Jaime Avilés: DesfiladeroEn 1991, cuando Augusto Pinochet salió del poder, los neoliberales mexicanos –que en 1973 habían celebrado con champaña la caída de Salvador Allende– se quitaron la máscara bajo la cual nunca vieron las atrocidades de la dictadura chilena y saludaron con alabanzas el nuevo milagro económico” de América Latina: el que las bayonetas y las ideas monetaristas de Milton Friedman habían establecido en el país de Pablo Neruda.México debe seguir el ejemplo de Chile, proclamaron entonces, ya sin fingir pena o vergüenza, los intelectuales salinistas. México debe continuar por la ruta que tomó en 1982 –en cuanto a privatización de la riqueza nacional, destrucción de la clase obrera, desmantelamiento del estado de bienestar y de derecho, renuncia a la soberanía y sujeción del Estado a las exigencias del mercado–, y pronto estará en una situación similar a la de Chile, prometieron... Sí, puede ser que México vaya rumbo a Chile, concedieron por su parte los escépticos, pero agregaron con amargura: antes de llegar a Chile, México pasará una larga temporada en Colombia.Toda proporción guardada, su pronóstico se cumplió. Si bien Colombia es notoriamente más pobre y sufre la violencia política desde hace más de 60 años, en el marco de un proceso de desintegración en que el Estado perdió el control de enormes extensiones territoriales, donde a la fecha gobiernan las FARC, los paramilitares y los cárteles de la droga, hoy México vive algo que día a día se parece más a la prolongada tragedia colombiana. Aunque ninguna guerrilla le disputa el poder, el Estado mexicano se disuelve entre la corrupción de los últimos gobiernos, la falta de salidas viables para la población y la pérdida del monopolio de la violencia legítima en no pocas ciudades, especialmente del norte.¿Cómo pasó en Colombia lo que ahora está pasando en México?, se preguntan cada día más y más mexicanos ansiosos por anticipar hasta cuándo persistirán la inseguridad pública, los secuestros, los asesinatos, las decapitaciones, los combates entre bandas de narcos o entre narcos y Ejército, y los frecuentes abusos de militares; en suma, esta violencia nueva que gira en torno de la droga, la corrupción y la miseria.Muchas respuestas a esas preguntas están disponibles en Marcando calavera, la extraordinaria investigación de Eliana Cárdenas Méndez (Plaza y Valdés, 2009) que se presentó antenoche en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y que, de manera clara, precisa y didáctica, nos explica, con peras y manzanas podridas, que el origen de la violencia de allá puede ser el mismo de la violencia de acá y tener dos componentes: la miseria y la corrupción. O que violencia, miseria y corrupción giran en círculo como un perro que persigue su cola hasta el infinito.Pese a que se trata de una rigurosa investigación antropológica, desarrollada durante años en una ciudad del interior de Colombia llamada Guadalajara de Buga, Marcando calavera se lee como una novela escrita en lenguaje coloquial, con un continuo derroche de riqueza expresiva, que se nutre del habla popular de allá, y estremece y fascina al contarnos la vida de una persona 100 por ciento real, cuyo nombre, la Negra Valentina, como el de casi todos los personajes, es lo único falso de la trama.A una mujer idéntica a ella, que todavía existe en Buga, Eliana Cárdenas la entrevistó muchas veces y grabó sus palabras para vaciarlas en un relato lineal, dividido en capítulos cortos, sin notas a pie de página, que avanza arrastrando historias de otros desgraciados, como la de aquel muchacho que participó en el secuestro de una niña. Sus cómplices, después de cobrar el rescate, mataron a la menor e incineraron su cuerpo para desaparecerlo. El padre de la criatura buscó por todas partes a los asesinos de su hija, hasta que dio con el tipo que la Negra encontró muchos años después en una cárcel, desfigurado, porque al interrogarlo le quemaron la cara con una plancha para que delatara al resto de la banda. Marcial Alejandro en la hacienda Coahuxtla, donde se filmó en septiembre de 2003 la película Zapata, dirigida por Alfonso ArauFoto Carlos Ramos Mamahua A los 16 años, cuando escapa de su casa, la Negra se mete a trabajar de puta. Un año más tarde aprende un oficio que le permitirá vivir un poco mejor: la distribución de cocaína. Como bien observa Abilio Vergara Figueroa en su prólogo a Marcando calavera, la Negra quería ser una “gran narcotraficante”, pero su falta de estudios y de contactos de alto nivel le impidieron convertirse en exportadora y, por lo mismo, en millonaria. Sus limitaciones la mantienen toda la vida “en un nivel intermedio (...) entre los grandes capos de la droga, la policía y los consumidores”. Y en ese estrato social, madre desde muy joven de un niño y una niña que antes de entrar en la pubertad dominarán el oficio de pesar, empacar, distribuir la droga y llevar las cuentas, nunca saldrá de la pobreza y sufrirá tres períodos de cárcel.Si todo en este libro de Eliana Cárdenas es sobrecogedor y deslumbrante, la parte más intensa principia cuando conoce al sicario Oswaldo Melgar, un muchachito silencioso, de apenas 21 años, que no es adicto a la coca y mata con frialdad profesional, y se enamora de él para siempre, atestiguando al paso de los años cómo su amante se hunde en una locura macbethiana, alucinando pesadillas por las noches, cuando sueña que sus víctimas regresan de la muerte para ahorcarlo, y llenándose de ansiedad cuando no mata, y sufriendo por ello a tal grado que debe salir a liquidar a alguien, a quien sea, para curarse del síndrome de abstinencia.Pero lo asombroso de esa historia se produce cuando al caer preso, acusado de tantos crímenes, Oswaldo se pone a estudiar leyes, escribe oficios de apelación a los tribunales, denuncia la corrupción de las autoridades carcelarias, presiona de todas formas hasta que el director de la prisión lo contrata para que salga a matar a alguien y lo condiciona a que si regresa y deja de joder con eso de los derechos humanos pronto recobrará su libertad.Las historias de vida que Eliana Cárdenas recogió en Marcando calavera ocurrieron en los años 80 y 90, pero sin duda se repiten en nuestros días y en nuestro suelo. Pero, me pregunto, si un productor de cine o de televisión quisiera llevar a la pantalla la historia de la Negra Valentina, situándola en Tijuana, Torreón, Chihuahua, Juárez, Culiacán o Matamoros, ¿encontraría a los mismos personajes de este libro repetidos en los barrios más calientes? ¿Descubriría que los sicarios de acá matan como los de allá nomás por tener buena moto, buena ropa, buena loción, buen reloj, buenos tenis y buena mariguanita? Sospecho que sí, pero no me consta. El trabajo de Eliana