México: Los campamentos del SME deben ser apoyados por amlistas y otros, y extenderse al Eje Central.

Pedro Echeverría V.

1. En primer lugar los obreros electricistas deben recibir un aplauso unánime de los trabajadores de México por su plantón en el Zócalo a partir del viernes 29 con el fin de rescatar las 44 mil plazas de trabajo de las que fueron despojados por el funesto gobierno de Calderón. Habían sido muy pacientes desde aquel 10 de octubre (casi cuatro meses) que los despojaron de su trabajo y de sus ingresos y, al mismo tiempo, un poco ilusos por confiar en un gobierno semifascista que ha declarado mil veces que no dará ni un paso atrás, “aunque enseñen los músculos”, es decir, “aunque hagan lo que hagan”. Pero con la toma del centro de la Ciudad de México comienzan a demostrar que su lucha continúa y que están dispuestos a realizar acciones más efectivas. Quizá a la tomo del Zócalo habría que sumar la calle de Madero hasta el Eje Central.

2. Me tocó dormir en el Zócalo casi un mes a fines de 2006 y si bien se pudo escuchar diariamente en mítines los discursos de López Obrador y se hicieron mil reuniones en los campamentos, lo que más preocupó a la clase gobernante y a los funestos medios de información, fue el bloqueo de las calles y avenidas de Madero, Juárez y Reforma. Hoy posiblemente presionen más al gobierno de Ebrard para que desaloje y reprima, pero también hay que prepararse para esa probable acción de los milicos, mucho más activos desde entonces. Hay que surtirse de máscaras antigases y, como en los tiempos de Hidalgo y Morelos, de palos y cabillas para defenderse. AMLO estuvo en “mejores” condiciones dado que contaba con el apoyo del jefe de gobierno y con campamentos de todos los estados de la República. Pero también el SME puede concitar apoyos.

3. No hay que preocuparse por los tontos automovilistas, individualistas que no entienden nada y que deberían ocupar transporte colectivo; menos por los funestos medios de información que su mejor negocio es calumniar a los movimientos sociales porque mientras más excremento (por no decir mierda) les sale por la boca, mejores salarios reciben de los empresarios tipo Azcárraga, Salinas Pliego y otros. Las batallas de los trabajadores –que son más del 80 por ciento del país- son mil veces más importantes y para lograr sus objetivos deben hacer uso de todos los medios. Recuerdo que un tonto director en la UPN me decía: “Pedro, yo estoy de acuerdo en que los trabajadores se defiendan pero que hagan sus manifestaciones donde no perjudiquen a nadie, en lugares apartados y en horas que nadie esté en la calle”. Me vio la cara de imbécil.

4. Espero que los lópezobradoristas se sumen en masa a la lucha de los electricistas, junto a los profesores de Oaxaca y la APPO, así como la CNTE y los jóvenes zapatistas que han dado muestras de activismo. Obviamente allí estarán los obreros mineros, los telefonistas, los trabajadores de la UNAM y los contingentes de estudiantes que se encuentran en un largo proceso de reorganización. ¿Habrá todavía algunas tribus del PRD que no solo estén pensando en elecciones y cargos, y recuerden que alguna vez el PRD pensó en ser de izquierda? Los electricistas del SME pueden ser destruidos y, con ellos gran parte de nuestro futuro de lucha, si no acudimos a solidarizarnos con ellos. Los delegados del SME tendrán que descubrir, policías, orejas, tiras, guaruras, provocadores que buscarán infiltrarse, pero ¡cuidado! no podrán rechazar ningún apoyo real.

5. Quienes ayudaron mucho en el plantón de 2006 fueron los artistas (cantantes, teatristas) los conferencistas y los vendedores ambulantes que se instalaron fijamente mediante un acuerdo de solidaridad mutua. El plantón se convirtió para los luchadores sociales y la gente honesta e inteligente, en un foro de discusión de ideas. Los mítines programados en hora fija (17 horas) y las conferencias y foros en campamentos abiertos (sobre todo en el Zócalo y la calle Madero) le dieron un fuerte apoyo al plantón. Si el objetivo es que Calderón, Gómez Mont y Lozano -el trío fascista- devuelvan el trabajo a los 44 mil desplazados, hay que aprovechar el plantón para que de allí salgan millones de volantes y cientos de comisiones para otras fábricas, escuelas y mercados. Además hay que formar comisiones para botear y conseguir donaciones de mercancía.

6. En México, donde hay 20 millones de miserables (más que en Haití); donde el desempleo ha crecido gigantescamente y los salarios son de hambre, donde han despedido del trabajo a millones (como a los 44 mil electricistas) no se envía alimentación y solidaridad porque la miseria es ya muy conocida. El Haití (7 millones de miserable) la gente muere de hambre desde hace décadas, pero con un terremoto que mató a más de 100 mil y profundizó más el hambre, tramposamente, como siempre, ha sido convertido en enorme demagogia y fantástico negocio para empresarios que se deshacen de mercancías invendibles con el fin de que les condonen impuestos y aparecer como “buenas personas” en los medios. Los gobiernos de igual manera: aprovechan el río revuelto para hacer negocios políticos. ¿No es acaso un engaño grotesco?

7. La batalla de los electricistas quizá apenas se inicia en serio y debemos esperar que se profundice. Sería grave, muy irresponsable que se dejen llevar por el “canto de las sirenas” del gobierno y los vuelvan a parar. Quizá esta es la última oportunidad para ser consecuentes y para recibir el apoyo de obreros, campesinos, estudiantes y fuerzas progresistas. Los dirigentes electricistas han declarado que sólo dejarán el plantón cuando les resuelvan sus demandas. ¿Se pondrán nerviosos si el maldito gobierno los amenaza con la represión y encarcelamientos? Todos los días hay que bloquear vialidades y dependencias, así como comisiones para lograr solidaridad de sindicatos, escuelas y organizaciones. Basta ya de pedir diálogo de rodillas de parte de los obreros cuando es el gobierno quien debe suplicarlos. Esta es una batalla fundamental.

pedroe@cablered.net.mx

Un crimen más contra el campo mexicano

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 29 de enero (apro).- Desde hace tiempo, algunos mexicanos se han estado preguntado por qué Brasil sigue imparable en la carrera por arrebatarle a México el liderazgo en Latinoamérica.

Logra salir de crisis inflacionarias, de crisis políticas y, más aún, se ha ido filtrando lentamente entre la lista de los países con empresas prósperas que lo mismo negocian con Estados Unidos que con Europa. Mientras que México cae en todos los índices de productividad y se recrudecen la pobreza alimentaría, la marginalidad, y se desploma la competitividad...

Una respuesta podría ser, quizá, porque cuando Brasil está pensando y actuando para un futuro mejor, los gobernantes mexicanos sólo se dedican a proponer cambios que intentan resolver problemas de coyuntura; a ofrecer cambios un día para que a la vuelta de los meses le reditúen votos, y nunca o casi nunca, piensan en la población; por lo menos sus actos en materia de política económica de las últimas seis décadas no se han visto reflejados en un bienestar para la mayoría de la población.

Un ejemplo de lo que Brasil ha hecho bien y que a la fecha le ha generado grandes beneficios económicos, tanto para el campo como para los empresarios, es su política en materia de bioenergéticos.

En 1975, el gobierno brasileño, pensando en el futuro, le apostó a los bioenergéticos; creó el programa llamado Proalcool a través del cual impulsó la siembra y experimentación de cultivos para generar energías menos contaminantes.

Hace 35 años, Brasil invirtió 20 mil millones de dólares para empezar a experimentar, y ahora recoge sus frutos. De aquellos 20 mil millones de dólares ha obtenido una ganancia de 187 mil millones de dólares, se ha convertido en uno de los países líderes en la creación de materias primas que sirven para hacer energéticos menos contaminantes, como el etanol o el biodisiel.

