para que no cargue el desprestigio del Plan Colombia es un juego semántico bastante pobre.
Pero aquí lo básico es que se presenta como un acto de caridad que espera la resurrección de la ética del país vecino.
El rasgo que define a México es la desigualdad, y el narcotráfico es su pesadilla mayor.Dar dinero para que se levante la moral, un Lázaro levántate y anda de una moral que se piensa aplastada por el narcotráfico, me parece lamentable.
Y me parece lamentable también que no se explica. Ese dinero que se le da al ejército, cómo se va a repartir, hasta qué punto las armas son necesarias, cuál es el nivel de enfrentamiento, no lo veo con claridad.
Porque además los grupos en abierto enfrentamiento son grupos muy pequeños, por fortuna.
Han hecho mucho daño y son para mi gusto muy siniestros en la medida en que no tienen programa, no tienen proyecto, actúan con acciones terroristas que a todos nos perjudican, y se mueven bajo el amparo de siglas a las que no les atribuyo ningún sentido.
EPR, Ejército Popular Revolucionario, ¿qué quiere decir?, no tengo la menor idea. Tengo idea de que hay restos de movimientos guerrilleros, pero en este momento qué quiere decir todo eso no sé.
El narcotráfico además le ha dado a toda la violencia un carácter tan sombrío -de por sí tiene, pero el no saber de dónde viene la violencia y hacia dónde va, el ver que gran parte del destino del país está envuelto en un torbellino de espectros no es buena noticia.
México cambió, pero no como se esperaba...
Sigue cambiando, y no como se esperaba y sí como se esperaba.
Lo que vamos a ver es una ayuda tan rodeada de sospechas que se va a volver una suerte de novela policíaca
Desde el punto de vista de las profecías del acabose está cambiando como se esperaba.
Desde el punto de vista de la transición a la democracia, si queremos usar un epitafio como fórmula de bienaventuranza, no, desde luego que no.
Pero me fui por lo que llamaban antes los cerros de Úbeda.
Cuando me preguntas qué pasa con lo del Plan Mérida, yo creo que mientras no se explique, mientras no se razone debidamente cuál es el sentido de la ayuda y de qué modo se va a concretar en acciones que efectivamente detengan el trasiego de la droga, lo que vamos a ver es una ayuda tan rodeada de sospechas que se va a volver una suerte de novela policíaca.
Miguel Molina BBC Mundo
Carlos Monsiváis es, sobre todo, un mexicano preocupado por su país.
El escritor -premio Juan Rulfo de la Feria Internacional del Libro- vino a Londres invitado por la British Academy y la embajada de México en el Reino Unido para hablar sobre la Ciudad de México, de la que ha sido cronista informal y profundo desde hace décadas.
"En el principio era el Centro", ha dicho Monsiváis, "y la nación mexicana estaba desordenada y casi vacía y la existencia del Centro obligó a la creación de los alrededores y de los sitios lejanos...".
Y después salimos a tomar café y comprar una maleta, y aprovechamos el sol y el aire fresco y las calles llenas de gente y el congestionamiento de tránsito en esta capital, tan distinta y tan parecida a la otra, como pretexto para hablar sobre los alrededores y los sitios lejanos de México, y sus penas y sus motivos de regocijo. No hallamos mucho.
Esto fue lo que dijo.
Desempleo, la derecha y la izquierda, el narcotráfico, un torbellino de espectros.Si uno no fuera mexicano, ¿cómo tendría que ver o cómo podría explicarse la realidad política que vive México?
Si uno fuera mexicano, cual es mi caso, ¿cómo podría explicarme lo que no entiendo o lo que no me explico? La realidad política mexicana se me escapa porque elementos muy diversos confluyen y no logro jerarquizarlos.
Lo primero es la inercia que dejó el PRI. Setenta y un años de un autoritarismo monolítico, ramplón, con grandes zonas de corrupción (no digo que todos los priistas fueron corruptos, desde luego que no, pero que el PRI se asentaba en la corrupción desde luego que sí), con elementos represivos de distintos niveles, con oportunidad hasta cierto momento de movilidad social, con una tendencia secularizadora. Todo eso es una carga inercial fuerte.
En segundo lugar, y te digo sin que haya orden jerárquico, ante la idea de que ya que el empleo se vuelve una especie en extinción Estados Unidos se convierte en una tierra promisoria, y la migración alcanza niveles idílicos.
Aunque se sepa -y con detalle- del racismo, de las dificultades, de los hostigamientos, etcétera, se supera todo eso porque se piensa que detrás está el empleo, un empleo que permitirá en esta versión del imaginario la construcción de una familia y las ventajas para los hijos.
Ante la idea de que ya que el empleo se vuelve una especie en extinción Estados Unidos se convierte en una tierra promisoria, y la migración alcanza niveles idílicos
En tercer lugar, hay una atomización de la política que ha llegado a enormes niveles de desprestigio, casi todos muy justificados, y que alcanza a casi todos los partidos políticos.
En cuarto lugar, la emergencia de una derecha bastante cerrada, muy atrasada y decidida a recuperar lo que perdió en las guerras de la reforma liberal y a hacerse justicia por propio saqueo.
Y en quinto lugar una izquierda que social y culturalmente es de lo más significativo que hay y que políticamente es un atraso.
Ésos son algunos de los elementos. A esto hay que agregar las dificultades con que la globalización procede y el enfrentamiento a la desigualdad.
Si quieres un rasgo definitivo, esencial, es la desigualdad. No se puede avanzar parejamente ni mucho menos, y aunque ningún país ha conseguido eso, tanta desigualdad sí hace que el avance que se ve, que puede ser verificado, se vaya volviendo polvoso o se vaya desvaneciendo con gran frecuencia, porque no puede ser que una minoría progrese y una mayoría se sumerja.
No hay tal cosa como el avance parcial o sectorial en un país de las condiciones de México y con la vecindad de Estados Unidos.
¿Y el narcotráfico?
No lo mencioné por un acto esquivo de la memoria, que a veces no quiere sumergirse en la depresión.
El narcotráfico ha corrompido no sólo a grandes sectores policíacos sino a la idea que se tiene de la policía: ya es una idea corrupta de la policía corrupta
El narcotráfico es la pesadilla mayor. No sólo involucra a una parte muy significativa de la población sino que, gracias a la introducción masiva de armas al país, el narcotráfico ha conseguido una situación espasmódica de violencia aquí sí parejamente.
El narcotráfico ha marcado el descenso de la nunca muy apreciada consideración por la vida humana. El narcotráfico ha dado las grandes señales de crueldad realmente sobrecogedora y en Youtube se han visto ejemplos que dan idea de cómo el horror puede ir todavía más a fondo.
El narcotráfico ha corrompido no sólo a grandes sectores policíacos sino a la idea que se tiene de la policía: ya es una idea corrupta de la policía corrupta.
El narcotráfico ha vulnerado a muchas instituciones, ha depreciado el valor de las fuerzas de seguridad pública, ha construido otra frontera muy a su arbitrio, y ha convertido en anécdota pintoresca (debido en gran parte al estupor con que se le contempla) la sucesión de escenas de horror.
¿Entonces habría que ver con buenos ojos -o cuando menos darle el beneficio de la duda- al Plan México o la Iniciativa de Mérida?
