Se quiere quejar.....lea esto ...
¿No le gusta el paísen el que vive?¡
¡Cámbielo usted mismo!
!Y si no participa....
¡NO SE QUEJE!!
¿Encuentra absurdo el robo de camiones de carga, a veces hasta con asesinatosde los camioneros?
Solución: Exija la factura en todas sus compras.
¿Usted encuentra absurdo el desorden causado por los vendedores ambulantes?
Solución: Nunca compre nada a ellos. La mayor parte de sus mercaderías sonproductos robados, falsificados o contrabandeados.
¿Usted encuentra absurdo el enriquecimiento ilícito?
Solución: No lo admire, ni lo practique; repúdielo y no de mordidas ni pequeñasni grandes.
¿Usted encuentra absurda la cantidad de mendigos en los semáforos y/o enlas calles, y/o en cada esquina?
Solución: Nunca les dé NADA. Canalice su ayuda solidaria directamente a lasinstituciones de su confianza. (PERO, SI NO CUMPLE CON LO SEGUNDO, NO SESIENTA BIEN HACIENDO LO PRIMERO, NO SIRVE PARA JUSTIFICARSE, SEA HONESTOCONSIGO MISMO)
¿Usted encuentra absurdo que las lluvias inunden la ciudad?
Solución: Solamente tire papelitos y basura, EN LOS CANASTOS DE BASURA, barrasu banqueta y si construye, no eche la basura en las coladeras...
¿Usted encuentra absurdo que haya revendedores de entradas para espectáculos?
Solución: No les compre, aunque eso signifique perderse el evento. Mejortrate de comprar con oportunidad.
¿Usted encuentra absurdo el tránsito en su ciudad?
Solución: Nunca cierre el paso; respete las normas; estacione en los lugareshabilitados, practique la técnica de paso 'uno por uno'.
¿Usted Considera alarmante el índice de criminalidad en este país?
Solución: invierta en México si es empresario; trabaje con calidad si esempleado y ambos paguen sus impuestos.
No sea aviador, ni lo permita.
¡Produzcacon calidad y pague sueldos de dignidad!
Con ello, podrán darles una educaciónde calidad a sus hijos y evitar la formación de delincuentes. No hay criminal que no salga de una familia.
¿Usted Encuentra terrible el problema de la drogadicción?
Solución: únicamente atienda bien a sus hijos y ni siquiera tendrá que vigilarlos.
SI USTED CONSIDERA QUE NINGUNA DE LAS COSAS ANTERIORES MEJORARÍA EL PAÍS,ENTONCES USTED ES PARTE DEL PROBLEMA Y NO DE LA SOLUCIÓN.
¡PÍENSELO!
Y FORME PARTE DE LA SOLUCIÓN , NO DEL PROBLEMA QUE AQUEJA A LA NACIÓN.
LA SOLUCIÓN INICIA CONMIGO Y CONTIGO.
Y si no participa....
¡NO SE QUEJE!!
Estamos pasando por una etapa de falta de cultura ciudadana y de patriotismo.
Necesitamos cambiar nuestro comportamiento para que podamos vivir en un paísdonde tengamos el orgullo de decir:
YO SOY MEXICANO.
Estando quieto, Usted no contribuye con nada; por lo tanto, no puede reclamar.
Practique los puntos con los cuales Usted concordó e intente practicar tambiénaquellos con los cuales no concordó.Y, sobre todo, divulgue este mensaje, (por lo menos entre sus amigos), pues así estará contribuyendo para un México mejor.Necesitamos mejorar nuestro país.
Vamos todos a vivir con ÉTICA y eso tiene que comenzar con cada uno.
¿Si hubiera sido Martínez, en vez de Martí sería lo mismo?
Hoy comprobamos nuevamente que la "seguridad"
del Estado no es infalible.
A pesar del Búnker creado por el Estado Mayor Presidencial en La Plaza de la Constitución y sus alrededores, decidimos llevar nuevamente al terreno de la movilización, nuestro repudio y rechazo total a la política de 'Seguridad Nacional' que ahora pretenden lanzar, de manera unificada el Gobierno Federal, el Gobierno del Distrito Federal, junto con los gobernadores y los diferentes sectores de la burguesía, en un nuevo intento de encubrir la crisis política del gobierno y sus instituciones, y de contener y acallar todos los intentos de movilización y resistencia en contra del gobierno Calderonista, con el pretexto del crimen organizado.
Hoy mientras se discutían las diferentes estrategias contra el "crimen organizado" dentro del Palacio Nacional una brigada del Grupo de Acción Revolucionaria (GAR) conformada por estudiantes de la UAM, el Colegio de Bachilleres 4 y diferentes escuelas y facultades de la UNAM, realizamos una protesta rompiendo el cerco militar que impedía el libre tránsito y que pretendía "proteger" a la burguesía en el poder del asedio, de reclamos y protestas que la sociedad en su conjunto (no la falsa representación de la "sociedad civil" dentro de ese circo de millonarios) han levantado desde que inició la gobierno de Calderón.
Al romper el cerco de seguridad, dejamos al descubierto la posición de que el gobierno no desea el bienestar ni la seguridad de las clase trabajadora, ni de los explotados y los oprimidos de este país y que ha dejado ver de manera clara, que la única respuesta a las demandas de la población como: vivienda, alimentación, salud, empleo, etc., ha sido y será el tolete, la macana y el escudo.
Hemos demostrado nuevamente, que Calderón no están dispuesto a escuchar las demandas de la sociedad, ya que a pesar de que nos presentamos de manera pacífica, exigiendo educación y no hombres disfrazados de "robocop", justicia no sólo para los empresarios, solución y castigo a los responsables de los feminicidios en Ciudad Juárez, castigo a los cuerpos policiaco-militares responsables de las agresiones en contra de la sociedad civil y el movimiento social, entre otras cosas; el grado de violencia de los animales entrenados por el gobierno, entre los que destacan jóvenes de entre 19 y 25 años, para sublimar las protestas es tal, que varios compañeros resultaron lesionados en un lapso de alrededor de 10 minutos.
Sin embargo, hemos dejado en claro que el gobierno tiene miedo, porque a pesar de todo el operativo policiaco y militar montado a lo largo del Zócalo capitalino, tuvieron que reprimir nuestra protesta, enviando a los guardias del Estado Mayor Presidencial a romper nuestros carteles y mantas, y a aproximadamente 30 granaderos, quienes nos golpearon en su intento por sacarnos del lugar y minimizar el acto. Debemos decir que ha esta protesta se unieron de manera solidaria diferentes personas tanto de la Resistencia Civil y Pacífica, como gente que de forma individual se manifestaba, amas de casa, estudiantes, trabajadores, que al igual que nosotros se encuentran dispuestos a luchar.
Que nos sigan teniendo miedo, porque seguiremos llevando al terreno de la discusión y de la movilización nuestras demandas, ya que esta política seguridad no va encaminada a disminuir el índice de delitos en el país, sino que se crea con el objetivo de controlar la protesta social para llevar a cabo las reformas que favorecerán aún más a la burguesía nacional e internacional.
¡Alto a la militarización del país!
A pesar del Búnker creado por el Estado Mayor Presidencial en La Plaza de la Constitución y sus alrededores, decidimos llevar nuevamente al terreno de la movilización, nuestro repudio y rechazo total a la política de 'Seguridad Nacional' que ahora pretenden lanzar, de manera unificada el Gobierno Federal, el Gobierno del Distrito Federal, junto con los gobernadores y los diferentes sectores de la burguesía, en un nuevo intento de encubrir la crisis política del gobierno y sus instituciones, y de contener y acallar todos los intentos de movilización y resistencia en contra del gobierno Calderonista, con el pretexto del crimen organizado.
Hoy mientras se discutían las diferentes estrategias contra el "crimen organizado" dentro del Palacio Nacional una brigada del Grupo de Acción Revolucionaria (GAR) conformada por estudiantes de la UAM, el Colegio de Bachilleres 4 y diferentes escuelas y facultades de la UNAM, realizamos una protesta rompiendo el cerco militar que impedía el libre tránsito y que pretendía "proteger" a la burguesía en el poder del asedio, de reclamos y protestas que la sociedad en su conjunto (no la falsa representación de la "sociedad civil" dentro de ese circo de millonarios) han levantado desde que inició la gobierno de Calderón.
Al romper el cerco de seguridad, dejamos al descubierto la posición de que el gobierno no desea el bienestar ni la seguridad de las clase trabajadora, ni de los explotados y los oprimidos de este país y que ha dejado ver de manera clara, que la única respuesta a las demandas de la población como: vivienda, alimentación, salud, empleo, etc., ha sido y será el tolete, la macana y el escudo.
Hemos demostrado nuevamente, que Calderón no están dispuesto a escuchar las demandas de la sociedad, ya que a pesar de que nos presentamos de manera pacífica, exigiendo educación y no hombres disfrazados de "robocop", justicia no sólo para los empresarios, solución y castigo a los responsables de los feminicidios en Ciudad Juárez, castigo a los cuerpos policiaco-militares responsables de las agresiones en contra de la sociedad civil y el movimiento social, entre otras cosas; el grado de violencia de los animales entrenados por el gobierno, entre los que destacan jóvenes de entre 19 y 25 años, para sublimar las protestas es tal, que varios compañeros resultaron lesionados en un lapso de alrededor de 10 minutos.
Sin embargo, hemos dejado en claro que el gobierno tiene miedo, porque a pesar de todo el operativo policiaco y militar montado a lo largo del Zócalo capitalino, tuvieron que reprimir nuestra protesta, enviando a los guardias del Estado Mayor Presidencial a romper nuestros carteles y mantas, y a aproximadamente 30 granaderos, quienes nos golpearon en su intento por sacarnos del lugar y minimizar el acto. Debemos decir que ha esta protesta se unieron de manera solidaria diferentes personas tanto de la Resistencia Civil y Pacífica, como gente que de forma individual se manifestaba, amas de casa, estudiantes, trabajadores, que al igual que nosotros se encuentran dispuestos a luchar.
Que nos sigan teniendo miedo, porque seguiremos llevando al terreno de la discusión y de la movilización nuestras demandas, ya que esta política seguridad no va encaminada a disminuir el índice de delitos en el país, sino que se crea con el objetivo de controlar la protesta social para llevar a cabo las reformas que favorecerán aún más a la burguesía nacional e internacional.
¡Alto a la militarización del país!
¡Alto a la represión y la criminalización
del movimiento y la protesta social!
¡Rechazo total a la política de Seguridad Nacional, que pretende reprimir y acallar la lucha y la resistencia!
¡Luchar, Vencer!
Grupo de Acción Revolucionaria
http://www.grupodeaccionrevolucionaria.cjb.net
Equilibrismo del TEPJF
Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
Ya puede usted dormir tranquilo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presidido por María del Carmen Alanís Figueroa –amiga de Margarita Zavala Gómez del Campo, como reconoció en octubre de 2006 en una comparecencia ante legisladores--, revocó la sanción impuesta a los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, por el uso de la frase presidente legítimo.
Eduardo Ibarra Aguirre
Ya puede usted dormir tranquilo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presidido por María del Carmen Alanís Figueroa –amiga de Margarita Zavala Gómez del Campo, como reconoció en octubre de 2006 en una comparecencia ante legisladores--, revocó la sanción impuesta a los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, por el uso de la frase presidente legítimo.
Como se recordará, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, presidido por Leonardo Valdés Zurita –académico vinculado en los últimos años a los círculos del poder guanajuatense--, estableció una multa de 731 mil 480 pesos a los dos partidos por usar la frase arriba mencionada para referirse a Andrés Manuel López Obrador.
En sesión extraordinaria y por unanimidad, los magistrados determinaron que ambos partidos, integrantes del Frente Amplio Progresista, no violaron el artículo 41 constitucional, pues el uso del cintillo con la frase en diversos promocionales relacionados con la reforma energética no constituye un hecho que denigre la institución presidencial ni tampoco es denostativa. La sentencia, elaborada por el magistrado Pedro Esteban Penagos López, fue respaldada por todos los integrantes de la Sala Superior al considerar que la prohibición de que los partidos se abstengan de expresiones que denigren a las instituciones requiere tomar en cuenta el resultado lesivo, supuesto que no se actualiza en la frase que utiliza el FAP.
En un extraordinario ejercicio para leer la realidad, el magistrado Alejandro Luna Ramos, impugnado desde abril de 2005 porque su hermana despacha como ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, manifestó que podría tratarse de una expresión de inconformidad con los resultados electorales de 2006, pero que no se traduce en denigración presidencial. Resultados, valga recordar, que él y sus colegas diseñaron para favorecer en forma unánime a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, con argumentos y la presentación de hechos e irregularidades cometidos por Vicente Fox Quesada, que contradicen las conclusiones.
Los magistrados garantizaron, así, el derecho al pataleo de más de la tercera parte de los ciudadanos que aún se sienten agraviados por la polémica decisión sobre el 2 de julio. Es lo mínimo que podían hacer porque entienden de política, realidades y perciben que el horno no está para bollos. Si la vida nadie la tiene garantizada con el narco y el crimen organizado desbordados, escalada de precios, salarios de hambre y carencia aguda de empleo, sería irresponsable no respetar las decisiones tomadas por millones de mexicanos respecto a su gobierno legítimo.
Tan saben de política y actúan como tales los magistrados, que también revocaron la multa de 430 mil pesos, dispuesta por el IFE en contra de Acción Nacional por considerar que el uso de la palabra violentos para referirse a los perredistas tampoco puede considerarse denigratoria en el contexto de la toma de las dos tribunas del Congreso de la Unión. Toma que, paradójicamente, criticó de manera severísima la opinión pública y publicada, pero aún aplaude el resultado obtenido: el debate sobre la reforma petrolera organizado por la Cámara de Senadores.
Las dos resoluciones constituyen reveses importantes para el Consejo general del IFE y Valdés Zurita, quienes estimaron que los tres partidos se excedieron en el ejercicio de la libertad de expresión. En el caso del presidente legítimo, se injurió a la institución presidencial. Y en el segundo al PRD.
También constituye un esfuerzo de equilibrismo político del TEPJF para quedar bien con todos.
Acuse de recibo
El comentarista Héctor Murillo Cruz asegura: Estoy completamente de acuerdo con los planteamientos de Gustavo Cortés Campa sobre Forum. Creo que el camino está en la reestructuración gráfica, de contenidos y de la gestión de la publicidad, buscando reciprocidad con partidos, gobernadores y ayuntamientos de izquierda: PRD, PT, Convergencia, Socialdemócrata, etcétera. El modelo defensivo escogido es el mismo de Excélsior con Julio Scherer, pero hasta él negoció y paró temporalmente el golpe echeverrista. Forum es una revista político-ideológica que nunca ha dependido de los anuncios del gobierno federal”… Roberto Rodríguez Baños, conductor de Mesa periodistas del Canal 21, tiene otra percepción: “Si de enfoques mercadotécnicos se trata, ya no hay de que preocuparse. Total, así estamos desde antes de que Fox declarara el gobierno de empresarios para empresarios. Y ya ven que bien nos va. A ver si dejas de militar y te dedicas a hacer periodismo, Eduardo. Un ejercicio profesional para el cual, ya se sabe, lo mejor es carecer de ideas. Y en caso contrario, cuidarse de no andar diciéndolas en voz alta”… El arquitecto Alfredo Andrade Torres recuerda: “El doctor Fausto Trejo Fuentes fue cesado del IPN por su participación en la Coalición de Maestros pro Libertades Democráticas en el movimiento estudiantil y popular de 1968. Ojalá los mismos intelectuales también pidan su reinstalación.
Gobierno asqueroso condena a 45 años a Nacho, ¿puede encarcelar o asesinar a quien quiera?
Pedro Echeverría V.