En cambio, el gobierno de México no contento con el gran atraso, la falta de apoyo a los campesinos para producir cultivos que sirvan para producir etanol y éste, a su vez, sustituya el MTB que contienen las gasolinas y que son fuente de contaminación primaria, esquilma a los productores mexicanos los recursos que la propia Cámara de Diputados autorizó hace apenas 3 años para que empiecen a trabajar en las nuevas energías.

En 2007, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. Sus objetivos fueron tres: crear energías no contaminantes; dar un nuevo impulso al campo mexicano, otorgándole apoyos para diversificar los cultivos que serían, a la postre, la materia prima para crear el etanol; y comprar, a través de Petróleos Mexicanos, los nuevos insumos a industriales mexicanos, quienes se asociarían con el campesinado mexicano para vender el etanol.

La Ley entró en vigor hasta el 2008, por lo que el primer presupuesto, escasos 300 millones de pesos, se autorizaron para el gasto de 2009 (nada que ver con los 20 mil millones de dólares que en 1975 invirtió Brasil en su campo). Se suponía que con ese dinero La Secretaría de Energía y la de Agricultura apoyarían a los productores mexicanos para que sembraran nuevos tipos de caña de azúcar y sorgo dulce; se asociaran luego con industriales alcoholeros del país y, luego, juntos, producir etanol, previamente contratado con Pemex.

Pero ¡Oh sorpresa!, el gobierno, si acaso, destinó 17 millones de pesos de los 300, para construir, en asociación con empresas colombianas, una planta de biodisiel en Chiapas; el resto se utilizó para un programa totalmente absurdo, electorero y asistencialista: “Cambiar tu refrigerador viejo por uno nuevo, tu lavadora vieja por una nueva, unos focos, por otros”, y todo para que la población “ahorrara” energía en un año de crisis económica. Una solución de coyuntura para un problema que amenazaba con un estallido social debido a la creciente caída de la economía. El gobierno tenía que salvarse, decir que pensaba en su gente y de ahí programas populistas como este.

Pero, ¿y qué pasó con la ley de los bioenergéticos, con el dinero que se tendría que haber invertido en el campo para ir cosechando, paulatinamente, materias primas que servirían para crear etanol y preparar a una nueva clase de empresarios (campesinos e industriales), que vendería en un futuro no muy remoto sus insumos a Pemex? Pues se dejó para después.

Este año, la Cámara se arriesgó y autorizó un presupuesto de mil 100 millones de pesos, pero como los programas de proselitismo de Felipe Calderón son más importantes que el medio ambiente, o los campesinos o los medianos empresarios, decidió darle tan sólo 100 millones de pesos a la Sagarpa para que siga experimentado con semillas mejoradas para los cultivos de caña de azúcar y sorgo dulce, en tanto que el resto se lo embolsó y lo pasó a la Secretaría de Energía para que siga cambiando refrigeradores viejos por nuevos, lavadoras viejas por nuevas o focos “que consumen menos energía”…

En todo caso, esto podría revertirse, subsanarse este error y reorientar el pequeñísimo gasto autorizado. Sin embargo, lo que parece no tener vuelta de hoja es el crimen que está cometiendo Felipe Calderón al cerrarle la puerta a los productores mexicanos, a los campesinos mexicanos (donde se focaliza 80% de la pobreza) y a los medianos y grandes empresarios mexicanos, para que puedan participar en las licitaciones de etanol.

En septiembre pasado, la Sener lanzó la primera licitación para adquirir millones de litros de etanol por un periodo de cinco años con un valor aproximado de 28 mil millones de pesos anuales.

Lanzó la licitación pero no creó las condiciones previas que marcaba la ley de bioenergéticos, que eran impulsar al campo mexicano con semillas. Es decir, no preparó a quienes debían participar en tales licitaciones.

Ahora, los industriales que, se supone, procesarían las melazas para hacer el etanol, al querer participar en la licitaciones se toparon con pared; enfrentaron mayores obstáculos. No obstante de que podrían haber participado, haciendo un gran esfuerzo por lograr acuerdos de última hora con asociaciones de campesinos, la Sener les cerró totalmente la puerta al exigirles requisitos imposibles de cumplir.

Por ejemplo, les exigió capitales contables o fianzas millonarias que ningún empresario mexicano podía cumplir, a menos que se asociara con terceras empresas. ¿Y quién creen ustedes que son los terceros en discordia que entraron al banquete del etanol? Exacto, los brasileños, quienes ya llevan décadas siendo líderes en esto de la producción y venta de etanol.

El fallo de la licitación aún no se da a conocer, pero los dos últimos finalistas, incluida una empresa brasileña, no tienen tierras para producir, no tienen materia prima, por lo que lo lógico es que importen etanol a precio barato y para ello ya se apuntan otras empresas brasileñas.

A final de cuentas, el gobierno de Felipe Calderón lanzó una licitación en el tiempo equivocado, a menos que lo que pretenda en el fondo sea que algunos empresarios importen etanol barato de Brasil. Y si no es así, que alguien explique por qué la Secretaria de Energía, Georgina Kesseil, acudió el 27 de marzo de 2007 a Brasil para “ampliar” el Acuerdo de Complementación Económica de 2003 y abrió un apartado de “petróleo y etanol”. Y por qué la misma Kessel declaró que “México está muy interesado en conocer la tecnología brasileña y fomentar la inversión en México”.

Así, mientras Brasil invierte en su gente, en sus productores desde hace más de 35 años, México se olvida de sus campesinos, de sus industriales y abre las puertas al extranjero, pues parece ser que le sale más barato comprar de afuera que producir adentro. Y es que el futuro, ¿qué le puede importar a Felipe Calderón? Pareciera que lo urgente sigue siendo la coyuntura, el momento electoral; y si de un futuro que le interese se puede hablar, es tan sólo el de la elección presidencial de 2012 para que su partido siga en el poder.

mjcervantes@proceso.com.mx

El general ausente

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, DF; 29 de enero (apro).- El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, regresará en las próximas semanas a la escena pública después de meses ausencia.

Desde hace tiempo se especula entre algunos militares sobre su estado de salud, y sus supuestos y reiterados viajes a Estados Unidos, para recibir atención.

Con 67 años recién cumplidos, el general Galván reaparecerá en las celebraciones de La Marcha de la Lealtad, el 9 de febrero, y del Día del Ejército, el 19.

Más allá de la veracidad sobre el estado de salud del general secretario, su ausencia ha llamado la atención a la luz de dos hechos significativos: la exclusión del Ejército en el operativo que llevó a la ejecución de Arturo Beltrán Leyva y el anuncio de la salida de los militares de Ciudad Juárez.

Ambos hechos apuntan a un repliegue del Ejército en condiciones nada claras sobre los verdaderos motivos para que sus elementos franquearan a la Marina-Armada de México, en Morelos, y a la Policía Federal, en Ciudad Juárez.

Para muchos soldados ese desplazamiento ha resultado incómodo. Acostumbrados a ver a los marinos como un apéndice, los efectivos del Ejército quedaron como meros vigilantes en el operativo contra El Jefe de Jefes, en diciembre pasado.

Las versiones ministeriales sobre la alegada protección de elementos de la 24 Zona Militar, con sede en Cuernavaca, al líder del clan de los Beltrán Leyva reforzaron la idea de cómo la decisión del gobierno de Felipe Calderón expuso más al Ejército a la penetración del narcotráfico.

Aunque el defensor de oficio del Ejército, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta, salió de inmediato a desestimar las declaraciones asentadas en el Ministerio Público federal, la pregunta permanece: ¿Por qué el Ejército, con tres mil elementos en Morelos, no pudo dar con Beltrán Leyva, a pesar de que vivía a 10 cuadras de la Zona Militar?