Así como se ha presentado, no veo yo la óptica bondadosa que se aplique. Ya en principio no ponerle Plan México para que no cargue el desprestigio del Plan Colombia es un juego semántico bastante pobre.
Pero aquí lo básico es que se presenta como un acto de caridad que espera la resurrección de la ética del país vecino.
El rasgo que define a México es la desigualdad, y el narcotráfico es su pesadilla mayor.Dar dinero para que se levante la moral, un Lázaro levántate y anda de una moral que se piensa aplastada por el narcotráfico, me parece lamentable.
Y me parece lamentable también que no se explica. Ese dinero que se le da al ejército, cómo se va a repartir, hasta qué punto las armas son necesarias, cuál es el nivel de enfrentamiento, no lo veo con claridad.
Porque además los grupos en abierto enfrentamiento son grupos muy pequeños, por fortuna.
Han hecho mucho daño y son para mi gusto muy siniestros en la medida en que no tienen programa, no tienen proyecto, actúan con acciones terroristas que a todos nos perjudican, y se mueven bajo el amparo de siglas a las que no les atribuyo ningún sentido.
EPR, Ejército Popular Revolucionario, ¿qué quiere decir?, no tengo la menor idea. Tengo idea de que hay restos de movimientos guerrilleros, pero en este momento qué quiere decir todo eso no sé.
El narcotráfico además le ha dado a toda la violencia un carácter tan sombrío -de por sí tiene, pero el no saber de dónde viene la violencia y hacia dónde va, el ver que gran parte del destino del país está envuelto en un torbellino de espectros no es buena noticia.
México cambió, pero no como se esperaba...
Sigue cambiando, y no como se esperaba y sí como se esperaba.
Lo que vamos a ver es una ayuda tan rodeada de sospechas que se va a volver una suerte de novela policíaca
Desde el punto de vista de las profecías del acabose está cambiando como se esperaba.
Desde el punto de vista de la transición a la democracia, si queremos usar un epitafio como fórmula de bienaventuranza, no, desde luego que no.
Pero me fui por lo que llamaban antes los cerros de Úbeda.
Cuando me preguntas qué pasa con lo del Plan Mérida, yo creo que mientras no se explique, mientras no se razone debidamente cuál es el sentido de la ayuda y de qué modo se va a concretar en acciones que efectivamente detengan el trasiego de la droga, lo que vamos a ver es una ayuda tan rodeada de sospechas que se va a volver una suerte de novela policíaca.
LO NEGRO DEL NEGROPONTE
Negroponte, criminal de guerra en Vietnam, Nicaragua e Iraq
Pedro Echeverría V.
Rebelión
1. En su segundo día de visita oficial a México, Dimitri Negroponte, director de Inteligencia Nacional de EEUU, se reunió en privado con los altos mandos policíacos y de seguridad del país: con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora; los secretarios de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, así como con directivos de medios de información y especialistas del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, en una apretada agenda de cabildeo sobre la llamada Iniciativa Mérida o Plan México. La noche anterior, acompañado por el embajador yanqui Antonio Garza, lo hizo, por más de dos horas, con los coordinadores de PRI, PAN y PRD en el Senado de la República. Los funcionarios de gobierno se pusieron a las órdenes de ese delincuente internacional que, por criminal, hace muchos años debió ser ejecutado en la silla eléctrica.
2. Es innegable: Dimitri Negroponte es un delincuente internacional. Ingresó a la carrera diplomática durante el gobierno de Eisenhower, cuando recién concluía sus estudios después de cursos intensivos en los servicios de inteligencia militar, alrededor del año de 1960. Antes de integrarse al Consejo de Seguridad Nacional, se especializó en los servicios de inteligencia del Pentágono yanqui (edificio en forma pentagonal que alberga el cuartel general del Departamento de Defensa estadounidense, en Arlington, Virginia. Fue construido en 1943, pero en septiembre de 2001 sufrió un avionazo que destruyó una de sus alas) Muchos preguntaron: ¿Por qué no fue arrasado con todos los agentes de la CIA, del FBI y los jefes de defensa yanqui adentro? Posiblemente no era para tanto porque esos policías y ejército yanqui (que han asesinado a cientos de miles de inocentes) sólo han obedecido órdenes de sus jefes: presidentes y altos militares.
3. No se conoce el papel que Negroponte (personaje siniestro) jugó cuando fue invadida Cuba (1961), Vietnam (1964), Dominicana (1965), Panamá (1966), etcétera; pero de 1971 a 1973 es miembro del Consejo de Seguridad Nacional para Vietnam y hace pareja con Henry Kissinger, el embajador plenipotenciario del presidente Richard Nixon. Desde entonces Negroponte se mueve en el primer plano de la política internacional, sobre todo cuando en 1973 fue derrocado y asesinado en Chile el presidente Salvador Allende. Si bien Kissinger, como secretario de Estado, con sus grandes maniobras diplomáticas era como Bismark (el famoso Canciller de hierro alemán), quien ejecutaba y dirigía las órdenes fue el poderosísimo agente de la CIA Negroponte. Se le atribuyó la muerte de más de 40 mil vietnamitas en la Operación Fénix que él coordinó en la embajada de Vietnam del Sur, mil 800 asesinatos al mes.
4. ¿Cuál fue la participación del consejero de seguridad, Dimitri Negroponte en el magno escándalo (1972/75) del hotel Watergate, que reveló las actividades de espionaje contra el Partido Demócrata ordenadas por el presidente Nixon? Como miembro de la Central de Inteligencia seguramente tuvo mucho que ver, pero al parecer salió limpio (una vez más) porque supo moverse en los entretelones de la diplomacia. La culpabilidad de Nixon y de altos funcionarios norteamericanos (que esos sí, no pudieron esconder sus fechorías) llevó a que se realizaran juicios al presidente. A mediados de 1974 Nixon entregó tres cintas magnetofónicas que lo implicaban en el escándalo. Eso lo obligó a presentar su renuncia al cargo de presidente al ver que se había convertido en un escándalo mundial. Su vicepresidente, Gerald Ford, accedió a la presidencia e inmediatamente otorgó un perdón incondicional a Nixon en septiembre de 1974.
5. En 1981 Negroponte fue nombrado embajador para la República de Honduras ( precisamente en el momento que EEUU buscaba el derrocamiento del gobierno revolucionario de Nicaragua) por el presidente Reagan. Desde la embajada de aquel país, con la complicidad y apoyo de los gobiernos de Paz García y de Suazo Córdova, Negroponte, usó la base Palmerota para el entrenamiento militar de “La contra”, los contrarrevolucionarios nicaragüenses al servicio de los EEUU que buscaban derrocar al gobierno sandinista de Nicaragua. Esa política norteamericana continuó durante el gobierno liberal de Azcona Hoyo usando millones de dólares norteamericanos “como ayuda”. La política de guerra de Reagan y Negroponte llevó a muerte a miles de inocentes campesinos nicaragüenses. Esos fueron los antecedentes de su nombramiento como embajador en México, el año de 1989, cuando Carlos Salinas iniciaba su sexenio.
