2/13/2010


México: Ante la desaparición de derechos sindicales y de huelga, pensar en la toma de fábricas y centros de trabajo


Pedro Echeverría V.

1. La central obrera AFL-CIO condenó este viernes el fallo judicial contra los mineros de Cananea, el cual "anula el derecho a la huelga en México". Es parte de la campaña oficial para destruir al sindicato minero, y otro intento de represión contra el movimiento obrero, por lo que llamó a que el gobierno de Barack Obama responda ante la violación sistemática de los derechos laborales en México. "AFL-CIO condena la decisión de un tribunal mexicano de permitir que Grupo México cese del yacimiento de Cananea a mil 200 agremiados" al sindicato minero. "Al determinar que la huelga es ilegal-indicó- a pesar de la falta de pruebas para apoyar el fallo, el tribunal eliminó el derecho a la huelga en México". Reafirmó el apoyo firme del movimiento sindical estadunidense al gremio minero mexicano y condenó "la campaña de cuatro años del gobierno mexicano para destruir este sindicato independiente.

2. La AFL-CIO es una poderosísima organización sindical en EEUU. La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, comúnmente llamada AFL-CIO, es la mayor central obrera de los Estados Unidos y Canadá. Fue formada en 1955 por la fusión de AFL (1886) y CIO (1935). Está compuesta por 54 federaciones nacionales e internacionales de sindicatos de Estados Unidos y Canadá que juntos representan más de 10 millones de trabajadores. Es miembro de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres. Por su tamaño y representación, esta organización ha tenido que moverse en los entretelones del país imperialista y, sin duda, ha estado penetradísima por la CIA y una cantidad de intereses; pero si en este momento ayuda a los mineros en su lucha contra el gobierno fascista de Calderón que busca someter a los obreros, bienvenido el apoyo.

3. La democracia en México, libro ya clásico publicado por Pablo González Casanova en 1965, proporciona datos del número de huelgas en diferentes sexenios: 197 con Obregón, 41 con Calles y el Maximato, 478 con Cárdenas, 387 con Ávila Camacho, 108 con Alemán, 248 con Ruiz Cortines y 472 con López Mateos y recuerdo que lanzaba el autor una tesis en el sentido que con gobiernos autoritarios habían menos huelgas. Hoy se ha publicado que el número de huelgas estalladas en el país ha disminuido de manera considerable, no así la duración de las mismas, pues actualmente hay movimientos prolongados que afectan a la industria de la minería, coinciden especialistas laborales. Datos de la STPS muestran que en el 2009 estallaron 19 huelgas; mientras que en el 2008 fueron 21; en el 2007, 28, y en el 2006 los trabajadores realizaron 55 paros. ¿Son más despóticos los gobiernos y han sometidos más a los trabajadores?

4. La huelga de la sección 65 del Sindicato Minero en Cananea involucra a 1,400 trabajadores, quienes desde el 30 de julio del 2006 decidieron parar las actividades, al igual que en Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas. Cananea representa 12% de la minería nacional y 43% de la industria extractiva de cobre. Los multimillonarios dueños de las minas –que de manera intensiva han explotado y oprimido a miles de trabajadores mineros del país- han contado con la absoluta protección de los gobiernos de Fox y Calderón, así como de la clase empresarial. Los secretarios del trabajo, actuando como perros guardianes de los presidentes, han tejido muchas trampas, mediante calumnias, represiones y persecuciones, para no reconocer a los dirigentes independientes de los trabajadores, Fox, luego Calderón, han buscado crear falsas directivas de obreros –tanto entre los mineros como entre los electricistas- que no les han funcionado.

5. Cualquier apoyo solidario a los obreros mineros, que llevan luchando desde los tiempos de Fox contra los explotadores multimillonarios dueños de los centros mineros, en especial de la clase obrera y campesina mexicana, es urgente y muy necesario. Es una obligación de todas aquellas organizaciones e individuos que se dicen progresistas y de izquierda. Si bien por las luchas de los electricistas del SME se había atendido más este frente, es el momento en que el SME, la CNTE, la UNT, la APPO, los lópezobradoristas y la Otra Campaña, sumen fuerzas para respaldar la lucha de los mineros de Cananea en concreto y de todos los mineros en general. No se olviden que los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón nos han estado madreando porque nos ha faltado responsabilidad y fuerza para enfrentar a los perros del gobiernos, jueces y militares. Si los obreros de Cananea pierden nos habrán golpeado a todos.

6. ¿Nos quedaremos como tontos (¿imbéciles? ¿idiotas?) sin hacer huelgas, sin poder manifestarnos en las calles, incluso sin poder mentarle públicamente la madre a las autoridades del gobierno y a los empresarios porque la clase política ha aprobado leyes fascistas y las fuerzas armadas buscan asesinarnos? De la Boetie se preguntaba: porqué los hombres se someten a los tiranos cuando, de unirse, podrían alcanzar rápidamente su liberación. "Si un tirano es un solo hombre y sus súbditos son muchos, ¿por qué consienten ellos su propia esclavitud? Es increíble cuan pronto el pueblo se vuelve súbdito, como de forma tan rápida cae en un descuido tan completo de su libertad que la misma difícilmente pueda ser reavivada al punto de volverla a obtener, obedeciendo tan fácil y tan voluntariamente que uno es llevado a afirmar, al percibir dicha situación, que este pueblo en verdad no ha perdido su libertad sino que se ha ganado su esclavitud.

7. Los sindicatos, los contratos colectivos, las huelgas, los salarios suficientes, las jornadas de siete u ocho horas, son derechos que los trabajadores por ningún motivo deben perder. Es una vergüenza que miles de nuestros padres y abuelos hayan sufrido despidos, cárceles, asesinatos, por luchar por derechos y que ahora los estemos perdiendo por no unirnos para defenderlos. Si estallara un movimiento violento, armado, imparable, no serían los trabajadores o el pueblo los culpables, sino el gobierno y los empresarios que han llevado a la población a la miseria y el hambre. Son las autoridades con sus robos, saqueos, engaños, represiones, las que han retado al pueblo a defenderse. Que no se quejen luego. Los electricistas, los mineros, los luchadores sociales desde distintos frentes tienen la obligación de responder si no quieren sufrir 50 años más su cobardía y su vergüenza.

pedroe@cablered.net.mx


CANANEA EN UNA ESPERA TENSA:

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO:

SOLIDARIDAD CON LA HUELGA DE LOS MINEROS Y EL PUEBLO DE CANANEA

http://www.sindicatomineroseccion65.com.mx/index.php

El Movimiento Sindical y Social de Sonora repudia y rechaza enérgicamente las determinaciones y acciones del Gobierno Federal que preside el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, y de los tribunales en materia del trabajo y de justicia, que han hecho añicos la Constitución Mexicana y las leyes laborales y de procuración de la justicia, al proteger por encima de los derechos fundamentales de los trabajadores mineros de Cananea al consorcio minero Grupo México, el más nefasto de nuestro país.

Responsabilizamos de toda agresión física, laboral, sindical y social en Cananea a Felipe Calderón y su aliado Germán Larrea, exigimos de la empresa y del Gobierno una actitud de diálogo y de acuerdos puntuales frente al conflicto laboral y sindical que se ha recrudecido en los últimos días.

Llamamos a todas las fuerzas políticas del país, a las instancias del Poder Legislativo Federal y del Estado, y al Gobernador Lic. Guillermo Padrés Elías a asumir con sentido de verdadero estadista y de respeto a la legalidad, la búsqueda de la solución definitiva del conflicto minero.