Cárdenas servirá seguramente de modelo a los nuevos antropólogos mexicanos que investiguen los fenómenos sociales contemporáneos vinculados con la cultura de la droga en nuestro país.Adiós, Marcial AlejandroSilvio Rodríguez estuvo antenoche en el homenaje que la Universidad Veracruzana rindió a Eduardo Galeano al entregarle el doctorado honoris causa. Después me tocó estar con ambos y con Helena Villagra, y otros amigos, en una cena en la que Silvio habló con admiración y dolor acerca de Marcial Alejandro, y de la Maru, y de Luz. Y luego la ruleta de las conversaciones siguió girando y surgió el tema del diálogo telefónico entre Fidel Castro y Vicente Fox, y recordé que hay por ahí una salsa titulada precisamente Comes y te vas, que Silvio no conoce y me comprometí a conseguírsela. ¿Alguien podría decirme dónde encontrarla, escribiéndome al buzón de esta columna sabatina?jamastu@gmail.com Enrique Galván Ochoa: Dineroás allá de lo que se dijo en declaraciones y ruedas de prensa, la opinión pública tiene sus propias ideas sobre los motivos de la visita de la secretaria de Estado Hillary Clinton. De las mil 691 personas que encuestamos esta semana, sólo 3 por ciento piensa que vino a atender el conflicto de los camioneros, 9 por ciento acepta que llegó para apoyar a Felipe Calderón en el problema del narcotráfico, y 55 por ciento cree que se adelantó a preparar el terreno de la próxima visita del presidente Obama, cuyo gobierno sigue atrapado por la crisis económica de Estados Unidos.MetodologíaEnviamos esta semana 2 mil 500 cuestionarios a miembros de El Foro México. Contestó 68 por ciento. Recibimos muchas opiniones junto con los votos. Algunas aparecen resumidas enseguida. El texto original de todas puede leerse en el foro
Carlos Fernández-Vega: México SAMientras en el Senado de la República no pocos de sus inquilinos presumían que ellos sí meterían en cintura a los voraces banqueros, porque, con la ley en la mano”, regularían las excesivas tasas de interés que cobran a los usuarios de las tarjetas de crédito, la cartera vencida del dinero de plástico no dejaba de crecer. Lo primero fue vodevil, como siempre; lo segundo no.Cuando dichos personajes se pavoneaban por tal “decisión”, muchos incrédulos preguntaban ¿hasta dónde se animarán los de Xicoténcatl? Y la respuesta no tardó en llegar: hasta donde siempre, es decir, a ningún lado. El dictamen aprobado por los senadores en materia de “regulación” de tasas de interés no es más que una pésima zarzuela, toda vez que le aventaron la pelota al Banco de México para que sea esta institución la encargada de lo que los legisladores se comprometieron a hacer (“regular” tasas de interés y comisiones), con el agravante que a Guillermo Ortiz y sus muchachos les recomiendan “solicitar la opinión de la Comisión Federal de Competencia, de la Comisión Nacional de los Usuarios de los Servicios Financieros y de la Comisión Nacional Bancaria y de valores”, o lo que es igual los mismos organismos gubernamentales que abierta e insistentemente se han pronunciado (¡sacrilegio!, gritan) en contra de regular las susodichas tasas y se niegan a tocar a la banca que opera en el país así sea con el pétalo de una rosa.Este último organismo, la CNBV, recién informó que la cartera vencida en préstamos obtenidos a través de tarjetas de crédito alcanzó en febrero pasado un nivel sin precedente de 10.2 por ciento, lo que representó un crecimiento de 0.47 por ciento en un mes. Con esto, el crédito al consumo se ubicó como el segmento con el mayor índice de morosidad (La Jornada).Lo anterior, sin embargo, no inquietó a los inquilinos del Senado, quienes en comisiones se limitaron a palomear “sanciones específicas para los bancos que no acaten las nuevas disposiciones en materia de tasas de interés. Las multas van de 4 mil a 20 mil días de salario mínimo”. Traducido en dinero contante y sonante, esos “castigos” equivalen a 216 mil y un millón 80 mil pesos. Para calibrar qué tipo de “susto” le metieron a los barones del dinero, suficiente es mencionar que anualmente por comisiones e intereses cobrados los señores de la banca se embolsan miles y miles de millones de pesos, de tal suerte que las “multas” bien pueden dejarlas de propina.Así, el índice de morosidad al alza, los enjundiosos legisladores a la baja (si ello es posible, dada la querencia que il popolo les tiene) y los señores de la banca a seguir con el jugoso negocio de comisiones y tasas de interés cada día más elevadas, mientras el Banco de México “solicita la opinión” de los organismos gubernamentales que se niegan a rozar los intereses de los barones del dinero.Pues bien, para dar una idea de cómo ha evolucionado el negocio más lucrativo para la banca que opera en México, la Cámara de Diputados (siguiente paso legislativo para el citado dictamen) proporciona, por medio de su Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el siguiente comparativo: en diciembre de 2004 la diferencia entre la tasa promedio de interés pasiva (la que se paga a los ahorradores) y la activa en tarjetas de crédito (la que se cobra a los usuarios del dinero de plástico) fue de 470 por ciento; cuatro años después –en igual mes, pero de 2008–, esa diferencia fue de 600 por ciento, en ambos casos sin considerar el impuesto al valor agregado.Si se toma como referencia a los países de América Latina para contrastar las tasas de interés en tarjetas de crédito, explica el CEFP, se observa que para enero de 2009 Chile reporta en promedio una tasa de 50.6 por ciento, México con 41.6 por ciento, Perú 38 por ciento, Venezuela 32 por ciento y Colombia 28 por ciento. Las diferencias se acentúan cuando la comparación es con países como Canadá, en donde las tasas promedio de interés que se cobran a los tarjetahabientes se ubican en un rango de 17-20 por ciento, y Estados Unidos, entre 8 y 16 por ciento, es decir entre 60-50 y 80-62 por ciento, en cada caso, menos que en México.Si se incluye el Costo Anual Total (CAT), entonces la banca que opera en México se lleva las palmas, y alcanza, holgadamente, la indiscutible primera posición latinoamericana, siguiéndole la que funciona en Perú y después en Chile, es decir las mismas instituciones del capital financiero trasnacional, pero con nombres comerciales distintos según el país en el que operen. Para el uno, dos, tres dicho indicador (enero 2009) es de 110, 70 y 50 por ciento, aproximadamente, en cada caso, de acuerdo con la información que en las distintas naciones de la región recabó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.Para igual fecha, el CAT en Canadá es de 20 por ciento, idéntico a la tasa de interés más alta para tarjetas de crédito en aquel país, mientras en Estados Unidos es