6. Negroponte llegó a México al iniciarse el año, cuando el funesto Salinas había recibido el apoyo del PAN (dirigentes: Álvarez, Castillo y Cevallos) para asumir el poder en medio de grandes protestas contra el fraude encabezadas por Cuauhtémoc Cárdenas. En esos días fue encarcelado La Quina y fue sustituido por Guzmán Cabrera en el sindicato petrolero; en el sindicato de músicos cayó Venus Rey; entre los burócratas se puso fin al cacicazgo de Riva Palacio y entre el sindicato de maestros (SNTE) se fortaleció una gran lucha encabezada por la Coordinadora (CNTE) contra Jonguitud Barrios. Salinas con ello “iniciaba la modernización sindical” que más tarde le permitió un largo proceso de privatización. ¿Cuánto tuvo que ver en la política salinista y su consolidación ese destacado embajador al servicio de la CIA y del presidente Reagan? ¿Puede pensarse en que la embajada gringa permaneció al margen?
7. En 2001, después de los avionzazos en las “torres gemelas” de Nueva York, así como en el Pentágono de Washington, el presidente Bush nombró a Negroponte como su representante en la ONU y desde ahí impuso con engaños y amenazas la invasión a Iraq, a pesar de que (como se demostró meses después) no hubo justificación alguna. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Castañeda, asumió siempre (con el mayor cinismo, tal como lo sigue haciendo hasta nuestros días) la defensa del gobierno de Bush y apoyó la invasión a Iraq. Por esa habilidad de Negroponte, durante los años 2004 y 2005 fue mantenido como embajador de Iraq ante el gobierno espurio impuesto a ese país por el gobierno de los EEUU. ¿Podría ponerse en duda el gran poder de Negroponte como uno de los más altos miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el organismo más poderoso que controla el espionaje mundial?
8. Hoy Negroponte es el Director de la Inteligencia Nacional de los Estados Unidos. Un personaje que lleva 47 años interviniendo de manera directa en el espionaje mundial al mismo tiempo que como funcionario de los EEUU, en diferentes países, ha participado en el asesinato de cientos de miles de inocentes en Vietnam, Chile, Nicaragua, Iraq y, posiblemente, México. Ese personaje, que evidentemente es un asesino confeso, es bien recibido (como si fuera un héroe) con la cabeza baja, por funcionarios de gobierno, empresarios y partidos políticos mexicanos. ¡Pero qué jodidos estamos al recibir a la “inteligencia” y al brazo ejecutor de los Nixon, Reagan y los Bush! ¡Cuánto derecho de reclamo tienen los pueblos de aquellos países que han resistido y sufrido el asesinato de sus pueblos! ¿Cómo es posible tener tanta capacidad para olvidar o tanto cinismo para seguir apoyando la intervención yanqui en México aunque la disfracen de alguna manera?
pedroe@cablered.net.mx
Pedro Echeverría V.
Rebelión
1. En su segundo día de visita oficial a México, Dimitri Negroponte, director de Inteligencia Nacional de EEUU, se reunió en privado con los altos mandos policíacos y de seguridad del país: con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora; los secretarios de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, así como con directivos de medios de información y especialistas del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, en una apretada agenda de cabildeo sobre la llamada Iniciativa Mérida o Plan México. La noche anterior, acompañado por el embajador yanqui Antonio Garza, lo hizo, por más de dos horas, con los coordinadores de PRI, PAN y PRD en el Senado de la República. Los funcionarios de gobierno se pusieron a las órdenes de ese delincuente internacional que, por criminal, hace muchos años debió ser ejecutado en la silla eléctrica.
2. Es innegable: Dimitri Negroponte es un delincuente internacional. Ingresó a la carrera diplomática durante el gobierno de Eisenhower, cuando recién concluía sus estudios después de cursos intensivos en los servicios de inteligencia militar, alrededor del año de 1960. Antes de integrarse al Consejo de Seguridad Nacional, se especializó en los servicios de inteligencia del Pentágono yanqui (edificio en forma pentagonal que alberga el cuartel general del Departamento de Defensa estadounidense, en Arlington, Virginia. Fue construido en 1943, pero en septiembre de 2001 sufrió un avionazo que destruyó una de sus alas) Muchos preguntaron: ¿Por qué no fue arrasado con todos los agentes de la CIA, del FBI y los jefes de defensa yanqui adentro? Posiblemente no era para tanto porque esos policías y ejército yanqui (que han asesinado a cientos de miles de inocentes) sólo han obedecido órdenes de sus jefes: presidentes y altos militares.
3. No se conoce el papel que Negroponte (personaje siniestro) jugó cuando fue invadida Cuba (1961), Vietnam (1964), Dominicana (1965), Panamá (1966), etcétera; pero de 1971 a 1973 es miembro del Consejo de Seguridad Nacional para Vietnam y hace pareja con Henry Kissinger, el embajador plenipotenciario del presidente Richard Nixon. Desde entonces Negroponte se mueve en el primer plano de la política internacional, sobre todo cuando en 1973 fue derrocado y asesinado en Chile el presidente Salvador Allende. Si bien Kissinger, como secretario de Estado, con sus grandes maniobras diplomáticas era como Bismark (el famoso Canciller de hierro alemán), quien ejecutaba y dirigía las órdenes fue el poderosísimo agente de la CIA Negroponte. Se le atribuyó la muerte de más de 40 mil vietnamitas en la Operación Fénix que él coordinó en la embajada de Vietnam del Sur, mil 800 asesinatos al mes.
4. ¿Cuál fue la participación del consejero de seguridad, Dimitri Negroponte en el magno escándalo (1972/75) del hotel Watergate, que reveló las actividades de espionaje contra el Partido Demócrata ordenadas por el presidente Nixon? Como miembro de la Central de Inteligencia seguramente tuvo mucho que ver, pero al parecer salió limpio (una vez más) porque supo moverse en los entretelones de la diplomacia. La culpabilidad de Nixon y de altos funcionarios norteamericanos (que esos sí, no pudieron esconder sus fechorías) llevó a que se realizaran juicios al presidente. A mediados de 1974 Nixon entregó tres cintas magnetofónicas que lo implicaban en el escándalo. Eso lo obligó a presentar su renuncia al cargo de presidente al ver que se había convertido en un escándalo mundial. Su vicepresidente, Gerald Ford, accedió a la presidencia e inmediatamente otorgó un perdón incondicional a Nixon en septiembre de 1974.
5. En 1981 Negroponte fue nombrado embajador para la República de Honduras ( precisamente en el momento que EEUU buscaba el derrocamiento del gobierno revolucionario de Nicaragua) por el presidente Reagan. Desde la embajada de aquel país, con la complicidad y apoyo de los gobiernos de Paz García y de Suazo Córdova, Negroponte, usó la base Palmerota para el entrenamiento militar de “La contra”, los contrarrevolucionarios nicaragüenses al servicio de los EEUU que buscaban derrocar al gobierno sandinista de Nicaragua. Esa política norteamericana continuó durante el gobierno liberal de Azcona Hoyo usando millones de dólares norteamericanos “como ayuda”. La política de guerra de Reagan y Negroponte llevó a muerte a miles de inocentes campesinos nicaragüenses. Esos fueron los antecedentes de su nombramiento como embajador en México, el año de 1989, cuando Carlos Salinas iniciaba su sexenio.