1. En México cualquier gobierno puede meter a la cárcel al líder de masas que quiera y, con la acusación que invente, puede hacerlo permanecer en chirola el tiempo que desee. Si el dirigente zapatista Marcos fuera aprehendido y encarcelado sólo saldrían a manifestarse los zapatistas durante algunas semanas; si López Obrador fuera llevado a la cárcel, sólo saldrían a protestar sus seguidores; Flavio Sosa estuvo más de un año encerrado y sólo núcleos de la APPO de Oaxaca protestaron; Othón Salazar (líder magisterial en 1958/60) fue encarcelado y cesado y el gobierno lo liberó pero jamás le repuso su plaza magisterial; Demetrio Vallejo, líder ferrocarrilero que paró con voto unánime obrero los FFCC y de la misma manera fue electo secretario general del sindicato, fue encarcelado 11 años cuatro meses y las protestas a su favor sólo duraron unos meses.
2. El juzgado con sede en Texcoco, dictó este jueves 21 una sentencia de más de 30 años en contra de 10 de los simpatizantes y miembros del Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, que permanecen presos, luego de los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006. Además dictó una sentencia de 45 años a Ignacio del Valle, dirigente de ese movimiento, por el delito de secuestro y ataques a las vías de comunicación. Éste está preso en el penal de máxima de seguridad de El Altiplano purgando una condena de 67 años por el delito de secuestro en su modalidad de equiparado por la retención de funcionarios entre febrero y abril de 2006. Llevan más de dos años como presos políticos y ninguna organización o partido ha tomado en serio el caso de los atenquenses.
3. Por otro lado, también hoy jueves, a unas horas de que se celebre la reunión del Consejo Nacional de Seguridad en Palacio Nacional, el presidente del PRD, Guadalupe Acosta, expresó la disposición de su partido a colaborar con todas las autoridades en el tema. El sol azteca (dijo) pedirá mediante sus gobernadores que asistirán al encuentro no politizar la situación para obtener ventaja política. Señaló que nadie "debe sacar raja política; aquí no caben los colores. No debe jugarse con la seguridad de los ciudadanos". Me parece esto realmente lamentable y terrible. El gobierno puede hacer con la lucha de los trabajadores y sus líderes lo que quiera; pero lo peor es que la misma izquierda súper dividida, y los trabajadores sin la conciencia necesaria, lo permiten. ¡Qué jodidos estamos!
1. En México cualquier gobierno puede meter a la cárcel al líder de masas que quiera y, con la acusación que invente, puede hacerlo permanecer en chirola el tiempo que desee. Si el dirigente zapatista Marcos fuera aprehendido y encarcelado sólo saldrían a manifestarse los zapatistas durante algunas semanas; si López Obrador fuera llevado a la cárcel, sólo saldrían a protestar sus seguidores; Flavio Sosa estuvo más de un año encerrado y sólo núcleos de la APPO de Oaxaca protestaron; Othón Salazar (líder magisterial en 1958/60) fue encarcelado y cesado y el gobierno lo liberó pero jamás le repuso su plaza magisterial; Demetrio Vallejo, líder ferrocarrilero que paró con voto unánime obrero los FFCC y de la misma manera fue electo secretario general del sindicato, fue encarcelado 11 años cuatro meses y las protestas a su favor sólo duraron unos meses.
2. El juzgado con sede en Texcoco, dictó este jueves 21 una sentencia de más de 30 años en contra de 10 de los simpatizantes y miembros del Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, que permanecen presos, luego de los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006. Además dictó una sentencia de 45 años a Ignacio del Valle, dirigente de ese movimiento, por el delito de secuestro y ataques a las vías de comunicación. Éste está preso en el penal de máxima de seguridad de El Altiplano purgando una condena de 67 años por el delito de secuestro en su modalidad de equiparado por la retención de funcionarios entre febrero y abril de 2006. Llevan más de dos años como presos políticos y ninguna organización o partido ha tomado en serio el caso de los atenquenses.
3. Por otro lado, también hoy jueves, a unas horas de que se celebre la reunión del Consejo Nacional de Seguridad en Palacio Nacional, el presidente del PRD, Guadalupe Acosta, expresó la disposición de su partido a colaborar con todas las autoridades en el tema. El sol azteca (dijo) pedirá mediante sus gobernadores que asistirán al encuentro no politizar la situación para obtener ventaja política. Señaló que nadie "debe sacar raja política; aquí no caben los colores. No debe jugarse con la seguridad de los ciudadanos". Me parece esto realmente lamentable y terrible. El gobierno puede hacer con la lucha de los trabajadores y sus líderes lo que quiera; pero lo peor es que la misma izquierda súper dividida, y los trabajadores sin la conciencia necesaria, lo permiten. ¡Qué jodidos estamos!
4. En vez de que cada preso político sea convertido en una poderosa bandera de lucha para que los grupos, corrientes, partidos de izquierda profundicen su trabajo de masas contra la represión y den pasos a políticas de unidad, dejan que cada corriente que sufre la persecución del gobierno se cueza en tu propio fuego, es decir, la dejan sola para que la sigan destruyendo. ¿Qué pasaría si por cada líder de izquierda preso o por cada organización reprimida se provocara una gran movilización por libertad de los detenidos de tal manera que la protesta sólo dejara las calles al conseguir la liberación de todos? Simplemente el gobierno dejaría de perseguir y encarcelar a los protagonistas del movimiento de los trabajadores porque tendría temor de que con sólo tocarlos le saldría el tiro por la culata.
5. Pero la izquierda tiende a ser muy sectaria; en vez unirse para enfrentar a empresarios explotadores y gobernantes represores, deja que cada organización se defienda sola, que se rasque con sus propias uñas. Por eso la burguesía, de manera inteligente y hábil, busca entretener a cada grupo, partido o corriente tirándoles un hueso en un rincón; les dice: tú puedes entretenerte con la ley electoral, tú ocupando cargos, tú con la privatización, tú con la lucha magisterial, tú en Oaxaca, tú con los indígenas de Chiapas, tú con derechos humanos. La realidad es que sin duda cada quien debe luchar en su campo de trabajo, fortalecer la lucha de cada sector, pero si no unifica fuerzas con las demás organizaciones, si permanece aislado en sus batallas, fácilmente lo destruyen inocentemente entretenido.
6. Recuerdo una maravillosa experiencia de unidad: hace seis o siete años, apoyando algunas actividades sindicales de la CNTE en Michoacán, a las ocho de la mañana iniciábamos un mitin el la plaza de Morelia cuando recibimos un aviso en el sentido que Ignacio del Valle y otros de sus compañeros habían sido detenidos en Atenco por su lucha en defensa de las tierras que Fox quería expropiar para la construcción del aeropuerto de Texcoco. En ese instante, sin mayor discusión, decidimos trasladarnos en masa a la ciudad de México y de allí a Atenco para participar, junto con otros profesores de la CNTE concentrados en el Zócalo del DF, en actividades de protestas contra la represión. A las 12 de la noche recibimos a Nacho y compañeros ya libres en la plaza principal de Atenco.
7. La realidad es que gobernaba el saltimbanqui Vicente Fox y no sabía qué hacer porque los campesinos de San Salvador Atenco habían respondido combativamente frente al gobierno que quería despojarlos de sus tierras. Cuatro años después, el presidente de facto, el militarista Felipe Calderón (con la colaboración del gobernador del Estado de México, Peña Nieto) de manera revanchista mandó reprimir con brutalidad a los líderes atenquenses que defendían a algunas indígenas que vendían flores en las aceras del mercado de Texcoco. Fue tan brutal la represión del 3 y 4 de mayo de 2006 que varias periodistas extranjeras fueron golpeadas y violadas por soldados de ejército disfrazados de policías. Después de la represión el gobierno ordenó el encarcelamiento de casi mil personas.
8. ¿Cuál ha sido el papel del poder judicial en los juicios contra los campesinos de Atenco y en todos aquellos luchadores sociales acusados de rebeldía contra el gobierno? Aunque Montesquieu al crear los tres poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) argumentó que éstos para funcionar correctamente deberían ser independientes uno del otro, en México el presidencialismo es un poder corporativo que nulifica cualquier mínima independencia. Los jueces son los funcionarios que mayor ingreso, prestaciones y privilegios tienen en el país. Mientras un salario en México es de mil 500 pesos al mes (menos de 13 dólares y medio) los ministros de la Corte cobran cada mes 500 mil pesos, más innumerables prestaciones. Precisamente por ello todos sus resolutivos benefician a los empresarios y al gobierno. Por eso Ignacio del Valle no saldrá de la cárcel sin un poderoso movimiento de masas.
pedroe@cablered.net.mx
8/20/2008
A los grandes empresarios les importa un carajo México; Hugo Chávez con los venezolanos
Pedro Echeverría V.
1. Cuando los mentirosos gobernantes y empresarios explotadores dicen que son “patriotas, nacionalistas y muy mexicanos” les sale peste por la boca. Estos señores, cuyo objetivo único en la vida ha sido acumular la mayor cantidad de capital posible, no tienen patria y sólo le tienen amor al dinero y quizá a sus herederos. Ellos sí asimilaron, para provecho propio, la frase de Marx en el sentido de que “los obreros no tienen patria” porque las fronteras y límites entre países son artificiales, sólo son acuerdos antiguos establecidos por la fuerza del poder entre gobiernos y Estados. Marx lo entendió claramente, y así lo expuso al demostrar que todas las burguesías del mundo, en nombre de la “patria”, mandaban a soldados y pueblo a hacer la guerra y a morir en los campos de batalla defendiendo con fervor la bandera y el himno tras los que esa misma burguesía oculta el despojo y la opresión. Por eso el pensamiento de Marx fue internacionalista. Pensando que todos los trabajadores tienen el mismo enemigo de clase, colocó aquella consigna de lucha: “Proletarios de todos los países, uníos”
2. Por ese motivo no es extraño leer en diarios el día de hoy que un puñado de grandes corporativos mexicanos invirtió en el extranjero cerca de 24 mil millones de dólares en 2007, cifra que rebasó “con creces” la captación de inversión extranjera directa (IED) en México, reportó la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL). De esta forma, la exportación de capitales de México el año pasado sólo fue superada por los 35 mil millones de dólares que empresarios brasileños invirtieron fuera de su país, según el organismo. “las mayores multilatinas emergentes son mexicanas y brasileñas (...) en menos de diez años, las empresas mexicanas multiplicaron sus fusiones y adquisiciones. El total de sus inversiones fuera de México asciende a más de 25 mil millones de dólares, superando los 20 mil millones de dólares de sus pares brasileñas”. La más “internacionalizada” de la región es Cemex, seguida por la minera brasileña Vale do Rio Doce. En la lista de las 10 más importantes también figuran otras mexicanas como Telmex, América Móvil, Femsa, Gruma (Grupo Maseca) y la panadera Bimbo.
3. Hugo Chávez acaba de poner un magnífico ejemplo a un poderoso empresario inversionista mexicano, dueño de la empresa transnacional CEMEX establecida en Venezuela y a otros empresarios más diciéndoles algo así: “Señores empresarios les hemos dado la oportunidad de establecerse en Venezuela para ganar dinero, pero el acuerdo fue producir cemento para la industria venezolana. Hoy, como dicen ganar más exportando sus productos, nos están dejando sin ellos para el consumo local. Como han continuado burlándose de nosotros, hemos decidido intervenir comprándoles el negocio al precio real, de acuerdo a la valuación”. ¿Qué pasaría si se obligara a los capitalistas mexicanos a invertir sus capitales en el país para que demuestren el “patriotismo” o “nacionalismo” que mucho pregonan? En primer lugar esto no es posible porque Calderón es un gobierno al servicio de los empresarios y en segundo lugar porque los empresarios y los medios de información gritarían a favor de la “libertad de empresa” y contra el “comunismo” y sugerirían “la intervención yanqui para salvar a la patria”.
4. Dijo Chávez: “Se activa a partir de este momento un decreto de expropiación, y la estabilidad laboral de los trabajadores está garantizada por el Estado venezolano (...) Más allá del interés comercial se impondrá el interés de los venezolanos”, manifestó el ministro. Horas antes, el gobierno había pagado 267 millones de dólares por 89 por ciento del capital social de la cementera francesa Lafarge, y 552 millones por 85 por ciento de la holandesa Holcim, empresas con las que alcanzó un acuerdo amistoso. Pero inmediatamente el gobierno empresarial de México intervino (como no lo hizo para defender a la joven mexicana bombardeada por el ejército fascista colombiano) para defender al empresario y dijo: “Como gobierno respetamos la decisión de los poderes venezolanos, pero estamos obligados a velar por los intereses de nuestras empresas. Consideramos que ha habido un trato discriminatorio con Cemex y no entendemos por qué”, afirmó el diplomático mexicano. Pedimos que el proceso llevado a cabo por las autoridades de Venezuela se apegue al marco legal aplicable y respete el principio de trato no discriminatorio”.
5. Aunque hace apenas 10 años se empezó a saber o conocer que los multimillonarios mexicanos tienen fuertes inversiones en Centro y Suramérica, la realidad es que en algunos países como Guatemala, El Salvador, Costa Rica, desde hace casi medio siglo obtienen ganancias extraordinarias. Ya en los años sesenta los trabajadores explotados centroamericanos hablaban con cierto odio contra “imperialismo mexicano” así como lo hacían contra el “imperialismo yanqui”. ¿Por qué algunos capitalistas de México prefieren invertir en Centroamérica? Sencillo: porque obtienen ganancias extraordinarias a partir de pagar menos salarios a los trabajadores, se aprovechan de las oportunidades y concesiones que les dan aquellos gobiernos y por la represión brutal que sufren los trabajadores que luchan por sus derechos laborales. Son las mínimas condiciones que exigen los inversionistas para garantizar ganancias extraordinarias. Las mismas condiciones que imponen las maquiladoras que han funcionado y funcionan aún hoy en nuestro país. Así marchan los negocios y los grandes inversionistas del mundo.
6. ¿No son acaso, en este problema de carácter empresarial, radicalmente distintos los gobiernos derechista de Calderón y el centroizquierdista de Chávez? Veamos: los poderosos empresarios mexicanos Slim (Teléfonos), Azcárraga (Televisa), Zambrano (Cemex), Garza (Femsa/Bancomer), Hernández/Harp (Banacci), Servitje (Bimbo), tienen “absoluta libertad” para invertir donde quieran, así como saquear o explotar a los pueblos que quieran, aunque México esté como limosnero buscando inversiones extranjeras que ayudaran a crear empleos. ¿Para qué se quieren inversiones extranjeras si los multimillonarios mexicanos invierten en el extranjero mucho más que lo que el país recibe de inversionistas de otros países? Al contrario, en Venezuela, se permite que los empresarios ganen dinero, pero a cambio se les exige que trabajen por el país como condición para subsistir. Es de esperarse que Chávez continúe por este camino, incluso que se radicalice más contra todos los agentes proyanquis porque esa política ayudará, indudablemente, a construir un gobierno justo y equitativo.
pedroe@cablered.net.mx
Debatir sobre inseguridad
Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
Permítame en primer término, generoso lector, expresar una adhesión a la exigencia de varios intelectuales, presentada a Josefina Vázquez Mota por el diputado Carlos Rojas Gutiérrez, para que se reinstale en su plaza de profesor al maestro Othón Salazar Ramírez, de la cual fue despojado de manera ilegal e injusta hace casi 50 años.
Eduardo Ibarra Aguirre
Permítame en primer término, generoso lector, expresar una adhesión a la exigencia de varios intelectuales, presentada a Josefina Vázquez Mota por el diputado Carlos Rojas Gutiérrez, para que se reinstale en su plaza de profesor al maestro Othón Salazar Ramírez, de la cual fue despojado de manera ilegal e injusta hace casi 50 años.
En el país de las arbitrariedades gubernamentales –como la que padece el líder social guerrerense-- y de los económicamente poderosos hechas método de gobierno y de dominación antes y durante el gobierno de la alternancia, no era dable esperar que no se rompiera el monopolio de una forma de actuar basada en la voluntad y el capricho, que no obedece a principios de la razón, la lógica o las leyes.
