Genero, desarrollo y feminismo en America Latina...

Por: Marta Lamas
Este artículo ofrece una panorámica sobre algunos elementos seleccionados que inciden en el estatus de la mujer en América Latina. A pesar de que ha habido indudables avances, existen obstáculos significativos que se ven intensificados en contextos multiculturales como los que caracterizan a la mayoría de los países de la región. Un problema particular que genera dolor e injusticia es la maternidad forzada. La legislación restrictiva referida a la finalización de embarazos no deseados favorece la dinámica demográfica de la pobreza, que impide que muchas mujeres latinoamericanas puedan cruzar el umbral de la exclusión. La influencia de la jerarquía de la Iglesia Católica sobre los políticos es excepcional e incluso gobiernos democráticos y de izquierda ocultan sus cabezas en el suelo, como avestruces, sobre la cuestión del aborto.

Este artículo reúne las estrategias implementadas por las feministas en diversos entornos, lo que ha permitido la articulación regional en la lucha por la libertad.Ser mujer en América LatinaEn América Latina, la situación de las mujeres ha variado significativamente a lo largo de los últimos años, como resultado de un conjunto de factores económicos, políticos y culturales entre los que destacan las políticas de ajuste estructural de corte neoliberal, la democratización de los sistemas políticos y el activismo feminista. De la mezcla entre los procesos de modernización y las costumbres existentes surgen nuevas combinaciones en el mandato cultural de lo que debe ser una mujer.Una mirada a vuelo de pájaro sobre la región ofrece un panorama que es a la vez alentador y deprimente. Por un lado son indudables los avances en términos de acceso a la educación: en algunos países, por ejemplo, ya se advierte una brecha inversa de género, con mayor presencia y permanencia de las mujeres en el sistema educativo a niveles terciario y universitario. Por otro lado, en el núcleo duro de la equidad de género persisten desigualdades y se ha avanzado menos en los terrenos económico, político y en el sistema sexo/género (Grynspan, 2005). En el aspecto económico, si bien hay mayor equidad en la educación, en el mercado de trabajo persisten enormes desigualdades que aumentan a mayores niveles de educación de las mujeres (UNIFEM, 2005).

Como señala CEPAL (2004), las mayores brechas salariales entre hombres y mujeres se producen en los niveles de educación más altos. Por lo que se refiere a los estamentos de poder, la presencia de las mujeres en puestos directivos en la economía y en la política no mejora de manera sostenida faltando buenas leyes de discriminación positiva. Los países que no llevan a cabo acciones afirmativas no logran avanzar de manera sostenible en la representación de las mujeres en los ámbitos de elección popular o del ejecutivo. El tercer aspecto es la persistente división sexual del trabajo, cuyo sistema sexo/género sostiene la relación del ámbito productivo y reproductivo.Las asimetrías que históricamente han regido la relación entre hombres y mujeres se agravan en contextos pluriétnicos, multiculturales y plurilingües como los que caracterizan a la mayoría de los países de América Latina (Sichra, 2004). Por eso las naciones con mayor diversidad cultural presentan el cuadro más preocupante en materia de rezagos educativos y acceso al empleo. En países con una importante presencia indígena hay más mujeres analfabetas que hombres, mientras donde es menor esta población la proporción es similar.La educación que se imparte a la niñez rural e indígena reproduce y perpetúa la exclusión social y las escuelas rurales concentran los índices más altos de repetición, extraedad y deserción (Oliart, 2004).

La calidad de la educación en las escuelas rurales es generalmente pésima y, además, la vulnerabilidad educativa de las niñas es acentuada por sus responsabilidades familiares y su papel de género. La subordinación de género se construye desde la infancia y empieza por la importancia determinante que se otorga a la maternidad y al cuidado del hogar como el destino esencial de las mujeres. Dado lo precario de la economía familiar en las áreas de alta densidad indígena, las niñas se vuelven un factor importante en el proceso de subsistencia. Por ello "las niñas indígenas concentran todas las desventajas de la pobreza: la subordinación generacional, la desigualdad de género y la discriminación étnica" (Bonfil, 2004).Existe gran deserción escolar de las adolescentes, pues el aprendizaje de las múltiples habilidades que deben adquirir para atender un hogar -cocinar, tejer, cuidar el ganado, etc.- las distrae del aprendizaje formal. Y la llegada de la menstruación se vuelve, en muchas comunidades, un indicador de que las jóvenes deben permanecer en casa pues no sólo está mal visto en la comunidad que jovencitas caminen solas a la escuela, sino que con frecuencia puede ser peligroso (Oliart, 2004).Pese a que el acceso de las mujeres al uso de anticonceptivos ha sido notable, en el grupo etario de menores de 20 años hay una tendencia creciente de la fecundidad. Si bien los índices de fecundidad han disminuido en todos los países de América Latina, la maternidad temprana se presenta a menudo en países con baja Tasa Global de Fecundidad (TGF).

