PRENSA MEXICO....

Editorial
La desregulación bancaria y sus efectos
El notable repunte en la cartera vencida de crédito en México durante el primer semestre del año –que asciende, según el último dato oficial disponible, a 51 mil 363 millones de pesos, de los cuales alrededor de 60 por ciento corresponde a préstamos al consumo– ha venido acompañado de una agresiva campaña de las instituciones bancarias para hacer que los usuarios de servicios financieros salden sus deudas. Los clientes morosos denuncian, cada vez de manera más frecuente, ser víctimas de prácticas de presión por parte de los despachos de cobranza, algunas de las cuales rayan en el acoso y la intimidación. Por añadidura, en el último año la banca comercial del país ha “reactivado” la presentación de demandas judiciales como parte de su estrategia para recuperar débitos vencidos en tarjetas de crédito, medida que, de acuerdo con la Asociación de Bancos de México, está orientada sobre todo hacia quienes “no hacen nada para solucionar su problema”.
La problemática, sin embargo, no se explica exclusivamente por una “falta de responsabilidad” de los deudores, ni porque en el país prevalezca una “cultura del no pago”, como han señalado las instituciones bancarias; tal visión pasa por alto un hecho central: que los propios bancos se han encargado de incentivar en la población el mal manejo de los servicios financieros, particularmente del crédito al consumo.
La llamada “bancarización” del país ha consistido en la colocación desmedida e irresponsable de tarjetas de crédito –se estima que en México hay más de 25 millones de plásticos, prácticamente uno por cada cuatro habitantes–, con pagos mínimos mensuales bajos, sí, pero con tasas de interás leoninas que insertan a los consumidores en una dinámica que, a decir de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, “puede ser muy perversa”. Significativamente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ha informado que seis de cada 10 tarjetahabientes en el país acostumbran liquidar sólo el mínimo requerido por sus estados de cuenta, lo que implica que, a la larga, sus deudas se vuelvan impagables y que ese instrumento se convierta en una “auténtica tienda de raya”.
Dicha situación, a su vez, se explica principalmente por la renuencia de las autoridades responsables a asumir tareas efectivas para controlar las exorbitantes tasas de interés y para fijar topes a las comisiones excesivamente altas que se cobran por concepto de servicios financieros. En diversas ocasiones, el Banco de México ha señalado que tales costos deben disminuir por efecto de una “autorregulación” de las empresas financieras, como resultado de la libre competencia. De tal modo, se ha dejado a los consumidores a merced de consorcios extranjeros ansiosos de obtener mayores beneficios económicos por medio del aumento de su base de clientes, y que han encontrado en México un mercado de rapiña mucho más favorable y ventajoso que en sus propias naciones de origen.
Por lo demás, las condiciones privilegiadas en que operan las instituciones bancarias en el país no se ha reflejado hasta ahora en un impulso a los sectores productivos, ni se ha traducido en beneficios para el desarrollo nacional mediante el otorgamiento del crédito necesario para la vivienda, la industria, el campo o la infraestructura. A lo que puede verse, la falta de regulación bancaria y la fe ciega de las autoridades en la “mano invisible del mercado” sólo han beneficiado a las grandes empresas trasnacionales que cuentan con filiales en México, en tanto que la población es privada de servicios bancarios confiables, eficientes y accesibles.
