Guerrilla en México, la insensibilidad oficial
pedro zamora briseño
Colima, Col., 28 de enero (apro).- Al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa le ha faltado sensibilidad para abordar el asunto de los grupos guerrilleros que operan actualmente en el país, coinciden mujeres excombatientes de la Liga Comunista 23 de Septiembre y Vanguardia Armada del Pueblo.
Colima, Col., 28 de enero (apro).- Al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa le ha faltado sensibilidad para abordar el asunto de los grupos guerrilleros que operan actualmente en el país, coinciden mujeres excombatientes de la Liga Comunista 23 de Septiembre y Vanguardia Armada del Pueblo.
En entrevista conjunta, tres exguerrilleras alertan sobre los riesgos actuales de radicalización de movimientos populares y hablan del Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).Rosa María González Carranza, quien a principios de los 70 se enroló en la Liga 23 de Septiembre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, señala que no ha visto en las autoridades la capacidad y humildad necesarias para buscar el diálogo con las agrupaciones levantadas en armas.“Se necesita tener sensibilidad y el gobierno no la tiene; sería muy sencillo contratar expertos en movimientos guerrilleros que les dijeran cómo actuar sin reprimirlos, invitarlos a un diálogo de iguales donde no haya ni verdugos ni juzgadores, a ver cuáles son sus demandas… pero los autoritarios están ciegos, sordos y además no tienen capacidad”, sostiene.
A juicio de González Carranza, los movimientos armados que se han mantenido desde hace varias décadas “pueden aguantar mucho tiempo más y, si se van muriendo algunos militantes que ya están grandecitos, van surgiendo otros”.Dice que el gobierno federal debe aprender a ser tolerante con los que piensan distinto y tienen sus propias causas, con aquellos que disienten, pues cuando las autoridades tengan la capacidad de dar valor al disenso, ese día se solucionarán los problemas por otras vías.Por su parte, María de la Luz Aguilar Terrés, quien hace más de tres décadas formó parte de Vanguardia Armada del Pueblo en el Distrito Federal, considera que el gobierno está perdiendo la capacidad de negociar.
Sostiene que ha tenido la oportunidad de asumir una actitud conciliadora, pero que los funcionarios no han sido sensibles a esa situación y han preferido cerrar espacios, no sólo con los movimientos armados, sino también con los organizaciones sociales, como las surgidas en San Salvador Atenco y Oaxaca.Considera que los gobiernos de Vicente Fox y, ahora, de Felipe Calderón han actuado con mucha torpeza para resolver conflictos sociales. “De palabra, a lo mejor han dicho que están dispuestos a negociar, pero en los hechos sólo han estado reprimiendo, sobre todo en los principales puntos de crisis, lo que ha agudizado los problemas sociales y se han propiciado más muestras de inconformidad. Si no hay esa capacidad de por lo menos ceder un poquito, se puede venir un descontento generalizado”.A su vez, Bertha Lilia Gutiérrez Campos, exmilitante de la Liga Comunista, advierte que el gobierno debe aprovechar la enseñanza que dejaron los movimientos armados de los años 70 y actuar con mayor tolerancia y respeto.
Prosigue: “Creo que es momento de diálogo, de negociaciones, de ampliar los espacios democráticos, de apostarle a la educación y a que la riqueza, en vez de estar en menores cantidades de personas, se distribuyera de mejor manera”.Indica que el caldo de cultivo de las rebeliones armadas han sido la pobreza y la miseria, con detonadores muy claros como la represión policiaca, militar, por lo que estima que deben ser respetados los espacios de participación social que hay ahora y que no existían en los setenta.“En las ciudades no existen en estos momentos condiciones para hablar de otro tipo de lucha radical urbana, y ojalá no llegaran a existir porque no fueran necesarias, no se necesita radicalizar ningún movimiento, pero para eso las cuestiones estructurales son determinantes, a los jóvenes les están faltando espacios para su desarrollo y la pobreza va cerrando oportunidades a amplios sectores de la población”, advierte Gutiérrez Campos.