En el caso de la salida de Ciudad Juárez, donde el Ejército llegó a tener hasta ocho mil elementos, los soldados le abren el paso a los efectivos de la Policía Federal, a cargo de Genaro García Luna, de quien se desconfía en la Secretaría de la Defensa Nacional.

Resulta inverosímil deducir que los militares ya “limpiaron” las policías en Chihuahua y que García Luna ya tiene a los hombres no sólo para sustituir a los soldados, sino para preparar a los nuevos cuerpos policiales del estado.

Al menos eso se dijo cuando los militares fueron desplazados a Ciudad Juárez y cuya llegada, además de más violencia, incrementó las quejas por violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército.

Si es verdad que se replegará al Ejército para darle más acción a la Marina y a la Policía Federal, eso nada garantiza respecto a la penetración de la delincuencia organizada y las violaciones a los derechos humanos en esta “guerra” de Calderón contra el narcotráfico.

Al contrario, en el caso del Ejército sería comenzar a echar un manto de impunidad.

De nuevo en la escena pública, nada hay que esperar del general Galván en sus próximos discursos de celebración, pues la rendición de cuentas no existe para los militares.

jcarrasco@proceso.com.mx

Llegan al DF para exigir que les devuelvan su trabajo

Imposible frenar la protesta: Mujeres en resistencia

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México DF, 29 ene 10 (CIMAC).- Hombro con hombro, desde el domingo pasado, Modesta, Gisela, Marina y Rosa iniciaron la caminata desde Nuevo Necaxa, Puebla, rumbo al Distrito Federal, para denunciar las carencias que padecen tras el decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), y para exigir a Felipe Calderón, que les regrese el empleo a sus esposos e hijos.

Sin importar las heridas de sus pies tras cinco largos días de caminata, afirman que el gobierno federal no tiene manera de frenar la protesta, que ellas desde su pueblo iniciaron organizadas como el grupo Mujeres en Resistencia SME, desde el pasado 11 de octubre, cuando se decretó el cierre de LyFC, que dejó sin empleo a cerca de 4 mil mujeres y 40 mil hombres electricistas.

“Esas llagas son resistencia, coraje, coraje con el que exigimos que les devuelvan el trabajo a nuestros esposos”, mencionó Modesta Hernández, ama de casa y madre de 3 niños, de 8, 10 y 12 años de edad.

Y agregó categórica: “defendemos el empleo de nuestras parejas hasta morir. Si con la muerte le regresan el trabajo a mi esposo, doy la vida para que a mis hijos no les falta nada y tengan un buen porvenir”.

Alrededor de una docena de esposas de trabajadores de LyFC, de Nuevo Necaxa, Puebla, comunidad considerada cuna electricista, caminaron junto a cientos de empleados afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), desde las 8 de la mañana del domingo pasado.

Esta comunidad es conocida como la cuna electricista, debido a que ahí está la planta hidroeléctrica más antigua en México y América Latina, la cual cumplió 106 años de existencia en diciembre pasado. En estos años, el gremio de electricistas y sus familias llegaron a conformar el 80 por ciento de los 10 mil habitantes de la comunidad.

A fin de estar presentes en la movilización que este viernes se lleva a cabo en la capital, convocada por el SME, “no importa pasar frío, quedarnos en la intemperie, porque el fin que perseguimos es muy digno”, expresó Guadalupe Islas Mejía, de 78 años de edad, viuda de un trabajador electricista y madre de 4 empleados de esta compañía pública.

Movidas por la exigencia de que Calderón Hinojosa les restituya su fuente de trabajo, y de que la Policía Federal salga de su comunidad, “no nos importó dejar a nuestros hijos, venirnos con lo que traíamos en la bolsa” para manifestar nuestro descontento.

“En las marchas me dicen que ya soy grande, que ¿qué hago aquí?, y yo les respondo que antes comía del trabajo de mis hijos, y ahora de la caridad de la gente, esa es la razón de mi lucha”, añadió Islas Mejía, quien junto con su hijo llegó ayer a la Basílica de Guadalupe, primera parada del contingente proveniente de Puebla e Hidalgo.

Las carencias en Nuevo Necaxa se multiplican cada día. Después de tener estabilidad, comida en la mesa, lo suficiente para estudiar y vestir, actualmente la dieta principal de las familias electricistas se reduce a arroz, frijoles y papas. Además, “ahora nuestras hijas e hijos están usando ropa y calzado de medio uso”.

Para Cecilia Platón Hernández, esposa de un joven electricista y madre de un niño de 11 años y de un bebé de un año y tres meses de edad, la necesidad que debe resolver es conseguir la leche de su hijo menor.

“Por eso estamos aquí, no queremos dinero, ni lujos, esos no los conocemos, queremos que nuestros esposos tengan trabajo de nuevo, para que podamos darles de comer a nuestros niños”, manifestó Cecilia.

PARA SOBREVIVIR…

Hasta ahora, las amas de casa, esposas de los electricistas, han tenido dificultades para emplearse, aún en el comercio informal, porque, aseguran, en Nuevo Necaxa no hay quien nos compre. Esta es la misma razón por la que no encuentran empleo como trabajadoras del hogar, pues tampoco hay personas con la capacidad económica de emplearlas.

“Sólo yendo a Huauchinango, pero no nos conviene, gastamos mucho en pasaje”, mencionó Gisela Eslava Vargas, de 47 años de edad, también ama de casa y madre de dos universitarios.

El viaje a Huauchinango, localizado a 30 minutos de Necaxa, cuesta 24 pesos, y el salario que reciben las empleadas del hogar es de 50 pesos.

En esta comunidad, que pertenece al municipio de Juan Galindo, las y los 600 electricistas, (16 por ciento son mujeres) eran las únicas personas con empleos formales en la región y junto con 900 jubiladas y jubilados, sustentaban la economía de Nuevo Necaxa.

El 20 por ciento de la población restante, brindaba servicios a las y los electricistas, como son albañilería, carpintería, trabajo doméstico. Otros más, son las personas dedicadas al comercio, ellas también se vieron afectadas.

Ante este escenario, en noviembre pasado, el gobierno de Puebla, encabezado el priista Mario Marín, les ofreció un crédito a las mujeres del pueblo para que pusieran un negocio, la única condición era que sus esposos estuvieran liquidados.

“Decían que del dinero que quisiéramos, eso sí con intereses, pero pedían que nuestros maridos aceptaran la liquidación. Nosotras no lo dudamos, porque nuestra exigencia es clara, no queremos un micronegocio, queremos de vuelta el trabajo digno”, aseveró Modesta Hernández, en compañía de sus compañeras de lucha.

Para sobrevivir, ellas consumen las despensas que desde el Distrito Federal, les hace llegar el Comité Central, del SME. También se “ayudan” con los 250 pesos que donan las y los jubilados de Nuevo Necaxa, quincenalmente.

Algunas de ellas tienen padres jubilados, que por el momento “les echan la mano con la comida y lo más esencial”, mencionó Gisela.

¡LA LUCHA SIGUE!

A pesar de la “indiferencia” y “malos tratos” por parte de las autoridades del gobierno federal, sobre todo, de Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, ellas sostienen que ¡la lucha sigue y la tenemos que ganar!

“Esos son los valores que nosotras les vamos a dejar a nuestros hijos, que no se deben dejar pisotear, que ya basta de tanto engaño de los gobernantes”, refirió Modesta, ama de casa de 38 años de edad.

“Por eso nos venimos en peregrinación para que la gente se dé cuenta de lo bajo que nos ha tratado el gobierno. Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias, hemos estado en marchas, en plantones, cerrando carreteras, casetas”, añade.