Guillermo Almeyra
Bolivia, Venezuela, Paraguay y Argentina: una sola y misma amenaza
Bolivia arde y la derecha, alentada y organizada por Washington, con su escalada de violencia, marcha hacia la guerra civil. Venezuela, a su vez, enfrenta la posibilidad de un golpe militar, con apoyo mediático y empresarial, también orquestado en Estados Unidos. En cuanto a Paraguay, Fernando Lugo denunció la preparación de un golpe de Estado y sigue sometido a la presión del Departamento de Estado que le exige defenestrar a su ministro de Relaciones Exteriores, a quien Washington acusa de estar ligado a Hezbollá y Hamás. Al mismo tiempo, el FMI se opone a que el gobierno paraguayo decida gravar la exportación de soya. Argentina, por su parte, enfrenta un proceso montado en Miami contra un delincuente estadunidense-venezolano que introdujo ilegalmente en Buenos Aires una valija con 800 mil dólares. A pesar de que éstos fueron incautados por la aduana argentina y ahí quedaron sin ser utilizados, y a pesar de tres pedidos de extradición de la justicia bonaerense que ni siquiera recibieron acuse de recibo, el FBI trata de montar un caso para favorecer a la derecha argentina alegando el financiamiento ilegal exterior a la campaña electoral de Cristina Fernández. Todo esto mientras Estados Unidos reactiva su Cuarta Flota que, con el pretexto de combatir el narcotráfico, patrullará no sólo las costas de los países latinoamericanos sino que planea surcar los ríos internos amenazando a Brasil, Uruguay, Ecuador, además de Venezuela, Argentina, Paraguay.
Bolivia expulsó al embajador estadunidense tras probar su conexión con la derecha secesionista de la Media Luna, cuyos bloqueos y terrorismo cortan el suministro de energía a Brasil y Argentina, y amenazan a Paraguay. Venezuela también adoptó la misma medida, Honduras no da el placet al embajador de Washington y Argentina hizo saber que se siente agredida. América Latina está alerta y en tensión.
El agravamiento de la crisis en Estados Unidos y la caída del precio del petróleo y de las materias primas son una amenaza para los gobiernos que desean mantener al menos cierta distancia de Washington. Al mismo tiempo, agudiza la lucha entre los sectores burgueses en cada país y los oprimidos y explotados, y también la disputa por los ingresos estatales y por el poder entre los sectores capitalistas agrarios y financieros unidos al capital financiero internacional y los mucho más débiles que, por el contrario, desean el desarrollo del mercado interno y tratan de apoyarse en la población pobre haciéndole concesiones y mejorando su situación.
Dado que los sectores capitalistas dominantes están unidos al capital extranjero y buscan apoyo en Estados Unidos y los sectores reformistas y distribucionistas vacilan, la defensa del desarrollo y de la soberanía nacional está en manos, exclusivamente, de los indígenas, campesinos, obreros y los sectores más pobres de las clases medias urbanas y rurales. Eso exacerba la discriminación clasista y racista de los capitalistas dominantes, que a veces atrae a sectores populares que se sienten superiores a los “indios” o “negros” y adoptan como propia la ideología de sus patrones. Esa es la base de masas del imperialismo, que no puede invadir con los marines y dirige la guerra sociológica y sicológica utilizando sus medios de información a los que las clases medias reaccionarias les hacen de altavoz. Las clases dominantes locales más reaccionarias, como en el Chile de Salvador Allende, son la infantería de Washington que las dirige por control poco remoto.
Además, la candidata a vicepresidente de McCain, la gobernadora Palin, acaba de declarar que Estados Unidos debe estar listo para la guerra con Rusia (y, por tanto, con China, aliada de Moscú), y Washington ha reanimado la guerra fría en escala mundial. De esta forma parte la decisión de derribar a los gobiernos que, aunque sean capitalistas, no están alineados con el imperialismo. Venezuela, para defenderse, compra armas rusas y Bolivia se apoya en Irán, lo cual convierte a Hugo Chávez y a Evo Morales en blancos inmediatos y directos.
El gobierno boliviano acaba de declarar el estado de sitio en Pando pero busca negociar con la derecha. Sin embargo, en Bolivia la izquierda tiene el gobierno, pero el Estado sigue siendo del capital, como en Venezuela, donde parte del aparato estatal conspira contra Chávez. La derecha boliviana quiere recuperar el poder del Estado apoyándose en una parte de éste contra el presidente indígena. La justicia corrupta no la condenará y la derecha no conciliará ni negociará porque tiene una base de masas racista y fascistizante en Santa Cruz y el apoyo de parte de los aparatos estatales (y de parte del alto mando militar). No hay, por tanto, otra vía para reprimir a la derecha que recurrir a la represión estatal para hacer respetar la Contitución y armar a los campesinos para garantizar la democracia y evitar el asesinato de trabajadores inermes por las bandas racistas armadas.