El segundo encuentro Rosa María González, Bertha Lilia Gutiérrez y María de la Luz Aguilar estuvieron recientemente en Colima para presentar el libro Memoria del Primer Encuentro Nacional de Mujeres Exguerrilleras. Dicho libro surgió del evento realizado en diciembre de 2003, en el salón Heberto Castillo del Senado de la República.Las exguerrilleras dieron a conocer la convocatoria al segundo encuentro, denominado Mujeres de armas tomar. Nuestra memoria contra el olvido, la impunidad y el silencio, que se realizará los días 7 y 8 de marzo de este año en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en Mazatlán.Durante la entrevista, Gutiérrez Campos señala que en la actualidad observa una semejanza muy grande en la represión oficial que se está ejerciendo contra los movimientos sociales y la que existió en los setenta.“Quiero pensar que se buscan los espacios democráticos, se participa en ellos y de pronto esa misma represión radicaliza los movimientos; así sucedió con nosotros.
Se está acercando la realidad actual a esa condición y creo que pudiera evitarse, prevenirse, siempre y cuando se respeten esos espacios, pero pareciera que la tendencia va en contrario”.--¿Esta tendencia detonaría la proliferación de movimientos armados?“Podría prevenirse, evitarse. En nuestra experiencia eso fue lo que radicalizó a nuestro movimiento, y ahora vemos rasgos comunes. Quisiéramos que en vez de que se buscara la manera de repetir esa experiencia por parte del Estado, en la que se reprime los movimientos y se hace una lucha sin fin, se actuara de otra manera”.Para María de la Luz Aguilar, “las guerrillas siguen vigentes en México: tenemos en el país regionalmente todavía lugares donde la situación sigue siendo casi la misma, sigue habiendo marginación, hambre, pobreza, o sea todas las condiciones que propiciaron el nacimiento de la guerrilla, y la guerrilla sigue ahí, especialmente en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, donde se ha dicho que hay más de 20 grupos guerrilleros”.
En opinión de Aguilar Terrés, el EZLN es una guerrilla “muy complaciente, más mediática que realmente una guerrilla, muy local en el indigenismo y creo que para el Estado, mientras no se salga de ahí, no representa un peligro”.Asegura que, en cambio, el ERPI, el EPR y otros grupos que están en esas zonas “son las reminiscencias que quedaron de lo que se había dado en los setenta”. Menciona que sus integrantes provienen de grupos como la Unión del Pueblo y el Partido de los Pobres y que se alimentaron de nuevos cuadros a raíz de la represión de Aguas Blancas y El Charco. La exmilitante de Vanguardia Armada del Pueblo señala que no son claras las tácticas de lucha de estas agrupaciones, como sí las tenía, por ejemplo, Lucio Cabañas, de luchar contra los caciques y formando comités de autodefensa.
--¿Qué grupos le preocuparán más al gobierno actualmente, EPR, ERPI o los zapatistas?“Creo que le preocupan todos, pero hay diferentes actitudes por los tipos de guerrillas. Con el cambio de gobierno se desmanteló el aparato de seguridad nacional, y eso hizo posible que, a lo mejor, se les perdiera la pista a estos movimientos y se concentraran más en el zapatismo, que estaba bien ubicado, más visible que los otros grupos”.
Atenta contra derechos y significa un retroceso, advierte el ex procurador de la República
Preocupante y deplorable, la reforma en materia de justicia: García Ramírez
“Otorga mayor benignidad al poder y mayores restricciones al individuo”, advierte
Víctor Ballinas
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez. Imagen de archivo Foto: Notimex
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Sergio García Ramírez, aseveró que la reforma constitucional en materia de justicia “contiene elementos verdaderamente preocupantes y deplorables”, atenta contra derechos y significa un retroceso, además de que “otorga mayor benignidad al poder y mayores restricciones al individuo”.
Al participar en un foro-debate sobre la reforma judicial, convocado por la Fundación Heberto Castillo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el ex procurador general de la República, investigador, juez y actual titular de la CIDH destacó que es peligroso “haber colocado en la Constitución una definición de delincuencia organizada”.
Abundó: “Se dice que es delincuencia organizada si tres o más personas acuerdan organizarse o se organizan para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguna o algunos de los delitos que en la misma (ley) se mencionan; serán sancionados por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada”.