“No damos un paso atrás porque están siendo violados los derechos de nuestros esposos, y sin ese ingreso, nosotras y nuestras hijas e hijos quedamos desprotegidos”, señala Gisela.

Al respecto, Marina Márquez, esposa de un electricista jubilado asevera que Felipe Calderón, quien se autonombró “presidente del empleo” durante su campaña presidencial, transgrede también sus derechos humanos, “él siempre habla de la mujer, pero está desamparando a miles de mujeres electricistas”.

Las esposas de los electricistas, las llamadas mujeres en resistencia SME, se reúnen desde el día del decreto presidencial, acuden sin falta al llamado de la división Necaxa. Y también, realizan guardias en los centros de trabajo de LyFC, cuando sus esposos salen a buscar “unos centavos”.

Preparan políticas mexicanas propuesta de Reforma Política

Buscan la paridad en cada instancia del poder

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF 29 ene 10 (CIMAC).- A diferencia de la Reforma planteada por Felipe Calderón, que sólo contiene “el punto de vista de los hombres”, una verdadera Reforma Política debe inscribirse en el principio de paridad en los tres poderes, y en los tres órdenes de gobierno, es decir, el reconocimiento de las mujeres como pares de los hombres y representadas en números iguales en cada instancia del poder.

En conferencia para dar a conocer la postura de las mujeres frente al debate que se llevó a cabo en el Senado de la República, la ex legisladora Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), explicó que la propuesta de Felipe Calderón tiene un vicio de origen, “ésta planteada desde el punto de vista de los hombres, en donde las mujeres no existimos”.

Ante varias mujeres de reconocida trayectoria en el ámbito político, puntualizó que la Reforma política debe trascender los enunciados de “buena voluntad”, que sólo recomiendan a los partidos y a quienes gobiernan que incluyan a las mujeres como candidatas para el ámbito legislativo o a puestos de gobierno.

“La paridad también debe aplicar a todas las candidaturas, de tal modo que contiendan mujeres y hombres en un 50/50 y sancionar con rigor a quienes simulen cumplir”, enfatizó la perredista.

En este punto coincidió Martha Tagle ex diputada federal por Convergencia, quien afirmó que es necesaria una ley de partidos políticos para derribar los obstáculos que impiden a las mujeres participar en la política, así como impulsar una “profunda”, restructuración de las instituciones públicas; para llegar a ello es vital que el debate sea público y abierto.

Para Elsa Conde, ex diputada federal del Partido Social Demócrata (PSD), la paridad es una medida definitoria, que busca compartir el poder político entre mujeres y hombres, que pretende trastocar el monopolio masculino del poder político.

Por ello tanto la demanda de la paridad, como la de la presencia de mujeres y de la ciudadanía en general han sido los grandes ausentes del debate de Reforma Política, subrayó.

Dichas ausencias contravienen acuerdos internacionales signados por México en esta materia. En 2007, México firmó el consenso de Quito que se dio a partir de la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en el que se reconoce que la participación de la mujer en la toma de decisiones es de suma importancia para alcanzar la democracia “representativa y participativa”.

Las reconocidas políticas coincidieron en que no permitirán que se excluya a las mujeres de la discusión de la Reforma Política que amenaza con estrechar e incluso cerrar los espacios de participación política para las mexicanas.

La visión machista, autoritaria y excluyente persiste tanto en la propuesta del Ejecutivo, como en los discursos de los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), abundó Elsa Conde.

Al tiempo que se invocan viejas demandas ciudadanas como la iniciativa popular y candidaturas ciudadanas, se formulan propuestas para aumentar la gobernabilidad a costa de la pluralidad, y las mujeres nos llevamos la peor parte, enfatizó.

“En la última década la participación de las mexicanas en la política, ha sido obstaculizada por la simulación y la burla a la ley de los partidos políticos”, enfatizó Conde.

Para la ex legisladora priista Dulce María Sauri Riancho, quien envió un documento, el año pasado dejó una costosa reducción de la participación política de las mujeres.

De ser aprobada la propuesta de Felipe Calderón de reducir el número de integrantes de ambas cámaras del Congreso de la Unión, se concretará otra afrenta contra las mexicanas, en uno de los derechos por el que más han luchado.

Darle un mayor peso como el Ejecutivo propone a la vía de Mayoría Relativa (MR), hará menor la representación femenina, toda vez que el obstáculo que pone la ley a los prejuicios y resistencias a la participación de las mujeres como candidatas es “fácilmente” eludible a través de los métodos estatutarios de “elección democrática” que los partidos establecen, y que anulan la obligatoriedad de la disposición, enfatizó Sauri Riancho.

Ante ello, anunciaron que la próxima semana acudirán al Senado de la República para presentar una propuesta de Reforma que incluya las candidaturas independientes como mecanismo para romper el monopolio de los partidos, así como del referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato.

La iniciativa se encuentra integrada también por la ex diputada Ruth Zavaleta; la ex gobernadora del Distrito Federal Rosario Robles; Patricia Olamendi Torres, Asesora de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; Alejandra Latapí Renner, ex Consejera del Instituto Federal Electora; Clara Scherer, especialista en estudios de género; y Margarita Guillé, directora de la Red Nacional de Refugios; Pola Peña; consultora en género, integrante del Consejo Consultivo y Junta de Gobierno del Inmujeres.

Estudio de ONUSIDA llama a países de AL a redoblar esfuerzos

Difícil cumplir a 2015 meta de milenio sobre VIH-sida

Por Lisseth Castro Alanis

México, DF, 29 ene 10 (CIMAC).- Investigadores del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) han advertido que la meta 6 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio referente a combatir el VIH / Sida, está lejos de cumplirse a 2015, ya que prevén, para ese año aproximadamente 3.5 millones de personas vivirán con VIH y SIDA y 1.5 millones morirán.

De acuerdo con el Reporte 2006 de la Epidemia Global de Sida del ONUSIDA, el 90 por ciento de los nuevos casos en América Latina y el Caribe, son por transmisión sexual, el 62 por ciento de las y los jóvenes en las escuelas no cuentan con acceso alguno a programas preventivos, y México y Brasil son los países latinoamericanos con más casos.

Los especialistas consideran que para lograr este objetivo, los gobiernos del mundo deben establecer como meta garantizar que para este 2010, por lo menos el 95 por ciento de las y los jóvenes de entre 15 y 24 años, tengan acceso a la educación y servicios necesarios, para desarrollar los conocimientos básicos sobre la infección del VIH, y de esta manera reducir su vulnerabilidad.

De igual manera se acordó un suministro adecuado a las poblaciones de productos de salud reproductiva, entre ellos condones femeninos y masculinos, principalmente en países subdesarrollados, además de una integración de programas que previenen la transmisión materno-infantil en un plan de salud reproductiva a mayor alcance.

El reporte destaca que la ausencia y deficiencia de programas de educación sexual y la escasa promoción de medidas preventivas, como el uso del condón en países de la región, incrementa en las y los jóvenes, el VIH/Sida, que representa el 40 por ciento de los nuevos casos.

En Republica Dominicana y Haití la prevalencia del VIH/Sida ocupa la segunda tasa más alta del mundo con 1 por ciento, después de África y representa la primera causa de muerte entre las y los portadores de 15 a 44 años de edad.

Aunque la mayoría de la prevalencia del VIH/Sida se da en varones, las mujeres y las niñas siguen siendo las más vulnerables. Cabe recordar que en 2007 ONUSIDA reportó por primera vez una disminución de la expansión de la epidemia, sin embargo, también el aumento de la feminización de la enfermedad.