Consideramos que los procedimientos de terminación de la relación laboral y liquidación de los trabajadores, son muestra de la incapacidad política del Gobierno Federal para conducir y armonizar la vida social y económica del país. Lo que en este caso procede es resolver este grave problema con sentido de responsabilidad social en los términos contenidos en la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, los Tratados Internacionales que México suscribe en el marco de la OIT, y en el Contrato Colectivo de Trabajo que rige las relaciones laborales y sindicales entre Empresa y Sindicato.

Ante la inminente intervención de la Policía Federal y el Ejército para romper la legítima huelga, que ya lleva mas de mas de 30 meses las organizaciones sindicales y sociales de Sonora llamamos a la más amplia solidaridad con la resistencia del movimiento minero y por una solución pacífica al conflicto laboral y social de la población de Cananea. Alertamos que de no hacerlo así existe el riesgo de un estallido social con consecuencias trágicas e irreparables, donde pudiera darse el derramamiento de sangre y pérdidas de vidas en Cananea.

Por una solución justa y legal al conflicto minero de Cananea

Por el respeto irrestricto a las garantías individuales y a los derechos laborales y sindicales de los trabajadores y de sus familias

Respeto a la soberanía del Estado y no intervención de las fuerzas federales en el conflicto de Cananea.

Cancelación de la concesión minera al Grupo México

Responsabilizamos de toda agresión y atropello físico, moral y a la vida que pudieran sufrir los mineros y sus familias al gobierno de Felipe Calderón.

"Por la unidad y solidaridad de los trabajadores y del pueblo"

STAUS
Dr. Sergio Barraza, Sec. Gral.
Profr. Enrique Carrera Vega por el Consejo Sindical
C. Julieta Gallardo, Sec. Gral del la sec. XV del STRM
Lic. Javier Villareal, Sec. Gral adjunto de la CTM Sonora:


EL CONSEJO SINDICAL PERMANENTE DEL ESTADO DE SONORA,
EL MOVIMIENTO DE SOLIDARIDAD CON LAS LUCHAS SOCIALES DE SONORA
Y EL FRENTE SINDICAL CAMPESINO, INDÍGENA Y POPULAR


Secretario General Local
Sergio Tolano Lizárraga
telefono
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(645) 33 2-20-17
Tesorería
(645) 33 2-11-33
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CORREO ELECTRONICO
E-mail periodico06@msn.com
DIRECCIÓN
Calle 2da Oeste No. 11
Colonia Centro
Cananea, Sonora
México


Condena fallo que deja sin empleo a mil 200 trabajadores

Se eliminó en México el derecho a huelga, sostiene la AFL-CIO

David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 13 de febrero de 2010, p. 13

Nueva York, 12 de febrero. La central obrera AFL-CIO condenó este viernes el fallo judicial contra los mineros de Cananea, el cual anula el derecho a la huelga en México.

La organización afirmó que esto es parte de la campaña oficial para destruir al sindicato minero, y otro intento de represión contra el movimiento obrero, por lo que llamó a que el gobierno de Barack Obama responda ante la violación sistemática de los derechos laborales en México.

Richard Trumka, presidente de la principal central obrera nacional, declaró que AFL-CIO condena la decisión de un tribunal mexicano de permitir que Grupo México cese del yacimiento de Cananea a mil 200 agremiados al sindicato minero. Indicó que el argumento de la empresa de que la huelga ha dejado inoperable la mina no fue fundado en ninguna prueba, y afirmó que el yacimiento permanece operable. Al determinar que la huelga es ilegal, a pesar de la falta de pruebas para apoyar el fallo, el tribunal efectivamente eliminó el derecho a la huelga en México.

Trumka tiene conocimiento muy cercano de ese sector, ya que antes de ser presidente de AFL-CIO fue dirigente del combativo sindicato minero nacional de Estados Unidos, el UMWA.

Asimismo, reafirmó el apoyo firme del movimiento sindical estadunidense al gremio minero mexicano y condenó “la campaña de cuatro años del gobierno mexicano para destruir este sindicato independiente.

Condenamos las amenazas del gobierno mexicano de reprimir el movimiento sindical democrático e independiente, en este y otros casos actuales, las cuales –dijo– socavan las promesas hechas hace años a los trabajadores de México, Estados Unidos y Canadá en el contexto del acuerdo laboral paralelo al Tratado de Libre Comercio, de que los derechos fundamentales del sector serían plenamente respetados en América del Norte.

Trumka concluyó con un llamado al gobierno de Obama y al liderazgo legislativo –todos demócratas, que cuentan al AFL–CIO y sus decenas de sindicatos afiliados como sector clave entre sus bases electorales– a tomar medidas inmediatas y decisivas para obligar al gobierno mexicano a rendir cuentas por sus violaciones sistemáticas a los derechos laborales fundamentales.

También solicitó que el gobierno estadunidense inste a su contraparte mexicana a resolver de manera pacífica la situación en Cananea y desistir del uso de la fuerza militar o policiaca.


Cananea y la cruzada antilaboral

Editorial La Jornada.
La resolución adoptada el pasado jueves por el segundo tribunal colegiado en materia laboral del Distrito Federal, con la que se dan por concluidas las relaciones de trabajo entre Mexicana de Cananea –propiedad de Grupo México– y los más de mil agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana que laboraban en ese yacimiento, es una medida que socava la vigencia del estado de derecho en el país, exhibe el nivel de desprotección en que se encuentran los trabajadores ante la connivencia de los intereses empresariales y las autoridades, agota las vías de expresión institucional para ese gremio y cancela las perspectivas de una posible negociación para dar solución al conflicto.

El fallo referido da continuidad a la campaña de hostigamiento judicial, represión, criminalización e injerencias emprendida por la pasada administración federal y continuada por la presente contra la organización sindical. Debe recordarse que el conflicto que se desarrolla en Cananea desde el 30 de julio de 2007 –fecha en que diversas secciones del sindicato minero colocaron las banderas rojinegras en yacimientos de Guerrero, Sonora y Zacatecas– es consecuencia de la precariedad lacerante que padecen los trabajadores de ese sector, la cual se expresó, de manera particularmente cruda, con el accidente ocurrido el 19 de febrero de 2006 en el socavón de Pasta de Conchos, Coahuila, donde 65 mineros resultaron muertos.

En ese entonces, en vez de darse a la tarea de dar solución a las indignantes condiciones de trabajo de los mineros y exigir a los empresarios que cumplieran con la normatividad pertinente de seguridad, las autoridades federales emprendieron una campaña contra el sindicato minero, cuya primer manifestación fue el desconocimiento del máximo dirigente del gremio, Napoléon Gómez Urrutia ya que el líder señaló la irresponsabilidad de la empresa y de las autoridades encargadas de supervisar las condiciones laborales imperantes en Pasta de Conchos y logró, con ello, que el gobierno foxista, con el cual mantenía hasta entonces buenas relaciones, iniciara una campaña de acoso judicial en su contra y pretendiera incluso, en una muestra de injerencia abierta e ilegal en la vida interna de la organización, imponer una dirigencia espuria por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Durante los más de 30 meses que ha durado la huelga en Cananea, la postura de las autoridades ha sido abiertamente favorable a la empresa y contraria al sindicato, como lo demuestran los cinco laudos y las tres declaraciones de inexistencia de huelga dictados por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ahora, con el fallo del tribunal colegiado, el órgano jurisdiccional exhibe un alineamiento vergonzoso a los designios del gobierno federal y, en última instancia, a los intereses de la empresa propiedad de Germán Larrea.