“Como pueden darse cuenta –precisó el investigador– ahí caben muchas cosas. No podemos ser ingenuos, existe esto y es gravísimo. Y suponiendo de buena fe que con ese concepto no van a captar conductas legítimas, no deja de ser un terreno peligroso. Hace 10 años se empezó a caer en la tentación de jueces sin rostro; algunos vimos eso con alarma. Estamos entrando al terreno de los derechos con garantías recortadas o (incluso) sin ellas.”
El experto en materia judicial destacó que “la Ley Federal de Delincuencia Organizada es un engendro diabólico. Es como El bebé de Rosemary (título en español de una película de Roman Polansky). Muchas de esas figuras que deploramos provienen de ahí, por ejemplo, el arraigo jurídicamente es una mounstruosidad”.
Antes, detalló el jurista, el arraigo se utilizaba sólo para aquellas personas que podrían evadirse de la justicia y estaban en sus domicilios y no podían salir del país o de un estado a otro, pero ahora “no se trata de un verdadero arraigo: es una detención anticipada donde se viola el plazo legal de las 72 horas, se le da la vuelta, se lleva al sujeto a una casa de seguridad, a un hotel o a un establecimiento formal al que sólo falta ponerle el letrero de cárcel preventiva”.
Con la reforma, aprobada ya por el Senado, “vamos a tener dos sistemas de justicia; hemos bifurcado el sistema ordinario y vamos ahora hacia uno que da mayor benignidad al poder y mayores restricciones al individuo”.
La reforma de justicia “es ambigua; sería ligero decir que es mala o pésima, tiene aspectos excelentes, pero hay otros que son deplorables. Esta reforma todavía no está consolidada, porque como el Senado le hizo algunas modificaciones al dictamen de la Cámara de Diputados, quedó pendiente su aprobación, pero sinceramente no creo que vayan a hacerle cambios”.
García Ramírez advirtió que hay una desesperación social que clama por mayor eficacia del Estado en la lucha contra la delincuencia, y “el Estado traduce esta demanda en mano dura”.
Finalmente explicó que un sistema penal tiene que tomar los criterios que quiere y que desea; “si es un gobierno democrático, o si es autoritario, tiene que resolver a qué le va a llamar delito, quiénes van a ser los delincuentes, qué vamos a hacer con ellos y cuáles van a ser las consecuencias jurídicas”.
Astillero
Julio Hernández López Fax: 5605-2099 •
El converso no quiere conversar
Creel, reversa por consigna
Los Mouriño futboleros
Jalisco: grilla entre tequila
Santiago Creel se bambolea en un filo labrado por él mismo. Embarcado en un proceso de (parcial) purificación, mediante sacrificios (medidos, convenencieros), pretende convencer a quienes lo vieron caer y errar (como muy pecador secretario de Gobernación y fallido precandidato presidencial) de que se ha erguido y es ahora un político confiable, un ciudadano preocupado por los problemas del país, más allá de las imposiciones partidistas. Los ánimos de purgación y expiación resultan fácilmente adquiribles, pero son difíciles de sostener y no siempre son creídos por el público destinatario. Sólo por mencionar un caso, está el de Manuel Bartlett, el rudo secretario de Gobernación al que en 1988 se le cayó el sistema electoral y no ha podido mejorar notablemente sus calificaciones públicas ni diluir el recuerdo de su pasado denso a pesar de los intensos, constantes y, en ocasiones, meritorios debates y actos de defensa de legítimos intereses nacionales que ha protagonizado en años recientes.
Creel ha abjurado de temas como la ley Televisa, ganándose campañas de descrédito en pantallas, sobre todo del salinismo azteca. Pero ha tratado, al mismo tiempo, de desmarcarse de las obligaciones de sumisión e impudicia a que lo lleva la disciplina de su partido, el PAN, a cuyos senadores coordina, y de ganarse la confianza del grupo que gobierna al aparato federal y al propio partido blanquiazul, el calderonismo que lo desprecia por considerarlo un residuo foxista maltratado al que no se pudo remover a la caída de Manuel Espino (como tampoco se hizo en San Lázaro con Héctor Larios) por compromisos de “estabilidad” con el foxismo-espinismo para que Germán Martínez llegara a la dirección general de la paraestatal llamada PAN sin turbulencias ni división explícita.