6. Negroponte llegó a México al iniciarse el año, cuando el funesto Salinas había recibido el apoyo del PAN (dirigentes: Álvarez, Castillo y Cevallos) para asumir el poder en medio de grandes protestas contra el fraude encabezadas por Cuauhtémoc Cárdenas. En esos días fue encarcelado La Quina y fue sustituido por Guzmán Cabrera en el sindicato petrolero; en el sindicato de músicos cayó Venus Rey; entre los burócratas se puso fin al cacicazgo de Riva Palacio y entre el sindicato de maestros (SNTE) se fortaleció una gran lucha encabezada por la Coordinadora (CNTE) contra Jonguitud Barrios. Salinas con ello “iniciaba la modernización sindical” que más tarde le permitió un largo proceso de privatización. ¿Cuánto tuvo que ver en la política salinista y su consolidación ese destacado embajador al servicio de la CIA y del presidente Reagan? ¿Puede pensarse en que la embajada gringa permaneció al margen?
7. En 2001, después de los avionzazos en las “torres gemelas” de Nueva York, así como en el Pentágono de Washington, el presidente Bush nombró a Negroponte como su representante en la ONU y desde ahí impuso con engaños y amenazas la invasión a Iraq, a pesar de que (como se demostró meses después) no hubo justificación alguna. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Castañeda, asumió siempre (con el mayor cinismo, tal como lo sigue haciendo hasta nuestros días) la defensa del gobierno de Bush y apoyó la invasión a Iraq. Por esa habilidad de Negroponte, durante los años 2004 y 2005 fue mantenido como embajador de Iraq ante el gobierno espurio impuesto a ese país por el gobierno de los EEUU. ¿Podría ponerse en duda el gran poder de Negroponte como uno de los más altos miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el organismo más poderoso que controla el espionaje mundial?
8. Hoy Negroponte es el Director de la Inteligencia Nacional de los Estados Unidos. Un personaje que lleva 47 años interviniendo de manera directa en el espionaje mundial al mismo tiempo que como funcionario de los EEUU, en diferentes países, ha participado en el asesinato de cientos de miles de inocentes en Vietnam, Chile, Nicaragua, Iraq y, posiblemente, México. Ese personaje, que evidentemente es un asesino confeso, es bien recibido (como si fuera un héroe) con la cabeza baja, por funcionarios de gobierno, empresarios y partidos políticos mexicanos. ¡Pero qué jodidos estamos al recibir a la “inteligencia” y al brazo ejecutor de los Nixon, Reagan y los Bush! ¡Cuánto derecho de reclamo tienen los pueblos de aquellos países que han resistido y sufrido el asesinato de sus pueblos! ¿Cómo es posible tener tanta capacidad para olvidar o tanto cinismo para seguir apoyando la intervención yanqui en México aunque la disfracen de alguna manera?
pedroe@cablered.net.mx
Mujeres de Atenco...IMPUNIDAD
Con la Fevim, continuamos atoradas: abogada
Atenco: no liberan a mujeres, MP interpuso recurso de revisión
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 1 nov 07 (CIMAC).- Pese a haber ganado 7 de 11 amparos, de los cuales dos corresponden a mujeres que aún se encuentran recluidas en el Penal de Molino de Flores, detenidas durante los operativos de San Salvador Atenco en 2006, el Ministerio Público adscrito al juzgado de Distrito en el Estado de México interpuso nuevamente un recurso de revisión, lo que significa que estas mujeres no obtendrán su libertad hoy, como se tenía previsto, informó en entrevista el abogado del caso Juan de Dios Monge.
El defensor de los aún presos en el penal Molino de las Flores, dijo en entrevista telefónica que nuevamente la libertad de éstos dependerá del Tribunal Colegiado (quien revisará el amparo) y para ello no hay plazos, por lo que descartó que en breve obtengan su libertad.
Lo que en la lectura de Juan de Dios Hernández Monge es un “manejo discrecional” del caso y una “administración del conflicto”.
El abogado indicó que a la fecha se han presentado más de 60 amparos en esta causa penal y pese a que se ha demostrado e incluso los mismos jueces han reconocido que no hay imputaciones directas contra las y los acusados, el gobierno estatal insiste en mantenerlos en prisión, perpetuando la violación a sus derechos humanos.
Por lo pronto Hernández Monge informó que en el caso de Edith Rosales Gutiérrez, la sentencia de amparo se espera para la próxima semana, mientras que Mariana Selvas, una de las que ganó el amparo, tendrá que esperar la revisión por el Tribunal Colegiado.
Cabe recodar que junto con estas dos mujeres también se encuentra Magdalena García Durán, a quien el pasado 16 de octubre le concedieron el tercer amparo presentado para su liberación por su abogada Bárbara Zamora, sin que a la fecha haya salido libre.
EL CASO, “ATORADO” EN LA FEVIM
En tanto, la abogada Isabel Uriarte, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), quien coadyuva en el caso ante la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres (Fevim), y ante quien el Prodh interpuso una demanda por la violación de 14 mujeres durante los operativos de Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, señaló que aún no hay resultados de los peritajes que la Procuraduría General de la República (PGR) realizó en agosto pasado a dos de las mujeres que denunciaron.
Isabel Uriarte enfatizó “continuamos atoradas con la Fevim” porque seguimos esperando los resultados de los peritajes del Protocolo de Estambul realizado a dos mujeres.
Aunque Uriarte señaló que aunque esperan una “resolución de fondo de inmediato” por parte de la Fevim para la denuncia “nunca han creído en el compromiso de la Fiscal Alicia Elena Pérez Duarte”.
Con éste suman 3 los peritajes realizados a las mujeres para acreditar que fueron violadas (uno de la CNHD, otro del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad), y a 19 meses de haber sido torturadas por los policías de la Procuraduría Federal Preventiva (PFP) la Fevim continúa aplicando el protocolo de Estambul para demostrar que sí hubo tortura sexual.
07/LGL/GG/CV
Atenco: no liberan a mujeres, MP interpuso recurso de revisión
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 1 nov 07 (CIMAC).- Pese a haber ganado 7 de 11 amparos, de los cuales dos corresponden a mujeres que aún se encuentran recluidas en el Penal de Molino de Flores, detenidas durante los operativos de San Salvador Atenco en 2006, el Ministerio Público adscrito al juzgado de Distrito en el Estado de México interpuso nuevamente un recurso de revisión, lo que significa que estas mujeres no obtendrán su libertad hoy, como se tenía previsto, informó en entrevista el abogado del caso Juan de Dios Monge.
El defensor de los aún presos en el penal Molino de las Flores, dijo en entrevista telefónica que nuevamente la libertad de éstos dependerá del Tribunal Colegiado (quien revisará el amparo) y para ello no hay plazos, por lo que descartó que en breve obtengan su libertad.
Lo que en la lectura de Juan de Dios Hernández Monge es un “manejo discrecional” del caso y una “administración del conflicto”.
El abogado indicó que a la fecha se han presentado más de 60 amparos en esta causa penal y pese a que se ha demostrado e incluso los mismos jueces han reconocido que no hay imputaciones directas contra las y los acusados, el gobierno estatal insiste en mantenerlos en prisión, perpetuando la violación a sus derechos humanos.