Es la arbitrariedad la que campea por la República. Sus actores ya no son exclusivamente los dueños de México y el gobierno dizque de leyes. Compiten cerradamente con ellos el narcotráfico y el crimen organizado. Y en algunos puntos y momentos se compaginan todos. Es documentalmente indemostrable. Se les señala de pillos y de connivencias, no de tontos.
El pésimo y reiterado mal ejemplo de la plutocracia, combinado con 26 años de virtual estancamiento económico es el mejor caldo de cultivo para que florezca la delincuencia de salario mínimo y la del crimen organizado.
Si a lo anterior sumamos el modelo de vida dominante que privilegia estúpidamente el triunfo individual a toda costa, la destrucción de lazos comunitarios históricos, el individualismo a ultranza y la destrucción sistémica de vínculos solidarios que unieron a las mayorías nacionales durante generaciones completas, el contexto es perfecto para que se desborde la inseguridad pública.
La combinación de la inseguridad pública con la crisis de bienestar y la precaria legitimidad del gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, resultan vigorosos estimulantes del narcotráfico y el crimen organizado. Binomio que, quizá, sólo sirva para operar. Mas a la hora de las fabulosas ganancias acaso van a los mismos circuitos financieros y bursátiles sin que autoridad alguna los moleste con seriedad.
En este enfoque no son desdeñables las propuestas del gobierno legítimo de México –prácticamente proscrito por el Consejo General del Instituto Federal Electoral que encabeza Leonardo Valdés Zurita--, presentadas en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato.
Por supuesto que no me refiero a las exigidas renuncias de Juan Camilo Mouriño Terrazo, Genaro García Luna y Eduardo Medina-Mora Icaza, quienes se las están ganando a pulso, como a la idea de que “Es necesario ver el gasto destinado a la juventud como una inversión social”; así como la reorientación del “presupuesto público a actividades productivas, crear empleos y garantizar el bienestar de la población”. (Planteamientos convergentes con el punto nueve de los 10 que presentará Marcelo Ebrard Casaubon). Para ello será imprescindible frenar el gasto burocrático que se incrementó en 404 mil millones de pesos en dos años.
Son reveladoras las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática –citadas por el laboralista Manuel Fuentes Muñiz-- sobre la participación de la juventud en la delincuencia: 40 por ciento de los presuntos delincuentes del fuero federal y 49 por ciento del fuero común son jóvenes. Mientras que 300 mil estudiantes acaban de ser rechazados de las universidades públicas. De ellos, 152 mil en la Universidad Nacional Autónoma de México, 50 mil en el Instituto Politécnico Nacional y 40 mil en la Universidad Autónoma Metropolitana.
Sin afrontar las raíces socioeconómicas y socioculturales de la crisis de seguridad publica que coloca a México entre los cinco países que la encabezan, el Consejo Nacional de Seguridad Pública podrá sesionar mañana y cuantas veces decidan sus componentes y seguirán tropezándose con la misma piedra.
Acuse de recibo
El reportero Feliciano Hernández González pronostica: “Espero que el boicot publicitario sea resultado de una mala asesoría del Ejecutivo y que la amplia solidaridad mostrada a Forum sirva para dar paso a mejores tiempos”… Por el contrario, el columnista Gustavo Cortés Campa comenta: “He estado siguiendo las expresiones de protesta porque te dejaron fuera de la pauta de inserciones oficiales del gobierno federal. Lo atribuyes a un ataque a la libertad de expresión y han recibido apoyos de diferentes personas y grupos que temen por la supervivencia de Forum. Francamente, no creo que haya motivo alguno de alarma. Se trata de un simple enfoque mercadotécnico”. Además, sentencia: “La causa perredista tiene en tu persona y tu revista un convencido y sólido militante. Lo justo sería que la reciprocidad llegara de aquel lado y no desgastarte tanto en clamores victimistas”… El querido colega y amigo Fausto Fernández Ponte será declarado –el jueves 21 a las 20 horas-- Veracruzano distinguido por el H. Ayuntamiento de Veracruz, en sesión solemne de cabildo que tendrá lugar en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal.
¿Qué justicia exige la Corte Penal Internacional?
Instituto de Estudios Sociopolíticos
y culturales Colombia Plural
Manuel Rozental
Alai-amlatina/Inestco
Colombia Plural
la carta de la CPI a través del Fiscal Luís Moreno es una advertencia al régimen a través del Presidente Uribe: o respeta a la Corte Suprema de Justicia y facilita el que se haga justicia desde Colombia de manera profunda e inequívoca, o, se demuestra que está obstaculizando la justicia a través de la extradición y las otras maniobras y por lo tanto, la CPI tiene jurisdicción en este caso y procederá
El régimen que Gobierna a Colombia, acaba de ser objeto de una comunicación de un Fiscal de la Corte Penal Internacional. Es necesario clarificar que al utilizar el término "régimen" nos referimos a mucho más que el Gobierno presidido por Álvaro Uribe. El régimen incluye la institucionalidad Nacional y transnacional, la estructura y flujo de poder, las políticas que allí se elaboran e implementan, los recursos que maneja y los objetivos que persiguen.
El régimen incluye a las transnacionales que arman, entrenan y financian escuadrones de la muerte (Chiquita Brands y todas las bananeras, Drummond, Coca-Cola, según confesiones de paramilitares y evidencias acumuladas) y que no han sido objeto aún de los procesos de investigación jurídica que se requieren. También incluye a los Gobiernos extranjeros de potencias encabezados por los EEUU, que dictan las políticas e imponen el sentido y propósitos del régimen al servicio de las transnacionales, es decir, el uso y abuso de recursos públicos de estos Gobiernos para acceder a territorios y riquezas para beneficio de las corporaciones transnacionales: Plan Colombia, IIRSA, Escuela de las Américas, iniciativas militares y de inteligencia con el mismo objetivo. El régimen así constituido de manera transnacional y con una estructura de poder vertical al servicio del gran capital, es quien recibe esta carta de la Corte Penal Internacional a través del Gobierno de Colombia.
Veamos:
1. El Fiscal Argentino Luis Moreno, actuando a nombre de la CPI, dice en su carta publicada en el Nuevo Siglo: "Investigaremos de cerca por qué algunos ex paramilitares fueron extraditados a los Estados Unidos", con lo que advierte al régimen que, si la Justicia del régimen ha actuado para impedir que se haga justicia, la CPI tendrá jurisdicción para actuar en este caso y proceder para que se haga justicia.
2. La CPI solicita información sobre la decisión de extradición de paramilitares por parte del Gobierno de Colombia a los EEUU, porque esta decisión parece implicar que criminales de lesa humanidad, los delitos más graves y que deben tener prerrogativa sobre cualquier otro, son transferidos a la justicia de los EEUU para responder por cargos menores. Queda en evidencia la puerta giratoria de la justicia a través de la cual reos acusados por un delito en un lugar de la jurisdicción bajo control del régimen (en este caso Colombia) son transferidos a otro lugar (EEUU) con el efecto inmediato de quitarle a la justicia Colombiana el derecho de juzgarlos o de siquiera poder recoger evidencias y proceder en derecho de acuerdo con los cargos más graves: crímenes de lesa humanidad.
3. El régimen, a través del Presidente Uribe y del Ministro del Interior Valencia Cossio, se ha dedicado en los últimos meses a someter a la Corte Suprema de Justicia y a toda la justicia en Colombia, al poder del Ejecutivo. Específicamente, el Presidente Uribe violó la Convención de Ginebra al utilizar emblemas de la Cruz Roja en la Operación Jaque y mintió al respecto para encubrir la evidencia, extraditó a paramilitares y ha tenido una relación constante desde los niveles más altos, de coordinación y articulación con estas fuerzas del terror. Ante las acciones de la Corte para investigar estos temas y obtener respuestas del Gobierno y del Presidente, este ha lanzado una estrategia integral para desprestigiarla y someterla, lo que ha obligado a la Corte, en días pasados a proceder jurídicamente contra el Gobierno por su abuso de poder.
La reforma jurídica propuesta tiene la intención de proteger a los políticos y funcionarios involucrados en la parapolítica http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpreso/rodrigo-uprimny/columna-y-no-se-hizo-al-reves,
http://www.elespectador.com/columna-reforma-judicial-inoportuna-y-oportunista,http://www.senadorrobledo.org/?q=node/382.
4. La extradición de los paramilitares, una vez que empiezan a confesar sus crímenes y a destapar la relación entre el paramilitarismo, el Gobierno Colombiano, el de los EEUU y las corporaciones, y el ataque y desmantelamiento de la Justicia y su Corte más alta, tendría como resultado el encubrimiento de los crímenes de lesa humanidad y de sus autores transnacionales. Quedaría oculto el régimen que utiliza el terror con fines de acumulación, sus responsables al más alto nivel, los mecanismos de mando, decisión, articulación, financiación y sus víctimas. En otras palabras, se habría logrado la impunidad que requiere el proyecto de terror transnacional para lograr sus fines. Logrado esto, la agenda de terror queda en libertad para continuar según lo planificado.
5. Los preparativos para encubrir al régimen se hicieron con anticipación. El 5 de Agosto de 2002, a dos días de entregar la Presidencia a Álvaro Uribe, el Presidente Pastrana, a cargo de sus funciones dentro del régimen y luego de haber comprometido al Estado Colombiano con el Estatuto de Roma de manera que Colombia queda bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, exime a Colombia por un período de 7 años (hasta el 2009) de aplicar el artículo 8 de este estatuto, que incluye los crímenes de guerra. Ese artículo contiene los delitos de lesa humanidad como los cometidos por los paramilitares, el abuso de emblemas como el de la Cruz Roja y las acciones de actores intelectuales al más alto nivel. En otras palabras, Pastrana, preparaba el camino para la impunidad de paramilitares, sus socios y patrones que vendría con el Gobierno Uribe. El régimen se blindaba a través de dos Presidentes a su servicio.
6. El Estatuto de Roma, de 1998, no es firmado por los EEUU, de modo que los crímenes y criminales de lesa humanidad de ese país no pueden ser juzgados por esa instancia. De esta manera, el régimen consolida el blindaje. La CPI no tiene jurisdicción en los EEUU, adonde fueron extraditados los paramilitares y de donde se encuentran los centros de mando del régimen.
7. La agenda que combina el terror y los crímenes de lesa humanidad con legislación coherente con intereses transnacionales y con propaganda encubridora y promotora del proyecto de acumulación, sigue avanzando en y desde Colombia. Las amenazas, desapariciones, torturas, masacres, desplazamientos y terror continúan dentro del país mientras el régimen convertido en modelo desde Colombia se extiende por el Continente y en otras regiones. La impunidad es indispensable de modo que el proyecto y el modelo puedan implementarse al servicio del poder transnacional globalmente. Si la Justicia Colombiana o la CPI descubrieran la verdad sobre la estructura de terror global para la acumulación, el proyecto del régimen estaría expuesto y la justicia impondría su disolución. Un resultado muy amenazador y preocupante para el poder global.
8. En este contexto, la carta de la CPI a través del Fiscal Luis Moreno es una advertencia al régimen a través del Presidente Uribe: o respeta a la Corte Suprema de Justicia y facilita el que se haga justicia desde Colombia de manera profunda e inequívoca, o, se demuestra que está obstaculizando la justicia a través de la extradición y las otras maniobras y por lo tanto, la CPI tiene jurisdicción en este caso y procederá. Advierte además la CPI, que desde hace años, viene acumulando evidencias en relación con Colombia y el paramilitarismo. La propia legitimidad del régimen es el ámbito de esta carta, aunque por el momento se trate solamente de una advertencia firme.
9. Cualquiera que sea la respuesta del Gobierno Colombiano, se acumulará al expediente que viene creando la CPI y que servirá como prueba frente a los crímenes cometidos, a la obstrucción de la justicia y a que las víctimas sean reparadas, la verdad toda sea conocida y expuesta y la justicia se convierta en realidad para que NUNCA MAS! un régimen transnacional de terror pueda hacer lo que está haciendo para acumular a costa de terror y sufrimiento.
10. Si la Corte Suprema de Justicia puede, como le corresponde, seguir investigando y resolviendo en derecho, el régimen tendrá una piedra en el zapato actuando desde dentro. Si la Corte Suprema es limitada en sus posibilidades y alcances, algo se sabrá y casi todo será encubierto, con lo que se legitima el régimen, el terror continúa y no se hace justicia. Si el ejecutivo somete a la rama judicial, la dictadura del régimen supra y para-uribista se consolida en la ilegitimidad y el poder legal queda en manos de los propios criminales. Este último es el proyecto en curso desde la Presidencia y el Ministerio del Interior. La CPI intenta respaldar a una Corte Suprema de Justicia autónoma y eficaz sumida en un régimen autoritario y transnacional.
11. Si la Corte Suprema de Justicia es debilitada o sometida, la CPI debería intervenir por encima y por fuera del régimen. Si lo hace, no tendrá jurisdicción en y sobre los EEUU, lo que de antemano limita el alcance de sus procesos, pero le permite develar verdades y avanzar significativamente hacia una justicia real para las víctimas. El mayor impacto será el de exponer la existencia, estructura y funciones del régimen transnacionalizado de terror para desmantelar el engaño con el que nos hacen creer en la existencia de Gobiernos autónomos y Presidentes populares para imponernos le crisis económica, el despojo, la exclusión y el hambre.
12. Si los pueblos y la ciudadanía no entendemos esta realidad y no le hacemos seguimiento a estos procesos respaldando la justicia y exigiendo que se haga realidad, seremos sometidos de manera permanente a un régimen que se sirve del terror para despojar y acumular y de la propaganda y el embrutecimiento colectivo para encubrir. Por eso, el New York Times publicó un artículo el 15 de Agosto titulado "Corte investiga a quienes apoyaron a Rebeldes en Colombia" en el que, refiriéndose a la misma carta del Fiscal Moreno, habla de investigaciones de la CPI a quienes respaldan a las FARC, tema que no se menciona para nada en esta carta al Gobierno de Colombia lo que, una vez más, pone en evidencia la estructura del régimen y sus poderes. El aparato de propaganda del régimen, desde el medio más poderoso de los EEUU, distorsiona la verdad, miente abiertamente y procede a encubrir para movilizar la ciudadanía desinformada en favor de un régimen ilegítimo.
13. Un detalle más: la carta del Fiscal Moreno es dirigida a Rodrigo Lloreda, embajador de Colombia en La Haya, sede de la CPI. Esta es publicada en su totalidad en El Nuevo Siglo. Nos imaginamos que llegó allí y se dio a conocer por acción directa del Embajador Lloreda, conocido dirigente del Partido Conservador y ex-ministro de educación del Presidente Pastrana. El Nuevo Siglo es propiedad de los Pastrana y órgano vocero del ex-presidente Andrés Pastrana quien tanto contribuyera a preparar el terreno para la impunidad del régimen con los 7 años de gracia que le concedió al terror frente a la jurisdicción de la CPI. ¿Será que la campaña Presidencial y los propósitos electorales juegan en las decisiones del ex-presidente y de su partido en estos momentos en que Álvaro Uribe busca reelegirse? Esto es posible ya que no hay el menor indicio ni evidencia que le permita al ex-presidente Pastrana y al Partido Conservador argumentar que su interés es la justicia o que no son y han sido siempre orgánicos y beneficiarios del régimen que se sirve del terror para que acumulen.
La Corte Suprema de Justicia debe ser respetada, el Gobierno debe responder y someterse a la justicia, las confesiones y las investigaciones deben develar la estructura de poder, los criminales con mayor poder y mando deben responder por sus crímenes y ante todo, los pueblos no podemos aplaudir a quienes nos masacran y explotan para enriquecerse a nombre de la "democracia", la "decencia" y la "justicia", términos que han manchado de sangre y de dolor desde las instituciones que han creado para maltratar. O mejor dicho, si pueden, lo hacen y seguirán por ese camino de dolor y horror adornado de mentiras, a menos que dejemos de aplaudir y abramos los ojos.