En esa dualidad de ambiciones, el proveedor de permisos de juego a empresas televisivas ha creído oportuno mostrarse como personaje moderno, dialogante, sin trabas a la hora de contestar positivamente un reto de debate lanzado por Andrés Manuel López Obrador para analizar el asunto de los energéticos mexicanos y las propuestas oficiales de reforma. Pero el calderonismo no quiere que se dé ninguna tribuna a AMLO, y considera que el (aparentemente) converso senador le está brindando al tabasqueño una gran oportunidad de ganar reflectores. Por ello se ha ordenado al ambicioso Creel que recule como mejor pueda. Así es que Santiago, el moderno, el dispuesto a debatir, está poniendo cuanto obstáculo se le ocurre para no cumplir su promesa de apertura y confrontación. Ironías blancas y azules: el converso está en el cadalso por pretender conversar; si no se le pudo quitar de la coordinación de senadores por cambio de gerencia general en el comité panista, ahora le mueven la silla de Xicoténcatl por “colaborar con el enemigo”. ¡Oh, ¿qué hará el fragmentariamente purificado Santiago?!
Astillas:
Así como ha declarado que se siente mexicano “hasta la médula”, Juan Camilo Mouriño también se reconoce “celtista hasta la médula”, es decir, seguidor del Celta de Vigo, equipo profesional del futbol español, del que su padre se hizo en mayo de 2006 mediante una operación que le significó desembolsar cuatro millones de euros. Por ello, el sábado 16 de junio del año pasado, por la tarde, llegó el entonces jefe de la Oficina de la Presidencia (formal) de México a Vigo para presenciar el partido entre el Celta y el Getafe, que definiría la permanencia del equipo familiar en primera división (finalmente, el Celta cayó a la segunda). Según el diario Faro de Vigo, fue un viaje “de 24 horas”, pues “nada más al concluir el encuentro, él y su hermano Carlos volaron hacia México para reincorporarse el lunes a las tareas de gobierno como mano derecha del presidente Felipe Calderón”. En el estadio del Celta, J.C. Mouriño dijo: “Vengo muy ilusionado a animar al equipo”. Faro de Vigo publicó una fotografía en la que el funcionario mexicano, de pie, saco oscuro y camisa clara de manga larga, protestaba, la diestra en lo alto y la boca abierta en exclamación de enojo, por una decisión del árbitro contra el equipo familiar. Por cierto: apenas llegó Carlos Mouriño Atanes a posesionarse del Celta y comenzaron en Vigo las informaciones periodísticas sobre tráfico de influencias en negocios oscuros con tierras de un municipio colindante, Nigrán, y sobre actos “que rozan la frontera de la corrupción” en cuanto a, por ejemplo, el traspaso de un centrocampista brasileño, Iriney Santos da Silva, del equipo Rayo Vallecano al Celta. En una agitada sesión de la junta de accionistas del equipo propiedad de Mouriño Atanes, el ex gerente del club, Sabino López, enfrentó la acusación de que había dispuesto de 100 mil euros de la caja del equipo. López aseguró que no había tomado nada que no le correspondiera, sino su sueldo estipulado, pero soltó a papá Mouriño: “Sé que usted es un poder económico, que monta fiestas. Yo soy un humilde funcionario, pero no le tengo miedo. Vayamos los dos de la mano a la fiscalía y podemos hablar de cómo se hizo el traspaso de Iriney”. La nota del caso, firmada por Armando Álvarez, señala: “La misteriosa actuación de Carlos Mouriño en la compra de Iriney queda de momento a oscuras. El notario de la sesión, Pedro Río, cortó de cuajo el in crescendo y aquietó los ánimos al recordar que hablaban ante luz, taquígrafos” y periodistas… El jueves de la semana pasada comieron en Guadalajara el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y el ex secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña. Fueron seis horas en un restaurante de comida argentina, las tres últimas pasadas por abundante provisión de tequila. Los intensos promotores de la ¡salud! avisaron oportunamente a los medios de comunicación para que atestiguaran la presunta paz en que se moverán sus respectivas facciones, hasta ahora muy enfrentadas, al grado de que el coordinador de la bancada local panista en el Congreso y el presidente del comité estatal panista (ambos, de la tribu de O-paco), han bloqueado cuanta iniciativa o proyecto se le ha ocurrido al ex sinarquista y siempre cristero González Márquez… ¡Hasta mañana!