Por lo pronto Hernández Monge informó que en el caso de Edith Rosales Gutiérrez, la sentencia de amparo se espera para la próxima semana, mientras que Mariana Selvas, una de las que ganó el amparo, tendrá que esperar la revisión por el Tribunal Colegiado.
Cabe recodar que junto con estas dos mujeres también se encuentra Magdalena García Durán, a quien el pasado 16 de octubre le concedieron el tercer amparo presentado para su liberación por su abogada Bárbara Zamora, sin que a la fecha haya salido libre.
EL CASO, “ATORADO” EN LA FEVIM
En tanto, la abogada Isabel Uriarte, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), quien coadyuva en el caso ante la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres (Fevim), y ante quien el Prodh interpuso una demanda por la violación de 14 mujeres durante los operativos de Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, señaló que aún no hay resultados de los peritajes que la Procuraduría General de la República (PGR) realizó en agosto pasado a dos de las mujeres que denunciaron.
Isabel Uriarte enfatizó “continuamos atoradas con la Fevim” porque seguimos esperando los resultados de los peritajes del Protocolo de Estambul realizado a dos mujeres.
Aunque Uriarte señaló que aunque esperan una “resolución de fondo de inmediato” por parte de la Fevim para la denuncia “nunca han creído en el compromiso de la Fiscal Alicia Elena Pérez Duarte”.
Con éste suman 3 los peritajes realizados a las mujeres para acreditar que fueron violadas (uno de la CNHD, otro del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad), y a 19 meses de haber sido torturadas por los policías de la Procuraduría Federal Preventiva (PFP) la Fevim continúa aplicando el protocolo de Estambul para demostrar que sí hubo tortura sexual.
07/LGL/GG/CV
10/31/2007
La represion nuestra de cada día...
Editorial.La Jornada.
Estado, presos políticos y represión social
Durante los siete años de gobiernos federales emanados del Partido Acción Nacional (PAN) ha tenido lugar una intensa campaña de hostigamiento en contra de activistas de diversos movimientos sociales, como lo muestra el elevado número de personas –alrededor de 900, muchas de ellas indígenas– que han sido encarceladas por motivos políticos. Esta situación plantea la necesidad de reflexionar sobre la dinámica que han seguido las administraciones panistas al enfrentarse con expresiones legítimas de inconformidad social.
En el inicio de su sexenio, Vicente Fox afirmaba ser un decidido defensor de las garantías individuales en México y otros países. Sin embargo, el supuesto compromiso inicial del entonces presidente con la procuración de los derechos humanos contrasta claramente con las cuentas que entregó una vez que dejó el poder: en las postrimerías del foxismo autoridades estatales y federales recurrieron a la represión policial como una medida para sofocar los descontentos sociales en diversas zonas del país como Lázaro Cárdenas, en Michoacán; Texcoco-Atenco, en el estado de México, y Oaxaca.
Diversas organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, pusieron bajo la óptica de la comunidad internacional los casos de graves atropellos a las garantías individuales cometidos por las autoridades mexicanas en el contexto de tales conflictos.
Lejos de aclarar y reparar el daño producido por los abusos de su antecesor, el gobierno de Felipe Calderón se ha distinguido por preservar la impunidad para los culpables de los episodios de represión mencionados, así como por incurrir en otros graves atropellos a las garantías individuales, como las detenciones de los líderes sociales oaxaqueños y su internamiento inexplicable e injustificable en prisiones de alta seguridad. Para colmo, el calderonismo ha continuado acciones como el empleo de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia y la criminalización de la protesta social, que históricamente tienden a desembocar en episodios de represión masiva y de atropello de los derechos políticos.
Estas conductas gubernamentales, en conjunción con el creciente número de presos por motivos políticos, ponen en evidencia la severa crisis que enfrenta el Estado respecto de su papel como mediador en los conflictos sociales y como interlocutor de los grupos que los protagonizan: éstos, al no encontrar canales de solución adecuados para sus demandas –muchas de las cuales son, a su vez, consecuencia de los desaciertos del gobierno, tienden a radicalizar sus luchas, y encuentran como respuesta la represión de las autoridades.
Por lo demás, la criminalización de las manifestaciones de descontento social no se limita al ejercicio de la fuerza represora del Estado en contra de los inconformes, sino que se apuntala, además, con triquiñuelas jurídicas como la invención de cargos y la lectura facciosa de las leyes en perjuicio de los acusados. Como ejemplo ha de referirse la sentencia dictada en mayo pasado en contra de dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, condenados a 67 años de prisión, lo que constituye una virtual cadena perpetua. No deja de ser sorprendente e inaceptable que la pena que purgarán estos activistas campesinos es por demás desmesurada en comparación con los castigos que reciben los culpables de crímenes como el secuestro o el narcotráfico.
El empleo excesivo de la fuerza pública para acallar las manifestaciones de descontento es una práctica recurrente de los regímenes autoritarios. En un contexto democrático, sin embargo, tales acciones no pueden tener cabida. El gobierno federal debe entender que la solución a los conflictos sociales se alcanza mediante el diálogo y el reconocimiento de todas las partes; la represión y el encarcelamiento de los inconformes, en cambio, propicia que la descomposición social avance y que el daño alcance niveles que pudieran ser irreversibles.
Castigo a la disidencia, conducta común de los tres órdenes de gobierno
Criminalizar la protesta social, el pan de cada día
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, botones de muestra de la represión
Blanche Petrich /II
Las detenciones irregulares, las acusaciones judiciales “por motín, asociación delictuosa y terrorismo” y las órdenes de aprehensión emitidas “como amenaza permanente” contra activistas sociales y políticos “son hoy el pan de cada día” para los movimientos populares, advierte el dirigente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Guerrero, Abel Barrera.
Como él, otros defensores de derechos humanos caracterizan las políticas del gobierno federal y varios mandatarios estatales como “de castigo a la disidencia”, de “criminalización de la protesta social” y de “persecución a la solidaridad y la libertad de expresión”, patrón que ejecutan lo mismo los gobernadores perredistas de Chiapas, Juan Sabines, y de Guerrero, Zeferino Torreblanca, que los ex mandatarios panistas de Yucatán, Patricio Patrón, y de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, además de los priístas de Oaxaca, Ulises Ruiz; del estado de México, Enrique Peña Nieto, y de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.
En su balance sobre el sexenio de Vicente Fox Quesada en materia de derechos humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro concluyó: “Las protestas generadas por situaciones económicas, políticas o sociales siguen siendo interpretadas como si fueran cuestiones de seguridad. Para enfrentar a la oposición y a la protesta el gobierno, en sus tres niveles, ha asumido una actitud con tintes autoritarios. Los reclamos y las demandas superan su capacidad de reacción en un contexto democrático”.
Un repaso de los expedientes de presos y ex presos –siempre cambiante e impreciso por las excarcelaciones dictaminadas por disolución de pruebas o imposición de fianzas arbitrarias y por la falta de un trabajo sistemático de las redes ciudadanas para actualizar la estadística– llevan al lector a un recorrido por las distintas expresiones de resistencia popular.
El fracaso de la política
En 2006, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) protagonizó uno de los procesos de disidencia más significativos de los últimos años. Durante meses, las barricadas en la capital estatal y las huelgas del magisterio y de las organizaciones que se sumaron masivamente a la protesta pusieron en jaque al gobierno de Ulises Ruiz. Pudo haber sido, según definió el líder zapoteco Joel Aquino, “la oportunidad de erradicar definitivamente a los caciques de Oaxaca; la última gran batalla contra el sistema autoritario”. Pero no fue.