4. La extradición de los paramilitares, una vez que empiezan a confesar sus crímenes y a destapar la relación entre el paramilitarismo, el Gobierno Colombiano, el de los EEUU y las corporaciones, y el ataque y desmantelamiento de la Justicia y su Corte más alta, tendría como resultado el encubrimiento de los crímenes de lesa humanidad y de sus autores transnacionales. Quedaría oculto el régimen que utiliza el terror con fines de acumulación, sus responsables al más alto nivel, los mecanismos de mando, decisión, articulación, financiación y sus víctimas. En otras palabras, se habría logrado la impunidad que requiere el proyecto de terror transnacional para lograr sus fines. Logrado esto, la agenda de terror queda en libertad para continuar según lo planificado.
5. Los preparativos para encubrir al régimen se hicieron con anticipación. El 5 de Agosto de 2002, a dos días de entregar la Presidencia a Álvaro Uribe, el Presidente Pastrana, a cargo de sus funciones dentro del régimen y luego de haber comprometido al Estado Colombiano con el Estatuto de Roma de manera que Colombia queda bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, exime a Colombia por un período de 7 años (hasta el 2009) de aplicar el artículo 8 de este estatuto, que incluye los crímenes de guerra. Ese artículo contiene los delitos de lesa humanidad como los cometidos por los paramilitares, el abuso de emblemas como el de la Cruz Roja y las acciones de actores intelectuales al más alto nivel. En otras palabras, Pastrana, preparaba el camino para la impunidad de paramilitares, sus socios y patrones que vendría con el Gobierno Uribe. El régimen se blindaba a través de dos Presidentes a su servicio.
6. El Estatuto de Roma, de 1998, no es firmado por los EEUU, de modo que los crímenes y criminales de lesa humanidad de ese país no pueden ser juzgados por esa instancia. De esta manera, el régimen consolida el blindaje. La CPI no tiene jurisdicción en los EEUU, adonde fueron extraditados los paramilitares y de donde se encuentran los centros de mando del régimen.
7. La agenda que combina el terror y los crímenes de lesa humanidad con legislación coherente con intereses transnacionales y con propaganda encubridora y promotora del proyecto de acumulación, sigue avanzando en y desde Colombia. Las amenazas, desapariciones, torturas, masacres, desplazamientos y terror continúan dentro del país mientras el régimen convertido en modelo desde Colombia se extiende por el Continente y en otras regiones. La impunidad es indispensable de modo que el proyecto y el modelo puedan implementarse al servicio del poder transnacional globalmente. Si la Justicia Colombiana o la CPI descubrieran la verdad sobre la estructura de terror global para la acumulación, el proyecto del régimen estaría expuesto y la justicia impondría su disolución. Un resultado muy amenazador y preocupante para el poder global.
8. En este contexto, la carta de la CPI a través del Fiscal Luis Moreno es una advertencia al régimen a través del Presidente Uribe: o respeta a la Corte Suprema de Justicia y facilita el que se haga justicia desde Colombia de manera profunda e inequívoca, o, se demuestra que está obstaculizando la justicia a través de la extradición y las otras maniobras y por lo tanto, la CPI tiene jurisdicción en este caso y procederá. Advierte además la CPI, que desde hace años, viene acumulando evidencias en relación con Colombia y el paramilitarismo. La propia legitimidad del régimen es el ámbito de esta carta, aunque por el momento se trate solamente de una advertencia firme.
9. Cualquiera que sea la respuesta del Gobierno Colombiano, se acumulará al expediente que viene creando la CPI y que servirá como prueba frente a los crímenes cometidos, a la obstrucción de la justicia y a que las víctimas sean reparadas, la verdad toda sea conocida y expuesta y la justicia se convierta en realidad para que NUNCA MAS! un régimen transnacional de terror pueda hacer lo que está haciendo para acumular a costa de terror y sufrimiento.
10. Si la Corte Suprema de Justicia puede, como le corresponde, seguir investigando y resolviendo en derecho, el régimen tendrá una piedra en el zapato actuando desde dentro. Si la Corte Suprema es limitada en sus posibilidades y alcances, algo se sabrá y casi todo será encubierto, con lo que se legitima el régimen, el terror continúa y no se hace justicia. Si el ejecutivo somete a la rama judicial, la dictadura del régimen supra y para-uribista se consolida en la ilegitimidad y el poder legal queda en manos de los propios criminales. Este último es el proyecto en curso desde la Presidencia y el Ministerio del Interior. La CPI intenta respaldar a una Corte Suprema de Justicia autónoma y eficaz sumida en un régimen autoritario y transnacional.
11. Si la Corte Suprema de Justicia es debilitada o sometida, la CPI debería intervenir por encima y por fuera del régimen. Si lo hace, no tendrá jurisdicción en y sobre los EEUU, lo que de antemano limita el alcance de sus procesos, pero le permite develar verdades y avanzar significativamente hacia una justicia real para las víctimas. El mayor impacto será el de exponer la existencia, estructura y funciones del régimen transnacionalizado de terror para desmantelar el engaño con el que nos hacen creer en la existencia de Gobiernos autónomos y Presidentes populares para imponernos le crisis económica, el despojo, la exclusión y el hambre.
12. Si los pueblos y la ciudadanía no entendemos esta realidad y no le hacemos seguimiento a estos procesos respaldando la justicia y exigiendo que se haga realidad, seremos sometidos de manera permanente a un régimen que se sirve del terror para despojar y acumular y de la propaganda y el embrutecimiento colectivo para encubrir. Por eso, el New York Times publicó un artículo el 15 de Agosto titulado "Corte investiga a quienes apoyaron a Rebeldes en Colombia" en el que, refiriéndose a la misma carta del Fiscal Moreno, habla de investigaciones de la CPI a quienes respaldan a las FARC, tema que no se menciona para nada en esta carta al Gobierno de Colombia lo que, una vez más, pone en evidencia la estructura del régimen y sus poderes. El aparato de propaganda del régimen, desde el medio más poderoso de los EEUU, distorsiona la verdad, miente abiertamente y procede a encubrir para movilizar la ciudadanía desinformada en favor de un régimen ilegítimo.
13. Un detalle más: la carta del Fiscal Moreno es dirigida a Rodrigo Lloreda, embajador de Colombia en La Haya, sede de la CPI. Esta es publicada en su totalidad en El Nuevo Siglo. Nos imaginamos que llegó allí y se dio a conocer por acción directa del Embajador Lloreda, conocido dirigente del Partido Conservador y ex-ministro de educación del Presidente Pastrana. El Nuevo Siglo es propiedad de los Pastrana y órgano vocero del ex-presidente Andrés Pastrana quien tanto contribuyera a preparar el terreno para la impunidad del régimen con los 7 años de gracia que le concedió al terror frente a la jurisdicción de la CPI. ¿Será que la campaña Presidencial y los propósitos electorales juegan en las decisiones del ex-presidente y de su partido en estos momentos en que Álvaro Uribe busca reelegirse? Esto es posible ya que no hay el menor indicio ni evidencia que le permita al ex-presidente Pastrana y al Partido Conservador argumentar que su interés es la justicia o que no son y han sido siempre orgánicos y beneficiarios del régimen que se sirve del terror para que acumulen.
La Corte Suprema de Justicia debe ser respetada, el Gobierno debe responder y someterse a la justicia, las confesiones y las investigaciones deben develar la estructura de poder, los criminales con mayor poder y mando deben responder por sus crímenes y ante todo, los pueblos no podemos aplaudir a quienes nos masacran y explotan para enriquecerse a nombre de la "democracia", la "decencia" y la "justicia", términos que han manchado de sangre y de dolor desde las instituciones que han creado para maltratar. O mejor dicho, si pueden, lo hacen y seguirán por ese camino de dolor y horror adornado de mentiras, a menos que dejemos de aplaudir y abramos los ojos.
8/19/2008
ATENTA INVITACION.......
FORO:
"La Represión Ayer y Hoy. El Caso de la
Desaparición Forzada en México"
Participan:
Nadin Reyes Maldonado
(Comité "Hasta Encontrarlos")
Adrián Ramírez López
(Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos)
Francisco Cerezo Contreras
(Comité Cerezo)
Jueves 21 de Agosto, 14:00 hrs. Auditorio Emiliano Zapata. Universidad Autónoma Chapingo.
Invitan: Comisión CGR-CEE, Movimiento Cultural Revolucionarte, Preparatoria Agrícola.
¿para que ir al paraiso estando muertos?
¡¡Tomar el Cielo por Asalto!!
¡¡Libertad Aqui y Ahora!!
J.Viktor Bo. Alkantara
ATENTA INVITACION.......
Estimados amigos y amigas: Casa Maíz l@s invita cordialmente a participar en los siguientes eventos culturales y brindar su apoyo solidario a familias de nuestra comunidad latinoamericana en Toronto:
Bohemia y Música, un evento por una causa social
Bohemia y Música, un evento por una causa social
Tocan a la puerta del corazón solidario de los latinoamericanos en Toronto. La familia colombiana Villalba Pérez de Mississauga vive una terrible hora y requiere de la ayuda de todos. Y en solidaridad con esta familia, Bohemia y Música -por una causa social, se realizará el 21 de agosto -jueves, a partir de las 7:00 p.m., en Lula Lounge, ubicado en el 1585 de Dundas West, en Toronto. Por más información:
Velada Cultural Solidaria, “Va por Justicia”
Sábado 30 de Agosto 2008, 7:00 p.m. en Casa Maíz, 1280 Finch Avenue West # 204, Toronto. El pasado mes de julio sucedió lo peor que podría sucederle a una madre migrante: la hija de 17 años de esta trabajadora participante en el Programa de Trabajadores Temporales México-Canadá murió repentinamente por causas desconocidas. Sobra decir que la trabajadora migrante está devastada por el dolor emocional de regresar a México para arreglar el funeral de su hija, enfrentando también enormes gastos económicos. Por más información:
http://www.casamaiz.org/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=27
RECOMENDACIÓN Exposición Artes Visuales.
RECOMENDACIÓN Exposición Artes Visuales.
Recomendamos asistir el Domingo 14 de Septiembre del 2008 de las 14:00 a las 16:00 horas a la exposición LATINOAMERICA 2008, por Fundarte Latinoamérica en la Galería de Arte del Centro Cívico de Etobicoke (399 West Mall, esquina con Burnhamthorpe). Casa Maíz se complace en apoyar y tener entre las organizaciones beneficiarias de nuestro proyecto cultural a Fundarte y le deseamos muchos éxitos más.Información:
Disfrute la Belleza de Muskoka y apoye a escuelas de El Salvador y Guatemala. Se puede rentar por una semana completa o fines de semana. Más información en:
Colectivo de Casa Maíz
CONVOCATORIA - TALLERES DE DERECHOS HUMANOS EN LA UNAM
LES INVITAMOS A PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES TALLERES PROMOVIDOS POR LA RED UNIVERSITARIA DE MONITORES
DE DERECHOS HUMANOS
(RUMODH)
CON EL APOYO DE LA
LIGA MEXICANA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS A.C.
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EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO
(UNAM)
PUEDEN DESCARGAR LAS CONVOCATORIAS Y LAS FICHAS DE INGRESO DESDE LA PÁGINA INTERNET DE LA LIMEDDH:
SI ESTÁ INTERESADO EN CURSAR UNO O VARIOS DE LOS TALLERES NECESITA DESCARGAR LA FICHA DE INGRESO DEL TALLER QUE LE INTERESA Y MANDARLA POR CORREO A capacitacion.limeddh@gmail.com
TALLER "BÁSICO DE MONITORES DE DERECHOS HUMANOS"
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TALLER "DERECHO A LA EDUCACIÓN"
TALLER "DERECHO A LA EDUCACIÓN"
CARTEL GENERAL DE TODOS LOS TALLERES
PARA MÁS INFORMACIÓN FAVOR DE COMUNICARSE CON EL ÁREA DE CAPACITACIÓN DE LA LIMEDDH POR CORREO: capacitacion.limeddh@gmail.com O POR TELEFONO: (55) 5610 8790 CELS: (044) 55 2049 4654 / 55 2953 6055
SALUDOS FRATERNOS
EL ERRÁTICO BLOQUEO A CUBA
Por Manuel E. Yepe
"Durante casi medio siglo, los Estados Unidos han impuesto un embargocomercial contra Cuba y, sin embargo, a veces éste se hace pocovisible", asevera un artículo publicado el 14 de agosto de 2008 en laedición impresa de la revista británica The Economist.El trabajo periodístico alude al hecho de que en la isla las marcascomerciales estadounidenses se pueden encontrar por dondequiera y que,aprovechando una exención introducida en el año 2000, los granjerosestadounidenses se han convertido en los mayores suministradoresexternos de productos del agro, con ventas anuales de 600 millones de dólares.
"No en balde, algunos cubanos se preguntan si el bloqueo, al que elgobierno culpa de casi todos los problemas cubanos, no será unaespecie de truco", dice el artículo y cita a un estudiante cubano demedicina que dijo preguntarse si realmente existe el bloqueo.No obstante, más adelante, el artículo aclara que recientemente, amuchas de las compañías extranjeras que comercian con Cuba les ha sidoamenazadoramente recordado que el bloqueo si existe. Cita casos devarias empresas a las que la OFAC (Oficina de Control sobre ActivosExtranjeros) ha multado con severidad por conducto de sus subsidiariasen Norteamérica y recuerda la prohibición de entrar en EEUU impuesta alos dirigentes de la firma canadiense Sherritt y a sus familiares portener negocios en la minería cubana del níquel.
También explica que el draconiano Título III de la Ley Helms Burton,(irónicamente nombrada Ley de Solidaridad Democrática por la Libertadde Cuba), faculta a los norteamericanos con propiedades en Cuba antesde la revolución a demandar a los extranjeros que ahora inviertanallí. La aplicación de este Título III ha tenido que ser pospuesta porWashington varias veces por sus potenciales efectos negativos en las relaciones con países aliados.
Las coerciones del bloqueo contra quienes tienen negocios con Cuba sehicieron más severas a raíz del 11 de septiembre de 2001, al serincluida Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo -junto a Irán, Corea del Norte, Siria y Sudán-, sin que Washingtonaportara prueba plausible alguna sobre tal acusación. Más allá de laopinión que les pueda merecer el bloqueo, los banqueros de todo elmundo prefieren evitarse acusaciones por cualquier violación de lasleyes antiterroristas, dice The Economist.
El artículo recuerda que, en 2004, el banco UBS de Suiza pagó unamulta de cien millones de dólares; en 2007, el banco ING de Holanda–que había abierto una oficina en Cuba- tuvo que cerrarlaabruptamente, y en 2008, los dirigentes de la compañía que tiene losderechos exclusivos de importación en Gran Bretaña de los puroshabanos, recibió una carta de Lloyds TSB, su banco de muchos años,sugiriéndole trasladar su cuenta a otro banco.
A pesar de las restricciones del boqueo, muchas compañíasinternacionales siguen operando en Cuba, dice el artículo de TheEconomist, que concluye citando al director de una firma europea congrandes inversiones en la Isla quien señala que "la mejor estrategiaes tratar de escapar por debajo del radar y asegurarse de estar aquícuando el gobierno de EEUU entre, por fin, en razones".
Es cierto que Cuba adquirió 600 millones de dólares en alimentos enEstados Unidos en 2007, en virtud de una exención aprobada por elCongreso en el año 2000. La grieta al bloqueo fue abierta a raíz delos daños que causó a Cuba el paso del ciclón Michelle en 1999.Pero estas operaciones contemplan el pago en efectivo y otrasexigencias que incluyen la imposibilidad usar medios propios detransportación o de compensar las compras con exportaciones cubanas, por lo que no suponen quebrantamiento del boqueo.