Es justo evitar en lo posible el derramamiento de sangre y no depender sólo de militares y policías, pero ya corre la sangre de los campesinos y los uniformados son apaleados por los grupos de choque racistas que se envalentonan ante su impunidad mientras en las fuerzas armadas la debilidad política del gobierno da margen al golpismo. Es correcta, por tanto, la advertencia de Chávez de que intervendrá en un conflicto armado si se intenta derrocar al gobierno legítimo de Evo Morales. También Brasil, Argentina, Chile, Ecuador y Perú dan su apoyo “incondicional e irrestricto” a Morales, como debería hacerlo todo gobierno latinoamericano. En nombre de Juárez y de Zapata debemos exigir ese apoyo al gobierno mexicano.

Néstor de Buen
¡Buenas noticias laborales!
El pasado miércoles fue importante para la causa de los sindicatos democráticos y, en cierto modo, también para los otros que tendrán que cambiar sus viejas costumbres. El tema es sencillo pero trascendental: la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, por unanimidad de votos, una contradicción de tesis planteadas por el tercer tribunal colegiado en materia de trabajo y otros colegiados.
El tercer tribunal, con ponencia del magistrado Héctor Mercado, acordó que en los recuentos que deban hacerse en los casos de calificación de las huelgas o si se trata de un conflicto de titularidad de un contrato colectivo, la votación debe hacerse respetando el secreto, y no como lo ha venido haciendo la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), en forma pública, en presencia de las autoridades, de los sindicatos contendientes y de las empresas.
A veces, no sólo en presencia de esos testigos interesados sino también de fuerzas armadas de las que se invoca que acuden para salvaguardar la paz pero que en realidad son un instrumento de presión en favor de las empresas. En un recuento reciente en Cananea se produjo ese “pequeño detalle…”
La resolución del tercer colegiado recayó en un amparo directo promovido por el sindicato minero contra la declaración de inexistencia de una huelga, acordada por la JFCA con respecto a un emplazamiento de ese sindicato acerca de la mina Planta de Cal, propiedad de Mexicana de Cobre y radicada en el estado de Sonora.
Me refiero, para que no quede duda, a uno de los muchos problemas que enfrenta el sindicato minero por la evidente simpatía de las autoridades hacia las empresas.
En la ejecutoria del tercer tribunal colegiado se determina que ante la laguna legal, ya que la Ley Federal del Trabajo no indica cómo deben hacerse los recuentos, la alternativa es seguir los procedimientos de voto secreto, lo que significa el depósito de la boleta correspondiente en una urna introducida en un local cerrado, lo que impide que alguien sepa cuál fue el sentido del voto.
Es evidente que con el otro procedimiento del voto a mano alzada o declaración de viva voz, en presencia de amigos y enemigos, sobre todo de enemigos, el trabajador se encuentra bajo una presión intolerable que puede convertirse en despido o en la aplicación de una cláusula de exclusión, según el caso, si realiza el ejercicio heroico de su voluntad.
En el artículo 41 de la Constitución federal se dispone que las elecciones para integrar los órganos de gobierno deben ser “libres, auténticas y periódicas”, fórmula que la ley de procedimientos electorales precisa con todo rigor exigiendo el voto secreto que deberá estar rodeado de todas las garantías necesarias.
En estos tiempos sólo la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, que preside Jesús Campos Linas, ha instrumentado los recuentos en forma secreta. El resto ha seguido lo que conviene a los sindicatos corporativos, amigos cordiales de la JFCA, que obliga al voto a mano alzada o de viva voz.
La resolución fue asumida por unanimidad de votos con ponencia de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, bajo la presidencia del ministro José Fernando Franco González Salas y la participación de Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Genaro Góngora Pimentel.
Asistí a las dos sesiones en que se trataría el problema. En la primera se acordó aplazar la resolución para el pasado miércoles y confieso, no sé si con vergüenza o mala pata, que no me enteré de nada salvo por los informes al oído que me daba Arturo Alcalde y, en la primera ocasión, Carlos de Buen. La sordera, con todo y los aparatos necesarios, se convierte en un conflicto que me priva de muchas cosas y mucho más cuando los micrófonos que se utilizan están a buena distancia de los señores ministros y su voz natural resulta inaudible, al menos para mí.