cercano a 25 por ciento, 9 puntos porcentuales por arriba de la mayor tasa de interés aplicable al dinero de plástico. En México esa diferencia supera los 68 puntos porcentuales. Para el caso venezolano este indicador resulta exactamente igual (32 por ciento), mientras en Colombia supera por casi 10 puntos porcentuales al promedio más elevado de tasas de interés.Pero los senadores –supuestos representantes populares– decidieron que sea el Banco de México quien “regule” comisiones y tasas de interés, y para proceder “solicite la opinión” de ya saben quiénes, que de populares nada tienen.Las rebanadas del pastelHay que reconocer que Manu Chao se equivocó. Antes de pronunciarse sobre cuestiones de política interna mexicana debió consultar al burro de Aznar para conocer de primera mano cómo el ex presidente español sí pudo (sin consecuencia legal alguna, la clerical anuencia del entonces secretario de Gobernación, monseñor Abascal, y con nutridos aplausos de los panistas) no sólo inmiscuirse en temas que sólo competen a quienes nacieron en este país, sino descaradamente pronunciarse a favor de y promocionar el voto para el Felipillo, el del “estado de derecho”. Metiste la pata, querido Manu, porque, como recién lo dijo Calderón, la cuestión es sencilla: no se trata de legalidad, sino de estar “conmigo o contra mí”. Así de fácil.cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx Arturo Alcalde Justiniani: Ser parte de la soluciónl pronunciamiento del presidente de Estados Unidos Barack Obama: los sin- dicatos son parte de la solución, no del problema”, se ha popularizado y contrasta con la posición de aquellos que ven en la organización de los trabajadores un obstáculo para el progreso. El reto es crear las condiciones para avanzar en esta perspectiva.En principio, se debe tener la capacidad social y política para rechazar las medidas, leyes o iniciativas contrarias a los intereses de los trabajadores y de la población. Hagamos referencia a temas concretos íntimamente relacionados con la calidad de vida de la mayoría. Hace casi 12 años, el gobierno mexicano al imponer una nueva Ley del Seguro Social, dio un sesgo, rompiendo el esquema de seguridad social pública y de solidaridad intergeneracional en favor de la privatización tanto en servicios médicos como pensionarios. Se impusieron de golpe las Afore, Siefore y aseguradoras privadas, todo ello motivado en buena parte por intereses de grupos financieros, sacrificando el futuro de millones de mexicanos que dependen de esta gran institución.Se optó por copiar, de mala manera, un modelo de cuentas individuales de origen chileno que con el tiempo ha demostrado grandes limitaciones; la ortodoxia ha sido tal, que ni siquiera se han corregido los errores reconocidos en el país de origen. La reforma generó protesta social, pero no la suficiente para revertir el cambio.Hace un par de años, se impuso una nueva Ley del ISSSTE siguiendo el ejemplo de la Ley del Seguro Social. En proporción la movilización fue más contundente. El cúmulo de amparos dieron cuenta de la inconformidad, más de la mitad de los servidores públicos del país lo promovieron confiando, al menos en parte, en la legalidad como una alternativa, sin embargo, ha estado ausente una propuesta que dé cauce a la movilización. Todavía es tiempo de plantearla, antes de que se concretice la privatización. Un acuerdo de colaboración entre académicos, sindicatos, partidos e instituciones especializadas como el Centro de Análisis y Estudios de la Seguridad Social AC (CAESS) podrían ser el medio para lograrlo.Para ser parte de la solución, no basta el rechazo y la movilización popular, porque ésta no logra la suficiente convocatoria para cambiar el curso de las cosas, se requiere contrastar las leyes y proyectos lesivos con otras sugerencias acordes con las necesidades de la población y del país. Esta capacidad de propuesta supone la elaboración de análisis, diagnósticos y, lo más difícil, lograr consensos entre los sectores sociales y sus organizaciones, tarea que implica, en ocasiones, una ardua labor de carácter técnico y profesional, inversión de tiempo y recursos, discusión y toma de decisiones en una lógica de prioridades a la que estamos poco acostumbrados.Siendo autocríticos conviene reconocer que en general carecemos de una cultura propositiva y que estamos demasiado acostumbrados al expediente fácil de la protesta y el rechazo. En ello tienen buena parte de responsabilidad los partidos políticos, sindicatos y organizaciones renuentes a invertir sus recursos en propuestas integrales e iniciativas de ley que marquen la diferencia con aquellas que lesionan a la población.En el caso de las reformas a la seguridad social, no cabe duda que dichas leyes han requerido cambios dado el comportamiento de las enfermedades, las expectativas de vida y las limitaciones presupuestales, lo cual exigía un rediseño institucional, como se ha realizado en muchos países del mundo. Si bien se han generado propuestas, como la elaborada en su tiempo por el Frente de Defensa de la Seguridad Social, coordinado por don Ricardo García Sainz e integrado por un amplio grupo de especialistas y dirigentes sociales, no se logró aglutinar la fuerza social para impedir el golpe.En materia laboral obran en el Congreso de la Unión iniciativas de ley con enfoque benéfico al mundo del trabajo y a las necesidades del país, como la suscrita por una amplio número de legisladores de todos los partidos conocida como el Proyecto UNT-PRD, pero también ha sido desoída, porque los convocados para sugerir los cambios tienen como interés fundamental mantener los vicios y los controles corporativos, ya que una verdadera transformación lesionaría sus intereses. Son parte del problema y no de la solución.Podría parecer ingenuo afirmar que el problema en nuestro país se reduce a la falta de acuerdos en el seno de los sectores populares o a la ausencia de propuestas. Se argumentaría en contra, y con razón, que tener mejores alternativas es insuficiente, prueba de ello son los cientos de iniciativas congeladas en el Congreso. Un ejemplo distinguido de propuesta ha sido el elaborado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC) demostrando que es posible otra perspectiva del comercio y de los acuerdos paralelos a éste, con visión de justicia.Concluyamos señalando que no basta contar con mejores propuestas, deben ser conocidas y compartidas por la población con el fin de que sean impulsadas con la movilización social que genere una correlación de fuerzas favorable. Siguiendo esta línea, un buen propósito sería que cada vez que critiquemos algo, si compartimos al menos sus fines, propongamos un camino mejor.Para ser parte de la solución, conviene