La práctica se mantuvo vigente por presiones de los granjerosestadounidenses que su gobierno no ha podido vencer y que Cuba aceptaen muestra de respeto y amistad hacia el pueblo del vecino país, másque por conveniencia económica, que también la tiene en virtud de lasmenores distancias en el transporte de los productos.Las relaciones comerciales de Cuba con el extranjero han estadosometidas, a lo largo de casi medio siglo, a un sistema de presionesque obliga a Cuba a vender más barato y comprar más caro por laexigencia de asumir, de alguna manera, el riesgo que corren suscontrapartes de sufrir sanciones, en el marco de sus relacioneseconómicas con los Estados Unidos, por violar el "embargo".
El bloqueo es algo mucho más cruel, inhumano y genocida. Se integra,además, con la promoción de la subversión terrorista y las amenazas deagresión que obligan a mayores gastos en la defensa; la prohibición delos viajes de ciudadanos estadounidenses a la isla; la limitación delos viajes y las remesas de los emigrados cubanos en Estados Unidos;el estímulo a la emigración ilegal y el robo de cerebros. Todo ello enel marco de una abrumadora campaña de difamación mediática y unainescrupulosa cruzada, no limitada al plano diplomático, para tratarde aislar internacionalmente a Cuba.
Es difícil explicarse donde pudo encontrar el autor del artículo a unapersona en Cuba que pusiera en duda la omnipresencia del bloqueo encada minuto de la vida cotidiana del cubano común.
(Manuel E. Yepe Menéndez es periodista, secretario del MovimientoCubano por la Paz y se desempeña como Profesor adjunto en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana)
COPARMEX; ESTAS CONMIGO O TE ELIMINO COMO SEA
Coparmex: “eliminar” a López Obrador
Álvaro delgado
MÉXICO, D.F., 18 de agosto (apro).- Justo en el contexto de la psicosis por el asesinato del niño Fernando Martí, cuya indignación legítima e impostada perfila una marcha que se pretende semejante a la del 2004, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ricardo González Sada, ha dado una muestra más de la lógica con la que actúa el poder económico: Llama a “eliminar” a Andrés Manuel López Obrador.En Monterrey, Nuevo León, enclave de una porción de los magnates de México, el portavoz del sindicato patronal llamó este lunes 18 de agosto a no dar pie para que dirigentes políticos, como Andrés Manuel López Obrador, aprovechen la situación económica del país –obviamente pésima-- en su beneficio político.
Curiosamente, el dirigente empresarial reconoció que actualmente hay elementos que permiten la desigualdad y la pobreza, por lo que son necesarias políticas públicas que permitan un mayor crecimiento económico.Según la nota de José Manuel Martínez, enviado de Expansión --la revista de la cadena CNN que justamente convoca activamente a la marcha del 30 de agosto--, González Sada destacó que es necesario que la competencia entre empresas mejore para que sus beneficios lleguen al consumidor final o, de lo contrario, continuarán las diferencias sociales y la acumulación de riqueza de forma injusta.
Enseguida expresó: “Obviamente seguirá estando el pasto seco para que, no López Obrador, eliminémoslo del horizonte, pero si no es López Obrador siempre habrá alguna gente (sic) que esté con el cerillo en la mano dispuesto a echarlo en esas hojas secas.”
Más allá de su caótica manera de hablar, González Sada convoca a sus agremiados a “eliminar” al por ellos odiado excandidato presidencial, que remite a la proclama del excaciller Jorge Castañeda: “A López Obrador hay que frenarlo por las buenas, por las malas o como sea.”
Puede ser un equívoco el llamado de González Sada --cuya cabeza de la nota de Expansión en internet fue “Coparmex pide ‘eliminar’ a AMLO”--, pero después de las acciones que le siguieron a la recomendación de Castañeda, emitida en el 2004, tiene sentido pensar que los magnates de México pueden proceder de cualquiera manera para liquidar a quien es considerado un enemigo de quienes él denomina la “mafia política”.
Sobre todo, además, cuando está en curso el proyecto más anhelado del empresariado nacional y extranjero, la privatización del petróleo, y el único movimiento que se opone es el que encabeza López Obrador, más allá del partido en el que formalmente milita y que a diario da muestras de una corrupción deleznable. En su proclama en el “Día de la Competencia”, en Monterrey, González Sada dijo que, más allá de López Obrador, “siempre habrá alguna gente (sic)” que tenga un cerillo en la mano para lanzarlo a las hojas secas, y por ello se pronunció por eliminar los privilegios monopólicos de los sindicatos y empresas, incorporar a todos los participantes de la economía a la legalidad y denunciar actos abusivos de las empresas.
“Hay que regar el pastito para que no se incendie”, recomendó González Sada a sus oyentes, pero nada dijo sobre la causa que justamente generan esas “hojas secas” a las que se refirió y que tienen que ver con la profunda desigualdad social que atormenta a México. En el contexto de la campaña presidencial del 2006, y aun posterior a ella, una de las características que desde la derecha se le reconocieron a López Obrador fue, precisamente, que puso en el debate el drama de la pobreza que padece la mitad de la población en México.
Y este es el tema que ha vuelto a quedar en el olvido, como lo prueba un comentario a la nota en la que González Sada convoca a “eliminar” a López Obrador, firmado por un tal Francisco Ramírez: “Totalmente de acuerdo, ese tipo lo único (sic) que quiere es el retroceso de México (sic), es un enfermo amargado, que sólo (sic) provoca a la gente.”ApuntesCuando la incompetencia hace crisis y se produce, como en el caso de la inseguridad pública, una psicosis social en una región, estado y país, generada muchas veces por la histeria de los locutores de radio y televisión --en acatamiento de sus patrones--, la urgencia de las autoridades por dar respuestas conduce a la ligereza o a la irresponsabilidad, como lo plantea el gobernador priista de Chihuahua, José Reyes Baeza: “Debemos revisar nuestro régimen de libertades individuales y garantías ciudadanas.
No podemos seguir atendiendo la seguridad en los términos existentes al inicio del silo XX, en la Constitución de 1917. Necesitamos revisar nuestro régimen de garantías y libertades ciudadanas, para analizarlo, para mejorarlo, para que responda a los desafíos que nos representan la sociedad presente.” Cuidado. Es un llamado a la involución y a las tentaciones fascistas… Calderón cumplió años y, claro, se lo festejó Elba Esther Gordillo, su cómplice... Para coordinarse en el cumplimiento de deberes legales y constitucionales de las autoridades de todos los niveles, no hacen falta reuniones con el boato que está en marcha para la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, este jueves, diseñado para el lucro criminal de Calderón, ni hacen falta fotografías tomándose de la mano. Eso sí es politizar la seguridad, como chillan Camilo Mouriño y Germán Martínez…
El ministro Salvador Aguirre Anguiano ha elaborado un proyecto que declara inconstitucional la no penalización del aborto hasta 12 semanas de gestación, una determinación que acredita el dogmatismo del fundamentalismo de derecha, del que él y Calderón forman parte. Cosa curiosa: El padre de Calderón, Luis Calderón Vega, repudiaba a la organización secreta de los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), secta a la que pertenece Aguirre Anguiano y que prueba que ésta no sólo tiene infiltrado al PRI, sino al PAN de Jalisco y de todo el país...
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
PRENSA MEXICO....
PORTADAS EL UNIVERSAL: MOURIÑO: NO LUCREN CON LA SEGURIDAD EXCÉLSIOR: PRI: VAMOS POR LA GENTE DE LA CALLE MILENIO: ASUME CALDERÓN LAS 5 DEMANDAS DE MÉXICO LA JORNADA: OCUPÓ LA GUARDIA NACIONAL DE VENEZUELA UNA FILIAL DE CEMEX LA CRÓNICA: PIDEN A FHC "REVISAR RÉGIMEN DE LIBERTADES" NOROESTE DE SINALOA: REGRESAN A AULAS DE CARTÓNAgosto 19th, 2008
EL UNIVERSAL: MOURIÑO: NO LUCREN CON LA SEGURIDADEl secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, dijo en un mensaje que el gobierno encabeza una estrategia integral para combatir la inseguridad y pidió no caer en provocaciones de quienes quieren lucrar políticamente con el tema. Aunque no quiso personalizar el mensaje, el secretario salió a los medios luego de las declaraciones del senador Manlio Fabio Beltrones, en las que asegura que el presidente Felipe Calderón fracasó en su estrategia contra la inseguridad y que ha actuado "irresponsablemente" ante ese problema. VER NOTA COMPLETA
EXCÉLSIOR: PRI: VAMOS POR LA GENTE DE LA CALLE El Partido Revolucionario Institucional no optará en su viraje ideológico hacia la izquierda radical, pues "no nos interesa ganar la calle; nos interesa ayudar a los que viven en la calle", afirmó Miguel Alemán Velasco, coordinador general de la Comisión Nacional Organizadora de la XX Asamblea Nacional priista. VER NOTA COMPLETA
MILENIO: ASUME CALDERÓN LAS 5 DEMANDAS DE MÉXICO El gobierno federal asumirá la propuesta de cinco puntos para combatir a las bandas criminales que planteó la organización México Unido contra la Delincuencia, en la que se propone un trato "especializado" para enfrentar el secuestro. VER NOTA COMPLETA
LA JORNADA: OCUPÓ LA GUARDIA NACIONAL DE VENEZUELA UNA FILIAL DE CEMEX La Guardia Nacional (GN) de Venezuela tomó el control de la planta de la trasnacional Cemex en el noroccidental estado Zulia, en el comienzo del proceso de expropiación de la filial de la empresa mexicana. Elementos de la GN entraron a las instalaciones de la planta en la ciudad de Maracaibo, en compañía de cuatro jueces para asumir su control. VER NOTA COMPLETA
LA CRÓNICA: PIDEN A FHC "REVISAR RÉGIMEN DE LIBERTADES" El gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, propuso al presidente Felipe Calderón revisar el régimen de libertades individuales y garantías ciudadanas para –-según dijo— revertir la escalada de violencia, recuperar la paz y el imperio de la ley. VER NOTA COMPLETA
NOROESTE DE SINALOA: REGRESAN A AULAS DE CARTÓN La emoción de muchos niños por el regreso a clases, se vio eclipsada al ver sus escuelas con aulas llenas de lodo, con pupitres insuficientes, con techos llenos de hoyos por los que la lluvia mañanera se coló, porque las bardas perimetrales estaban a medias. VER NOTA COMPLETA
REFORMA ENERGÉTICA PROPUESTA DEL PRD SERÁ LA QUE PRESENTE EL FAP: GONZÁLEZ GARZA
Editorial
Romero Deschamps: poder y encubrimiento
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, afirmó ayer que la toma de nota del líder del Sindicato de Trabajadores Peroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, es "totalmente legal" y que por tanto no hay motivo alguno para que sea removido del cargo. Al mismo tiempo, el funcionario calificó de "chantajes" los reclamos de los sectores que se oponen a la ratificación de Romero Deschamps al frente del gremio, y que tomaron, en protesta, la sede del STPRM en la ciudad de México el viernes pasado.
Las declaraciones del titular de la STPS son más que desafortunadas, porque dejan entrever la postura sesgada del gobierno federal en un conflicto creciente en el seno del sindicato petrolero, ante el que lo más deseable sería una actitud imparcial y conciliadora. Los asertos constituyen, además, una muestra contundente del enorme peso político que Romero Deschamps –cabeza de una dirigencia antidemocrática, charra y corrupta– tiene para la presente administración, como parte de la herencia del corporativismo sindical que se consolidó en tiempos del priísmo, en calidad de instrumento político clave de la estructura autoritaria del llamado superpresidencialismo mexicano.
Por añadidura, el apoyo del oficialismo al dirigente petrolero se explica en términos de la coyuntura política: el líder pudiera fungir como elemento clave en el proceso de reforma energética emprendido por el jefe del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa. Ante el creciente rechazo social que ha despertado el cariz privatizador y antinacional de la iniciativa presidencial –cuya inviabilidad legal, política y económica fue puesta en evidencia durante los foros de discusión que se llevaron a cabo en el Senado de la República–, resulta lógico suponer que para el actual gobierno es crucial contar con Romero Deschamps de su lado.
En esta misma lógica se inserta lo expresado ayer también por el titular de la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Al ser interrogado sobre la necesidad de reformar las relaciones con el sindicato petrolero, en el contexto de la reforma a Pemex, el responsable de la política interna afirmó que ésa " es una discusión distinta y por ello (...) debe tratarse en un plano o en un momento distinto", como si el rosario de vicios que corroe la estructura administrativa de la paraestatal no formara parte de los problemas actuales que ésta debe resolver con urgencia.
Las posturas de Lozano y Mouriño dan cuenta del amplio respaldo que el gobierno federal ha decidido otorgarle a Romero Deschamps, no obstante que ello implique que la administración calderonista, ante el conjunto de la opinión pública, sea vista como garante de impunidad y encubridora de las consabidas corruptelas del máximo líder del STPRM. Por lo demás, los elementos mencionados ponen en perspectiva, una vez más, el empleo de los instrumentos legales y de meros trámites administrativos –como las tomas de nota–, como herramientas para, según sea el caso, favorecer o golpear políticamente: en relación con lo segundo, baste mencionar la campaña de desconocimiento y persecución que la administración de Vicente Fox emprendió –a la que el calderonismo ha dado continuidad– contra el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, dirigente con añejas acusaciones por presunto desvío de fondos a las que, sin embargo, las autoridades no prestaron atención hasta que éste asumió una postura crítica hacia el gobierno foxista por la tragedia de Pasta de Conchos.
En suma, el apoyo gubernamental irrestricto del que, por lo que puede verse, goza Romero Deschamps, en buena medida explica la indiferencia del dirigente petrolero hacia el cúmulo de críticas, acusaciones y reclamos de que es objeto dentro y fuera de su gremio. Adicionalmente, esta situación revela el mantenimiento, al amparo del poder público, de estructuras sindicales añejas, descompuestas y nocivas, carentes de altura moral para representar a los trabajadores, que constituyen, en cambio, un lastre para éstos y la nación en su conjunto.
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Calderón: "alentadores" resultados en la prueba Enlace
En la ceremonia de apertura del ciclo escolar 2008-2009, el jefe del Ejecutivo federal se congratuló porque en primaria, en la asignatura de español, el número de alumnos con buen desempeño o excelente pasó de 24.6 a 30.5 por ciento; en matemáticas "subimos bastante" y en ciencias naturales las cifras fueron "de panzazo". En el caso de secundaria "tenemos que apretarle", dijo. En el acto, en el que estuvieron presentes Elba Esther Gordillo y Josefina Vázquez Mota, Felipe Calderón mordió un pastel por su cumpleaños Foto Cristina Rodríguez
Claudia Herrera y Karina Avilés
Miami: se tambalea el poder del exilio cubano
Se vive una transición política, señalan expertos; candidatos demócratas podrían entrar al relevo
David Brooks Corresponsal
Durante casi medio siglo en esta ciudad han esperado un cambio de régimen en La Habana, pero resulta que esa transición está ocurriendo precisamente en Miami.
STPS: Romero Deschamps se queda; no tiene caso impugnarlo
"Por mí, los disidentes pueden estar en plantón de por vida ": Javier Lozano
Patricia Muñoz Ríos
Rayuela
¿Qué pretenderá la maestra? ¿Extender su imperio a la industria sin chimeneas creando un sindicato de técnicos en turismo?
Gordillo emite sentencia de muerte para escuelas normales
"Maestros, sin mercado de trabajo; mejor que se preparen en turismo'
Karina Avilés y Claudia Herrera
Dimite Pervez Musharraf; júbilo popular en Pakistán
The Independent y agencias
Columnas
Julio Hernández López : Astillero
El día del cumpleaños de su jefe complaciente, el secretario afanoso tuvo a bien pronunciar una frase de oro (o de petróleo, para no desentonar con los privilegiados contratos familiares): en materia de seguridad pública no se debe lucrar políticamente. Lo dijo el oneroso titular de Gobernación mientras en Los Pinos el festejado ocupante de ese solar recibía al padre de un adolescente asesinado, cuyo caso ha sido utilizado con intensidad para crear un ambiente social de indignación por asuntos criminales que desplace o atenúe el tema central de la defensa del petróleo como bien público. Retórica sin sustento mientras continúa el montaje de la obra de ilusionismo denominada Consejo Nacional de Seguridad Pública (que de nada servirá, como de nada sirvieron las anteriores) y mientras se avivan las veladoras de Iluminemos México con que se pretende contrastar una movilización nocturna en demanda de verdadera seguridad pública, con las concentraciones dominicales que significarán el inicio de la segunda fase de la resistencia civil contra la maquillada privatización petrolera.