Las consecuencias de esta resolución histórica serán que las honorables juntas de conciliación y arbitraje tendrán que establecer los mecanismos adecuados para llevar a cabo los recuentos. Claro está que no habrá que descuidar las ceremonias de revisión de los votos. De paso, sería bueno que se aumentara el volumen de los micrófonos de la Corte.
Sin la menor duda, nos encontramos con una resolución histórica que hace honor a la Suprema Corte. Porque detrás de la vieja fórmula se escondían, pero no demasiado, todas las transas del mundo en las que la complicidad de las autoridades con las empresas y sus sindicatos corporativos fieles impedían el ejercicio de fórmulas verdaderamente democráticas.
Es importante aclarar un punto. La resolución de la Corte tiene una trascendencia procesal, lo que quiere decir que está dirigida a las autoridades jurisdiccionales laborales pero no alcanza a vulnerar la autonomía sindical. Si los estatutos de un sindicato determinan que la votación se siga haciendo a mano alzada, no se podrá poner en tela de juicio el resultado de la votación, al menos por ese motivo, ya que de lo contrario se estaría afectando el principio de la autonomía. Y es un principio fundamental para la verdadera independencia de los sindicatos.
Es claro que a partir de este nuevo criterio, absolutamente obligatorio para todos los tribunales laborales, los propios trabajadores harán lo necesario para que el voto secreto se instrumente en las asambleas sindicales. No creo que sea fácil que ese efecto se produzca y lo más probable es que con las viejas artimañas los sindicatos corporativos introduzcan en sus estatutos la fórmula del voto abierto que no tendrá valor. Pero se ha dado un paso adelante fundamental en el difícil terreno de la democracia sindical. De la controversia constitucional deriva necesariamente una jurisprudencia obligatoria sin necesidad de que se dicten cinco sentencias en el mismo sentido no interrumpidas por otra en contrario.
Es emocionante, a pesar de la sordera, asistir a esas solemnes reuniones de las salas de la Corte. A mí me emociona particularmente, no sólo por su significado actual sino por razones personalísimas. Mi padre, Demófilo de Buen, gran jurista, fue presidente en España, durante la República, de la sala de lo civil y de la sala de lo social en el Tribunal Supremo. En alguna medida, cuando presenciaba la sólida presidencia de José Fernando Franco, imaginaba que estaba asistiendo a la sala de lo social del Tribunal Supremo de España presidida por mi padre. El resultado habría sido el mismo.

MAS DINERO PARA LA MILITARIZACION.- PROCESO
Seguridad Pública y la de la Defensa Nacional- el presidente Felipe Calderón se equivoca, pues con ello sólo naturalizará la militarización. No deja de ser contradictorio que, dicen, a pesar de que no hay resultados en el combate al crimen organizado, en la propuesta de presupuesto para 2009 intente destinar más dinero a seguridad, en detrimento de los rubros de educación, salud y combate a la pobreza.
Ricardo Ravelo
Distante de la prevención, educación y desarrollo social, medidas básicas para abatir la inseguridad y a la delincuencia a largo plazo, el presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 muestra que el presidente Felipe Calderón proyecta hacer frente a los embates del crimen organizado mediante el reforzamiento del aparato represor del Estado.
A juicio de legisladores y analistas, con esta estrategia el país sólo terminará envuelto en una crisis de violencia.
El investigador Erubiel Tirado sostiene que esta política de fuerza y represión significa que el régimen calderonista "naturalizará la militarización como política
de gobierno", pues desde ahora se empiezan a cerrar los espacios a la participación civil dentro del esquema de seguridad.
El proyecto de unificar a las policías del país bajo un solo mando, uno de los temas de la reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública, está prácticamente desechado por los legisladores "por inviable y peligroso", dice; además, los gobernadores se oponen a que la federación los despoje de ese instrumento pues consideran que esa medida viola la soberanía de los estados.