entonces, integrar estos cuatro elementos: protesta, consenso interno, mejores propuestas y movilización para lograrlas. No parece fácil, pues supone la existencia de procesos educativos constantes, organización popular, tolerancia para lograr consensos, sensibilidad frente a los gigantescos reclamos de la población crecientemente empobrecida e indignada, y sobre todo responsabilidad, palabra que en nuestro tiempo no resulta muy popular porque implica conciliar firmeza con prudencia, visión estratégica, disciplina, compromiso y, aunque parezca cursi, cariño por los más desprotegidos. Miguel Concha: Criminalización de las radios comunitariasa situación que las radios comunitarias están viviendo actualmente en México pone en evidencia que el Estado no cumple con sus obligaciones de respetar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en el país.Los cierres de radios comunitarias con el apoyo de más de 100 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), y la interposición de denuncias penales por parte de la Secretaría de Gobernación (SG), constituyen el inicio de una política aún más represiva por parte del gobierno mexicano en contra de las emisoras comunitarias. Tenemos por lo menos conocimiento de tres casos de radios comunitarias que han sido cerradas aplicando un uso desmedido de la fuerza pública, entre junio del año pasado y lo que va de este año. Ellas son la radio Ñomndaa, la palabra del agua, en la comunidad de Xochistlahuaca, Guerrero; la emisora Tierra y Libertad, en Monterrey, y en enero de este año la radio purépecha Uékakua en Michoacán.De acuerdo con los testimonios de integrantes de la radio, en esta última más de 100 elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) acudieron a cerrar la emisora, amagando a dos jóvenes mujeres y amenazando a una menor de edad con ser golpeada. En el caso de la radio Tierra y Libertad, uno de sus integrantes enfrenta hoy una acusación penal interpuesta por la SG, con el riesgo de ser detenido. Cabe resaltar que esta radio surgió como parte de un proyecto de una organización que lleva trabajando más de 30 años en labores relativas a la defensa y promoción de los derechos humanos en una zona marginal de Monterrey.Desde hace tiempo los integrantes de la emisora han solicitado permiso para transmitir, sin que hasta el momento hayan obtenido respuesta por parte de las autoridades competentes. La utilización, por tanto, de la vía penal, en lugar de la vía administrativa que marca la ley especial en la materia, representa una criminalización de las radios comunitarias por parte del gobierno mexicano, pues ahora se privilegia para perseguir a integrantes de la emisora, mermando con ello su derecho a la libertad de expresión y poniendo en riesgo su libertad personal.La voluntad del Estado por evitar que radios comunitarias como Tierra y Libertad ejerzan su derecho a la libertad de expresión se demuestra con la conducta omisa y discrecional que las autoridades han asumido respecto de la solicitud de permiso que las radios han hecho. Cabe recordar lo que han establecido organismos internacionales de derechos humanos en este sentido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que los estados deben abstenerse de emplear medios indirectos, como dar trámites a causas penales, para coartar el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, están obligados a emplear medios razonables, proporcionales y necesarios para analizar la legalidad en el ejercicio de esta prerrogativa ciudadana.Los estados deben privilegiar el empleo de medidas no penales, sobre todo cuando las comunidades que están involucradas en la operación de radiodifusoras tienen fines sociales. Además, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó legislar en materia de radiodifusión comunitaria y reservar parte del espectro radioeléctrico, propiedad de la nación, para ellas. Igualmente, en el reciente Examen Periódico Universal de México frente al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, el gobierno, representado por el secretario de Gobernación, estuvo de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Federación Rusa y los Países Bajos, en el sentido de “llevar a cabo reformas jurídicas para garantizar la apertura y la transparencia de los medios de comunicación en el país, y revisar la legislación de radio, televisión y medios de comunicación, y el seguimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para un nuevo marco jurídico que permita la diversidad en los medios de comunicación”.El Estado mexicano ha establecido en el Programa Nacional de Derechos Humanos (2008-2012), como una de las líneas de acción: “Promover el reconocimiento jurídico de la radiodifusión comunitaria, así como facilitar su operación y desarrollo a través de los reglamentos y demás normas administrativas”. En la actualidad, el Estado mexicano no sólo no ha cumplido con estas recomendaciones, sino que ha endurecido sus políticas, criminalizando a las comunidades que intentan ejercer su derecho a la libertad de expresión al usar el medio que resulta más accesible para la gente hasta ahora: la radio. Con ello, el gobierno mexicano está retrocediendo en lo que parcialmente y con muchas dificultades ya se había avanzado en 2004 y 2006, con el otorgamiento de 11 permisos para la operación de radios comunitarias en el país. No sólo no ha cumplido con las recomendaciones en materia de libertad de expresión, a fin de establecer las condiciones para que las radios comunitarias puedan existir y subsistir dignamente, sino que está utilizando medios excesivos para su persecución y criminalización. Enrique Calderón Alzati: Educación, el cambio necesarion un documento magistral publicado en La Jornada en días pasados, Jorge Carrillo Olea hizo un diagnóstico objetivo y medular del estado de la nación, señalando los graves problemas que padecemos y la incapacidad absoluta del gobierno para convocar a la sociedad para hacerles frente y superarlos. Su diagnóstico de ingobernabilidad es contundente y nos hace ver la necesidad de tomar acciones enérgicas para cambiar el rumbo y la dirección del país.Ante esta visión preocupante, compartida por un número creciente de ciudadanos que estamos conscientes de la tragedia que toca a nuestras puertas, resalta el hecho de que el gobierno de caricatura que hoy padecemos no es otra cosa, desafortunadamente, que el producto de la descomposición misma, que el artículo de Flores Olea describe y que un factor central del fenómeno, es sin la menor duda la lamentable educación (por llamarle de algún modo) que hoy poseen los hombres y mujeres que en su conjunto conforman la sociedad mexicana, desde luego no me refiero a la sola educación que