Un elemento que no puede escapar al análisis es que esta determinación, junto con la ofensiva que el gobierno federal ha emprendido contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, permiten ponderar la orientación y el calado de la contrarreforma laboral en ciernes, la cual, a decir del titular de la STPS, Javier Lozano, será discutida en el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. No hace falta mucha perspicacia para suponer que la iniciativa calderonista no buscará el beneficio de los trabajadores del país, al contrario, estará dirigida a profundizar las condiciones de precariedad laboral que éstos padecen, a velar exclusivamente por los intereses empresariales y a permitir injerencias sistemáticas en la vida interna de los sindicatos.

En suma, en el conflicto minero de Cananea, al igual que ocurre con la embestida oficial contra el SME, está en juego no sólo el respeto de los derechos laborales de los involucrados, también la vigencia de una legalidad sistemáticamente quebrantada por los patrones y, lo más grave, por las autoridades encargadas de hacerla cumplir, y buena parte de las definiciones en torno a la política laboral en el país.



Cananea, Pemex, política antiobrera

Arturo Alcalde Justiniani

Finalmente el Grupo Minera México venció el último bastión jurídico en el que los trabajadores huelguistas de Cananea tenían cifradas sus esperanzas. El segundo tribunal colegiado en materia de trabajo en esta ciudad no tuvo la capacidad para entender la dimensión del problema planteado y avaló en un solo acto la destrucción del sindicato, del contrato colectivo, de la huelga y además, el despido masivo de los huelguistas. El argumento es grotesco: supuestas causas de fuerza mayor que han provocado que la mina no pueda seguir operando y, en consecuencia, actualizar lo señalado en la fracción I del artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo. Difícil será saber cuál fue la razón que orilló a los magistrados a legitimar la maniobra. Lo evidente es que el estado de derecho sufrió un golpe de graves consecuencias.

No sólo los mineros de Cananea y de todo el país han resultado agraviados, se trata de un golpe contra la sociedad, quien observa cómo nuestras instituciones sucumben ante los intereses creados, la influencia de los grupos poderosos y las consignas. La pregunta obligada que queda es adónde acudir para obtener justicia.

La aberrante decisión asumida por el tribunal el pasado jueves no puede verse aislada del conjunto de acciones que el gobierno federal, haciendo causa común con el Grupo Minera México, ha desplegado en contra del sindicato nacional minero. Huelgas inexistentes por razones tan absurdas como el que la suspensión de labores se haya llevado a cabo minutos después de la fecha anunciada, tomas de nota en base a documentos falsificados, represión policiaca, creación artificial de sindicatos, sometimiento de jueces, financiamiento a abogados para inventar demandas, contratación de cabilderos para convencer a funcionarios, en fin, una campaña en la que toda la fuerza del Estado se puso al servicio de un consorcio privado.

Como lo ha confesado recientemente el abogado de la empresa, hoy ninguna duda cabe: la minera se reabrirá y se contratarán trabajadores en peores condiciones laborales, se firmará un contrato colectivo con un sindicato subordinado y corrupto y se armará un teatro para recuperar al pueblo de Cananea buscando esconder la responsabilidad del golpe. Seguramente se abrirán changarros al estilo Luz y Fuerza del Centro, con el apoyo del gobierno se perseguirá a algunos dirigentes para someter a los demás, se acudirá como siempre a la publicidad para desorientar a la opinión pública, y por último, se utilizará este marco represivo para promover una reforma laboral que permita, en términos prácticos, el despido libre y la cancelación del efecto protector del derecho colectivo del trabajo.

El golpe brutal a los mineros, a pesar de su gigantesca dimensión, no constituye un hecho aislado. En otro sector, y en varias partes del país, se aplica un esquema de acoso laboral que atiende a la misma política represiva. La semana pasada fueron llamados uno a uno los miembros de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros; algunos de ellos fueron violentamente sacados de su centro de trabajo, otros, amenazados con su despido, a todos se les condicionó la permanencia en su empleo y la atención médica a la firma de dos cartas. La primera dirigida a Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, en la que se le comunica la decisión personal y voluntaria de renunciar a dicha unión, solicitándole: “…hago uso de los medios legales procedentes para que se proceda a la cancelación del registro como sindicato de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros…”.

La segunda carta que forma parte del chantaje está dirigida al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en la que expresan su renuncia voluntaria a la unión, señalando que: “…obedece a que dicha unión no persigue los fines con los que engañosamente se me afilió, ya que se me dijo que la constitución de la misma era para recibir capacitación y actualización en materia petrolera y sobre otras disciplinas, por lo que solicité con ese engaño mi afiliación a la misma, pero nunca con la idea de constituir un sindicato, por lo que reitero y ratifico mi renuncia a la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, aspecto que en su oportunidad hice saber a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social…” En este comunicado se señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en Paseo del Pedregal número 8l7, Jardines del Pedregal, delegación Alvaro Obregón, C.P. l800, DF, autorizando para ese efecto al licenciado Eric Roel Pavón. Ni más ni menos que uno de los abogados de Pemex.

La represión fue la respuesta de la paraestatal y del gobierno federal a los trabajadores técnicos y profesionistas de Pemex que tuvieron la osadía de formar la unión, partiendo de la creencia de que en nuestro país existía la libre asociación profesional. El pasado 21 de diciembre, la Secretaría del Trabajo les notificó el registro legal de su organización, no por voluntad propia, sino por órdenes de la jueza primera de distrito en materia de trabajo en nuestra ciudad, confirmada por los integrantes del decimocuarto tribunal colegiado en materia de trabajo. Con esta resolución, parecía concluir su quinto intento de organización, cada uno de ellos con su propia cuota de represión, incluyendo el condicionamiento del servicio médico, también para enfermos terminales.

Apenas celebraban su triunfo legal, cuando recibieron el golpe concertado de la paraestatal y el gobierno federal. Se trata de los ingenieros, geólogos, físicos, médicos y otros especialistas responsables de la operación diaria de la empresa, quienes decidieron organizarse no sólo para representar sus derechos gremiales, sino para colaborar con el desarrollo de los planes y programas de Pemex.

Estas, y no lo que encontramos en los discursos oficiales, son las realidades que viven los trabajadores del país y que seguirán reproduciéndose si no reaccionamos de inmediato con un mínimo de solidaridad.

Hacia una reconstrucción de los derechos de la mujer
"La historia moderna ha sido escrita con tinta masculina,de tal forma que habría que inspeccionar el pasado para comprender la condición de la mujer en plena consolidación de la democracia"
Daisy Alcaino | Periodista
¿Quién define las condiciones de vida de una mujer?

Hacia una reconstrucción de los derechos de la mujer.