En el momento más crítico del proceso se entabló un diálogo para una salida política. Pero otra negociación paralela y secreta, al más alto nivel de la política, decidió salvar al cuestionado gobernador oaxaqueño a cambio de poder concretar la imposición del panista Felipe Calderón en la Presidencia. Con este pacto la posibilidad de una salida pacífica se derrumbó. Las armas y los toletes, bajo las órdenes del entonces secretario de Seguridad Pública –hoy procurador general–, Eduardo Medina Mora, entraron en escena.
La intervención violenta de la Policía Federal Preventiva en varias fases en Oaxaca, y la acción descontrolada de “escuadrones” informales bajo las órdenes de autoridades estatales, provocaron, además de un saldo total de 27 personas asesinadas entre julio y diciembre de 2006, redadas masivas que llevaron a las distintas cárceles “a más de 500 personas”, según estimaciones de Jessica Sánchez, de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos.
“Las detenciones masivas e indiscriminadas, el trato vejatorio y la violencia física y síquica para con las personas detenidas, y el uso desproporcionado de la fuerza contra toda la población, fueron las características predominantes” de la “solución de fuerza” al conflicto oaxaqueño, según denunció en un informe especial la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos.
El primer aviso fueron los ataques a las barricadas de Santa María Coyotepec y Santa Lucía del Camino, el 27 de octubre del año pasado. Participaron autoridades municipales, varias corporaciones del estado y agentes paramilitares. Ese día fueron asesinados cuatro maestros y un periodista, el estadunidense Brad Will; resultaron heridas decenas de personas y cayeron presos 20 maestros, algunos con graves lesiones. Después vinieron el avance de la PFP hacia el zócalo, el 29 de octubre, un nuevo embate el 10 de noviembre y la ofensiva final, el 25 de noviembre. En ese lapso resultaron detenidas, golpeadas y torturadas cientos de personas que fueron repartidas en los penales de Miahuatlán, Tlacolula, Cuicatlán, Ejutla, Etla, en los separos de la PGR en la capital y en el penal federal de Nayarit. Además fueron arrestados ocho extranjeros y expulsados cuatro.
A pesar de que los detenidos no tuvieron acceso a una defensa justa, a que las autoridades médicas y humanitarias fueron omisas al certificar las lesiones de decenas de presos y a que los indígenas no tuvieron acceso a intérpretes, el Estado se desistió de la mayoría de las averiguaciones previas. Actualmente quedan siete presos relacionados con la APPO, entre ellos los hermanos Flavio y Horacio Sosa.
El primero, integrante de la dirección de la APPO, y su hermano fueron detenidos a principios de diciembre en el Distrito Federal. Se les internó en el penal del Altiplano, en Almoloya. Posteriormente fueron trasladados a Ixcotel, en Oaxaca. Son acusados de despojo agravado, por la ocupación de la radio y televisión del gobierno estatal –delito por el cual acaban de recibir un amparo–, privación ilegal de la libertad y robo a dos policías, sedición, asociación delictuosa y daños por incendio. Su defensa alega que todos “son delitos fabricados”.
Al margen del conflicto popular-magisterial de 2006, en Oaxaca hay 14 presos relacionados con conflictos electorales y la defensa de autoridades indígenas: siete de Santo Domingo Teojomulco, tres de San Isidro Aloapam y cuatro del Consejo Ciudadano de Xanica. Adicionalmente permanecen los 12 presos de San Agustín Loxicha, autoridades comunitarias presas en el contexto de la militarización de la región en 1996, que no alcanzaron la amnistía decretada por el ex gobernador José Murat por tener en su expediente causas del orden federal.
Para describir el panorama de la represión en Guerrero, apunta Barrera, de Tlachinollan, basta con seguir la ruta del movimiento popular. “Donde quiera que haya organización, protesta, defensa de los derechos humanos, movilización o bloqueo de caminos hay represión, arrestos irregulares y órdenes de aprehensión”. Los campesinos de La Parota, los ecologistas de Petatlán, los trabajadores despedidos del INEGI en Chipancingo, las autoridades comunitarias de Xochistlahuaca, los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa… todos han sufrido persecución”.
Así, los pueblos me’pha realizaron en febrero y julio bloqueos en la carretera Tlapa-Metlatónoc para exigir un camino rural y mejoría en las condiciones de educación en su lengua. En consecuencia, su líder Cándido Félix está preso y cuatro más tienen órdenes de aprehensión. En tierras amuzgas, David Valtierra, Genaro Cruz y Silverio Matías han sido presos y están libres bajo fianza por defender el derecho a un gobierno propio. Once más tienen órdenes de aprehensión. Lo mismo ocurrió con otras dos autoridades de El Camalote, Ayutla de los Libres. Docenas de campesinos que se oponen a la deforestación de Petatlán y la construcción de la presa La Parota han pasado por la cárcel. El episodio más reciente fue el arresto –y posterior liberación– de Cirino Plácido, fundador de la policía comunitaria de San Luis Acatlán.
Estado, presos políticos y represión social
Durante los siete años de gobiernos federales emanados del Partido Acción Nacional (PAN) ha tenido lugar una intensa campaña de hostigamiento en contra de activistas de diversos movimientos sociales, como lo muestra el elevado número de personas –alrededor de 900, muchas de ellas indígenas– que han sido encarceladas por motivos políticos. Esta situación plantea la necesidad de reflexionar sobre la dinámica que han seguido las administraciones panistas al enfrentarse con expresiones legítimas de inconformidad social.
En el inicio de su sexenio, Vicente Fox afirmaba ser un decidido defensor de las garantías individuales en México y otros países. Sin embargo, el supuesto compromiso inicial del entonces presidente con la procuración de los derechos humanos contrasta claramente con las cuentas que entregó una vez que dejó el poder: en las postrimerías del foxismo autoridades estatales y federales recurrieron a la represión policial como una medida para sofocar los descontentos sociales en diversas zonas del país como Lázaro Cárdenas, en Michoacán; Texcoco-Atenco, en el estado de México, y Oaxaca.
Diversas organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, pusieron bajo la óptica de la comunidad internacional los casos de graves atropellos a las garantías individuales cometidos por las autoridades mexicanas en el contexto de tales conflictos.
Lejos de aclarar y reparar el daño producido por los abusos de su antecesor, el gobierno de Felipe Calderón se ha distinguido por preservar la impunidad para los culpables de los episodios de represión mencionados, así como por incurrir en otros graves atropellos a las garantías individuales, como las detenciones de los líderes sociales oaxaqueños y su internamiento inexplicable e injustificable en prisiones de alta seguridad. Para colmo, el calderonismo ha continuado acciones como el empleo de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia y la criminalización de la protesta social, que históricamente tienden a desembocar en episodios de represión masiva y de atropello de los derechos políticos.