los niños y jóvenes reciben en las escuelas, esto es sólo una parte; me refiero a lo que esos niños y jóvenes ven en su entorno, en las noticias, en lo que escuchan en sus hogares y en los sitios públicos, en televisión, en radio y ahora en Internet.Estos niños y jóvenes que en poco tiempo se hacen hombres y mujeres adultos, son capaces de repetir lo que han visto y oído, convirtiéndose en maestros de la doble moral, del decir de un modo y actuar de otro, de la asociación para el engaño, conscientes ya de los enormes beneficios que ello implica, sabiendo que el crimen organizado, el narcotráfico, la impunidad, la corrupción, el manejo de influencias y apariencias, constituyen las herramientas del éxito, mientras que la búsqueda del conocimiento, el desarrollo de las capacidades intelectuales y el ejercicio honesto de las profesiones y de las actividades productivas a nada conllevan. Ciertamente que en este proceso “educativo” los gobernantes, los congresistas, los jueces y ministros de la Suprema Corte actuales y del pasado reciente, son o han sido maestros ejemplares; sin embargo, existen también otros factores a considerar.Desde luego el sistema educativo formal, supuestamente coordinado por la Secretaría de Educación Pública a escala nacional, tiene también su parte en el desastre, en su incapacidad estructural, por ejemplo, de evitar que el sindicato de maestros sea el primer ejemplo práctico de los dobles valores, que los estudiantes pueden observar desde una edad temprana, que quienes hablan de mejorar la educación, en realidad se dedican a negociar prebendas.La falta de visión, capacidad y compromiso de quienes dirigen hoy la educación federal, para alinear los procesos educativos a los requerimientos y desafíos que enfrenta el país, constituyen un lastre insalvable; los problemas educativos del país no van a resolverse dando becas, que sólo alientan la cultura de la dependencia, del clientelismo político y la sujeción desde una edad temprana, sino ofreciendo servicios educativos adecuados, que nos permitan ser competitivos en los mercados mundiales de trabajo, pero también conscientes de nuestras responsabilidades para con la comunidad y la nación.En años recientes el gobierno no sólo ha permitido, sino que ha propiciado el crecimiento de todo un sistema paralelo de enseñanza de carácter religioso, contrario a nuestras leyes, que hoy le permite a los sectores más oscuros y corruptos de la jerarquía católica, pensar y planear en la recuperación de sus privilegios y prebendas, negándose a aceptar el retroceso que la imposición de tales ideas trajo al país. El renacimiento de una sociedad de castas, dirigida por grupos de poder surgidos de escuelas confesionales no es una posibilidad futura, es la realidad que hemos venido viviendo y que pasivamente hemos aceptado, a diferencia de lo hecho por mexicanos de otras épocas, quienes fueron capaces de entender la necesidad de frenar el asalto a la nación que se estaba consumando.Resulta así lamentable que la izquierda del país, supuestamente comprometida con el bienestar de la nación y los intereses de las mayorías, no cuente con un proyecto educativo que permita pensar en la formación de un modelo distinto de nación, a partir de la preparación de niños y niñas de todos los grupos sociales, para hacerlos capaces, sí, de aceptar los desafíos de la globalización y del desarrollo tecnológico, pero también convencidos y dispuestos a rescatar a la República del estado actual de sojuzgamiento y caos. La batalla por México no se va a ganar en las calles repitiendo consignas, ni cerrando avenidas, sino en las aulas de escuelas y universidades.Y no se va a ganar entre otras cosas, porque cuando esos que promueven y proponen el cambio llegan a puestos de representación popular, no hacen otra cosa que reproducir lo único que conocen: más corrupción, más de lo mismo. En ello, poco se distingue el Niño Verde –“chamaqueado” en su tráfico de influencias– de los diputados perredistas dispuestos a aprobar las reformas a las leyes de radio y televisión que favorecían a los monopolios que controlan esa industria.Sé que mi propuesta puede parecer ilusoria, porque implica tiempo, mientras el país se sigue deteriorando, pero ¿acaso tenemos otras posibilidades? Ojalá las tuviéramos. Hoy recuerdo una anécdota que se cuenta del general Cárdenas, cuando al visitar en una ocasión el Bosque de Chapultepec, se quedó maravillado de los ahuehuetes y la sensación de grandeza que infundían y preguntó cuánto tiempo tardaban esos hermosos árboles en crecer. Dos mil años, fue la respuesta que recibió, “entonces no tenemos tiempo que perder, hay que empezar a sembrarlos desde ahora”, respondió con energía. Silvia Ribeiro: Geopiratería militarracias a las denuncias públicas de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (Unosjo), se ha puesto sobre la mesa el debate sobre las consecuencias del mapeo digital participativo” que realizan equipos de geógrafos, antropólogos y otros, con comunidades locales, urbanas, rurales e indígenas en muchas partes del mundo.Se trata de hacer mapas altamente detallados, con tecnología digital de punta, que usan el conocimiento de los habitantes sobre su ambiente, relaciones, historia, recursos –logrando resultados mucho más ricos, dinámicos y complejos de lo que podían obtener con agentes externos. La importancia de los saberes locales ya la tenían clara los conquistadores. Con las nuevas tecnologías, los mapas adquieren otras dimensiones, pero las intenciones son iguales. Por ejemplo, estos mapas son útiles para control de grupos disidentes, para afinar estrategias militares y de contrainsurgencia, y son una valiosa información para las multinacionales en la explotación de territorios y recursos de las comunidades.Quienes hacen los mapas argumentan que favorecen a las comunidades, permitiéndoles una visión más detallada de su entorno. Argumento paralelo al de otros mapeadores, como los de variaciones genéticas –que para contento de las multinacionales farmacéuticas se reproducen por todo el mundo–, o los mapas de la biodiversidad que tan útiles han sido para las multinacionales de la biopiratería.El caso ahora denunciado por la Unosjo –titulado México Indígena– es un proyecto de la Universidad de Kansas, la Sociedad Americana de Geógrafos, la Universidad de Carleton y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con la empresa de tecnología militar Radiance Technologies, financiado por la Oficina de Estudios Militares Foráneos de Estados Unidos (FMSO, por sus siglas en inglés). Colaboraron oficinas de gobierno como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDPI) y la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat).Han