A menudo la historia moderna nos recuerda que la disputa por la libertad y los derechos cívicos del tercer estado, o pueblo, comenzó con la Revolución Francesa, cimentada en la célebre consigna “Libertad, igualdad, y fraternidad” se convirtió en el primer eslabón de la democracia, sin embargo fueron numerosos los crímenes que la historia oculta y que la amnesia justifica, numerosas las mujeres y los clubes revolucionarios femeninos, que impulsaron las primeras luchas por la emancipación de los derechos cívicos de hombres y mujeres, pues la historia describe como fecha de inicio los movimientos sufragistas del siglo XIX, las corrientes feministas de los años 60 y 70, pero relega al olvido como si fuese una vergüenza la aparición de los primeros clubes feministas tan emblemáticos como el “Club des Citoyennes Republicaines Revolutionnaires”, mujeres que proclamaron valerosamente su derecho natural a participar en política y ha ser reconocidas como “Ciudadanas” en “La Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano” , de esta manera la historia olvida a las prostitutas que antes de emplear sus cuerpos fueron mujeres, y que tuvieron el privilegio de tener entre sus filas a quien llevaría una espada entre sus manos y movilizaría a una multitud de mujeres analfabetas hacia el palacio de Versalles, lugar donde el ejercito de hembras campesinas lideradas por Théroigne de Méricour esgrimirían su propia declaración: "Ustedes anularon todos los privilegios anulen también los del sexo masculino. Trece millones de esclavas llevan las cadenas que les colocaron trece millones de déspotas".

Fue Théroigne de Méricour, quien decidió enfrentarse valerosamente a Robespierre, la misma que sería ultrajada y humillada por quienes enarbolaron las banderas de la igualdad, los mismos que los historiadores se han esforzado en reconocer como los lideres de la revolución.

Algo anda mal en la pirámide de reconocimientos de quienes conciben el desarrollo de la humanidad como una competencia balística, habría que inspeccionar el pasado para comprender la condición de la mujer en plena consolidación de la democracia.

Si bien es cierto que se han corregido positivamente las formas de inserción laboral, y que en gran parte de los países de Occidente se han adoptado medidas para evitar la inseguridad laboral basada en el argumento de la maternidad, es una realidad evidente que las creencias y los valores de las sociedades siguen siendo los principales culpables de la segregación e invisibilidad de muchas mujeres en el mundo. En América Latina según los últimos informes de la CEPAL, la pobreza sigue siendo 1,15 veces mayor en mujeres que en hombres y en trece de dieciocho países esta cifra ha aumentado entre 2002 y 2008.

Chile incursionó antes que cualquier otro país de América Latina en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en la figura de la ministra Adriana Alguin de Baltra y la senadora Maria de la Cruz, y es también Chile quien ha demostrado una ves más que una presidenta mujer es capaz de gobernar de forma integra a todo un país y de ser reconocida con un 80% de aprobación, sin embargo la violencia femenina sigue ocupando los primeros escaños en América Latina, las estudios llevados a cabo por la Organización de Naciones Unidas durante este año señalan que en Guatemala la violencia contra la mujer dispara un 98% de impunidad y ya se registran 602 asesinatos en lo que va de 2009, mientras tanto la violencia emocional supera la violencia física y en Estados como Colombia y Perú se estima que un 60% de las mujeres han sufrido algún tipo de agresión de este tipo.

¿Quién define las condiciones de vida de una mujer?, ¿Son los gobiernos, las tradiciones, las Constituciones, las naciones, las religiones, la época o los Estados?, en la India pareciera que fueran las tradiciones, pues la cultura manda y el mundo calla, las mujeres no siempre mueren en vida las tradiciones se han especializado en asesinar mujeres mucho antes de la procreación. Resulta difícil de creer que después de esta crisis las sociedades se alistarán en un proceso de “modernidad reflexiva” al estilo de Giddens o de Ulrich Beck, si todavía en la tierra de los cultos, de los templos escalonados, del Ramayana y el Budismo, las mujeres parecen estar pulverizadas, y 64,9 millones de niñas menores de 14 no asisten a las escuelas (ONU), y 2 de cada cinco mujeres no saben leer ni escribir,es decir que nunca han leído el Ramayana, ni el Vedas, ni ningún texto religioso por lo tanto sólo escuchan, soportan y aprietan los dientes.

A pesar de que la India ocupa el lugar 34 de 136 países con mayor participación política de mujeres, esto no se ha traducido en grandes beneficios, sólo dos de cada cinco mujeres saben leer y escribir, y 64,9 millones de niñas no asisten a las escuelas , en tanto la mayor cantidad de muertes se produce durante el parto y trescientas millones de personas sobreviven con menos de un dólar al día, en una sociedad que reúne a hindúes, musulmanes, cristianos y jainistas entre otros.

“La guerra al terrorismo”,”la jihad”, guerra santa o como quieran llamarles los fundamentalistas religioso u homicidas, que al fin y al cabo es la misma cosa, verdugos de Al Qaeda y de EE.UU., encargados de mutilar a 1.050 niños menores de 18 años al cabo de 2009, según Observatorio de derechos humanos afgano, y de ser los responsables de que el 25% de mujeres hayan sido abusadas sexualmente durante el año pasado.

70 mil tropas extranjeras de más de 40 países. Billones de dólares invertidos en armamento militar. En Kabul se vuelcan las mujeres en las calles, exigen que se suprima ley discriminatoria. Protesta una de ellas: "¡Queremos nuestros derechos! ¡Queremos igualdad!", acto seguido, titula El Clarín, uno de los pocos diarios que procuró tribuna a este hecho: “Afganistán: protestaban contra una ley discriminatoria y las apedrearon”, "¡Retírense de aquí, putas! Esclavas de Occidente-" les gritaron.

“La visibilizacion de la mujer es un proceso complejo en la medida que las tradiciones culturales e ideológicas suelen no reconocer una igualdad social y por lo tanto las reformas deben hacerse mediante cambios en leyes y políticas públicas que permita generar un proceso de cambio en la sociedad”.-opina el Cientista político y analista internacional Guillermo Holzzman.

Sabrán ustedes, que es muy difícil revertir esta situación, cuando quienes tienen el deber de hacerlo, tranzan sin ningún pudor los derechos de las mujeres a cambio de beneficios políticos, y mas complejo resulta aún, si las mujeres de gran parte del mundo continúan recibiendo un “apoyo” tan sustancial como el del Vaticano que expuso a principios del año 2009 , y en plena celebración del día mundial de la mujer “den gracias por las lavadoras de ropa, este humilde instrumento doméstico ha hecho más por el movimiento de liberación de las mujeres que la píldora anticonceptiva.”

Carta a los Cinco Héroes Cubanos desde Huelva
Carta enviada desde Huelva de la Asociación recién formada de Amistad con Cuba “Maxiliano Tornet” a los cinco Héroes Cubanos. Para mas información consultar nuestro blog cubasihuelva.blogspot.com
iron_mla | Asociación de amistad Hispano-Cubana Maxiliano Tornet

Queridos René, Gerardo, Antonio, Fernando y Ramón:

Desde nuestro asociación de amistad con el pueblo cubano de la ciudad de Huelva que toma el nombre de “Maximiliano Tornet”, resulta difícil escribirle una carta a aquellos que desde las cárceles de Miami, representan un claro ejemplo de dignidad y perseverancia por la defensa de aquellos valores que tanto esta constando a la humanidad y por los cuales luchamos millones de personas en todo el planeta.

Cuando escribimos estas letras nos llena de alegría pensar que les estamos escribiendo a aquellos que están en la cima de la historia como Héroes. Como el compañero Maximiliano Tornet, sindicalista cubano que lucho por los derechos de los mineros en la cuenca minera de la provincia de Huelva.

Desde Huelva ratificamos que vuestros sueños y esperanzas son compartidos y cada día somos más los que luchamos por un mundo mas justo. Ya sea desde la labores de nuestra asociación hasta el ejemplo iluminador de los médicos cubanos que son un claro ejemplo de que otro mundo es posible en contraposición a la barbarie, la guerra y el expolio que ha provocado y provoca un sistema cuyo único incentivo es el lucro y reduce al hombre a la categoría de mercancía.