Estas conductas gubernamentales, en conjunción con el creciente número de presos por motivos políticos, ponen en evidencia la severa crisis que enfrenta el Estado respecto de su papel como mediador en los conflictos sociales y como interlocutor de los grupos que los protagonizan: éstos, al no encontrar canales de solución adecuados para sus demandas –muchas de las cuales son, a su vez, consecuencia de los desaciertos del gobierno, tienden a radicalizar sus luchas, y encuentran como respuesta la represión de las autoridades.
Por lo demás, la criminalización de las manifestaciones de descontento social no se limita al ejercicio de la fuerza represora del Estado en contra de los inconformes, sino que se apuntala, además, con triquiñuelas jurídicas como la invención de cargos y la lectura facciosa de las leyes en perjuicio de los acusados. Como ejemplo ha de referirse la sentencia dictada en mayo pasado en contra de dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, condenados a 67 años de prisión, lo que constituye una virtual cadena perpetua. No deja de ser sorprendente e inaceptable que la pena que purgarán estos activistas campesinos es por demás desmesurada en comparación con los castigos que reciben los culpables de crímenes como el secuestro o el narcotráfico.
El empleo excesivo de la fuerza pública para acallar las manifestaciones de descontento es una práctica recurrente de los regímenes autoritarios. En un contexto democrático, sin embargo, tales acciones no pueden tener cabida. El gobierno federal debe entender que la solución a los conflictos sociales se alcanza mediante el diálogo y el reconocimiento de todas las partes; la represión y el encarcelamiento de los inconformes, en cambio, propicia que la descomposición social avance y que el daño alcance niveles que pudieran ser irreversibles.
Castigo a la disidencia, conducta común de los tres órdenes de gobierno
Criminalizar la protesta social, el pan de cada día
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, botones de muestra de la represión
Blanche Petrich /II
Las detenciones irregulares, las acusaciones judiciales “por motín, asociación delictuosa y terrorismo” y las órdenes de aprehensión emitidas “como amenaza permanente” contra activistas sociales y políticos “son hoy el pan de cada día” para los movimientos populares, advierte el dirigente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Guerrero, Abel Barrera.
Como él, otros defensores de derechos humanos caracterizan las políticas del gobierno federal y varios mandatarios estatales como “de castigo a la disidencia”, de “criminalización de la protesta social” y de “persecución a la solidaridad y la libertad de expresión”, patrón que ejecutan lo mismo los gobernadores perredistas de Chiapas, Juan Sabines, y de Guerrero, Zeferino Torreblanca, que los ex mandatarios panistas de Yucatán, Patricio Patrón, y de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, además de los priístas de Oaxaca, Ulises Ruiz; del estado de México, Enrique Peña Nieto, y de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.
En su balance sobre el sexenio de Vicente Fox Quesada en materia de derechos humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro concluyó: “Las protestas generadas por situaciones económicas, políticas o sociales siguen siendo interpretadas como si fueran cuestiones de seguridad. Para enfrentar a la oposición y a la protesta el gobierno, en sus tres niveles, ha asumido una actitud con tintes autoritarios. Los reclamos y las demandas superan su capacidad de reacción en un contexto democrático”.
Un repaso de los expedientes de presos y ex presos –siempre cambiante e impreciso por las excarcelaciones dictaminadas por disolución de pruebas o imposición de fianzas arbitrarias y por la falta de un trabajo sistemático de las redes ciudadanas para actualizar la estadística– llevan al lector a un recorrido por las distintas expresiones de resistencia popular.
El fracaso de la política
En 2006, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) protagonizó uno de los procesos de disidencia más significativos de los últimos años. Durante meses, las barricadas en la capital estatal y las huelgas del magisterio y de las organizaciones que se sumaron masivamente a la protesta pusieron en jaque al gobierno de Ulises Ruiz. Pudo haber sido, según definió el líder zapoteco Joel Aquino, “la oportunidad de erradicar definitivamente a los caciques de Oaxaca; la última gran batalla contra el sistema autoritario”. Pero no fue.
En el momento más crítico del proceso se entabló un diálogo para una salida política. Pero otra negociación paralela y secreta, al más alto nivel de la política, decidió salvar al cuestionado gobernador oaxaqueño a cambio de poder concretar la imposición del panista Felipe Calderón en la Presidencia. Con este pacto la posibilidad de una salida pacífica se derrumbó. Las armas y los toletes, bajo las órdenes del entonces secretario de Seguridad Pública –hoy procurador general–, Eduardo Medina Mora, entraron en escena.
La intervención violenta de la Policía Federal Preventiva en varias fases en Oaxaca, y la acción descontrolada de “escuadrones” informales bajo las órdenes de autoridades estatales, provocaron, además de un saldo total de 27 personas asesinadas entre julio y diciembre de 2006, redadas masivas que llevaron a las distintas cárceles “a más de 500 personas”, según estimaciones de Jessica Sánchez, de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos.
“Las detenciones masivas e indiscriminadas, el trato vejatorio y la violencia física y síquica para con las personas detenidas, y el uso desproporcionado de la fuerza contra toda la población, fueron las características predominantes” de la “solución de fuerza” al conflicto oaxaqueño, según denunció en un informe especial la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos.
El primer aviso fueron los ataques a las barricadas de Santa María Coyotepec y Santa Lucía del Camino, el 27 de octubre del año pasado. Participaron autoridades municipales, varias corporaciones del estado y agentes paramilitares. Ese día fueron asesinados cuatro maestros y un periodista, el estadunidense Brad Will; resultaron heridas decenas de personas y cayeron presos 20 maestros, algunos con graves lesiones. Después vinieron el avance de la PFP hacia el zócalo, el 29 de octubre, un nuevo embate el 10 de noviembre y la ofensiva final, el 25 de noviembre. En ese lapso resultaron detenidas, golpeadas y torturadas cientos de personas que fueron repartidas en los penales de Miahuatlán, Tlacolula, Cuicatlán, Ejutla, Etla, en los separos de la PGR en la capital y en el penal federal de Nayarit. Además fueron arrestados ocho extranjeros y expulsados cuatro.
A pesar de que los detenidos no tuvieron acceso a una defensa justa, a que las autoridades médicas y humanitarias fueron omisas al certificar las lesiones de decenas de presos y a que los indígenas no tuvieron acceso a intérpretes, el Estado se desistió de la mayoría de las averiguaciones previas. Actualmente quedan siete presos relacionados con la APPO, entre ellos los hermanos Flavio y Horacio Sosa.
El primero, integrante de la dirección de la APPO, y su hermano fueron detenidos a principios de diciembre en el Distrito Federal. Se les internó en el penal del Altiplano, en Almoloya. Posteriormente fueron trasladados a Ixcotel, en Oaxaca. Son acusados de despojo agravado, por la ocupación de la radio y televisión del gobierno estatal –delito por el cual acaban de recibir un amparo–, privación ilegal de la libertad y robo a dos policías, sedición, asociación delictuosa y daños por incendio. Su defensa alega que todos “son delitos fabricados”.
Al margen del conflicto popular-magisterial de 2006, en Oaxaca hay 14 presos relacionados con conflictos electorales y la defensa de autoridades indígenas: siete de Santo Domingo Teojomulco, tres de San Isidro Aloapam y cuatro del Consejo Ciudadano de Xanica. Adicionalmente permanecen los 12 presos de San Agustín Loxicha, autoridades comunitarias presas en el contexto de la militarización de la región en 1996, que no alcanzaron la amnistía decretada por el ex gobernador José Murat por tener en su expediente causas del orden federal.