mapeado nueve comunidades de la Huasteca Potosina (Chuchupe, La Pila, La Lima, Las Armas, Cuatlamayan, Chimalaco, Tazaquil, Santa Cruz y Tancuime), siguieron en la Sierra Juárez de Oaxaca, con San Miguel Tiltepec y San Juan Yagila (se aproximaron también a Guelatao, Zoogochí y Yagavila), ya comenzaron en la Sierra Tarahumara. En Oaxaca, agregan en sus informes qué comunidades están vinculadas a la APPO y a los zapatistas.La Unosjo denunció que los responsables del proyecto (dirigido por Peter Herlihy y J. Dobson), le entregaron informaciones parciales a las comunidades para conseguir su participación, como medir los impactos del proyecto de privatización de tierras Procede. Pero ocultaron que estaban financiados por una oficina de inteligencia militar de Estados Unidos (FMSO), parte de Fort Leavenworth. Este centro está dirigido por el general David Petraus, que comandó las tropas invasoras en la guerra de Iraq y pertenece al comando central militar de Estados Unidos (Centcom). Fort Leavenworth ha sido desde 1800 el centro de inteligencia militar para la conquista y control de las poblaciones indígenas en Estados Unidos.El proyecto México Indígena no es único: es un “prototipo” de las Expediciones Bowman de la Sociedad Americana de Geógrafos. Según ésta, con la “experiencia altamente exitosa” de México Indígena, las expediciones siguen en las Antillas (desde Haití y República Dominicana, hasta las islas de las costas venezolanas), Colombia, Jordán y Kazajstán, todas con participación de la Oficina de Estudios Militares Foráneos, que por otra parte, ha realizado proyectos similares en Afganistán e Iraq. El encargado de la FMSO para el proyecto es Geoffrey Demarest, teniente coronel egresado de la Escuela de las Américas, que cuenta con numerosos documentos de estrategias para la contrainsurgencia y la “arquitectura del control”, defiende la propiedad privada de la tierra y “demuestra” la peligrosidad de los movimientos indígenas y de los pobres urbanos, entre otros.Pese a esta conexión y la elección de regiones tan geopolíticamente sensibles para Estados Unidos, los geógrafos de México Indígena alegan que la FMSO es apenas un patrocinador como podrían haber sido tantos otros. Afirman que las comunidades dieron su consentimiento y que se han mostrado beneficios para las comunidades, por ejemplo, la definición de áreas para la venta de servicios ambientales (es decir, para la enajenación del manejo comunitario de su biodiversidad). San Miguel Tiltepec de Oaxaca respondió en conferencia de prensa que habían sido engañados al no recibir información de la intromisión militar-empresarial en su territorio, solicitando el retiro de los mapas de su comunidad del sitio electrónico del proyecto.Esos mapas fueron retirados, pero no toda la información sobre esta comunidad y otras. Es imposible para la comunidad comprobar que esos mapas no han sido incorporados al acervo de la FMSO y de quienes lo hayan descargado anteriormente.Es evidente que México Indígena y las Expediciones Bowman son parte de las actividades de inteligencia militar de las fuerzas armadas estadunidenses. Otros proyectos similares, aunque no reciban esta financiación o tengan conexión directa, pueden ser usados para los mismos fines. Es hora de terminar con la inocencia (si es que la tenían) de los que participan en estos mapeos.*Investigadora del Grupo ETC
Salvador García Soto
Serpientes y Escaleras
Las amenazas de ArceSe los dijo con todas sus letras: “Voy a impugnar los resultados, y si no limpian la elección en Iztapalapa, me voy con mi gente a apoyar a los candidatos del PRI”René fue claro: impugnaría los resultados de la elección interna en Iztapalapa y ya está en pláticas con Enrique Peña Nieto para apoyar a los candidatos del PRI Se los dijo con todas sus letras: “Voy a impugnar los resultados, y si no limpian la elección en Iztapalapa, me voy con mi gente a apoyar a los candidatos del PRI”. La amenaza fue directa del senador René Arce en una mesa reunida el martes pasado y en la que estaban sentados el líder nacional perredista, Jesús Ortega; la representante de Izquierda Unida Dolores Padierna, y la dirigente del perredismo capitalino, Alejandra Barrales. Un Arce descontrolado, que acusaba los efectos de su dolorosa derrota en la delegación que controla hace 12 años, advertía que no aceptaría los resultados de la elección interna, en la que la bejaranista-obradorista Clara Brugada derrotó a su esposa Silvia Oliva, y rompió el coto de poder que mantenían Arce y su hermano Víctor Hugo Círigo en la delegación más populosa —y la de mayor presupuesto— del Distrito Federal. René no se aguantó y frente a todos le espetó en la cara a Jesús Ortega: “Tú me traicionaste, te aliaste con Marcelo y me traicionaste”. El señalamiento confirmaba la tesis de que la inusual derrota del grupo de Arce se debió a que Los Chuchos, de los que forma parte, lo abandonaron e hicieron un pacto con el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, para poder romper con el monopolio político que los hermanos mantenían en el principal bastión de votos del perredismo en el DF. La tesis del senador no está nada errada. El pacto Ebrard-Chuchos no sólo fue para arrebatarle Iztapalapa al grupo familiar de Arce; Ortega y Marcelo tendrían un acuerdo que llega hasta 2012, según el cual el jefe de Gobierno iría como candidato presidencial, con el respaldo de Nueva Izquierda, y el actual líder nacional del PRD se postularía por el gobierno capitalino, con el respaldo de la administración de Ebrard. Por eso Arce perdió toda compostura y fue claro y directo en sus dos amenazas: la primera, que irá a impugnar, primero en los órganos internos y luego en los tribunales electorales, el resultado de la elección interna en Iztapalapa; y la segunda —que más preocupó a los líderes de las tribus perredistas, que René les dijo que ya está en pláticas con el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, para apoyar con sus bases a candidatos del PRI no sólo en esa delegación, sino en los municipios conurbados del estado de México. Si ya René estaba distanciado de Los Chuchos, que se quejaban de desplantes y rebeldías del senador, hoy está claro que Arce y su grupo están al borde de la ruptura no sólo con Nueva Izquierda, sino con todo el PRD. A menos que los que se aliaron en su contra logren arrebatarle su sólidas redes clientelares, la fractura podría ahondar el debilitamiento del perredismo en la capital y el crecimiento del PAN, y en menor grado del PRI, en las elecciones locales de julio próximo. DECEPCIONAN SECRETARIOS El comentario se le oyó a algunos de los constructores inmobiliarios más fuertes del país. El martes, en el Centro Banamex, se realizó la Expo