Durante el 2007, las mujeres representaban el 28 por ciento de las mujeres en América Latina con VIH/Sida, mientras que en el Caribe, la población femenina ocupaba el 42 por ciento, las cuales tenían entre 15 y 24 años y vivían en situación de pobreza, además de no contar con acceso a la educación y a los servicios de salud.

A finales de 2009, ONUSIDA indicó que en América Latina existían 2 millones de personas con VIH/Sida; de éstas 77 mil murieron a causa de esta enfermedad, además de que se registraron 170 mil nuevos casos. Mientras que, en el Caribe, se contabilizaron 240 mil personas afectadas por el mal, de ellas hubo 12 mil decesos y 20 mil nuevos casos por la enfermedad.

Uno de los grandes problemas de América Latina, dicen los especialistas, es el tardío acceso a medicamentos antirretrovirales pues aunque hay acceso a la terapia antirretroviral, ésta se recibe con mucho retraso, sobre todo cuando las personas han sido detectados como seropositivas, lo cual representa una verdadera amenaza.

A ello se suman otros factores como la desigualdad socio-económica, la falta de políticas públicas asertivas, la discriminación y el estigma asociados al VIH/sida en sectores históricamente excluidos, señaló César Núñez, representante de ONUSIDA para América Latina.

Aunque los programas preventivos en América Latina se intensificaron desde 2005, más del 40 por ciento de los países de la región tienen leyes, regulaciones y políticas que obstaculizan el tratamiento para la población de alto riesgo, asimismo, en el Caribe, más del 20 por ciento de los países exhiben ese tipo de normas, comunicó el reporte 2009 de ONUSIDA.

Presentan “Migración, sueños y esperanzas del sur”

Niñez cada vez más expuesta a migración y trata

Por Narce Santibáñez Alejandre

México DF, 29 ene 10 (CIMAC).- Esther es una niña guatemalteca de cuatro años de dad que durante varios días viajó a través de México con la finalidad de llegar a Estados Unidos para reencontrarse con sus padres, quienes pagaron a una “coyote” para que la acompañara.

Antes de partir, la “coyote” le dio instrucciones para responder a los interrogatorios de la migra mexicana: tendría que guardar silencio, mientras que su acompañante fingiría ser su madre. También tendría que “hablar como mexicana” y aprender el himno nacional de México.

Sin embargo, en un retén de Coahuila a Esther le preguntaron que si traía “pisto” y ella respondió que sí, evidenciando no ser mexicana, pues en algunas partes de Centro América “pisto” significa dinero. Fue entonces cuando las detuvieron y Esther fue repatriada a Guatemala.

Esto es solo un pequeño esbozo del contenido de la publicación “Migración sueños y esperanzas del sur”, divulgado por la organización chiapaneca Melel Xojobal, que muestra la migración en la frontera sur, principalmente de niña y niños que viajan de Centroamérica a México para alcanzar el sueño americano.

En su intervención, Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, señaló que México, siempre reclama el trato que se le da a nuestros migrantes, pero pocas veces pone el ojo en el trato que damos a los que vienen del sur, con prácticas “reprochables”, pues en nuestro país hay actitudes de “rechazo y discriminación” hacia los migrantes, por parte de las autoridades federales.

“El fenómeno migratorio tiene que apelar a la sensibilidad y a la necesidad de aceptar al otro, así como aceptar que la crisis económica puede aumentar la migración”, puntualizó el Ombudsman capitalino.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), México es tránsito y destino de migración, cada año alrededor de 40 mil menores de edad que migran a Estados Unidos son repatriados a México, y de estos, 18 mil viajan solos. Durante 2007, 5 mil 700 centroamericanos fueron repatriados de México a lugares de origen.

Asimismo, durante los tres primeros trimestres de 2008, habían recibido oficio de salida de nuestro país 1,125 niñas y niños, 22 por ciento eran niñas y 82 por ciento viajaban no acompañados. De ellos, eran menores de 12 años: 100 guatemaltecos, 36 hondureños, 17 salvadoreños, 1 nicaragüense y 1 ecuatoriano.

De enero a septiembre de 2009, según el INM se repatrió 20 mil doscientos niñas y niños mexicanos, de estos 13 mil iban solos, 10 por ciento tenían menos de 12 años.

Al respecto Nashieli Ramírez, fundadora de Ririki, Intervención Social, refirió que las rutas de migración coinciden con las rutas de trata, en donde la niñez, también se ve expuesta al abuso y a la explotación laboral.

Por su parte, Luis Aguilar, fotógrafo de la publicación “Migración sueños y esperanzas de sur” señaló que cada migrante tiene un rostro, una familia, una historia, pero en medio de la indeferencia el éxodo los convierte en un migrante más, en un ser humano sin rostro, de ahí la importancia de la publicación.

Porfirio Muñoz Ledo

Golpiza preferente

La consideración expedita concedida en el Senado a la propuesta de Calderón sorprendió por el fuego graneado de los rechazos. Suponíamos que el PRI le había dado entrada inmediata a fin de sazonar el guiso a su conveniencia, pero después de la unánime descalificación, la complicidad se torna indecente.

Era propio del antiguo régimen otorgar prioridad a los proyectos del Ejecutivo sobre los que ya estaban a discusión en el Congreso respecto de las mismas materias. La “iniciativa preferente” no ha sido adoptada y hace apenas tres años se expidió una Ley para la Reforma del Estado, de amplia convocatoria, cuyas aportaciones aguardan todavía dictamen.
Fue en apariencia un plan con maña, destinado a desinflar la operación publicitaria por la que el PAN intentaba recuperar la iniciativa política. Se inscribe en la arena de las batallas electorales de este año y es parte de la reacción celosa y desmesurada con que respondieron los tricolores a las alianzas pluripartidistas anunciadas.
Se antoja un ejercicio de violencia intrafamiliar: la disolución aparente de un contubernio que legitimó elecciones fraudulentas y propició un cogobierno precario para deleite de los poderes fácticos. A no ser que, después de la golpiza, el macho pretenda llevar nuevamente la víctima a su lecho.
A pesar de la calidad de algunas participaciones, en Xicoténcatl se escenificó un verdadero aquelarre; “oficio de brujas y brujos con la supuesta intervención del demonio”. Por desgracia el maligno invocado es la decadencia nacional: el espectáculo de la frivolidad e incompetencia política frente a la necesidad imperiosa de lanzar un proceso constituyente.
El debate puso en evidencia la pequeñez de la iniciativa presidencial tanto como su carácter desarticulado y mal intencionado. Enviar al Legislativo un proyecto de reformas destinado a debilitarlo es una inocentada. Presentar una iniciativa escuálida en olvido de las propuestas avanzadas durante 10 años por especialistas, sociedad y partidos es un insulto a la inteligencia.
Carece de un enfoque sistémico y tiene un sesgo pendenciero. Ha desatado el pleito en vez de suscitar el consenso. Es sobre todo desproporcionada en relación a la magnitud de los problemas que el país afronta. Exhibe una ausencia patética de visión de Estado y entendimiento del proceso histórico.
Es este el año del Bicentenario que invita a una profunda reflexión nacional. México no requiere de más parches legales ni ocurrencias palaciegas, sino de la reconstrucción cabal de sus instituciones. Nuestra crisis es insondable y afecta hasta la médula de la identidad colectiva. Pone en juego nuestro destino.

Involucra al huevo y a la gallina. El declive dramático de la economía y el peligroso incremento de la desigualdad no pueden ser revertidos en ausencia de un Estado competente, suficiente y participativo. No hay glasnost sin perestroika y viceversa, a riesgo de la desintegración nacional.

El eje es la pérdida de soberanía externa e interna de las instituciones políticas. El doble secuestro de que son objeto por parte de las estrategias y decisiones extranjeras y de las fuerzas domésticas —legales e ilegales— que lo rebasan. La tarea: detener y remontar el círculo acumulativo de su degradación.