Para describir el panorama de la represión en Guerrero, apunta Barrera, de Tlachinollan, basta con seguir la ruta del movimiento popular. “Donde quiera que haya organización, protesta, defensa de los derechos humanos, movilización o bloqueo de caminos hay represión, arrestos irregulares y órdenes de aprehensión”. Los campesinos de La Parota, los ecologistas de Petatlán, los trabajadores despedidos del INEGI en Chipancingo, las autoridades comunitarias de Xochistlahuaca, los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa… todos han sufrido persecución”.
Así, los pueblos me’pha realizaron en febrero y julio bloqueos en la carretera Tlapa-Metlatónoc para exigir un camino rural y mejoría en las condiciones de educación en su lengua. En consecuencia, su líder Cándido Félix está preso y cuatro más tienen órdenes de aprehensión. En tierras amuzgas, David Valtierra, Genaro Cruz y Silverio Matías han sido presos y están libres bajo fianza por defender el derecho a un gobierno propio. Once más tienen órdenes de aprehensión. Lo mismo ocurrió con otras dos autoridades de El Camalote, Ayutla de los Libres. Docenas de campesinos que se oponen a la deforestación de Petatlán y la construcción de la presa La Parota han pasado por la cárcel. El episodio más reciente fue el arresto –y posterior liberación– de Cirino Plácido, fundador de la policía comunitaria de San Luis Acatlán.
El FEMINICIDIO DE MEXICO...
México debe seguir recomendaciones de UE sobre feminicidio
Por Juana María Nava Castillo/corresponsal
Monterrey, Méx., 31 oct 07 (CIMAC).- México deberá fortalecer la investigación con respecto al feminicidio y llevar a los responsables a la justicia, afirmó el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en México, Amerigo Incalcaterra.
Con relación al Informe sobre el Feminicidio en México y Centroamérica, que aprobó el Parlamento Europeo la primera semana de octubre, y en el cual se condena la impunidad de los crímenes contra mujeres, el representante de la ONU consideró que es fundamental que nuestro país ponga la debida atención en dar respuesta a las recomendaciones que denotan la preocupación mundial por los hechos ocurridos en el estado de Chihuahua, y otras regiones.
La reacción de México deberá reflejarse en fortalecer las investigaciones del feminicidio, así como en la ejecución de medidas para prevenir que los crímenes en contra de las mujeres se vuelvan a presentar, añadió.
El Informe del Parlamento Europeo es un recordatorio de que se debe seguir trabajando en el tema, y que será necesario que se lleve a los responsables ante la justicia, dijo.
Amerigo Incalcaterra participó ayer martes en el inicio de la semana de Derechos Humanos y Justicia, que se lleva a cabo en el marco del Forum Universal de las Culturas, donde destacó que aún hay rezagos importantes que atender en materia de derechos humanos, principalmente en lo que tiene que ver con la pobreza, la seguridad, la violencia, la discriminación, la impunidad, el déficit democrático y la acumulación del poder económico y político.
Citó que hay avances en materia de atención a los derechos humanos, en cuanto a conferencias, tratados internacionales, monitoreos y mecanismos e instituciones, sin embargo no se ha logrado que en el día a día millones de personas en el mundo sigan enfrentando situaciones que limitan sus derechos.
Dijo que uno de los temas más delicados es la pobreza, pues aún en estos días mil 200 millones de personas viven con un dólar al día, lo cual contrasta con el despojo que han hecho las empresas multinacionales que han acumulado poder económico y político, ante la poca o nula reacción del Estado.
En el mundo existen 70 mil empresas trasnacionales que están en esta dinámica, ante la complacencia de los gobiernos, añadió, y que además violan sistemáticamente los derechos ambientales, culturales, laborales, y en la historia han sido cómplices de crímenes de lesa humanidad.
Otro de los puntos que destacó el representante de la ONU fue el relacionado con la seguridad, a costa de la cual se han suprimido derechos ciudadanos y garantías individuales ya conquistados, lo cual denota un retroceso en los avances logrados.
Destacó que la imposibilidad de los Estados para cumplir con los instrumentos internacionales de derechos humanos se centran en tres aspectos: incapacidad, falta de conocimiento y falta de voluntad política, y reiteró que ni el desarrollo, ni la seguridad de las naciones se logrará sin la plena vigencia y respeto de los derechos humanos.
cimacnoticias.com
Por Juana María Nava Castillo/corresponsal
Monterrey, Méx., 31 oct 07 (CIMAC).- México deberá fortalecer la investigación con respecto al feminicidio y llevar a los responsables a la justicia, afirmó el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en México, Amerigo Incalcaterra.
Con relación al Informe sobre el Feminicidio en México y Centroamérica, que aprobó el Parlamento Europeo la primera semana de octubre, y en el cual se condena la impunidad de los crímenes contra mujeres, el representante de la ONU consideró que es fundamental que nuestro país ponga la debida atención en dar respuesta a las recomendaciones que denotan la preocupación mundial por los hechos ocurridos en el estado de Chihuahua, y otras regiones.
La reacción de México deberá reflejarse en fortalecer las investigaciones del feminicidio, así como en la ejecución de medidas para prevenir que los crímenes en contra de las mujeres se vuelvan a presentar, añadió.
El Informe del Parlamento Europeo es un recordatorio de que se debe seguir trabajando en el tema, y que será necesario que se lleve a los responsables ante la justicia, dijo.
Amerigo Incalcaterra participó ayer martes en el inicio de la semana de Derechos Humanos y Justicia, que se lleva a cabo en el marco del Forum Universal de las Culturas, donde destacó que aún hay rezagos importantes que atender en materia de derechos humanos, principalmente en lo que tiene que ver con la pobreza, la seguridad, la violencia, la discriminación, la impunidad, el déficit democrático y la acumulación del poder económico y político.
Citó que hay avances en materia de atención a los derechos humanos, en cuanto a conferencias, tratados internacionales, monitoreos y mecanismos e instituciones, sin embargo no se ha logrado que en el día a día millones de personas en el mundo sigan enfrentando situaciones que limitan sus derechos.
Dijo que uno de los temas más delicados es la pobreza, pues aún en estos días mil 200 millones de personas viven con un dólar al día, lo cual contrasta con el despojo que han hecho las empresas multinacionales que han acumulado poder económico y político, ante la poca o nula reacción del Estado.
En el mundo existen 70 mil empresas trasnacionales que están en esta dinámica, ante la complacencia de los gobiernos, añadió, y que además violan sistemáticamente los derechos ambientales, culturales, laborales, y en la historia han sido cómplices de crímenes de lesa humanidad.
Otro de los puntos que destacó el representante de la ONU fue el relacionado con la seguridad, a costa de la cual se han suprimido derechos ciudadanos y garantías individuales ya conquistados, lo cual denota un retroceso en los avances logrados.
Destacó que la imposibilidad de los Estados para cumplir con los instrumentos internacionales de derechos humanos se centran en tres aspectos: incapacidad, falta de conocimiento y falta de voluntad política, y reiteró que ni el desarrollo, ni la seguridad de las naciones se logrará sin la plena vigencia y respeto de los derechos humanos.
cimacnoticias.com