Desarrollo Inmobiliario, con la presencia de los empresarios más fuertes en la construcción de grandes proyectos, como parques industriales, centros comerciales, desarrollos turísticos de lujo, zonas residenciales y clubes de golf. Entre los invitados a hablar ante los socios de la ADI (Asociación de Desarrollos Inmobiliarios) figuraban como “plato fuerte” dos miembros del gabinete presidencial: el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y el de Economía, Gerardo Ruiz Mateos. Empresas como GICSA, Cinemex, Sanborns, GUTSA, Liverpool, Prologis y SARE estaban en el evento con sus titulares, entre ellos destacados miembros de la comunidad judía. Carstens extrañó a los empresarios cuando en su discurso puso el acento en la vivienda de interés social y habló del impulso a la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi). “Se equivocó de foro”, dijo un empresario, porque si bien la ADI tiene a algunos socios importantes que atienden el mercado de interés social (Demet, ARA), en realidad se trata de constructoras mucho más grandes y dedicadas a otro tipo de proyectos distintos a los que agrupa la Canadevi. Pero la decepción para los desarrolladores fue mayor en el turno del secretario de Economía. Mientras el presidente de la ADI, Abraham Meta Cohen, daba su mensaje, Ruiz Mateos se dedicó todo el tiempo a platicar con quien tenía al lado sin poner nunca atención al anfitrión. La molestia del representante de los desarrolladores se hizo evidente cuando, terminado su discurso, empezó a leerlo una vez más “para ver si así me ponen atención”. ADI representa 80% del desarrollo inmobiliario en la ciudad de México y 57% de los principales proyectos inmobiliarios del país; de ese tamaño fue el descuido de los secretarios. NOTAS INDISCRETAS... La extraña declinación de José María Pérez Gay a la candidatura del PRD para jefe delegacional en Coyoacán tuvo motivos de fondo, distintos a las “razones de salud” que esgrimió el escritor. Aun cuando tenía el apoyo de todas las tribus del PRD para ser “candidato ciudadano”, Chema sorprendió al rechazar la postulación. Si no aceptó fue más por salud política que por su salud personal. Pérez Gay comenzó a recibir la visita de los líderes de las principales corrientes perredistas en la capital. Bejaranistas, Chuchos, obradoristas, uno a uno fueron a verlo. Uno le pidió, a cambio de apoyarlo, la dirección de licencias; otro condicionó su apoyo a cambio del área de finanzas; otra tribu pidió que le entregaran el área del comercio en vía pública. ¿Saben qué?, les dijo el escritor al sentirse copado y maniatado antes de ser delegado, “A’i se ven”… César Nava da por hecho que en la disputa por la coordinación del PAN en la Cámara de Diputados se enfrentará a Francisco Ramírez Acuña, el candidato de los grupos de derecha y ultras encabezados por Manuel Espino y Santiago Creel. “No le temo a la confrontación y voy a ser coordinador”, dice muy seguro el calderonista… Tras la descomposición que vivió el PRI en la selección de su candidato a gobernador en Colima, con un aspirante acusado de ligas con el narco, como Mario Anguiano, y un gobernador Silverio Cavazos que se enfrentó al CEN, las cosas se le pueden complicar al viejo partido. Por lo pronto, Beatriz Paredes parece abrir entendimientos al retirar de la contienda al diputado Arnoldo Ochoa, a quien apoyaban ella y el ex gobernador Fernando Moreno Peña. A Ochoa lo nombró Beatriz secretario de Organización del CEN y así intenta destrabar el entrampado proceso colimense que, en un descuido, le puede costar al PRI ese pequeño pero fiel bastión… Los dados cierran con serpiente. Semana complicada.
Alejandro Encinas
Carta al PRD
Me refiero a la campaña de comunicación que se está llevando a cabo a nombre del PRD en distintos medios de comunicación. Más allá de las valoraciones subjetivas que reviste toda campaña mediática, quiero señalar la indebida promoción personal de algunos de los integrantes de la actual dirección nacional. La reciente reforma al artículo 134 constitucional prohíbe la promoción personal, bajo cualquier modalidad de comunicación social, de los servidores públicos —diputados y senadores incluidos—, situación que cobra una connotación especial en los partidos, pues sus campañas se financian, además de con recursos públicos, con las cuotas de sus militantes, pertenezcan o no a sus corrientes internas, por lo que al menos esta campaña debería reflejar la pluralidad que caracteriza al PRD y no sólo a alguna de sus expresiones. Por otro lado, si bien las formas son importantes, lo son más los asuntos de fondo. Algunos de los contenidos de dicha campaña no sólo denotan confusión, sino se apartan de los lineamientos básicos del PRD. Es el caso del mensaje que señala que el PRD propone una economía basada en el “libre mercado”. ¿En realidad estamos a favor del libre mercado? Nada más ajeno a nuestra línea programática. Durante décadas, el PRD ha cuestionado el modelo económico neoliberal fundado en el libre mercado, ya que el mercado actúa bajo la lógica de la acumulación del capital que ha ampliado la brecha de pobreza e inequidad. Hemos sostenido que la integración económica internacional y nacional es un problema mucho más amplio que el comercio y la economía, y que debe incluir aspectos de desarrollo y cohesión social que la liberalización del mercado es incapaz de atender. Resulta absurdo reivindicar esta propuesta cuando la actual crisis económica ha puesto en evidencia el fracaso del mercado y su incapacidad para garantizar el desarrollo y abatir la desigualdad, lo que ha obligado a replantear la intervención del Estado en la regulación de la economía y en el rescate del sector financiero internacional. ¿Dónde está nuestra propuesta? ¿Cuál es el nuevo rol que el Estado debe cumplir en este proceso? No se trata de restituir el estatismo anacrónico, autoritario y paternalista del pasado, sino de identificar las responsabilidades sociales del mismo y su papel regulador en la economía como parte de los desafíos de la democracia. Ese es el asunto que debería plantear el PRD. Entiendo que en la disputa del poder político a través de la competencia electoral los partidos busca mantener y ampliar su electorado. Sin embargo, la lógica electoral y la búsqueda de mayores posiciones han llevado al PRD a tal pragmatismo que la “disputa por el centro” ha diluido su discurso y, por tanto, las diferencias ante los proyectos que representan otras opciones políticas. La campaña electoral debe convertirse en un espacio para impulsar un proyecto propio. El PRD debe diferenciarse claramente de los otros partidos, tomar iniciativas e impulsar cambios, vinculando su acción con los gobiernos que encabeza y con el movimiento social, para desde ahí definir su agenda parlamentaria. Es un error alentar la percepción en la sociedad de que todos los partidos somos igual y lo mismo. Por el contrario, el PRD debe ofrecer al elector una opción que se identifique como una alternativa frente a la derecha neoliberal, que ha impulsado un modelo de desarrollo económico basado en el mercado libre y que ha llevado a la ruina a nuestro país. aencinas@economia.unam.mx Profesor en la Facultad de Economía de la UNAM
