En Tela de Juicio

Pasta de Conchos: tres años exigiendo rescate

Por Manuel Fuentes Muñiz*

Han pasado tres años de aquella explosión en la mina 8 de Pasta Conchos en Sabinas, Coahuila, que cegó la vida de 65 mineros, y los reclamos de sus familiares para la entrega de sus restos se mantiene contra viento y marea. Han sido 1095 días de manifestaciones, reclamos ante diversas autoridades, denuncias penales, quejas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), amparos contra la Secretarías del Trabajo, Economía, Gobernación y ante la PGR; quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), denuncias internacionales, formación de comisiones por diputadas y diputados federales y locales y hasta puntos de acuerdo de la Cámara de Diputados suscritas por todas las corrientes políticas.

Las familias han acudido ante Contralores internos de diversas dependencias públicas, jueces de Distrito, magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito, Ministros de la Corte. Han tenido que recorrer varias veces, ida y vuelta, la carretera de Nueva Rosita Coahuila a la Ciudad de México en búsqueda de una respuesta positiva.Aunque han encontrado la cerrazón de la mayoría de los funcionarios visitados, han recibido en cambio la solidaridad de miles de ciudadanas y ciudadanos de todas las condiciones sociales, preferencias políticas y creencias religiosas o sin ellas; este apoyo ha logrado que las voces de las viudas, huérfanos, madres y padres, hermanas y hermanos y trabajadores de la región carbonífera hayan sido escuchadas, incluso más allá de nuestras fronteras.Las autoridades federales conjuntamente con la empresa Industrial Minera México (IMMSA) se han encargado de propalar por los cuatro vientos que el rescate es imposible, que de ninguna manera es conveniente acercarse a la mina por su peligrosidad.Sin embargo, estudios técnicos de especialistas en minería han demostrado ante esas autoridades federales que las condiciones que guarda la mina de Pasta de Conchos son reversibles.

Las mentiras de supuestos especialistas que han solapado las versiones de la empresa han quedado evidenciadas.Las autoridades han evadido dar respuesta a las familias negando reconocerles el derecho a reclamar. Se les ha reiterado que carecen de “interés jurídico” para solicitar el rescate de los restos de sus familiares muertos, para pedir se castigue a los responsables, para solicitar la cancelación de la concesión minera de IMMSA, hasta para solicitar copia de expedientes.

Para el sistema judicial los familiares de los mineros atrapados simplemente no existen. Se les trata como fantasmas en este orden legal inventado para simular justicia y propiciar impunidad.Hasta sus derechos más elementales, como otorgarles una pensión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se les ha regateado: los tratan como si les hicieran un favor. He presenciado la exigencia de funcionarios menores para que entreguen el “acta de defunción” de sus familiares mineros. Les dicen a las familias: “Se necesita que tu abogado esté presente”.

“Tienes que firmar un convenio pero no aquí en Nueva Rosita porque no hay funcionarios laborales federales. Tienes que acudir a Saltillo, Coahuila, para que validemos tu pago”.Algunas viudas han tenido que recorrer cerca de 300 kilómetros para llegar a la capital de Coahuila y se han encontrado con engaños de funcionarios del IMSS al mencionarles que tampoco es posible hacer el convenio en Saltillo. Muchas vueltas y retrasos de funcionarios a un derecho que es irrefutableLa Secretaría del Trabajo federal se ufanó al hacer creer a las viudas de los mineros que lograría se les pagaran las pensiones sobre la base de $300 diarios.

Se elaboraron boletines de prensa mencionando que a través de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) se lograría hacer justicia a las familias de Pasta de Conchos. Pero todo fue un engaño.Al final la base del pago quedó en 80 pesos diarios en promedio y de acuerdo con la ley del IMSS, con ese monto las viudas reciben o deben recibir 22 pesos con 40 centavos diarios. Ese es el tamaño del compromiso gubernamental para asegurar una manutención de miseria a las familias víctimas de la negligencia por parte de IMMSA y la Secretaría del Trabajo.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) nunca hizo el reclamo de las diferencias salariales que percibían los mineros muertos. IMMSA y su contratista General de Hulla pagaba a sus trabajadores cantidades que no declaraba ante el IMSS y que ahora afectan las pensiones de las familias de Pasta de Conchos.

Este fraude contra las viudas y sus hijos hasta la fecha ha quedado impune por la complacencia del Director del IMSS, porque este funcionario es el único autorizado legalmente para iniciar acción penal contra esas empresas mineras. El Artículo 305 de la Ley del Seguro Social es una muralla legal que evita se enjuicie a los defraudadores de cotizaciones, salvo cuando así lo disponen los intereses del IMSS.

Hay familias que han decidido con sus propios medios realizar el rescate. Las autoridades, a pesar de tener conocimiento de estos hechos, han mostrado un descarado disimulo. Las evidencias de la posibilidad del rescate se han mostrado de diversas formas sin que el gobierno federal asuma su responsabilidad.

Es evidente la negativa gubernamental de emprender el rescate de los restos de los 63 mineros atrapados por las evidencias de la negligencia empresarial y la responsabilidad de la autoridad laboral de no llevar inspecciones periódicas eficaces con sanciones oportunas.

Pero es innegable que el derecho a recibir los restos de los mineros muertos en ese socavón no puede seguirse prolongando. La demanda de las familias no será neutralizada a pesar de los grandes intereses que se pretenden proteger.

* Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana. Integrante del Consejo Directivo de Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC).

manfuentesm@yahoo.com.mx
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