Gustavo Esteva
gustavoesteva@gmail.comTurbulencias
No sé cómo decir lo que quiero decir. “Están jugando irresponsablemente con fuego frente a la pradera seca”, dicen por ahí. O también: “La caldera está a punto de estallar y le siguen metiendo presión”. Ésa es la sensación a mi alrededor, lo que se huele en el aire.
¿Crisis política? No sé. El uso arbitrario de ciertos términos les ha quitado valor y sentido. Por su fuerza simbólica e importancia real, maíz y petróleo son material flamable, pero otros asuntos aparecen como posibles detonadores. La tierra zapatista, desde luego. Pero también Oaxaca.
¿Oaxaca? ¿No había salido ya de los medios, tras las apabullantes “victorias” electorales de Ulises Ruiz? Se ha restablecido ya su “normalidad”. Un botón de muestra la ilustra. El 22 de enero el presidente municipal de La Trinidad Zaachila, recién rescatado de una turba priísta que lo había secuestrado y pretendía lincharlo, declaró lo siguiente: “No sé qué espera el gobierno del estado para actuar. Tal vez espera que haya violencia, sangre y muertos… No voy a ceder a las presiones de los que buscan la ingobernabilidad, el retroceso y la anarquía”.
¿Ingobernabilidad? El término se usa a cada paso y parece tener apropiado sustento jurídico, académico y popular. En 2006 apareció reiteradamente en pancartas, manifiestos y discursos. Pero es un término equívoco para aludir a la situación actual.
Una erupción volcánica, un terremoto o un ciclón son ingobernables. Ciertos niños o adolescentes se ponen ingobernables cuando se niegan a seguir las normas o instrucciones que se les dan. Un grupo o una sociedad serán ingobernables cuando ya no se les pueda gobernar, cuando desafíen las normas de gobierno y los poderes constituidos no puedan hacerlas valer.
Si de eso se trata, no ha habido ingobernabilidad en Oaxaca. Los oaxaqueños eran y son enteramente gobernables. La mayoría lo son tanto que lo hacen por sí mismos en muchos municipios. No fueron ellos, sino el gobernador y sus cómplices en los tres poderes constituidos quienes desafiaron las normas de gobierno y las violaron impune y sistemáticamente. Lo siguen haciendo. Pero eso no es ingobernabilidad.
Disponemos de otro término de sólido cuño para describir lo que ocurre: gobernanza, el arte de gobernar. De eso se carece por completo en Oaxaca. El movimiento surgió ante esa brutal carencia, cuando llegó a extremos insoportables la gestión de un gobernador corrupto, ilegítimo y autoritario. Los oaxaqueños no se han mostrado ingobernables. Hasta ahora. Pero se les lleva poco a poco, por acción y omisión, a una situación que será verdaderamente ingobernable, un sociomoto de consecuencias imprevisibles.
Algo semejante, bajo formas y circunstancias muy distintas, podría estar ocurriendo en buena parte del país. Lo ilustra bien la reacción por el fin de las protecciones establecidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el próximo jueves adquirirá forma espectacular.
Harían mal los campesinos en reducir sus reclamos a la revisión del capítulo agropecuario del TLCAN, algo que evidentemente puede y debe hacerse. El problema no está en el tratado, sino en la política adoptada por todos los gobiernos desde hace más de un cuarto de siglo. Eso es lo que el campo ya no aguanta más. Es un asunto de gobernanza… que puede convertirse en ingobernabilidad.