Nos dirigimos a ustedes con la proclama nacional del pueblo cubano “Volverán”. Claro que volveréis. Vuestra lucha es justa y ninguna proclama de ningún jurado os va evitar que volváis a vuestra isla, ya que somos millones de personas las que gritamos en el mundo “Volverán”.

Para terminar comentaros que nunca os sentáis solos y olvidados. No lo estáis, nunca lo habéis estado y jamás lo estaréis. Nunca lo estaréis mientras hayan corazones rebeldes como nosotros que luchamos por vuestra causa.

Un abrazo revolucionario desde la pequeña ciudad de Huelva y desde nuestro humilde colectivo de solidaridad internacional “Maximiliano Tornet”.

¡Viva Cuba, Fidel y el Che¡

cubasihuelva.blogspot.com


Oportunismo ramplón
Jesusa Cervantes

MÉXICO, DF, 12 de febrero (apro).- Mientras en el PAN hay algunos militantes que cuestionan las alianzas con el PRD, como el expresidente Vicente Fox --quien hoy felicitó al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, por haber renunciado al partido, aunque el guanajuatense evita seguir el ejemplo--, en la dirigencia nacional panista las siguen impulsando e incluso las extienden al plano legislativo.

La agencia Apro y Proceso en línea dieron cuenta el pasado jueves de hasta dónde quiere llegar el PAN con el PRD.

Se destacó, por ejemplo, lo revelado por el vicecoordinador panista Roberto Gil Zuarth, sobre la existencia de un acuerdo para que juntos, PAN y PRD, saquen adelante las reformas hacendaria y política.

Pero existe otra alianza que se teje en estos días entre un ala del PRD en la Cámara de Diputados y toda la fracción del PAN; a través de ésta se pretende rechazar la controversia constitucional en contra de los lineamientos que elaboró el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) y que, a decir de algunos especialistas, abre aún más las puertas a la iniciativa privada para que participen en áreas estratégicas que sólo deben estar en manos del Estado.

Del otro lado se encuentra el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el que no sólo respalda a los promoventes de la controversia, los petistas afines a Andrés Manuel López Obrador, sino que además les ayudó en su confección jurídica. Aquí se teje otra alianza PRI-PT.

Empero el PAN rechaza cualquier acto que frene las decisiones del gobierno federal, y la corriente Nueva Izquierda (llamada coloquialmente como Los Chuchos), de entrada, coincidió con sus planteamientos en cuanto a la controversia se refiere. Pero será este fin de semana cuando determinen Los Chuchos si, de la mano de Acción Nacional, se oponen a la controversia.

En otro extremo se coloca Vicente Fox, quien denuncia que esas alianzas electorales entre ambos partidos, PAN-PRD, no deben continuar, pues son “como el agua y el aceite”.

Y no le falta razón. Por lo menos en el plano de la reforma hacendaria es difícil pensar que un partido que se dice de izquierda esté a favor del aumento de impuestos a la población para lograr llevar más recursos al gobierno federal.

Habrá que esperar todavía algunas semanas para ver si lo que anunció el vicecoordinador panista se concreta a la hora de modificar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Aunque no será extraño que esto sí ocurra, pues basta recordar cómo en la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos llevada a cabo en octubre pasado, fueron justamente los diputados afines a Nueva Izquierda quienes sí votaron a favor, en tanto que los legisladores del PRD identificados con López Obrador se opusieron, junto con el Partido del Trabajo y Convergencia.

La división que generó la propuesta de controvertir la decisión del Consejo de Administración de Pemex va más allá de una llana alianza parlamentaria. Detrás de todo parecen estar viejas rencillas y pleitos de poder al interior del propio PRI.

Aunque parezca extraño, el Revolucionario Institucional apoyó al PT en la elaboración de la controversia; pero no fue el PRI de Manlio Fabio Beltrones --quien poca o nula coincidencia política tiene con López Obrador, porque detrás de la controversia están los debates sobre la reforma energética que enfrentó tanto la opinión de tabasqueño como la idea que de la paraestatal tiene Beltrones--, sino otro de los tantos grupos en que se fraccionó el PRI desde que perdió la Presidencia de la República.

Está claro entonces que los impulsores de la controversia en el PRI no fueron los diputados ceneopistas (afines a Beltrones), sino los que hoy están del lado de la coordinación parlamentaria que encabeza Francisco Rojas.

Hay quienes sostienen que detrás del apoyo al PT está el desencuentro político que mantienen Beltrones y Rojas, pues al parecer el segundo respalda a Peña Nieto en su búsqueda por la candidatura presidencial para el 2012, e incluso aún no cancela su propia posibilidad de llegar a esa posición, espacio que por cierto Beltrones también anhela desde hace varios años.

Sólo detrás de las ambiciones presidenciales se pueden entender estas alianzas PRI-PT en la Cámara y la que tienen en puerta PAN y un ala del PRD (la que no mantiene buena relación política con el autodenominado “presidente legítimo”).

El PRI está molesto con el PAN por haberse aliado con el PRD en Oaxaca y Durango, por ello desde un principio anunció su rotundo “no” a la propuesta de reforma política de Felipe Calderón.

Por su lado los panistas dicen que no se dejarán “chantajear por el PRI” y que ello los impulsa a buscar alianzas con el PRD para avanzar en este tema y el hacendario, en la Cámara de Diputados.

Ya Francisco Rojas, coordinador de los legisladores priistas, ha tratado de sumar a los más acérrimos críticos de Felipe Calderón en la Cámara: los petistas Mario DiCostanzo, Gerardo Fernández Noroña y Jaime Cárdenas.

Para no ir muy lejos, el pasado martes se reunió con estos tres legisladores para ofrecerles su apoyo en la controversia constitucional y, de paso, aprovechó el momento para hablarles de su agenda legislativa para el actual periodo ordinario de sesiones.

Ahí, Rojas les comentó que sus objetivos son tres: regresar a la banca de desarrollo su papel de impulsar la economía, exigir cuentas al gobierno federal sobre el gasto público y poner un freno a los delegados de algunas secretarías de Estado, como Economía o Desarrollo Social, “pues están usando los créditos y apoyos con fines electorales”.

Al término del encuentro, Rojas les preguntó si habría algún problema si se les tomaba una foto del evento, a lo que los petistas no tuvieron inconveniente; al día siguiente la gráfica figuró en varios medios de información; un claro mensaje para el gobierno federal de que el PRI tiene cerca y mantiene un diálogo con los más férreos críticos de Calderón Hinojosa, y quienes por cierto no desaprovechan la tribuna para llamarlo “espurio, ilegítimo y pelele”.

Del otro lado está la extraña “coincidencia” --por no llamarle aún “alianza”-- entre algunos perredistas con los diputados federales del gobierno de Calderón.

Un ejemplo de que parecen caminar juntos fue lo ocurrido, también la semana pasada, en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

En dicha sesión se pretendía establecer un calendario para la revisión y emisión del dictamen de las Cuentas Públicas atrasadas del gobierno federal.

Ahí, el PRI pretendió arrancar con las de Calderón pero, para sorpresa de los priistas, fue el PRD quien dijo “no”, y propuso empezar con las del gobierno de Vicente Fox, que desde hace años siguen en el cajón del olvido legislativo.

“Pero qué les ocurre a los perredistas”, comentaron algunos diputados del PRI que participan en la comisión, y hasta se mofaron: “Ahora resulta que es el PRD quien se niega a escudriñar en las cuentas del gobierno que ellos consideran espurio”.