El país arde y decenas de mexicanos mueren diariamente, pero la politización del caso Martí sólo tiene ojos para ese expediente. En Creel han muerto jóvenes estudiantes y un pequeño, pero sus infortunios no son difundidos estremecedoramente por las televisoras nacionales ni hay indignación de voceros de organizaciones utilizables para centrar el enojo social en objetivos específicos. El tema políticamente lucrativo es el del secuestro en el Distrito Federal, no el del resto del país y sus miles de muertes por una discutible guerra contra el narcotráfico, que, según señaló ayer el gobernador priísta de Chihuahua, no ha sido lo eficaz que se había anunciado, a pesar del uso del Ejército y con un saldo oscuro de violaciones a los derechos humanos. El punto es empujar al indeciso Marcelo a la encrucijada que le lleve finalmente a sentarse a la mesa con quien tachaba de ilegítimo (en sus términos, con su agenda, en su Palacio) o atenerse al linchamiento mediático que pretenderá culparle de que no funcionen bien los planes que de cualquier manera no funcionarán porque, en realidad, esas reuniones de fantasmas gobernantes sólo han producido discursos y promesas, intocadas como siguen las causas verdaderas del desbordamiento de la delincuencia.
La campaña de manipulación y engaño es tan fuerte que el jefe del Gobierno capitalino zigzaguea, deseoso de recibir las menores pérdidas políticas que le sea posible. Primero se declaró ampliamente convencido de que debe estar en toda reunión sobre el tema de seguridad pública donde se atendieran las exigencias ciudadanas recientes. Luego reconsideró sus palabras iniciales y dijo que analizará la agenda del día de la fotografía panorámica con Calderón para decidir si asiste o se reserva para cuando se realice la "cumbre" que él planteó. Ebrard sabe que al compartir escenario con el panista al que no reconoce legitimidad como presidente de la República quedará como un político sin palabra (pues nadie le obligó a comprometerse a no hacer tratos públicos con Calderón) y que será breve el periodo de elogios envenenados en los mismos medios que otras veces le atacan por el mismo sistema de consignas.
Pero finalmente el indeciso ha optado por la salida de mejor rentabilidad inmediata. Irá a la sesión del Consejo de Seguridad Pública porque de esa manera ganará imagen de civilizado, dialogador e independiente de pejismo alguno. El secretario federal de seguridad pública le convenció de las bondades de la reunión a la que él, Ebrard, será llevado como pieza exótica de cacería en función de circo de morbo. La sesión de El hijo pródigo ganará espacios y comentarios. La marcha ciudadana que busca iluminar México ha ganado un devoto en busca de luz. Y la suma de factores de distracción u obstrucción tratará de consolidar un clima adverso a las movilizaciones contra la privatización del petróleo. "Eso ya no es tema. Está rebasado. Son obsesiones de unos cuantos fanáticos", dirán los voceros con lucro. Porque lo importante es la seguridad pública, los rituales del poder, las fotografías panorámicas de los reconciliados a distancia. Lo demás (el petróleo y los negocios privatizados) ha de ser lo de menos.
Los partidos políticos siguen, en tanto, sus rutinas olímpicas. Los perredistas naufragan, unos por creer que asidos al control del membrete tendrán autoridad y fuerza; otros, por aferrarse a la estructura que les ha sido expropiada e incluso por llegar a la desesperación de proponer que un Chucho (Lazarucho) de apellido Cárdenas pudiese ser una solución aceptable. Convergencia y el Partido del Trabajo, sobre todo éste, esperan el desenlace del pleito que dejará a unos lo negro y a otros lo amarillo. En el PRI, los poderes reales (Beltrones y Gamboa) le ceden tribuna y reflectores a la presidenta formal, Beatriz Paredes, que tendrá sus momentos de gloria convenida en la asamblea nacional del partido tricolor que se realizará en Aguascalientes. Y en el PAN se consuma la renuncia prevista de Javier Corral al comité nacional, en tardía protesta por los motivos televisivos que llevaron a Germán Martínez a quitar a Santiago Creel de la coordinación de los senadores panistas.
Astillas
El segmento conservador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretende echar abajo las leyes capitalinas que dejaron sin penalidad la interrupción del embarazo en ciertas condiciones. No es un detalle aislado, sino parte del gran mural de intolerancia y regresión que manos enfebrecidas pintan por todo el país (guanajuatizar es la consigna)… Pues sí, Mouriño y Javier Lozano defienden al sindicato petrolero de la misma manera que combaten al minero. Cuestión de negocios (políticos)… Y, mientras la señora Marta es premiada en Baja California por su estilo para pisar uvas destinadas a convertirse en vino (de verdad: ¡qué país!), ¡hasta mañana, en esta columna sin cementos por expropiar!
Miguel Ángel Rivera : Clase Política
Enrique Galván Ochoa : Dinero
Carlos Fernández-Vega : México SA
Cristina Barros y Marco Buenrostro : Itacate
Opinión
José Blanco : Gordillo
La maestra Gordillo es un producto más del corrupto sistema corporativo de partido cuasi único que nos gobernara por décadas. Lo mismo puede decirse de sus antecesores, o de Deschamps y sus antecesores, y así ad nauseam.
Pero no porque ello sea sociológicamente cierto esa política mexicana está exenta de responsabilidades de lo que ocurre en la formación básica de sucesivas generaciones de niños mexicanos. Nada la exime de sus atroces declaraciones y menos de sus actos. Sume a los daños cometidos los millones de pesos que han ido a parar a sus bolsillos y los de su cofrades, a la vista de quien quiera ver su estilo de vida.
Hace poco estuvo en la firma con otro distinguidísimo personaje: el góber precioso, de la Alianza por la Calidad de la Educación; aunque resulte impensable, fue un hecho que estos dos incultivables cerebros hablaron de calidad educativa.
La inefable maestra advirtió sobre "el desempleo de maestros ante la falta de vacantes proporcionadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los estados". Dijo Gordillo "que en todo el país hay 25 mil egresados normalistas que demandan un lugar, la SEP sólo puede ofrecer 6 mil vacantes. Muchos dicen qué vamos a hacer con los exámenes de oposición para las plazas, yo me preocupo seriamente, 25 mil demandantes a plazas y tenemos apenas 6 mil plazas, pregunto, producto de qué es esto, ¿es responsabilidad del SNTE?"
Era un momento previo a la presentación por parte de 87 mil profesores del primer examen de oposición, que rápidamente empezó a enseñar la punta del iceberg del yermo político que son las escuelas normales que por décadas ha administrado el SNTE: dos de cada tres profesores reprobaron el examen. Resultado obligado de la formación que reciben en las normales. Tenemos, con ese examen, por primera vez un diagnóstico muy inicial sobre la preparación que poseen los mentores que aspiran a incorporarse al sistema educativo.
Podemos suponer que tendremos ahora al menos 6 mil 275 profesores con los conocimientos mínimos para responsabilizarse de los niños que inician su camino escolar. Se han anunciado programas para los profesores en funciones, pero la prueba Pisa nos ha hablado claro de cuál es el lamentable estado en que se encuentran los egresados de la escuela de formación básica.
México no puede soltar ya la hebra que acaba de tomar por la punta. Es inmensa la madeja que de ahí derivará y existe un campo inacabable para la formulación de políticas educativas que vayan abarcando todos los niveles.
Del mismo modo que estos primeros 6 mil 275 serán certificados por una evaluación, pronto se impondrá revisar los términos y contenidos de esa evaluación.
De otra parte, en algún momento del próximo futuro tendrán que ser certificados adecuadamente todos los profesores en funciones. La maestra ya se refirió a la alta demanda de aspirantes a mentores de la escuela básica. Pero no le pasa por las mientes la indispensable planeación de la oferta de profesores para ese nivel educativo, a la luz de la gradual inversión de la pirámide poblacional.
Por otro lado, hay mucho trabajo por delante para definir con claridad y certidumbre el paradigma educativo que regirá a la formación elemental. No puede tratarse de la mera repetición de nuestros métodos del pasado, ahora con profesores certificados. Los niños deben ganar en autonomía con la mayor velocidad posible. No podemos seguir siendo una sociedad que debe ser llevada de la manita, no nos vayamos a perder. Los niños tienen que ganar el mayor número de habilidades y destrezas con rapidez. Justamente su edad se los permite.
Y si eso es así, es preciso evaluar los programas con los que están formándose y con los que se formarán los profesores del futuro.
Un número significativo de las escuelas normales no ha sido en el pasado un espacio de formación de docentes, sino una escuela de política rastacuera controlada por el SNTE. "Estudian" ahí para pasar a ser "bases" de la maestra, para convertirse en presidentes municipales, acaso un día diputados locales, en dirigentes sindicales comisionados (los hay por miles), en funcionarios de la SEP y de las secretarías de educación de los gobiernos estatales. Conforman una red de poder tan invisible como efectiva. La venta y la herencia de plazas han sido una constante durante décadas y la corrupción con las cuotas de los propios profesores es un secreto a voces; hablamos, no lo olvidemos, del sindicato más grande de América Latina. Este monstruo debe morir, si queremos tener escuelas normales para la formación de docentes, si queremos reformas educativas en esas instituciones, que después reviertan los nuevos métodos educativos hacia las aulas de las escuelas de formación básica.
Si ello no ocurre, será imposible tener un día una buena escuela secundaria, un bachillerato digno de su nombre y una educación superior para una nación que se desarrolla. Una buena escuela se forma, según dijo convincentemente Pero Grullo, de buenos maestros y de buenos estudiantes. Y, todo, todo, empieza en las escuelas normales, y en las escuelas de formación básica, con profesores evaluados y certificados, y con paradigmas educativos a la altura de la sociedad del conocimiento y la información. Y nada, nada, de todo ello será posible con esa malformación social purulenta llamada SNTE.
Marco Rascón : Mordiendo la bala
Sergio Ramírez : Volcanes encendidos
Luis Hernández Navarro : Orlando Fals Borda
Pedro Miguel : Miramar responde
Javier Flores : Aborto: decisión en puerta
No sorprende el proyecto presentado por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano en el que declara fundados los recursos de inconstitucionalidad mediante los cuales se trata de revertir la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Si bien ha causado gran indignación en amplio sector de la sociedad –pues para las mujeres que deciden la interrupción de un embarazo no deseado se plantea la disyuntiva entre la cárcel o la posibilidad de la muerte–, se trata de algo esperado. Pero la discusión seria y decisiva en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apenas está por comenzar, y este documento de 610 páginas es tan sólo un punto de partida. Sin embargo, el texto es interesante porque hace visible, por medio de una particular interpretación de la Constitución y otros ordenamientos legales, la postura de un sector de la sociedad ante el tema del aborto.
El proyecto de Aguirre Anguiano tiene una característica importante que también se esperaba: en sus argumentos no hay ninguna alusión directa a conceptos de tipo religioso. Aparece entonces como un alegato neutro, centrado en aspectos que pretenden exhalar pulcritud jurídica, para eludir cualquier confrontación con la naturaleza laica del Estado mexicano. Esfuerzo vano, pues a nadie escapa que en el origen de los recursos de inconstitucionalidad que guiaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Procuraduría General de la República (PGR) hay un elemento ideológico, o más precisamente, religioso. Si no, ¿cómo explicar la identidad del argumento central en estos recursos y del proyecto mismo, con los preceptos de un poder extranjero, el Vaticano, sobre la defensa de la vida desde la concepción? No es difícil ver la mano que mece la cuna.
En un proceso que lleva más de un año se logró evitar –al menos parcialmente– que entre los protagonistas de los debates aparecieran los representantes de la jerarquía católica; en su lugar se colocó al frente a científicos conservadores y a profesoras de embriología para "demostrar científicamente" que el ser humano y la persona humana son lo mismo que el cigoto. Pero ahora este escenario se hace a un lado y se cede el lugar a los argumentos constitucionales, en los que, al parecer y como veremos, hay también lugar para el malabarismo.
Precisamente un punto importante en el proyecto del ministro Aguirre Anguiano consiste en esa sustitución. Se hacen a un lado los aspectos éticos, morales, filosóficos, científicos y legales sobre el momento a partir del cual comienza la vida humana y en el que ésta debe protegerse en virtud de que, a su juicio, en estos campos existen posturas encontradas, por lo que plantea que, dada esta diversidad, la decisión de la SCJN debe atenerse solamente a lo que establece la Constitución.
De este modo la prueba pericial realizada el 16 de agosto de 2007 –llena de irregularidades y trampas en su elaboración y desarrollo, de las que me ocuparé en su momento–, a la que fueron convocados Jesús Kumate, María Cristina Márquez Orozco, Fabio Salamanca, Rubén Lisker y Ricardo Tapia, en la que los tres primeros identificaron al cigoto con una persona y los dos últimos no, sólo sirvió para construir el argumento de que los científicos ni siquiera han logrado ponerse de acuerdo sobre este tema. De este modo lo que prevalece es una interpretación particular de la Carta Magna. Al no abundar en el texto constitucional los puntos que permitieran una solución directa al tema del aborto (en particular el momento del desarrollo en el que la vida humana debe protegerse), se recurre a leyes secundarias o tesis en las que en el pasado la Iglesia católica ha dejado impresa su huella, pues incluyen la noción de que la vida se inicia con la concepción. Pero no se explica en ninguna parte del documento cómo se da el salto para identificar la concepción (idea metafísica) con la fecundación (concepto biológico) para concluir que la Constitución defiende la vida en todas las etapas del desarrollo humano.
Hay otros mensajes en el proyecto aludido, como que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sí tiene competencia para modificar el Código Penal y la ley de salud locales, pero, al proponer declarar inconstitucionales algunas de sus partes –como la definición de aborto, en la que se elimina el periodo de las 12 semanas de gestación y lo amplía hasta la "concepción"; y la de embarazo, cuyo inicio se define a partir del mismo concepto religioso–, Aguirre los transforma en ordenamientos inaceptables, pues condenan a las mujeres con un embarazo no deseado a ser simples incubadoras al margen de sus propias decisiones; o, en el otro extremo, a la cárcel o la muerte.
Pero el debate en la SCJN, que será histórico, apenas está por comenzar. Para declarar la inconstitucionalidad, siete ministros tendrían que respaldar la visión de Aguirre y del sector social del que este ministro se ha convertido en vocero. Lo que está por definirse es si nuestro país entra en una ruta de desarrollo marcada por el respeto pleno a los derechos de las mujeres, o si simplemente nos alineamos, de manera dócil, a la corriente mundial neoscurantista.
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A pesar de que el tema del derecho a la vida se ha centrado mediáticamente en el debate sobre el aborto, cuya discusión pública iniciarán los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el lunes próximo, la decisión del asunto girará básicamente sobre dos puntos que se han abordado poco: ¿el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación puede ser excluyente del delito? Y ¿los diputados capitalinos están facultados para legislar sobre la interrupción del embarazo?
Fuentes judiciales precisaron lo anterior y agregaron que uno de los problemas principales del proyecto elaborado por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano es que tiene "demasiada información" sobre aspectos filosóficos, sociológicos y morales, pero pocos elementos que fundamenten por qué considera que el delito del aborto es de índole federal y, por ende, debe permanecer la pena de tres a seis meses de prisión y con 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad a la mujer que aborte por propia voluntad.
En este contexto, los funcionarios consultados precisaron que las acciones de inconstitucionalidad que presentaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) se fundamentan en que buscan defender "el derecho a la vida desde la concepción", argumento que fue retomado por diversas organizaciones, políticos y grupos que se oponen a la interrupción legal del embarazo (ILE).