La crisis global ha demostrado que sin una nueva gobernabilidad los remedios serán cosméticos y terminarán devolviendo el poder a quienes generaron la catástrofe. Un modelo económico distinto supone la emergencia de un sistema de relaciones políticas capaz de promoverlo.

Los tres grandes campos de la reforma están interconectados. Es menester atacar simultáneamente la concentración abusiva de la riqueza, el debilitamiento del Estado y el imperio de la mediática. Se trata de una distribución democrática del poder que haga posible la toma de decisiones indispensables a nivel nacional y planetario.

En ese cambio gravitacional todos estamos implicados. Terminar con un “sistema cerrado” exige ante todo abolir la cerrazón mental y emprender la batalla frontal contra quienes lo encarcelaron. En una palabra: demanda grandeza.

Diputado federal (PT)

Gloria Muñoz Ramírez: Los de Abajo

Estado de emergencia

Para las trabajadoras sexuales de la ciudad de México la reciente quincena ha estado marcada por una serie de movilizaciones para exigir respeto a su trabajo en las calles, mismo que en días recientes ha sido objeto de persecución y represión por parte del gobierno de la ciudad de México. Las mujeres, travestis, transgénero, vestidas, o como quiera identificárseles, están siendo víctimas de una estrategia de limpieza de las calles, oficialmente dirigida a la captura de tratantes de personas y explotadores de menores de edad, pero que tiene como trasfondo el impulso a los proyectos inmobiliarios y turísticos que desconocen la realidad del México profundo que se sostiene de una economía informal, entre los que se encuentran los comerciantes ambulantes y las trabajadoras sexuales, entre otros oficios en los que se desenvuelven decenas de miles de personas en esta caótica ciudad. En la semana anterior la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, organización que defiende los derechos de trabajadoras sexuales y las diferentes instancias territoriales de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, hizo público un estado de emergencia mientras estuvieran detenidas trabajadoras sexuales de Tlalpan, pertenecientes a la cooperativa Por Mejores Condiciones de Trabajo y Salud, acusadas de diferentes delitos por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PJGDF), “en tiempos donde –acusaron– la trata de personas con fines de explotación sexual deja jugosos dividendos a las autoridades capitalinas”. Esas mismas autoridades, denuncian, son las que pretenden limpiar las calles de una ciudad que cuenta con proyectos turísticos e inmobiliarios de Carlos Slim, uno de los hombres más ricos de México y del mundo y, de paso, se pretende castigar a quienes se opusieron a ser reubicadas en otros puntos. Un recorrido nocturno por Tlalpan, una marcha por la misma calzada, otra por la zona de La Merced y un plantón silencioso frente a la PJGDF son algunas de las iniciativas que han tomado las trabajadoras sexuales que implementan una estrategia de resistencia y de lucha contra la represión, muchas de ellas pertenecientes a la otra campaña, iniciativa política impulsada por el EZLN. Entre el 14 y el 28 de enero se han realizado al menos 30 asambleas generales en las que han participado 450 trabajadoras sexuales, de 11 hoteles de La Merced y siete de Tlalpan. Su decisión es una: no se retirarán de su lugar de trabajo, en el que no aceptan lenones, menores de edad, tráfico y consumo de drogas y en el que, además, mantienen campañas permanentes de salud sexual y prevención del sida.

losylasdeabajo@yahoo.com.mx

TEPJF: deterioro y golpeteo político

Editoral La Jornada

Con la anulación, ordenada el pasado miércoles por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de los estatutos del Partido del Trabajo (PT) aprobados en su congreso nacional, y el desconocimiento de la actual dirigencia de ese instituto político, el máximo órgano de justicia electoral se coloca a sí mismo en nuevo nivel de descrédito, y ratifica la crisis generalizada por la que atraviesa el conjunto de las instituciones políticas del país.

Ciertamente, el hecho comentado no es el primer caso de abierta intromisión de ese órgano jurisdiccional en la vida interna de los partidos. Algo similar ocurrió con la imposición, a mediados de 2008, de una dirigencia irregular y cuestionada al frente del Partido de la Revolución Democrática –la encabezada por Jesús Ortega–, que emanó de un proceso en el que se presentaron, a decir del entonces magistrado presidente del TEPJF, Flavio Galván, diversas causales de nulidad. Ejemplo más reciente de esa conducta fue la decisión, adoptada en junio pasado por el propio tribunal, de retirar a Clara Brugada la candidatura del sol azteca a la jefatura delegacional en Iztapalapa y de otorgársela a la representante de la corriente Nueva Izquierda.

Al igual que en esos episodios, es inevitable percibir, en el desconocimiento de la dirigencia del PT, la continuidad de un golpeteo sistemático por parte del tribunal electoral en contra de los sectores partidistas que respaldan a Andrés Manuel López Obrador y a su movimiento. Tal circunstancia, de suyo grave por cuanto implica un alineamiento vergonzoso de la máxima autoridad electoral con los intereses políticos del actual régimen, resulta además muy peligrosa, pues se restringen las vías de la participación política e institucional a un movimiento opositor amplio y creciente, que ha expresado en reiteradas ocasiones su voluntad de emprender transformaciones sociales en el país por vías enteramente pacíficas y legales.

Desde un punto de vista más general, los hechos referidos forman parte de una cadena reciente de episodios que trascienden el ámbito político-electoral, y en los que puede percibirse un empleo faccioso de las entidades federales y los organismos de procuración de justicia como instrumentos de golpeteo político en contra de quienes son considerados adversarios por el grupo que detenta el poder. Baste señalar, como botones de muestra de tal actitud, la hostilidad con que se ha desempeñado el calderonismo en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas y sus dirigentes, y la animadversión mostrada por las dos administraciones federales panistas en contra de las autoridades capitalinas, lo que ha significado diversas afectaciones para los habitantes del Distrito Federal, como se comentó ayer en este mismo espacio.

La circunstancia descrita, en suma, deja entrever elementos inocultables de arbitrariedad, discrecionalidad y partidismo en el ejercicio gubernamental y en el desempeño de instancias que debieran exhibir autonomía respecto del poder político, como es el caso del TEPJF. Lo anterior, lejos de contribuir a establecer un verdadero estado de derecho y a restañar la deteriorada imagen y la credibilidad de las instituciones en el país, profundiza el deterioro de éstas y exacerba la desconfianza y el desencanto populares.

Cananea, estado de derecho a prueba

Arturo Alcalde Justiniani

Dos mujeres y un hombre, María Edith Cervantes Ortiz, Elisa Jiménez Aguilar y Jorge Farrera Villalobos, magistrados del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo de la ciudad de México, decidirán en los próximos días la suerte de los trabajadores mineros de Cananea, Sonora. No se trata de una resolución más entre el cúmulo de asuntos que emiten cotidianamente, sino de un conflicto que con el de Luz y Fuerza del Centro marcan la política laboral de años recientes. Será una decisión de alto contenido ético, social y humano. Además de definir el futuro de los trabajadores y sus familias, dará una muestra de la verdadera vigencia del estado de derecho.

Esta nueva versión de la huelga de Cananea, en pleno centenario de aquella que dejó huella en nuestra historia, se inició el 30 de julio de 2007, con motivo de las violaciones al contrato colectivo de trabajo en que incurrió la empresa Minera México, realizadas con la evidente intención de ampliar su ofensiva contra el sindicato minero metalúrgico, tarea a la que ha canalizado gigantescos recursos con desastrosos saldos, incluyendo la pérdida de vidas humanas. Cinco laudos y tres declaraciones de inexistencia de huelga han sido dictados por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en clara obediencia a las consignas dictadas por el Ejecutivo federal.