La queja llegó hasta Mario Delgado, secretario de Finanzas del gobierno perredista del Distrito Federal que encabeza Marcelo Ebrard.

Al saber de lo ocurrido, éste sólo alcanzó a exclamar: “¡Hasta allá llega ahora la alianza con el PRD o es que ya los centavearon!”

De la compra de votos a diputados de PRD, PAN, PRI, PT o de cualquier otro partido, nadie puede asegurar nada, pues no existe prueba de ello y, si esto ocurre, no serían tan ingenuos como para dejar huellas.

Lo que sí es cierto es que los procesos electorales de este 2010 y el presidencial del 2012 están haciendo que las piezas se intercambien, que unos diputados “de izquierda” se alineen con otros de derecha, o que algunos priistas resulten ser más panistas que los propios blanquiazules, sin acordarse siquiera de la ideología.

Parece ser que de aquí en adelante lo único que importa es ganar elecciones, ganar acuerdos, frenar a los “incómodos”, alentar a los ávidos de poder y corromperse, si no por dinero sí por lograr posiciones políticas.

Por eso lo mismo se verá un guiño del PRI al PT, que al PRD sentarse a un lado del PAN. Esta es la calidad de algunos políticos mexicanos, indignante pero real.


Privilegiar el rumor

Nora Patricia Jara

La ciudad de México amenaza convertirse poco a poco en una zona de desastres: primero, la influenza el año pasado, luego la escasez de agua y ahora recientemente las tormentas que anegaron y dejaron sin luz y servicios por más de 24 horas a buena parte de los habitantes de la capital, ante una autoridad rebasada por los acontecimientos y en espera de que no se politice la falta de previsión. Sin embargo, para la otra parte de los capitalinos, la mayor preocupación fue en este inicio de 2010 el ataque en un supuesto prestigiado bar a un futbolista en altas horas de la madrugada, lo que propició una serie de ataques contra las autoridades de la delegación Álvaro Obregón y del Gobierno del Distrito Federal al no poder tomar control de los hechos y apegarse a la versión de calumnia y rumor que se desató en la televisión y la radio. Pese a que en los años recientes la sociedad se ha transformado, participando cada vez más en la difusión de ideas y haciendo más amplios los espacios de libre expresión, lo que ha significado su evolución política, aun 5.8 por ciento de los mexicanos atienden los rumores y los comentarios como fuente de información veraz, según datos de la UNAM publicados en 1996. Y el Instituto Federal Electoral sostiene que en nuestro país la televisión informa de política a más de 58.6 por ciento la población. Los rumores en el caso de la agresión a Salvador Cabañas ocultan la verdad de los hechos y la autoridad a cargo de la PGJDF no ha podido sin equívocos aclarar las circunstancias en que el futbolista, ahora casi a salvo, pero oportunamente desmemoriado, fue atacado.

Privilegiar el rumor es informarse con base en datos falsos y la falsedad es el fruto del ocultamiento, de lo oscuro. En lo político, es favorecer el regreso de esquemas autocráticos que creíamos haber superado en ésta, la ciudad más liberal e informada del país. Y es que en los casos que tienen vínculos con violencia, ya sea del fuero común o de la criminalidad organizada, como en la mayoría de los estados de la República, los capitalinos recibimos información mediante los grandes medios de comunicación, y no es exactamente la mejor. Porque lo que se aplica como política comunicacional no es favorable al cambio democrático, ya que el secreto es la norma… no la excepción; lo que confirma que la autoridad toma las decisiones lejos de la mirada de la gente y las mentiras útiles se establecen como razones de Estado: “Estamos ganando la guerra al narco”, no habrá agua en la capital para el mes de marzo, la más alta precipitación pluvial de la historia, no más impuestos, pero en el DF sí los aumentamos, Cabañas recuperó la conciencia, pero no la memoria inmediata de lo que pasó en el baño, “detuvieron al JJ” o es un asunto de pandillas al tratar de explicar la masacre de 15 niños y jóvenes en Ciudad Juárez.

A esto habrá que añadir la simulación, manipulación y la persuasión como prácticas mediáticas que favorecen lo que los expertos llaman el antipoder que actúa secretamente también contrario a la transparencia que un régimen debe promover para que mediante cada uno de los actos de la administración pública, el gobernante promueva el desocultamiento de los hechos públicos, porque en las democracias la publicidad de los actos gubernamentales debería ser un remedio para la inmoralidad política, ya que en un estado de derecho la administración pública se somete a un control jurisdiccional, para defender la legalidad, garantizando la observancia; desocultando la información, características que conforman o debieran hacerlo nuestras instituciones de justicia, las que no resisten si es el propio ciudadano y no sólo el gobierno el que favorece cada acto ilegal. Norberto Bobbio dice que donde existe el antipoder lo que se espera es que nada cambie. ¿Es lo que deseamos en realidad la sociedad?



Mineros interponen queja ante la CIDH

Frente Femenil Cananense en guardia ante fallo de tribunal

Silvia Núñez Esquer, corresponsal

Hermosillo, Son., 12 feb 10 (CIMAC).- Haciendo guardia junto a sus esposos, los mineros en huelga de Cananea, se encuentran las mujeres agrupadas en el Frente Femenil Cananense, informó a Cimacnoticias Rosa María Guayante, presidenta de esa organización.

Los jóvenes, niños e incluso bebés de cuatro meses de nacidos, acompañan en este momento a los mineros en la puerta Uno de la empresa, para apoyarlos en caso de una agresión de parte de la Minera México, luego de la resolución de este jueves 11 de febrero del Segundo Tribunal Colegiado en materia laboral, que da por terminada la relación laboral entre los trabajadores sindicalizados y la empresa.

Rosa Guayante, comentó que hoy girarán escritos a los representantes de los tres niveles de gobierno, para expresarles su inconformidad por el fallo de los magistrados a favor del Grupo México.

Estamos en una huelga legal, argumenta la dirigente. La representante de las esposas de los huelguistas, afirma que están dispuestas a todo, si hay que derramar sangre, “que se derrame”, expresa con enojo.

Defenderán el contrato colectivo de trabajo de sus maridos, porque ese es el patrimonio y la herencia que dejarán a los jóvenes de Cananea, explica. Las mujeres del mineral, han comentado que incluso sería conveniente que vinieran en su auxilio los Cascos Azules de la ONU, para apoyarlos ante lo que consideran un atropello a sus derechos humanos.

Convencida, dice que de este presidente de la República todo se puede esperar, por ser un represor, siempre ha actuado con el garrote, por lo que seguramente en cualquier momento envíe las fuerzas armadas para que repriman el movimiento.

En relación a la actuación que ha tenido la Secretaría del Trabajo, expresa que no se explica para qué existe, pues si bien debe ser quien defienda a los trabajadores, en México es justo quien actúa contra ellos, y en cambio protege y defiende a los empresarios.

Rosa María, denunció que un grupo de soldados estuvieron patrullando las entradas de la mina en actitud provocadora, ya que caminaban por enfrente, acosando. El carro con soldados, no fue a realizar ningún tipo de acción en particular, sino que aceleraban el vehículo al pasar frente a ellos, en lo que para ella es una franca provocación.

Los mineros entienden que el gobierno los manda para provocar y tener pretexto para actuar violentamente, pero que ellos no caerán en el juego.

A los magistrados María Edith Cervantes Ortiz, Elisa Jiménez Aguilar y Jorge Ferrera Villalobos, les envía el mensaje de que piensen muy bien sus decisiones. Que el pueblo de Cananea también tiene hijos, y que están sufriendo los embates del Grupo México y del gobierno federal, les recuerda.