Pero a pesar de ello y de la ineficacia de su gobierno para frenar el crimen, el presidente Calderón privilegia a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), encabezada por Genaro García Luna y convertida hoy en una extensión del Ejército, pues la mayoría de sus miembros son militares. De hecho, la dotó de mayores recursos y la convirtió en la segunda dependencia con mayor concentración de poder y dinero, después de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el proyecto presupuestal.
Pese a que en los últimos 20 meses mostró sus fallas y desatinos frente al avasallante poder del crimen organizado, el presidente insiste en darle prioridad al aparato militar y policiaco, publica la revista Proceso en su edición 1663.


Carlos Monsiváis
Notas de la semana
14 de septiembre de 2008

¿Qué tanto sabes de lo que ignoras?
En la era del PRI, a la cultura política la definen la inermidad ante el autoritarismo, los fraudes electorales, la autonomía de la demagogia y la fuerza de la corrupción avalada por la represión. Esto requiere un lenguaje específico. En su magnífica parodia Los relámpagos de agosto, no tanto de la Revolución Mexicana, sino de las versiones oficiales de la Revolución Mexicana, Jorge Ibargüengoitia da una versión clásica del habla cínica, la fase culminante del enloquecimiento de la lógica. Luego, el panismo introduce un proyecto de cambio: la mentira piadosa.
¿Por qué ser cínicos? Muy probablemente, con tal de preservar la salud mental en la élite del poder y sus alrededores. El cinismo fomenta un sentido del humor peculiar, el gran antídoto contra las mentiras petrificadas del discurso público; se evocan con sonrisa maliciosa o entre risas los ideales perdidos o jamás adquiridos con el objeto de atisbar, por contraste, el sentido de la realidad, si tal cosa existe, y los políticos hacen del vértigo del cinismo su criterio de verdad. El procedimiento es tortuoso pero no hay más.
Test que mide la capacidad de privatizar la realidad
1. Usted carece de experiencia política, lo que de acuerdo a su criterio quiere decir “sin nada de qué avergonzarse frente al gremio empresarial”. Sin embargo, quiere purificar la vida pública y, con ese objetivo en el corazón, gobernar su entidad. Por un milagro (definido científicamente como un “corcholatazo”) gana las elecciones con cierta tranquilidad porque los votantes no lo conocen y eso ahora es lo único que inspira confianza. Su lema de campaña es: “Una es la mazorca, pero los granos son míos”, y eso entusiasma. Sin embargo, además de las frases, de vez en cuando se requieren acciones de gobierno, las que sean. Diga tres de las que se le ocurran para sus próximos seis años.2. Usted se ha formado en escuelas y universidades privadas de México, hizo su doctorado en administración de empresas en Estados Unidos, se confiesa orgullosamente creyente (“Dios es el presidente del Consejo de Administración de mi alma”), y ve en la versión oficial de la historia a la gran mentira que infunde el odio contra la única clase aportadora de recursos y dignidad a la nación, el empresariado.
Y ahora tiene un problema: debe asistir a una ceremonia en honor de ese canalla premoderno, Benito Juárez. ¿Qué hará? ¿Enviará a su secretario particular para que lo represente con la consigna de que bostece ostentosamente mientras dure el discurso laudatorio? ¿Hablará y dirá que Juárez funcionaba en la época en que no había criterios de productividad? ¿Dirá con gesto de menosprecio que Juárez le acortó la vida de Maximiliano pero sólo por el apoyo de grandes inversiones francesas y austriacas interesadas en la hotelería? 3. Tú, que has hecho política como obligación familiar y de grupo, has ascendido en el Cielo de las Preferencias Electorales de modo vertiginoso. Eres guapo y rico, es decir, eres un buen partido; sabes decir lo propio en cada circunstancia, es decir, te ajustas a lo que te han redactado tus asesores; sonríes cada minuto y medio y muestras el perfil con ahínco; gastas muchísimo en publicidad no porque la necesites sino para ayudar a los medios informativos. En fin, eres un éxito. Pero viene un gran concurso: el Rey del Carisma Natural, y en contra de la opinión de tus asesores, por lo menos de 200 de ellos, no debes participar y mejor aguardar al 2012. ¿Qué piensas?

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