Entrampados en esta lucha, el gobierno y la empresa cancelaron desde hace tiempo la vía privilegiada de la negociación. Al fracasar en cada batalla por la sucesivas revocaciones emanadas del Poder Judicial de la Federación, el día que tuvieron conocimiento de que serían obligados a reconocer la legalidad de la huelga, diseñaron una estrategia de largo alcance, ahora orientada no sólo a cancelar la huelga en sí, sino a aniquilar al sindicato y el contrato colectivo de trabajo, además de despedir masivamente a los empleados para que fuesen sustituidos por otros menos rijosos, como ha confesado la propia empresa. La maniobra consistió en ordenar una inspección a través de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, a cargo de dos empleados que alegaron haber visitado la mina –en realidad sólo estuvieron en las cercanías–, quienes resolvieron de inmediato que estaba imposibilitada para ejecutar obras y trabajos mineros. Con esta resolución a modo se montó el golpe.

El 14 de abril de 2009, en un tiempo récord de 15 horas, se desahogó un juicio que comúnmente dura varios años, el cual se inició por la mañana y culminó esa misma noche con un laudo milagrosamente extraído del cajón de un escritorio. Con frialdad absoluta se autorizó la terminación de la huelga, la muerte del contrato colectivo y el despido de todos los trabajadores con una ínfima parte de su liquidación. No se aceptó prueba alguna del sindicato, no se notificó a los empleados afectados para que tuvieran posibilidad de defender sus derechos en el juicio, no se respetaron las garantías más elementales de un debido proceso legal.

Desde el punto de vista jurídico la resolución es aberrante, ya que además de las violaciones procesales pretende apoyarse en la fracción I del artículo 434 de la ley laboral, que señala que la terminación es procedente cuando la causa de fuerza mayor “… produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la terminación de los trabajos”. En el presente caso es evidente que tal hipótesis no se actualice, ya que la intención de la empresa es seguir operando. Pocas horas después de dictarse el laudo, la compañía puso en ridículo a la autoridad laboral, al anunciar que abriría de inmediato la mina sin los llamados rijosos y firmaría un contrato colectivo con un sindicato diferente. Este mismo ridículo podría sufrir el Poder Judicial Federal, si el segundo tribunal colegiado confirmara la tesis sostenida por la empresa y la Junta de que por causas de fuerza mayor la fuente de trabajo no puede seguir operando.

¿Por qué se involucró el gobierno federal en esta loca aventura, iniciada cuando pretendió desconocer al dirigente del gremio minero apoyándose en firmas falsificadas? Dentro de dos años, cuando el panismo cancele su posibilidad de continuar en el poder por acciones impopulares como ésta, será muy difícil que retome las banderas de la legalidad laboral, de la libertad y la democracia sindical, demandas que durante mucho tiempo reivindicó siendo oposición. No será fácil justificar que estando a cargo del gobierno federal defendió al más rancio corporativismo y abdicó de la obligación constitucional de buscar el bien común, apostando a los intereses de un grupo empresarial, Minera México, generando no sólo la censura interna, sino también la descalificación de numerosas organizaciones internacionales. Este conflicto es motivo de pronunciamientos y campañas en muchos países, así como de denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo.

Hoy, el gobierno mexicano es identificado como uno de los regímenes más represivos en materia laboral. Con sus acciones confirma que en nuestro país es prácticamente imposible formar un sindicato auténtico, que no existe justicia laboral imparcial y que la contratación colectiva de protección patronal es la norma común. Estos vicios pretenden ser consolidados en el proyecto de reforma laboral que el gobierno cabildea en el Senado para que sea ésta la cámara de origen.

Rechazar la maniobra gubernamental y empresarial otorgando el amparo será un mensaje claro para que el conflicto sea resuelto por la vía de la concertación y la legalidad; avalarlo, además de hacer perder al Poder Judicial buena parte del prestigio logrado, sentaría un precedente para los hombres y mujeres que viven de su trabajo, como los de Cananea, que nos han dado un ejemplo de dignidad y entereza, cualidades que tanto necesitamos.

La deconstrucción del país

Enrique Calderón Alzati

Muchas cosas ha perdido México durante las recientes décadas, una de ellas pareciera ser la memoria, y digo pareciera porque no es así, después de todo existen registros de cómo era entonces, y desde luego muchos hombres y mujeres que lo recuerdan; sin embargo, para la inmensa mayoría de los mexicanos de hoy, la grandeza de nuestro país, su liderazgo entre las naciones latinoamericanas, la confianza plena en el futuro, la sabiduría de los viejos, la fortaleza de las instituciones, la fuerza de su cultura y la belleza de su música son cosas desconocidas.

Recuerdo la primera vez que visité Ciudad Universitaria, cuando aún no tenía estudiantes, su arquitectura y sus espacios resultaban impresionantes, nos hablaban de un futuro que se construía día a día y en el cual íbamos a vivir cuando llegáramos a ser adultos, luego estaban los grandes hospitales, las fotografías de las presas hidroeléctricas y de los centros vacacionales. México era entonces una nación de esperanza, una nación con futuro y nosotros, los niños y jóvenes de entonces, éramos parte de ese proyecto. Con ese sueño llegué a estudiar a la universidad, con él me fui a estudiar un doctorado, pensando siempre en lo que podría hacer cuando regresara de nuevo a mi país, me sentía ligado a mi patria y orgulloso de ser mexicano.

¿Qué queda hoy de todo eso? Creo que muy poco, no por ser viejo, sino por lo que veo en los jóvenes que tienen todo esto perdido, especialmente en la ciudad de México, pero seguramente también en muchas otras urbes y regiones del país. Quizás una parte de ello se debe a la crisis mundial causada por la globalización y los excesos de la tecnología, que se desarrolla a una velocidad mayor a la que las sociedades pueden asimilar sin enormes distorsiones, pero en nuestro caso, el deterioro central radica en los pésimos gobiernos padecidos durante los últimos 30 años, que con claridad conforman ya tres décadas perdidas para la nación, pues hemos visto el surgimiento o resurgimiento de otras naciones cuyo pasado reciente no era muy diferente del nuestro y que hoy avanzan cuando nosotros retrocedemos o permanecemos estancados.

El establecimiento del tratado comercial con Estados Unidos ha sido desde luego un factor decisivo para esta debacle, cuyas dimensiones han sido soslayadas, pero cuyas consecuencias vivimos como la única realidad posible, un tratado negociado de manera irresponsable y sin una visión clara de los riesgos que implicaba, primero por la asimetría de las partes, luego por la voracidad de los estadunidenses que vieron en él un nuevo instrumento de dominación económica, a contrapelo del modelo de comercio europeo que buscaba el fortalecimiento de los países atrasados, para acrecentar la capacidad de un mercado común, y finalmente porque en su miopía, nuestros gobernantes (Salinas y su equipo) no entendieron la importancia de preparar al país y a sus aparatos productivos y comerciales para enfrentarse a esa aventura, que terminó desmantelando la incipiente estructura industrial, comercial y financiera existente.

La imposición del modelo neoliberal, utilizando como plataforma de lanzamiento al Partido Revolucionario Institucional, constituyó en su tiempo un gran engaño para el país, tomando en cuenta que las ideas que se planeaba instrumentar en poco o nada coincidían con la ideología de ese partido, el cual terminó pagando las consecuencias de ese engaño, con la pérdida del poder en 2000; sin embargo, la nación perdió más con el desmantelamiento entonces de los instrumentos gubernamentales que podían proteger el acceso a la educación y a la asistencia médica, así como la suficiencia alimentaria y el desarrollo científico y tecnológico, que cualquier nación moderna necesita.