A las magistradas mujeres, les dice que supone que son madres también y que de alguna manera les invita a actuar en forma más sensible, pues les recuerda que sólo están luchando por un patrimonio para sus hijos e hijas.

INQUISIDOR EL TRIBUNAL COLEGIADO

Es un hecho inédito el que los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en materia laboral, con sede en el Distrito Federal, en una forma inquisitoria, quieran desaparecer el derecho de huelga. Esto es gravísimo que se esté dando, el que el día de ayer diera por terminada la relación laboral entre los trabajadores en huelga y la Minera de Cananea, opinó Antonio Navarrete Aguirre.

El representante de la comisión de difusión de la Sección 65 del Sindicato minero, dijo que les queda claro, que los magistrados actuaron cediendo a las presiones de este gobierno imperialista que ha pretendido arrebatar las conquistas de los trabajadores.

Y esta situación pone en evidencia que no hay una autoridad que gobierne, sino que son los propios empresarios los que están gobernando, aseguró. Esto no sólo afecta a los mil 100 trabajadores que están ejerciendo ese derecho, sino quedaría como el precedente para las nuevas reformas que pretende el señor Javier Lozano, de someter a los trabajadores, opinó.

Denunció que el Grupo México argumenta que se han dejado de producir miles y miles de toneladas, pero por otro lado, dice que los trabajadores van a ser recontratados con otro sindicato, y entonces ¿dónde está la causante de fuerza mayor?, se pregunta el sindicalista.

Todo eso pone de manifiesto la clase de persona que es Germán Larrea Mota Velazco, expresó indignado. Asegura que el empresario en lugar de buscar la conciliación, siempre ha perseguido la inexistencia de la huelga.

Indicó que la situación en Cananea, está en alerta porque los trabajadores han acordado en su asamblea que no van a permitir que ni la empresa, ni las autoridades les roben la fuente de trabajo y sobre todo que pretendan arrancarles las prestaciones que tienen dentro del contrato colectivo.

Dijo que tanto sus familias como los propios mineros, están hartos del trato de Larrea, y están buscando todos los mecanismos legales para que la concesión, propiedad de la nación, le sea retirada al señor Larrea porque de otra manera no van a poder operar la mina, pues los huelguistas están decididos a llevar la situación hasta las últimas consecuencias.

Informó que ya interpusieron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las aberraciones a la Ley que se están dando en nuestro país. Dijo que no puede ser posible que la misma autoridad por un lado les declare existente la huelga, y por otro, dictamine el fin de las relaciones laborales.

Eso no pasa ni en los países más pobres o en desarrollo, que se actúa en esa forma contra los trabajadores, expresó Navarrete. Por ello es que tanto las esposas, como los hijos de mineros en huelga, están decididos a que ese derecho sea reconocido, y sobre todo que el gobierno lo aplique y lo respete, afirmó.

La mina produce el 40 por ciento del cobre en el país, por lo que la van a defender. Buscarán que esos recursos queden para el Estado, y para el país. Por último, reafirmó que no van a permitir que la empresa tome el control de la mina, así sea a costa de su vida.


Exige liberación inmediata para las otomíes

Declara AI “presas de conciencia” a Teresa y Alberta

Por Paulina Rivas Ayala

México, DF, 11 feb 10 (CIMAC).- Amnistía Internacional (AI) exigió al Estado mexicano la “inmediata liberación” de Alberta Alcántara y Teresa González, otomíes presas por el presunto “secuestro” de seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y quienes esperan una probable sentencia de 40 años de prisión a petición de la Procuraduría General de la República (PGR).

En conferencia de prensa, el director ejecutivo de AI México, Alberto Herrera Aragón, declaró a las dos mujeres “presas de conciencia” luego de una investigación que concluyó que “no hay ni un solo elemento probatorio que demuestre la comisión de delito por Alberta y Teresa”.

Recordó que Teresa, Alberta y Jacinta Francisco Marcial fueron detenidas el tres de agosto de 2006, luego de que seis elementos de la AFI denunciaron que habían sido secuestrados en el tianguis de Santiago Mexquititlán el 26 de marzo de ese mismo año.

En un primer momento, el juez cuarto de distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, las condenó a 21 años de prisión y 91 mil pesos de multa por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Alberta también está acusada de posesión de drogas.

En septiembre pasado, Jacinta obtuvo su libertad luego de que el magistrado del tribunal unitario de distrito, Hans Eduardo López Muñoz ordenó la reposición del proceso penal por las múltiples contradicciones en los testimonios de los AFI.

La liberación de Jacinta, expuso Herrera Aragón representaba la esperanza de que el Estado mexicano asumiera la lección y lo absurdo de su detención no se repitiera con otros nombres y rostros”.

Sin embargo, Alberta y Teresa acusadas por las mismas pruebas y elementos, siguen presas desde hace tres años en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San José el Alto, Querétaro. Y en 30 días hábiles, contados a partir del 3 de febrero, día de la última audiencia del segundo proceso penal, esperan la nueva sentencia.

Cabe recordar que en dicha audiencia Omar Aguilar Hernández representante de la PGR ratificó las conclusiones acusatorias presentadas el 25 de noviembre por esa institución y en las que solicita al juez Pedraza Longi una pena de 40 años de prisión para ambas mujeres.

En nuestro país, indicó Herrera Aragón, hay muchos indígenas que enfrentan procesos injustos en razón de su identidad, tal es el caso de Alberta y Teresa, quienes además son mujeres y viven en situación de pobreza, condición que las hace más vulnerables.

En su oportunidad, Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), dijo que el nombramiento de Alberta y Teresa como presas de conciencia, avala la exigencia de justicia de las organizaciones civiles que se han sumado para denunciar la injusticia y las irregularidades del caso.

Acusó a la PGR de erigirse como una institución que no garantiza los derechos de las personas y por el contrario los vulnera pues en lugar de sancionar a los agentes implicados en un “evidente abuso de autoridad” pide una pena de 40 años para Alberta y Teresa a pesar de las contradicciones e irregularidades del primer proceso penal.

En su oportunidad, Gabriel Alcántara, hermano de Alberta y pareja sentimental de Teresa, narró que el 26 de marzo de 2006 los agentes llegaron armados, con ropa de civil y trataron de robar las mercancías de los tianguistas. Ellas fueron de compras y “pasaron a visitarme al puesto, Alberta notó los abusos de los AFI y les exigió que se identificaran”

Los agentes fueron a investigar el paradero de una mujer a la que apodaban “la güera” que vendía droga y productos pirata en el tianguis de Santiago Mexquititlán, Alberta fue acusada de ser esta mujer cuyas características eran ser alta, pecosa y rubia cuando ella es morena, de baja estatura y sin pecas.

Alberta fue detenida cuando regresaba de Amealco en donde trabajaba en una fábrica de ropa y a Teresa cuando estaba en su casa en donde se dedicaba a coser muñecas de tela.

Gabriel narró a Cimacnoticias que los tres años que ellas llevan en prisión has sido desgastantes para la familia pues trabajan en el campo y no cuentan con recursos económicos para siquiera visitarlas cada domingo y jueves en el Cereso pues el viaje cuesta alrededor de quinientos pesos.