La maternidad temprana se circunscribe fundamentalmente a los estratos pobres (CEPAL, 2006), lo cual coincide con el fenómeno de que a escala intranacional todavía hay grupos de población y zonas que mantienen, debido a rezagos sociales históricamente acumulados, una fecundidad muy superior al promedio nacional.La maternidad temprana en la región es un determinante de exclusión, discriminación y violencia hacia las mujeres. En el estrato socioeconómico más bajo, el número de jóvenes de las zonas rurales que tienen hijos a los 17 años supera claramente al de jóvenes de esa edad que pertenecen a zonas urbanas. Menos del 5% de las jóvenes urbanas serán madres a dicha edad, en tanto en zonas rurales la incidencia varía entre el 20% y el 35%, dependiendo de los países (CEPAL, 2006). A los 22 años, entre el 20% y el 35% de las latinoamericanas urbanas son madres, en tanto en las zonas rurales se llega al 60% y en ciertos países al 80% (CEPAL 2006). Si bien el índice de fecundidad en la mayoría de las naciones latinoamericanas se encuentra por debajo de tres hijos por mujer, en aquellas donde hay más población indígena ese índice es más alto: en Bolivia y Paraguay alcanza hasta cuatro hijos, y en Guatemala supera esa cifra. Este último país, que tiene la TGF más alta de la región también es el que cuenta con mayor número de mujeres analfabetas.

El círculo vicioso de maternidad precoz, número de hijos, falta de educación y menor capacitación laboral constituye una "estructura de desventaja" (CEPAL, 2006) que refuerza la pobreza, la desigualdad y la marginación.La dinámica demográfica de la pobrezaLa forma en que la procreación está imbricada con el trabajo no remunerado de cuidado humano establece la gran diferencia entre las vidas de mujeres y hombres. UNIFEM usa el término "trabajo no remunerado de cuidados" para evitar confusiones con "trabajo doméstico", "trabajo reproductivo" o "trabajo domiciliario". Pese a la diversidad cultural y a las diferencias de clase social, en América Latina el trabajo no remunerado de cuidado humano se asume como el destino "natural" de las mujeres. E ineludiblemente, la maternidad y los cuidados del hogar se constituyen en una barrera para la incorporación al mercado laboral o se vuelven una doble carga de trabajo. Esta situación tiene consecuencias en el caso de las mujeres jefas de hogar, responsables de un quinto a un tercio de los hogares de cada país. Añadamos que aproximadamente 36% de los hogares encabezados por mujeres se encuentra en condición de pobreza, proporción que en algunos casos alcanza el 50% (Arriagada 2005).La tendencia más relevante es el aumento de los hogares monoparentales femeninos. Ese crecimiento viene asociado a una mayor autonomía social y económica de las mujeres, derivada tanto del aumento de las separaciones y divorcios como de cuestiones socioculturales (la creciente participación económica de las mujeres) y del incremento de las migraciones.