Lejos de ser derrotados en su intento, los arquitectos del modelo neoliberal encontraron en el Partido Acción Nacional el instrumento idóneo para continuar el desmembramiento del modelo social establecido en la Constitución de 1917, de hecho era allí su lugar natural para implantar su proyecto político y económico basado en el libre mercado; el gobierno del cambio terminó constituyéndose así en el instrumento para establecer un esquema destinado a hacer florecer la especulación, la acumulación de las riquezas y la salida de recursos del país a partir de la enajenación de la banca, del comercio y de la industria, que en unos cuantos años pasaron a manos extranjeras, o a las de algunos cuantos capitalistas mexicanos, que en muy poco o nada se distinguen de los primeros.

El siguiente paso del desmantelamiento fue el ideológico; las nuevas generaciones de jóvenes, preparados en las universidades y los centros de estudio privados, aprendieron pronto que el mejor, o más bien el único camino posible para su futuro personal era contratándose como empleados de una empresa extranjera, ya fuese en México o en otro país, haciendo a un lado cualquier vestigio de cultura u orgullo nacional, como un posible estorbo para pasar parte de la maquinaria diseñada para drenar recursos económicos hacia el exterior. El proceso no ha sido exclusivo de los grupos de altos ingresos; amplios sectores de la clase media buscan hoy con sacrificios y desvelos proporcionar a sus hijos una educación privada no de mejor calidad, sino una que les asegure relaciones con los círculos de mayores ingresos y el acercamiento a puestos de trabajo en empresas o instituciones financieras extranjeras.

Hace 20 años, uno de los grandes clamores de la sociedad era la exigencia de un gobierno democrático; la respuesta fue primero un gran fraude electoral de dimensiones similares a las que en 1910 dieron origen a la Revolución, para luego instrumentar un sistema electoral que, lejos de llevar al país por la senda democrática, ha logrado sumirlo en un atole amorfo, donde los ideales, los principios y las visiones de futuro carecen de importancia, frente a un mercado electoral manipulable con escándalos, tonadillas y alianzas grotescas. De esta manera, ¿podemos afirmar hoy que vivimos en estado democrático? Por supuesto que no, aunque a diferencia de lo que sucedía en 1988, hoy el país no puede, ni parece saber qué exigir para acceder a la democracia. Si a todo esto le agregamos la creciente influencia del crimen organizado, el diagnóstico global resulta tan incierto como el futuro mismo de la nación.

Los transgénicos usan más tóxicos

Silvia Ribeiro*

Los cultivos transgénicos han significado un aumento sin precedentes del uso de agrotóxicos (herbicidas y otros plaguicidas). Un informe del doctor Charles Benbrook publicado a fin de 2009 (Impacts of genetically engineered crops on pesticide use: the first thirteen years, www.organic-center.org) analizando el uso de agrotóxicos en Estados Unidos en soya, maíz y algodón transgénico de 1996 a 2008, muestra que las variedades transgénicas aumentaron el uso de agrotóxicos en más de 144 millones de kilogramos en esos 13 años. Estados Unidos es el mayor y más antiguo productor de transgénicos, por lo que los datos son significativos a nivel global.

Es grave porque los agrotóxicos son un importante factor de daños ambientales (al agua, suelos, flora y fauna) y a la salud humana. Muchos son disruptores endócrinos (producen desequilibrio hormonal con disminución de la fertilidad o infertilidad) y/o afectan el sistema nervioso e inmunológico, entre otros problemas. Se ha comprobado que los alimentos elaborados con transgénicos, contienen residuos de agrotóxicos hasta 200 veces más altos que los elaborados con cultivos que no lo son, debido a la gran cantidad de agrotóxicos que se les aplica en la siembra.

La gran mayoría del aumento que registra este nuevo informe se debe a los transgénicos tolerantes a herbicidas, principalmente al glifosato, que en estos 13 años ha pasado a ser el veneno más ampliamente usado en la historia de la agricultura. El aumento ha sido progresivo, acumulándose a través de los años. En los años 2007 y 2008 se registró 46 por ciento del aumento total.

El motivo principal es el surgimiento de hierbas invasoras que se han hecho resistentes a los herbicidas. Al igual que con los antibióticos, el uso continuado promueve cada vez mayor inmunidad en los organismos que se quiere combatir. El glifosato ya ha provocado resistencia en un mínimo de nueve diferentes hierbas invasoras, de las cuales el mayor problema en grandes áreas al sur de Estados Unidos es el surgimiento de amaranto resistente a agrotóxicos. Debería ser un alerta para México, donde el amaranto, junto al maíz, es parte de la dieta usual y existe en todo el país.

Para enfrentar la resistencia de invasoras, los agricultores emplean dosis mucho mayores de glifosato y tóxicos que habían sido descartados por su alta peligrosidad (prohibidos en algunos países) como atrazina, paraquat y 2,4-D. Éste último es componente del Agente Naranja, arma química usada por Estados Unidos en la guerra de Vietnam, desarrollado justamente por Monsanto, la mayor empresa de agrotransgénicos.

El glifosato, que las empresas describían como inocuo –aunque nunca fue verdad y Monsanto fue multado por publicidad engañosa debido a esta afirmación– era considerado menos tóxico que otros herbicidas. Sin embargo, esta comparación se hacía con una cantidad igual del componente activo de diferentes químicos usada en un área similar. Actualmente, gracias a los transgénicos, la concentración del glifosato ha aumentado exponencialmente y el informe reporta que en ciertos casos se usan cantidades 100 veces mayores que de otros herbicidas por unidad de área, por lo cual finalmente tiene un impacto mucho mayor que incluso herbicidas clasificados como más peligrosos. Por otra parte, frente a la falla de efectividad, las empresas aumentan el porcentaje de componente activo en las fórmulas y le agregan surfactantes y otras sustancias para coadyuvar la acción del glifosato, lo cual aumenta y agrega impactos.

Andrés Carrasco, embriólogo de la Universidad de Buenos Aires, publicó en 2009 estudios en Argentina (segundo productor mundial de transgénicos) constatando graves afectaciones en anfibios y en salud humana por causa del glifosato, contrariamente a la creencia de relativa inocuidad del componente. Al igual que a otros científicos que han denunciado los verdaderos efectos de los transgénicos, Carrasco sufrió una vergonzosa persecución de parte de autoridades oficiales y académicas (respaldadas por Monsanto), que fue internacionalmente repudiada. (Ver Darío Aranda, Lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo, Página 12, 3/5/09)

Las empresas enfrentan el problema de las resistencia en malezas con más de lo mismo: creando transgénicos que tienen más cantidad de genes ajenos, para resistir aplicaciones simultáneas de varios agrotóxicos y con varias cepas de la toxina Bt para hacerlos insecticidas. El apilamiento de genes es muy lucrativo para las empresas –las semillas cuestan hasta el triple que las convencionales–, pero multiplican los riesgos de contaminación del ambiente, del flujo genético a otros cultivos y los riesgos del consumo, tanto por la presencia de nuevos elementos, como por la sinergia negativa que se crea entre ellos. Uno de los peores ejemplos de este tipo es el maíz SmartStax de Monsanto, con ocho rasgos transgénicos apilados, que aunque fue llevado a juicio en Canadá por no haber sido evaluados sus impactos en la salud, fue irresponsablemente aprobado recientemente por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para su consumo en México.

Son varios los informes de probada solidez publicados en 2009, que derrumban los mitos sobre los transgénicos que nos quieren vender las empresas. Éste muestra que los transgénicos usan más venenos y contaminan más. Otros, que producen menos (Failure to Yield, UCS, 2009) o tienen daños y riesgos serios a la salud (Asociación Americana de Medicina Ambiental, mayo 2009). Hay que terminar de raíz con este experimento masivo donde nos envenenan a todos para favorecer el lucro de unas cuantas trasnacionales.

*Investigadora del Grupo ETC