En México unas 20 mil niñas y niños son víctimas de ese flagelo

Instalan Comisión Especial de Lucha contra Trata

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 12 feb 10 (CIMAC).- Con el objetivo de promover iniciativas, revisar el marco jurídico y dar seguimiento a la acción de los funcionarios en el combate del delito de Trata, que en México afecta a unas 20 mil niñas y niños, según cifras de la ONU, ayer se instaló en la Cámara de Diputados la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas en el país.

Según información de la Cámara de Diputados, durante la instalación de la Comisión las y los integrantes coincidieron en que es necesario revisar el marco jurídico en el tema de trata de personas, debido a que existen vacíos legales que impiden la actuación pronta de las autoridades para combatir este delito.

Leticia Quezada Contreras, diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que la trata de personas es un tema que deberá unir a los partidos políticos con el fin de hacer una mejor legislación y avanzar en los ordenamientos jurídicos y legales.

“Tenemos que darle mayores herramientas a las organizaciones civiles a rescatar a más mujeres, niñas y niños víctimas de éste delito”, enfatizó.

Por su parte la diputada Claudia Ruíz Massieu Salinas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) refirió “nuestro país es de tránsito y destino en la cadena delictiva de la trata de personas”, ante ello se debe trabajar en el ámbito legislativo y generar conciencia para proteger a quienes han sido víctimas y erradicar esta forma de esclavitud.

Por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la diputada Caritina Sáenz Vargas, propuso integrar un grupo colegiado de legisladoras y legisladores para revisar los vacíos que existen en materia de migración, toda vez que es un tema que se encuentra ligado de varias maneras con la trata de personas.

Precisó que la solución no es hacer más leyes sino revisar el marco jurídico existente y ver que las leyes se cumplan. “Hemos detectado abusos a los derechos humanos más elementales en las y los migrantes, en casos que tienen que ver con la trata de personas”.

En 2008 en México entró en vigor la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas En México, sin embargo presenta vacíos legales en su metodología.

Según el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), la Ley no es clara y carece de recursos. Aunado a ello, se encuentra que a la fecha no se ha presentado el Programa Nacional contra la Trata de Personas, con el cual deberán asignarse responsabilidades a las dependencias y organismos gubernamentales en cuanto a la prevención del delito, la persecución criminal y la protección de las víctimas.

De acuerdo con el “Primer Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México”, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde que entró en vigor la ley en 2008, el Gobierno federal sólo ha iniciado 24 averiguaciones previas por este delito.

La instancia legislativa será presidida por la diputada Rosi Orozco del Partido Acción Nacional (PAN), la secretaria será la diputada María Araceli Vázquez Camacho del PRD y sus integrantes son: por el PRD Leticia Quezada Contreras; del PRI Claudia Ruíz Massieu Salinas y Mercedes del Carmen Guillén Vicente; por el Partido del Trabajo (PT) Oscar González Yánez (PT); de Convergencia Pedro Jiménez León; del PVEM

Norma Leticia Orozco Torres y Caritina Saénz Vargas, y por el PAN Agustín Carlos Castilla Marroquin.


Visita del relator sobre educación

Miguel Concha

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la educación es, entre otras cosas, un medio para que las personas desarrollen todas sus capacidades y potencialidades, y tengan acceso a la herencia cultural de la humanidad. Como atinadamente ha sido descrita, es un derecho multiplicador, pues contribuye a ejercer otros derechos humanos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales. La educación no es por tanto una mercancía ni un servicio. Como servicio, la educación tiene la finalidad de crear capital humano. Ahora bien, el capital se compra o se vende, las personas no. Como mercancía, la educación se abandona a merced de las fuerzas del mercado, de las leyes de la oferta y la demanda. Como derecho, es un bien público que el Estado está obligado a respetar, proteger y garantizar.

Dadas las diferentes formas de violencia que se viven hoy en México, donde el crimen organizado ha puesto en jaque a las autoridades, y en el que ciertos grupos de la población se encuentran cada vez más en situaciones de vulnerabilidad –como acabamos de ver con el infame asesinato de 15 jóvenes que asistían a una fiesta en la Ciudad de Juárez, Chihuahua–, resulta oportuna la visita del relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación, Vernor Muñoz Villalobos. En una apretada agenda, tiene planeado reunirse entre el 8 y el 18 de este mes con representantes del gobierno, de las organizaciones civiles y del sector académico. Visitará también algunas escuelas primarias y secundarias, así como universidades públicas en Chiapas, Nuevo León y el Distrito Federal.

El experto de la ONU, de nacionalidad costarricense, pero nacido en esta capital, como lo reconoció él mismo en días pasados, expresó al llegar especial interés y afecto por nuestro país, así como voluntad para contribuir desde su mandato al cumplimiento del derecho a la educación. Para intercambiar opiniones e información sobre su visita, ya desde el lunes pasado se reunió con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Educación Pública. En esa reunión señaló que a partir de su investigación y de la información que recabe, elaborará un informe que deberá ser presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el próximo junio, en el que se harán recomendaciones puntuales al gobierno de México.

El martes 9 el experto sostuvo un encuentro con el doctor José Narro, rector de la UNAM. Posteriormente se reunió con estudiantes, académicos y representantes de organizaciones civiles en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios, donde, entre otras cosas, dijo que con su informe desea dar un mensaje muy claro: la educación es un derecho humano fundamental, puerta de realización de otros derechos, y el Estado está obligado a garantizarlo a todas las personas, especialmente aquellas que se encuentran en situación de discriminación. Enfatizó la importancia de devolver a la educación sus verdaderos fines, que no son los de resolver los problemas de los empleadores, sino los de satisfacer las necesidades humanas de las personas. La educación, subrayó, no resuelve por sí misma el problema de la violencia, si no se supera este modelo de sociedad, caracterizada por ser superflua, consumista, deshumanizada y desigual.

El relator especial tiene además como misión recabar información sobre la calidad de la educación, especialmente para los niños y las niñas de comunidades indígenas, migrantes y otros grupos económica y socialmente desfavorecidos. A este propósito, ya algunas organizaciones civiles y expertos del sector académico han hecho saber al relator que en México alrededor de 400 mil niños de entre seis y 11 años de edad no reciben ninguna atención educativa, y que, de éstos, la mayoría son niños trabajadores, hijos de jornaleros agrícolas migrantes. También se le ha proporcionado información sobre las altas tasas de analfabetismo que se dan entre la población indígena, lo que demuestra problemas, como el que en las zonas habitadas por estos pueblos no se cuenta con suficientes escuelas, y que éstas son generalmente de multigrado. Se le reiteró que la educación bilingüe e intercultural sigue sin recibir los apoyos indispensables para convertirse en una realidad, por lo que los indígenas siguen sufriendo de discriminación y exclusión. No ha habido además un cambio sustancial en la concepción paternalista y autoritaria de muchas autoridades del gobierno hacia ellos, y no existe un real interés por rescatar la riqueza cultural de estos pueblos.

En un encuentro convocado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), el relator pudo dialogar con expertos del sector académico y social, quienes le manifestaron que mientras los derechos humanos no sigan siendo una prioridad para las elites gobernantes, y la educación no sea concebida como un derecho fundamental, el modelo educativo no logrará la calidad que se requiere para hacer frente a los retos que vive el país. Teniendo en cuenta que la discriminación y la violencia contra las mujeres sigue manifestándose en todos los estratos sociales y en todo el país, se subrayó la importancia de tranversalizar la perspectiva de género en todos los niveles, y se le invitó a poner especial atención en temas como la educación sexual, la educación en derechos humanos y las telesecundarias, pues en ellas se atiende a la población rural e indígena en el nivel prescolar.