La mayor incidencia de indigencia y pobreza en hogares de jefatura femenina se explica tanto por el menor número de aportantes económicos a la familia como por los ingresos menores que en promedio reciben las mujeres que trabajan (Arriagada 2005). La participación de las mujeres en la población económicamente activa se ha incrementado en todo el mundo, pero el mayor aumento ha tenido lugar en América Latina, donde en 1980 las mujeres constituían algo más de un cuarto de la mano de obra, pasando a conformar, en 1997, un tercio en Centroamérica y casi dos quintos en Sudamérica (UNIFEM, 2005). Entre 1990 y 2002 la tasa de participación laboral femenina en las zonas urbanas de América Latina aumentó del 39% al 50% (CEPAL, 2004). Sin embargo, el ingreso global de las mujeres es, en todos los casos, menor al de los hombres, producto de discriminación y una inserción laboral más precaria. Las mujeres también se encuentran en peor posición respecto a la propiedad del capital y la actividad empresarial; ganan menos en promedio aún cuando estén más calificadas para el trabajo. La brecha de ingresos entre los sexos revela hasta qué punto, en Latinoamérica, sigue siendo importante la división social del trabajo por sexo, entre labores remuneradas y trabajo doméstico y de reproducción.La discriminación nace con la división sexual del trabajo, que se ha convertido en un rasgo económico-cultural.

El resto de las evidencias discriminatorias son reflejos o complementos de esa desigualdad básica. El trabajo no remunerado de cuidado humano continúa siendo predominantemente una labor de mujeres y la riqueza se asienta sobre un contrato sexual que otorga gran valor simbólico a la maternidad y considera "natural" que las mujeres se hagan cargo del trabajo no remunerado de cuidado humano.Pero de todos los problemas que enfrentan las latinoamericanas, el que concentra más dolor e injusticia es el de la maternidad forzada. El jurista italiano Luigi Ferrajoli sostiene que "la prohibición del aborto equivale a una obligación: la de convertirse en madre, soportar un embarazo, parir, criar un hijo" (1999:85). Para tener la oportunidad de cruzar el umbral de la pobreza y la exclusión es preciso que las mujeres no sólo reduzcan el número de hijos, sino que pospongan la edad de su primer embarazo. Esto supone que las jovencitas deberían tener educación sexual e información sobre anticonceptivos y ser capaces de ver la maternidad como decisión y no como destino "natural".

Pero la ignorancia, la violencia sexual y la ausencia de opciones vitales provocan millones de embarazos no deseados en la región. Y no sólo las jovencitas buscan interrumpir sus embarazos no deseados: también mujeres adultas, con dos o tres hijos, no se resignan a llevar a término un embarazo que significará otra boca que alimentar. Por eso CEPAL (2006) habla de "la dinámica demográfica de la pobreza" que agudiza las desigualdades sociales iniciales.Se requiere urgentemente, además de una política educativa y preventiva, un marco legal que permita reducir la frecuencia del embarazo no deseado. En América Latina no sólo no hay dicho marco sino que los gobiernos tienen gran dificultad para comprender la "estructura de desventaja" que implica la maternidad vivida no sólo como coerción a la autonomía personal sino también como restricción educativa y laboral.Una ausencia en la agenda democrática: el abortoSi, como dice Manuel A. Garretón (2001), "la democratización ha sido vivida en América Latina como un proceso que unificaba los principios éticos de igualdad y libertad", no es de extrañar que las latinoamericanas persistan en plantear la despenalización del aborto como uno de los asuntos principales en la agenda democrática.La interrupción voluntaria del embarazo sólo está plenamente garantizada en tres países (Cuba, Puerto Rico y Guyana), en el resto de la región tanto las jóvenes como las mujeres mayores enfrentan los graves riesgos de la clandestinidad del aborto.

En cinco países -Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana- el aborto está absolutamente prohibido por cualquier causa. Son pocas las naciones latinoamericanas que consideran otros supuestos, tales como las razones terapéuticas, las malformaciones del producto o las causas socioeconómicas. Anualmente en la región se practican 3.800.000 abortos en condiciones de riesgo (IPPF, 2006). Por eso, más de 5.000 mujeres mueren cada año debido a complicaciones relacionadas con abortos inseguros, cifra que corresponde al 21% de las muertes maternas a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud indica que el aborto es la causa primordial de mortalidad materna en Argentina, Chile, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú; la segunda causa de muerte en Costa Rica y la tercera en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México y Nicaragua. La tragedia no acaba ahí. De todas las mujeres que se someten a un aborto en condiciones de riesgo, entre el 10% y el 50% necesitan atención médica para el tratamiento de las complicaciones. Muertes, complicaciones infecciosas y cárcel son los riesgos que corren las latinoamericanas al recurrir al aborto clandestino.