Sin embargo, "el derecho a la vida no está en juego" porque está consagrado en la Constitución, como tampoco está a discusión si el producto de la concepción tiene derecho a la vida, subrayaron.
De lo que se trata en este asunto es simplemente determinar si la reforma al Código Penal y a la Ley de Salud capitalinos se ajusta o no a lo establecido en la Carta Magna.
Es decir, explicaron, si puede considerarse que la despenalización hasta las 12 semanas de gestación puede ser considerada una "excluyente de delito válida", como es el caso de la interrupción legal del embarazo en caso de violación o malformación genética, el derecho penal precisa que el aborto es un delito y seguirá siéndolo.
Lo que sí deberá ser motivo de análisis de los ministros es determinar si una mujer por su voluntad puede abortar antes de las 12 semanas de gestación, es decir, si puede ejercer libremente el derecho a decidir sobre su cuerpo bajo estas condiciones.
Por otro parte, comentaron que el proyecto de Aguirre Anguiano, que ya se encuentra en la página de Internet de la Corte, se limitó a proponer la inconstitucionalidad de la reforma capitalina con el argumento de que los integrantes de la Asamblea Legislativa no están facultados para legislar en materia de salud.
Sin embargo, se sabe que algunos de los ministros que avalan la validez de la norma consideran que el aborto es un delito del orden común –en ninguna ley dice que sea del orden federal– y, por tanto, los diputados locales sí pueden legislar en la materia.
Este argumento, de proceder, daría lugar a que el pleno discuta el fondo del asunto y determine si la norma impugnada es constitucional o no. Según funcionarios consultados, José Ramón Cossío, Genaro Góngora, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero le han confiado a sus más cercanos colaboradores que avalan la reforma, y con sus votos sería suficiente para que la ley impugnada siga vigente, porque se requiere de que ocho de 11 ministros voten por la invalidez para que la ley sea derogada.
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Toda persona tiene legítimo derecho de buscar resarcir su imagen, limpiar su honor o defender su buen nombre cuando sienta y pruebe que una información le agravia. La justicia debe ser expedita siempre y, en un supuesto como el anterior, rigurosamente cumplida.
Pero nadie que reclame para sí una intachable reputación tiene derecho a aprovecharse de los vacíos legales y las contradicciones legislativas para convertir un proceso judicial en un simple acto de molestia, de acoso, o lo que es peor, de intimidación a la libertad de expresión; mucho menos, fincarse en la dilación y en la negligencia de los juzgadores para vencer por la vía de la “fatiga procesal”. Cuando los jueces dejan correr del tiempo puede volverse simplemente irreparable el daño, en caso de que existiere, y ese mismo transcurrir puede constituirse en una de las formas más deplorables de inhibir el derecho a la libertad de información.
Por eso es tan reprochable la conducta observada por el juez 39 de lo civil para el DF, Miguel Ángel Robles Villegas, que se ha tomado ¡cuatro años! en el desahogo de la demanda que por daño moral interpuso el diputado federal del PRI, Gerardo Sosa Castelán, en contra de los que participaron en la elaboración, diseño, edición e impresión del libro La Sosa nostra: gobierno y porrismo coludidos en Hidalgo, que documenta los manejos del legislador cuando éste era rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Entre los demandados, además del autor de la obra, Alfredo Rivera Flores, está el fotógrafo Héctor Rubio Traspeña, y quien la prologó, Miguel Ángel Granados Chapa, el periodista más completo ética y profesionalmente del país.
Sin emitir sentencia alguna, el juez ha mantenido en primera instancia el juicio desde agosto de 2004 hasta la fecha, y de esta manera ya ha convertido el proceso en un auténtico castigo para los demandados. No sólo por la lentitud con que obra, sino por algunas medidas absurdas en la instrucción del juicio: se llevó más de dos años emplazar a los demandados, se han desechado sin razón pruebas fundamentales para la defensa y se han aceptado pruebas inadecuadas de la parte actora como periciales en sicología a cargo de los demandados, que no tienen ninguna relevancia en juicios de esta naturaleza. También se ha recurrido a otros absurdos procesales como haber acusado a la abogada defensora de falsificar su propia firma.
Nadie niega que Sosa Castelán tenga en la ley acreditado el derecho a reclamar la reparación de un posible daño moral; por los elementos que conozco podría afirmar que no le asiste la razón, así ofrezca tres testigos de la altísima consideración que de sí mismo tiene. De lo que casi no tengo duda es de que más que una batalla judicial por defender su nombre, ha planteado un acoso en contra de comunicadores libres, y ha encontrado un juez a modo.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
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EXCÉLSIOR: PRI: VAMOS POR LA GENTE DE LA CALLE El Partido Revolucionario Institucional no optará en su viraje ideológico hacia la izquierda radical, pues "no nos interesa ganar la calle; nos interesa ayudar a los que viven en la calle", afirmó Miguel Alemán Velasco, coordinador general de la Comisión Nacional Organizadora de la XX Asamblea Nacional priista. VER NOTA COMPLETA
MILENIO: ASUME CALDERÓN LAS 5 DEMANDAS DE MÉXICO El gobierno federal asumirá la propuesta de cinco puntos para combatir a las bandas criminales que planteó la organización México Unido contra la Delincuencia, en la que se propone un trato "especializado" para enfrentar el secuestro. VER NOTA COMPLETA
LA JORNADA: OCUPÓ LA GUARDIA NACIONAL DE VENEZUELA UNA FILIAL DE CEMEX La Guardia Nacional (GN) de Venezuela tomó el control de la planta de la trasnacional Cemex en el noroccidental estado Zulia, en el comienzo del proceso de expropiación de la filial de la empresa mexicana. Elementos de la GN entraron a las instalaciones de la planta en la ciudad de Maracaibo, en compañía de cuatro jueces para asumir su control. VER NOTA COMPLETA
LA CRÓNICA: PIDEN A FHC "REVISAR RÉGIMEN DE LIBERTADES" El gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, propuso al presidente Felipe Calderón revisar el régimen de libertades individuales y garantías ciudadanas para –-según dijo— revertir la escalada de violencia, recuperar la paz y el imperio de la ley. VER NOTA COMPLETA
NOROESTE DE SINALOA: REGRESAN A AULAS DE CARTÓN La emoción de muchos niños por el regreso a clases, se vio eclipsada al ver sus escuelas con aulas llenas de lodo, con pupitres insuficientes, con techos llenos de hoyos por los que la lluvia mañanera se coló, porque las bardas perimetrales estaban a medias. VER NOTA COMPLETA
REFORMA ENERGÉTICA PROPUESTA DEL PRD SERÁ LA QUE PRESENTE EL FAP: GONZÁLEZ GARZA
Editorial
Romero Deschamps: poder y encubrimiento
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, afirmó ayer que la toma de nota del líder del Sindicato de Trabajadores Peroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, es "totalmente legal" y que por tanto no hay motivo alguno para que sea removido del cargo. Al mismo tiempo, el funcionario calificó de "chantajes" los reclamos de los sectores que se oponen a la ratificación de Romero Deschamps al frente del gremio, y que tomaron, en protesta, la sede del STPRM en la ciudad de México el viernes pasado.
Las declaraciones del titular de la STPS son más que desafortunadas, porque dejan entrever la postura sesgada del gobierno federal en un conflicto creciente en el seno del sindicato petrolero, ante el que lo más deseable sería una actitud imparcial y conciliadora. Los asertos constituyen, además, una muestra contundente del enorme peso político que Romero Deschamps –cabeza de una dirigencia antidemocrática, charra y corrupta– tiene para la presente administración, como parte de la herencia del corporativismo sindical que se consolidó en tiempos del priísmo, en calidad de instrumento político clave de la estructura autoritaria del llamado superpresidencialismo mexicano.
Por añadidura, el apoyo del oficialismo al dirigente petrolero se explica en términos de la coyuntura política: el líder pudiera fungir como elemento clave en el proceso de reforma energética emprendido por el jefe del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa. Ante el creciente rechazo social que ha despertado el cariz privatizador y antinacional de la iniciativa presidencial –cuya inviabilidad legal, política y económica fue puesta en evidencia durante los foros de discusión que se llevaron a cabo en el Senado de la República–, resulta lógico suponer que para el actual gobierno es crucial contar con Romero Deschamps de su lado.
En esta misma lógica se inserta lo expresado ayer también por el titular de la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Al ser interrogado sobre la necesidad de reformar las relaciones con el sindicato petrolero, en el contexto de la reforma a Pemex, el responsable de la política interna afirmó que ésa " es una discusión distinta y por ello (...) debe tratarse en un plano o en un momento distinto", como si el rosario de vicios que corroe la estructura administrativa de la paraestatal no formara parte de los problemas actuales que ésta debe resolver con urgencia.
Las posturas de Lozano y Mouriño dan cuenta del amplio respaldo que el gobierno federal ha decidido otorgarle a Romero Deschamps, no obstante que ello implique que la administración calderonista, ante el conjunto de la opinión pública, sea vista como garante de impunidad y encubridora de las consabidas corruptelas del máximo líder del STPRM. Por lo demás, los elementos mencionados ponen en perspectiva, una vez más, el empleo de los instrumentos legales y de meros trámites administrativos –como las tomas de nota–, como herramientas para, según sea el caso, favorecer o golpear políticamente: en relación con lo segundo, baste mencionar la campaña de desconocimiento y persecución que la administración de Vicente Fox emprendió –a la que el calderonismo ha dado continuidad– contra el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, dirigente con añejas acusaciones por presunto desvío de fondos a las que, sin embargo, las autoridades no prestaron atención hasta que éste asumió una postura crítica hacia el gobierno foxista por la tragedia de Pasta de Conchos.
En suma, el apoyo gubernamental irrestricto del que, por lo que puede verse, goza Romero Deschamps, en buena medida explica la indiferencia del dirigente petrolero hacia el cúmulo de críticas, acusaciones y reclamos de que es objeto dentro y fuera de su gremio. Adicionalmente, esta situación revela el mantenimiento, al amparo del poder público, de estructuras sindicales añejas, descompuestas y nocivas, carentes de altura moral para representar a los trabajadores, que constituyen, en cambio, un lastre para éstos y la nación en su conjunto.
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En la ceremonia de apertura del ciclo escolar 2008-2009, el jefe del Ejecutivo federal se congratuló porque en primaria, en la asignatura de español, el número de alumnos con buen desempeño o excelente pasó de 24.6 a 30.5 por ciento; en matemáticas "subimos bastante" y en ciencias naturales las cifras fueron "de panzazo". En el caso de secundaria "tenemos que apretarle", dijo. En el acto, en el que estuvieron presentes Elba Esther Gordillo y Josefina Vázquez Mota, Felipe Calderón mordió un pastel por su cumpleaños Foto Cristina Rodríguez
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Columnas
Julio Hernández López : Astillero
El día del cumpleaños de su jefe complaciente, el secretario afanoso tuvo a bien pronunciar una frase de oro (o de petróleo, para no desentonar con los privilegiados contratos familiares): en materia de seguridad pública no se debe lucrar políticamente. Lo dijo el oneroso titular de Gobernación mientras en Los Pinos el festejado ocupante de ese solar recibía al padre de un adolescente asesinado, cuyo caso ha sido utilizado con intensidad para crear un ambiente social de indignación por asuntos criminales que desplace o atenúe el tema central de la defensa del petróleo como bien público. Retórica sin sustento mientras continúa el montaje de la obra de ilusionismo denominada Consejo Nacional de Seguridad Pública (que de nada servirá, como de nada sirvieron las anteriores) y mientras se avivan las veladoras de Iluminemos México con que se pretende contrastar una movilización nocturna en demanda de verdadera seguridad pública, con las concentraciones dominicales que significarán el inicio de la segunda fase de la resistencia civil contra la maquillada privatización petrolera.
El país arde y decenas de mexicanos mueren diariamente, pero la politización del caso Martí sólo tiene ojos para ese expediente. En Creel han muerto jóvenes estudiantes y un pequeño, pero sus infortunios no son difundidos estremecedoramente por las televisoras nacionales ni hay indignación de voceros de organizaciones utilizables para centrar el enojo social en objetivos específicos. El tema políticamente lucrativo es el del secuestro en el Distrito Federal, no el del resto del país y sus miles de muertes por una discutible guerra contra el narcotráfico, que, según señaló ayer el gobernador priísta de Chihuahua, no ha sido lo eficaz que se había anunciado, a pesar del uso del Ejército y con un saldo oscuro de violaciones a los derechos humanos. El punto es empujar al indeciso Marcelo a la encrucijada que le lleve finalmente a sentarse a la mesa con quien tachaba de ilegítimo (en sus términos, con su agenda, en su Palacio) o atenerse al linchamiento mediático que pretenderá culparle de que no funcionen bien los planes que de cualquier manera no funcionarán porque, en realidad, esas reuniones de fantasmas gobernantes sólo han producido discursos y promesas, intocadas como siguen las causas verdaderas del desbordamiento de la delincuencia.
La campaña de manipulación y engaño es tan fuerte que el jefe del Gobierno capitalino zigzaguea, deseoso de recibir las menores pérdidas políticas que le sea posible. Primero se declaró ampliamente convencido de que debe estar en toda reunión sobre el tema de seguridad pública donde se atendieran las exigencias ciudadanas recientes. Luego reconsideró sus palabras iniciales y dijo que analizará la agenda del día de la fotografía panorámica con Calderón para decidir si asiste o se reserva para cuando se realice la "cumbre" que él planteó. Ebrard sabe que al compartir escenario con el panista al que no reconoce legitimidad como presidente de la República quedará como un político sin palabra (pues nadie le obligó a comprometerse a no hacer tratos públicos con Calderón) y que será breve el periodo de elogios envenenados en los mismos medios que otras veces le atacan por el mismo sistema de consignas.
Pero finalmente el indeciso ha optado por la salida de mejor rentabilidad inmediata. Irá a la sesión del Consejo de Seguridad Pública porque de esa manera ganará imagen de civilizado, dialogador e independiente de pejismo alguno. El secretario federal de seguridad pública le convenció de las bondades de la reunión a la que él, Ebrard, será llevado como pieza exótica de cacería en función de circo de morbo. La sesión de El hijo pródigo ganará espacios y comentarios. La marcha ciudadana que busca iluminar México ha ganado un devoto en busca de luz. Y la suma de factores de distracción u obstrucción tratará de consolidar un clima adverso a las movilizaciones contra la privatización del petróleo. "Eso ya no es tema. Está rebasado. Son obsesiones de unos cuantos fanáticos", dirán los voceros con lucro. Porque lo importante es la seguridad pública, los rituales del poder, las fotografías panorámicas de los reconciliados a distancia. Lo demás (el petróleo y los negocios privatizados) ha de ser lo de menos.
Los partidos políticos siguen, en tanto, sus rutinas olímpicas. Los perredistas naufragan, unos por creer que asidos al control del membrete tendrán autoridad y fuerza; otros, por aferrarse a la estructura que les ha sido expropiada e incluso por llegar a la desesperación de proponer que un Chucho (Lazarucho) de apellido Cárdenas pudiese ser una solución aceptable. Convergencia y el Partido del Trabajo, sobre todo éste, esperan el desenlace del pleito que dejará a unos lo negro y a otros lo amarillo. En el PRI, los poderes reales (Beltrones y Gamboa) le ceden tribuna y reflectores a la presidenta formal, Beatriz Paredes, que tendrá sus momentos de gloria convenida en la asamblea nacional del partido tricolor que se realizará en Aguascalientes. Y en el PAN se consuma la renuncia prevista de Javier Corral al comité nacional, en tardía protesta por los motivos televisivos que llevaron a Germán Martínez a quitar a Santiago Creel de la coordinación de los senadores panistas.