Mauricio Merino y Natalia Rivera
Quince años de subsidios políticos
José Octavio López Presa (quien fue el primer director de Procampo) afirmó hace poco que “el mecanismo de otorgamiento del apoyo tiende a beneficiar mucho más a los grandes productores que a los pequeños, lo que genera inequidad en las condiciones de vida (…). La realidad muestra que los más grandes reciben un subsidio que, en promedio, supera en más de 100 veces al que reciben los más pequeños” (La rendición de cuentas en la política social, Auditoría Superior de la Federación). Y es que la fórmula vigente para el cálculo de los apoyos genera, en efecto, agricultores de primera, de segunda y de tercera. Entre 2001 y 2006, Aserca entregó mil pesos a los productores con menos de una hectárea y más de 181 mil pesos a los productores con más de 100. Según el informe de Cuenta Pública de 2006 de la Auditoría Superior de la Federación, los productores del estrato más pobre recibieron 0.6% del subsidio (más de 4 millones de campesinos), mientras que los del último estrato obtuvieron 53.3% del subsidio total (pese a que se trata de poco más de 543 mil productores). Juan E. Pardinas describió el punto con precisión: “A casi 15 años de su creación, Procampo ha logrado exactamente el objetivo contrario al que se propuso: con cada peso que se gasta en este subsidio, aumenta la brecha de desigualdad en las zonas rurales” (Reforma, 23 de noviembre de 2008). Por otra parte, según los datos oficiales de la Sagarpa (Siacon), tampoco puede observarse una correspondencia clara entre los montos otorgados por el Procampo y el incremento en la producción de alimentos, en la productividad comparada con Estados Unidos y Canadá, ni mucho menos en las cifras relativas a nuestra soberanía alimentaria. Por el contrario, 1995 fue el último año en que la balanza comercial mexicana registró un superávit en el ámbito agropecuario. Y 2007, en cambio, ha sido el año con el mayor déficit comercial agrario desde que el TLCAN se puso en vigor. III El año pasado, ante el inminente fin del plazo de vida fijado para el Procampo, el secretario Alberto Cárdenas anunció que el gobierno federal modificaría las reglas de operación de esa política de subsidios directos al campo, con el propósito de corregir sus asimetrías y, de paso, revisar e incluso modificar la integración original del padrón de beneficiarios. Pero esa propuesta no ha prosperado, pues a pesar del fracaso documentado de los programas, las redes de intereses creadas a su alrededor han emprendido una verdadera ofensiva para conservar y aun acrecentar los recursos que han obtenido hasta ahora. Desde agosto de 2008, por ejemplo, el secretario de Desarrollo Rural de Tamaulipas, Víctor de León, al enterarse de las intenciones de la Sagarpa, si bien admitió que cerca de 45% de los recursos del Procampo serían entregados ese año a 9% de los productores inscritos en el padrón, añadió: “Lo que no entiende el secretario (Alberto Cárdenas) es que 92% de la producción de granos en México lo produce ese 9%”. Pero fue su homólogo de Sinaloa, Jorge Kondo López, quien presidía entonces la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), quien definió los términos del conflicto que supondría la modificación a las reglas del juego: “Lo que pretende Cárdenas significa quitarle dinero a los estados; nos está enfrentando. Los gobiernos estamos dispuestos a revisar el programa, pero no a que nos quiten recursos” (Verónica Martínez, Reforma, 20 de agosto de 2008). Y apenas en septiembre de 2008, la Conago se sumaría a la protesta y a la petición de más dinero y más productores beneficiados. Las organizaciones campesinas no se quedaron atrás. El 22 de septiembre, la Confederación Nacional Campesina (CNC) publicó un comunicado en el que rechazaba las intenciones de la Sagarpa. Según el dirigente de la CNC, todas las organizaciones de productores y campesinos (y no sólo la CNC) querían incrementar la cuota de Procampo para los productores con menores ingresos, garantizar su entrega oportuna y continuar diferenciando los dos ciclos agrícolas, aunque se mantuvieran los recursos otorgados a las superficies mayores, como lo pedía por su parte el Consejo Nacional Agropecuario. En realidad estaba pidiendo lo mismo que todos: más recursos y más beneficiarios. Pero pelear por el incremento de los subsidios no equivale a modificar la política pública para incrementar la producción y la competitividad en el campo, ni mucho menos a mejorar las condiciones de vida de los productores más pobres. Así que lo que realmente han puesto sobre la mesa los gobernadores y las organizaciones agrarias no es tanto la sustentabilidad futura del campo, como su estabilidad política negociada; la que los recursos presupuestales pueden pagar. La literatura sobre políticas públicas advierte, con insistencia, que uno de los defectos más relevantes de cualquier decisión del Estado es la falta de una definición clara de los problemas que pretende resolver, mediante la identificación de las causas que lo han generado y de los cauces que pretende seguir para resolverlo. El núcleo duro de una política pública es la consecuencia de esa definición previa. Pero si eso no existe, lo más probable es que la acción del Estado sea capturada por los intereses que entran en juego desde un principio. A la luz de los datos disponibles, no es difícil observar que la única razón probable para mantener con vida la política de subsidios al campo que ha seguido el Estado es el compromiso establecido con los beneficiarios y con los intereses que se han gestado en torno de esos recursos; redes clientelares que las organizaciones de productores, los gobiernos de los estados y, en última instancia, el gobierno federal no han querido ni han podido romper. Quince años después, no hay una estrategia pública para apoyar en serio la productividad en el campo, ni un programa eficaz para mejorar las condiciones de vida y el ingreso de los productores más pobres. Lo que hay es dinero repartido. De modo que el programa es, hoy por hoy, un medio de distribución de rentas para salvaguardar redes e intereses colectivos, con fines esencialmente políticos. No una política pública, sino política, a secas. Académicos