Desde el golpe de Estado incruento de Miguel de la Madrid se inició una política ciega e irresponsable de hostigamiento a los campesinos. Tras desmantelar todo el aparato estatal construido en medio siglo para apoyarlos, que a pesar de sus ineficiencias y corruptelas los respaldaba, se utilizaron todos los instrumentos del régimen autoritario, incluyendo la reforma del artículo 27 constitucional, para deshacerse de los campesinos. “Mi obligación como secretario de Agricultura”, decía en 1991 Carlos Hank, “es sacar del campo a 10 millones de campesinos.” “¿Qué hará con ellos?”, le preguntó un periodista. “Ésa no es mi área de trabajo”, respondió cínicamente Hank. En 2000 el infausto señor Usubiaga elevó la meta a 20 millones. Y en eso están. Convirtieron el país en el mayor productor de emigrantes del mundo. En vez de acciones efectivas ante el cierre progresivo de esa compleja válvula de escape, el cual se combinará con el fin de la protección en su impacto sobre los campesinos, se usa una propaganda ridícula para esconder la realidad.
Existe un grave problema de gobernanza. Quienes se encuentran a cargo de las instituciones de gobierno se muestran incompetentes en el arte de gobernar. Lo ignoran o lo desprecian. Ignoran también que al recurrir en estas circunstancias a la fuerza policiaca o militar, por debilidad política, agravarán las crisis actuales, en vez de resolverlas. Y así podrán llegar a crear auténticos problemas de ingobernabilidad.
Ciudad Perdida
Miguel Ángel Velázquez
El estilo azul de gobernar
Mucha parafernalia, nada que informar
A la búsqueda de legitimar la imposición
Nada que decir. Cero que informar. Ni modo que se dijera, abiertamente, que durante el primer año de gestión al frente del Partido Acción Nacional en el DF, la prima política de Felipe Calderón, Mariana Gómez del Campo, ha fracasado, y que la percepción de la gente, en su mayoría, sigue siendo que el poder que consiguieron los azules proviene del fraude electoral.
O tal vez sí. Tal vez la señora Gómez del Campo sí tenía que hablar con la gente de su partido de cómo se ha tratado de esparcir el odio en muchos de los ámbitos de la vida social de la capital de México, pero Germán Martínez, el líder impuesto por Calderón en la presidencia panista nacional, prácticamente no la dejó hablar, necesitado de alzar la voz para legitimar, de algún modo, entre sus correligionarios, su presencia en la cúspide de la burocracia partidista.
Pero dicen los azules que las arengas de Martínez, seguramente por recurrentes, seguramente por mentirosas, arrancaron los bostezos de muchos militantes hartos de escuchar las mismas frases, las mismas acusaciones desde la campaña de Calderón, sin que sean tomadas en serio, ni aún por la militancia azul.
Y es que insistir en la inseguridad y comparar a la ciudad de México con Ciudad Juárez, por ejemplo, no cupo en la cabeza de los panistas. Es verdad que la capital del país no es un paraíso, que suceden hechos de violencia que demeritan cualquier idea que hable de plena seguridad, pero Martínez no dijo, porque no le conviene, que esa inseguridad se debe, un muy buen tanto, a las políticas erradas de la administración federal panista.
No dijo que el desempleo, creciente día con día, alimenta los ejércitos de sicarios. Gente que ha perdido todo, que nada tiene, ni siquiera la esperanza, y que apuesta la vida en actos ilícitos que le pagan algo para sobrevivir a las políticas económicas del gobierno neoliberal.
Tampoco se le dio la gana explicar que en el gobierno de Marcelo Ebrard, la gente ha recobrado espacios públicos para la convivencia, y que eso sí, aunque no se quiera reconocer, mata las posibilidades de acción del crimen organizado, y que desde luego esas políticas resultan más eficaces e inteligentes, que tratar de combatir la violencia con violencia, como supone el primitivismo del gobierno federal.
Nada justifica la ilegalidad, eso es cierto, pero no es desde el panismo desde donde debería lanzarse la voz de alerta, de indignación. Los azules no tienen el aval moral –después de Fox, después del fraude– para respaldar sus acusaciones, por eso, aún entre la militancia, privó el bostezo.