Astillas
El segmento conservador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretende echar abajo las leyes capitalinas que dejaron sin penalidad la interrupción del embarazo en ciertas condiciones. No es un detalle aislado, sino parte del gran mural de intolerancia y regresión que manos enfebrecidas pintan por todo el país (guanajuatizar es la consigna)… Pues sí, Mouriño y Javier Lozano defienden al sindicato petrolero de la misma manera que combaten al minero. Cuestión de negocios (políticos)… Y, mientras la señora Marta es premiada en Baja California por su estilo para pisar uvas destinadas a convertirse en vino (de verdad: ¡qué país!), ¡hasta mañana, en esta columna sin cementos por expropiar!
Miguel Ángel Rivera : Clase Política
Enrique Galván Ochoa : Dinero
Carlos Fernández-Vega : México SA
Cristina Barros y Marco Buenrostro : Itacate
Opinión
José Blanco : Gordillo
La maestra Gordillo es un producto más del corrupto sistema corporativo de partido cuasi único que nos gobernara por décadas. Lo mismo puede decirse de sus antecesores, o de Deschamps y sus antecesores, y así ad nauseam.
Pero no porque ello sea sociológicamente cierto esa política mexicana está exenta de responsabilidades de lo que ocurre en la formación básica de sucesivas generaciones de niños mexicanos. Nada la exime de sus atroces declaraciones y menos de sus actos. Sume a los daños cometidos los millones de pesos que han ido a parar a sus bolsillos y los de su cofrades, a la vista de quien quiera ver su estilo de vida.
Hace poco estuvo en la firma con otro distinguidísimo personaje: el góber precioso, de la Alianza por la Calidad de la Educación; aunque resulte impensable, fue un hecho que estos dos incultivables cerebros hablaron de calidad educativa.
La inefable maestra advirtió sobre "el desempleo de maestros ante la falta de vacantes proporcionadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los estados". Dijo Gordillo "que en todo el país hay 25 mil egresados normalistas que demandan un lugar, la SEP sólo puede ofrecer 6 mil vacantes. Muchos dicen qué vamos a hacer con los exámenes de oposición para las plazas, yo me preocupo seriamente, 25 mil demandantes a plazas y tenemos apenas 6 mil plazas, pregunto, producto de qué es esto, ¿es responsabilidad del SNTE?"
Era un momento previo a la presentación por parte de 87 mil profesores del primer examen de oposición, que rápidamente empezó a enseñar la punta del iceberg del yermo político que son las escuelas normales que por décadas ha administrado el SNTE: dos de cada tres profesores reprobaron el examen. Resultado obligado de la formación que reciben en las normales. Tenemos, con ese examen, por primera vez un diagnóstico muy inicial sobre la preparación que poseen los mentores que aspiran a incorporarse al sistema educativo.
Podemos suponer que tendremos ahora al menos 6 mil 275 profesores con los conocimientos mínimos para responsabilizarse de los niños que inician su camino escolar. Se han anunciado programas para los profesores en funciones, pero la prueba Pisa nos ha hablado claro de cuál es el lamentable estado en que se encuentran los egresados de la escuela de formación básica.
México no puede soltar ya la hebra que acaba de tomar por la punta. Es inmensa la madeja que de ahí derivará y existe un campo inacabable para la formulación de políticas educativas que vayan abarcando todos los niveles.
Del mismo modo que estos primeros 6 mil 275 serán certificados por una evaluación, pronto se impondrá revisar los términos y contenidos de esa evaluación.
De otra parte, en algún momento del próximo futuro tendrán que ser certificados adecuadamente todos los profesores en funciones. La maestra ya se refirió a la alta demanda de aspirantes a mentores de la escuela básica. Pero no le pasa por las mientes la indispensable planeación de la oferta de profesores para ese nivel educativo, a la luz de la gradual inversión de la pirámide poblacional.
Por otro lado, hay mucho trabajo por delante para definir con claridad y certidumbre el paradigma educativo que regirá a la formación elemental. No puede tratarse de la mera repetición de nuestros métodos del pasado, ahora con profesores certificados. Los niños deben ganar en autonomía con la mayor velocidad posible. No podemos seguir siendo una sociedad que debe ser llevada de la manita, no nos vayamos a perder. Los niños tienen que ganar el mayor número de habilidades y destrezas con rapidez. Justamente su edad se los permite.
Y si eso es así, es preciso evaluar los programas con los que están formándose y con los que se formarán los profesores del futuro.
Un número significativo de las escuelas normales no ha sido en el pasado un espacio de formación de docentes, sino una escuela de política rastacuera controlada por el SNTE. "Estudian" ahí para pasar a ser "bases" de la maestra, para convertirse en presidentes municipales, acaso un día diputados locales, en dirigentes sindicales comisionados (los hay por miles), en funcionarios de la SEP y de las secretarías de educación de los gobiernos estatales. Conforman una red de poder tan invisible como efectiva. La venta y la herencia de plazas han sido una constante durante décadas y la corrupción con las cuotas de los propios profesores es un secreto a voces; hablamos, no lo olvidemos, del sindicato más grande de América Latina. Este monstruo debe morir, si queremos tener escuelas normales para la formación de docentes, si queremos reformas educativas en esas instituciones, que después reviertan los nuevos métodos educativos hacia las aulas de las escuelas de formación básica.
Si ello no ocurre, será imposible tener un día una buena escuela secundaria, un bachillerato digno de su nombre y una educación superior para una nación que se desarrolla. Una buena escuela se forma, según dijo convincentemente Pero Grullo, de buenos maestros y de buenos estudiantes. Y, todo, todo, empieza en las escuelas normales, y en las escuelas de formación básica, con profesores evaluados y certificados, y con paradigmas educativos a la altura de la sociedad del conocimiento y la información. Y nada, nada, de todo ello será posible con esa malformación social purulenta llamada SNTE.
Marco Rascón : Mordiendo la bala
Sergio Ramírez : Volcanes encendidos
Luis Hernández Navarro : Orlando Fals Borda
Pedro Miguel : Miramar responde
Javier Flores : Aborto: decisión en puerta
No sorprende el proyecto presentado por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano en el que declara fundados los recursos de inconstitucionalidad mediante los cuales se trata de revertir la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Si bien ha causado gran indignación en amplio sector de la sociedad –pues para las mujeres que deciden la interrupción de un embarazo no deseado se plantea la disyuntiva entre la cárcel o la posibilidad de la muerte–, se trata de algo esperado. Pero la discusión seria y decisiva en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apenas está por comenzar, y este documento de 610 páginas es tan sólo un punto de partida. Sin embargo, el texto es interesante porque hace visible, por medio de una particular interpretación de la Constitución y otros ordenamientos legales, la postura de un sector de la sociedad ante el tema del aborto.
El proyecto de Aguirre Anguiano tiene una característica importante que también se esperaba: en sus argumentos no hay ninguna alusión directa a conceptos de tipo religioso. Aparece entonces como un alegato neutro, centrado en aspectos que pretenden exhalar pulcritud jurídica, para eludir cualquier confrontación con la naturaleza laica del Estado mexicano. Esfuerzo vano, pues a nadie escapa que en el origen de los recursos de inconstitucionalidad que guiaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Procuraduría General de la República (PGR) hay un elemento ideológico, o más precisamente, religioso. Si no, ¿cómo explicar la identidad del argumento central en estos recursos y del proyecto mismo, con los preceptos de un poder extranjero, el Vaticano, sobre la defensa de la vida desde la concepción? No es difícil ver la mano que mece la cuna.
En un proceso que lleva más de un año se logró evitar –al menos parcialmente– que entre los protagonistas de los debates aparecieran los representantes de la jerarquía católica; en su lugar se colocó al frente a científicos conservadores y a profesoras de embriología para "demostrar científicamente" que el ser humano y la persona humana son lo mismo que el cigoto. Pero ahora este escenario se hace a un lado y se cede el lugar a los argumentos constitucionales, en los que, al parecer y como veremos, hay también lugar para el malabarismo.
Precisamente un punto importante en el proyecto del ministro Aguirre Anguiano consiste en esa sustitución. Se hacen a un lado los aspectos éticos, morales, filosóficos, científicos y legales sobre el momento a partir del cual comienza la vida humana y en el que ésta debe protegerse en virtud de que, a su juicio, en estos campos existen posturas encontradas, por lo que plantea que, dada esta diversidad, la decisión de la SCJN debe atenerse solamente a lo que establece la Constitución.
De este modo la prueba pericial realizada el 16 de agosto de 2007 –llena de irregularidades y trampas en su elaboración y desarrollo, de las que me ocuparé en su momento–, a la que fueron convocados Jesús Kumate, María Cristina Márquez Orozco, Fabio Salamanca, Rubén Lisker y Ricardo Tapia, en la que los tres primeros identificaron al cigoto con una persona y los dos últimos no, sólo sirvió para construir el argumento de que los científicos ni siquiera han logrado ponerse de acuerdo sobre este tema. De este modo lo que prevalece es una interpretación particular de la Carta Magna. Al no abundar en el texto constitucional los puntos que permitieran una solución directa al tema del aborto (en particular el momento del desarrollo en el que la vida humana debe protegerse), se recurre a leyes secundarias o tesis en las que en el pasado la Iglesia católica ha dejado impresa su huella, pues incluyen la noción de que la vida se inicia con la concepción. Pero no se explica en ninguna parte del documento cómo se da el salto para identificar la concepción (idea metafísica) con la fecundación (concepto biológico) para concluir que la Constitución defiende la vida en todas las etapas del desarrollo humano.
Hay otros mensajes en el proyecto aludido, como que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sí tiene competencia para modificar el Código Penal y la ley de salud locales, pero, al proponer declarar inconstitucionales algunas de sus partes –como la definición de aborto, en la que se elimina el periodo de las 12 semanas de gestación y lo amplía hasta la "concepción"; y la de embarazo, cuyo inicio se define a partir del mismo concepto religioso–, Aguirre los transforma en ordenamientos inaceptables, pues condenan a las mujeres con un embarazo no deseado a ser simples incubadoras al margen de sus propias decisiones; o, en el otro extremo, a la cárcel o la muerte.
Pero el debate en la SCJN, que será histórico, apenas está por comenzar. Para declarar la inconstitucionalidad, siete ministros tendrían que respaldar la visión de Aguirre y del sector social del que este ministro se ha convertido en vocero. Lo que está por definirse es si nuestro país entra en una ruta de desarrollo marcada por el respeto pleno a los derechos de las mujeres, o si simplemente nos alineamos, de manera dócil, a la corriente mundial neoscurantista.
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A pesar de que el tema del derecho a la vida se ha centrado mediáticamente en el debate sobre el aborto, cuya discusión pública iniciarán los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el lunes próximo, la decisión del asunto girará básicamente sobre dos puntos que se han abordado poco: ¿el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación puede ser excluyente del delito? Y ¿los diputados capitalinos están facultados para legislar sobre la interrupción del embarazo?
Fuentes judiciales precisaron lo anterior y agregaron que uno de los problemas principales del proyecto elaborado por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano es que tiene "demasiada información" sobre aspectos filosóficos, sociológicos y morales, pero pocos elementos que fundamenten por qué considera que el delito del aborto es de índole federal y, por ende, debe permanecer la pena de tres a seis meses de prisión y con 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad a la mujer que aborte por propia voluntad.
En este contexto, los funcionarios consultados precisaron que las acciones de inconstitucionalidad que presentaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) se fundamentan en que buscan defender "el derecho a la vida desde la concepción", argumento que fue retomado por diversas organizaciones, políticos y grupos que se oponen a la interrupción legal del embarazo (ILE).
Sin embargo, "el derecho a la vida no está en juego" porque está consagrado en la Constitución, como tampoco está a discusión si el producto de la concepción tiene derecho a la vida, subrayaron.
De lo que se trata en este asunto es simplemente determinar si la reforma al Código Penal y a la Ley de Salud capitalinos se ajusta o no a lo establecido en la Carta Magna.
Es decir, explicaron, si puede considerarse que la despenalización hasta las 12 semanas de gestación puede ser considerada una "excluyente de delito válida", como es el caso de la interrupción legal del embarazo en caso de violación o malformación genética, el derecho penal precisa que el aborto es un delito y seguirá siéndolo.
Lo que sí deberá ser motivo de análisis de los ministros es determinar si una mujer por su voluntad puede abortar antes de las 12 semanas de gestación, es decir, si puede ejercer libremente el derecho a decidir sobre su cuerpo bajo estas condiciones.
Por otro parte, comentaron que el proyecto de Aguirre Anguiano, que ya se encuentra en la página de Internet de la Corte, se limitó a proponer la inconstitucionalidad de la reforma capitalina con el argumento de que los integrantes de la Asamblea Legislativa no están facultados para legislar en materia de salud.
Sin embargo, se sabe que algunos de los ministros que avalan la validez de la norma consideran que el aborto es un delito del orden común –en ninguna ley dice que sea del orden federal– y, por tanto, los diputados locales sí pueden legislar en la materia.
Este argumento, de proceder, daría lugar a que el pleno discuta el fondo del asunto y determine si la norma impugnada es constitucional o no. Según funcionarios consultados, José Ramón Cossío, Genaro Góngora, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero le han confiado a sus más cercanos colaboradores que avalan la reforma, y con sus votos sería suficiente para que la ley impugnada siga vigente, porque se requiere de que ocho de 11 ministros voten por la invalidez para que la ley sea derogada.
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Javier Corral JuradoAcoso a Granados Chapa19 de agosto de 2008
Toda persona tiene legítimo derecho de buscar resarcir su imagen, limpiar su honor o defender su buen nombre cuando sienta y pruebe que una información le agravia. La justicia debe ser expedita siempre y, en un supuesto como el anterior, rigurosamente cumplida.
Pero nadie que reclame para sí una intachable reputación tiene derecho a aprovecharse de los vacíos legales y las contradicciones legislativas para convertir un proceso judicial en un simple acto de molestia, de acoso, o lo que es peor, de intimidación a la libertad de expresión; mucho menos, fincarse en la dilación y en la negligencia de los juzgadores para vencer por la vía de la “fatiga procesal”. Cuando los jueces dejan correr del tiempo puede volverse simplemente irreparable el daño, en caso de que existiere, y ese mismo transcurrir puede constituirse en una de las formas más deplorables de inhibir el derecho a la libertad de información.
Por eso es tan reprochable la conducta observada por el juez 39 de lo civil para el DF, Miguel Ángel Robles Villegas, que se ha tomado ¡cuatro años! en el desahogo de la demanda que por daño moral interpuso el diputado federal del PRI, Gerardo Sosa Castelán, en contra de los que participaron en la elaboración, diseño, edición e impresión del libro La Sosa nostra: gobierno y porrismo coludidos en Hidalgo, que documenta los manejos del legislador cuando éste era rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Entre los demandados, además del autor de la obra, Alfredo Rivera Flores, está el fotógrafo Héctor Rubio Traspeña, y quien la prologó, Miguel Ángel Granados Chapa, el periodista más completo ética y profesionalmente del país.
Sin emitir sentencia alguna, el juez ha mantenido en primera instancia el juicio desde agosto de 2004 hasta la fecha, y de esta manera ya ha convertido el proceso en un auténtico castigo para los demandados. No sólo por la lentitud con que obra, sino por algunas medidas absurdas en la instrucción del juicio: se llevó más de dos años emplazar a los demandados, se han desechado sin razón pruebas fundamentales para la defensa y se han aceptado pruebas inadecuadas de la parte actora como periciales en sicología a cargo de los demandados, que no tienen ninguna relevancia en juicios de esta naturaleza. También se ha recurrido a otros absurdos procesales como haber acusado a la abogada defensora de falsificar su propia firma.
Nadie niega que Sosa Castelán tenga en la ley acreditado el derecho a reclamar la reparación de un posible daño moral; por los elementos que conozco podría afirmar que no le asiste la razón, así ofrezca tres testigos de la altísima consideración que de sí mismo tiene. De lo que casi no tengo duda es de que más que una batalla judicial por defender su nombre, ha planteado un acoso en contra de comunicadores libres, y ha encontrado un juez a modo.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
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