Y esto porque además quedó muy claro que el camino que recorrió Germán Martínez será el que transite Mariana Gómez del Campo. Desde ahora, la prima de Felipe Calderón fue elegida, por Martínez y el grupo gobernante, como la próxima candidata a la jefatura de Gobierno, sin que la militancia pueda dar ninguna opinión. Sin que cuenten sus votos. Así llegó Martínez, así llegará Gómez del Campo, así es la democracia panista.
De pasadita
Un nutrido grupo de personas se reunió ayer por la mañana en las escalinatas del Ángel de la Independencia para refrendar su vocación por el país, y para ponerse de acuerdo en los trabajos que deberán realizarse frente a la posibilidad de que Pemex sea privatizada.
Se trata del grupo Flor y Canto que con ese acto celebró su cuarta reunión de información respecto del problema petrolero, y el de la libertad de expresión. Pese a que no era fácil llegar hasta el lugar, debido al ciclotón que organizó el gobierno de la ciudad, el grupo reunido fue numeroso y decidido, pero principalmente demuestra que fuera de los partidos políticos, la sociedad civil, como se le ha llamado, puede hacer bastantes cosas importantes por México. Así sí se pueden cambiar las cosas.
A LAS FEMINISTAS
A LAS ORGANIZACIONES CIVILES Y SOCIALES
A LA CIUDADANÍA
El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal violenta a sus trabajadoras.
El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal es resultado del esfuerzo de las feministas, del movimiento amplio de mujeres, de la participación de cada una de las trabajadoras que hemos construido los diferentes proyectos. Ello no ha sido fácil, las profesionistas que laboramos en el Instituto nos hemos capacitado y actualizado permanentemente en perspectiva de género y los resultados positivos están ahí, con las más de 300 mil mujeres que hemos atendido desde 1998.
Sin embargo, no importando esos logros, el 15 de enero de 2008 fueron despedidas injustificadamente más de 10 trabajadoras del Instituto, todas ellas con alto perfil profesional y compromiso con las mujeres con las cuales trabajan. Entre ellas se encuentran fundadoras, con más de nueve años de antigüedad, embarazadas y con permiso de maternidad. Con actitud intimidatoria, los representantes del Instituto las presionaron para que firmaran su renuncia y recogieran inmediatamente sus pertenencias, ya que “el Instituto ha decidido prescindir de sus servicios”.
Los despidos son parte de la política laboral que se aplica en el organismo: reducción del salario, cambios de unidad no solicitados (castigos), cambios de un proyecto a otro, contrataciones de personal sin el perfil idóneo y, ahora, no sólo despidos injustificados sino amenazas de que muchas más van a perder el empleo. Vemos que contrario a su discurso sobre el respeto a los derechos de las mujeres, las acciones implementadas por Martha Lucía Micher Camarena, Directora General del Inmujeres DF, violentan la vida institucional y los derechos elementales de sus trabajadoras; constituyen una abierta incongruencia con la posición del gobierno democrático de la Ciudad de México que enarbola la defensa de los derechos humanos de las mujeres, y niegan los principios fundamentales reivindicados por el propio Instituto, tales como: “todas las mujeres, todos los derechos”, o “los derechos de las mujeres son derechos humanos”.
Nos preguntamos ¿Dónde quedó el proyecto inicial del Instituto de las Mujeres, con sus especialistas en género? ¿Dónde queda el compromiso con las mujeres y con sus derechos humanos? Y sobre todo: ¿Dónde quedan los derechos laborales de quienes se encargan de poner en práctica en colonias y barrios de la Ciudad de México, los programas del Instituto de las Mujeres?
Por todo ello, les solicitamos su apoyo para detener las violaciones de nuestros derechos humanos y laborales, a través de dos acciones:
1. Enviar un comunicado –individual o por organización- rechazando los actos denunciados y demandando la reinstalación de las despedidas, a los siguientes correos electrónicos:
2. Adherirse al documento anexo, enviando su nombre y/o organización a la que usted pertenece, al correo del sindicato del instituto de las mujeres del DF: siinmujeresdf@yahoo.com.mx
Agradecemos la solidaridad que puedan brindarnos.
“Por la equidad y la justicia laboral”
Sindicato Independiente de Trabajadoras del Instituto de las Mujeres del D.F. SITIM-DF
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