2/20/2010


Una traición más
Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 19 de febrero (apro).- Rápido olvidó el PRI la falta de palabra del PAN. Las ineficiencias, la traición, los pactos no cumplidos. Y no es que los priistas sean de corta memoria, lo que sucede es que los intereses son muchos y el pacto entre estos partidos va más allá de un no a las alianzas.

Por sus actos, uno puede deducir fácilmente que los pactos del PRI con PAN conllevan a otros ámbitos, no sólo a lo electoral y que el fin último es: el gobierno, el poder…la Presidencia de la República.

Después de la revelación, hace más de una semana, del pacto indigno y vergonzante: la aprobación de más impuestos a la población a cambio de que no prosperaran las alianzas PAN-PRD, el PRI todavía no terminaba de lamerse sus heridas cuando volvió a cubrirle la espalda al PAN. ¿A cubrirle la espalda o a caminar bajo una misma línea?

Me explico: El lunes pasado, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas, reconoció el pacto no cumplido; tres días después, a pesar de recibir el reclamo de sus compañeros diputados, quienes le dijeron que ya bastaba de “acuerditos” con el PAN, lo volvió a hacer.

La semana pasada, Rojas y su equipo jurídico elaboraron, junto con el Partido del Trabajo, el documento de controversia constitucional en contra de Felipe Calderón por abrir los contratos de riesgos de Pemex a la iniciativa privada, con dedicatoria especial para las transnacionales.

Pero bastó que entablara contacto nuevamente con el gobierno de Felipe Calderón y que el coordinador de la bancada priista en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, le advirtiera que si los diputados del PRI mantenían esa línea, él mismo empujaría para que la Cámara alta actuara como tercero perjudicado y defendiera las decisiones de Calderón, para que Rojas reculara y aun en contra de sus compañeros diputados, hiciera a un lado la controversia.

El PRI entonces cayó en lo que tanto le reclamó al PAN: la traición. Dejó al PT solo y hasta maniobró para apagar las voces en contra de la nueva normatividad de Pemex.

La mañana del jueves 18 de febrero, al iniciar la sesión plenaria de los 237 legisladores del PRI, éstos le exigieron a Rojas una explicación sobre el famoso pacto y, de paso, le pidieron que aprendiera a ser oposición, que se mantuviera en la controversia y que se hiciera respetar ante el gobierno panista.

Rojas pidió entonces media hora a los diputados inconformes, tiempo para que el Consejo de Administración de Pemex hiciera los cambios necesarios que evitaran la controversia, pero que también aseguraran que no se entregarían los contratos incentivados.

Georgina Kessel, la secretaria de Energía, habló directamente con Rojas y le ofreció convocar, de inmediato, a los funcionarios de Pemex para que elaboraran un documento que diera satisfacción a los, ya para entonces, enfurecidos priistas y petistas.

Estos últimos, desconfiados como son, y con toda razón, prefirieron no confiarse en Rojas y tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados.

Pasadas seis horas, y luego de un intenso trabajo de redacción en Pemex, llegó el documento que, dicho sea de paso, mantiene todas las posibilidades abiertas para los famosos contratos, según el análisis que realizó el PT.

Con documento en mano, Rojas habló con los petistas encabezados por Gerardo Fernández Noroña; los convenció de liberar la tribuna y les aseguró que los cambios satisfacían las demandas de priistas y petistas. Los seguidores de Andrés Manuel López Obrador aceptaron entonces que, nuevamente, el PRI había pactado, pero no le vieron caso mantenerse en tribuna.

Sin embargo, no esperaban la traición de Rojas. Ésta se consumó luego de que tanto el PAN, con Roberto Gil Zuarth, y el PRI, con Rojas a la cabeza, les aseguraron que se reanudaría la sesión ordinaria, se incluiría el tema en el orden del día e incluso, que se permitiría la participación de cinco oradores en contra y cinco a favor.

Pero, apenas tomó su lugar el panista presidente de la Mesa Directiva, Francisco Ramírez Acuña, tocó la campanilla para concluir la sesión. La traición estaba consumada, los diputados petistas estaban lejos de la tribuna y no tuvieron más remedio que irse a sus oficinas.

Sin embargo el hecho sólo dejó en claro dos cosas, la primera que el pacto PRI-PAN no contempla sólo el rechazo a las alianzas electorales, sino que, además, cubre la parte energética en la que Calderón y el PRI, de Manlio Fabio Beltrones, coinciden: abrir Pemex a las transnacionales; establecer contratos multimillonarios, como los que ya existen –por alrededor de 150 mil millones de pesos con estas empresas extranjeras--; y permitir que sean éstas las que decidan la política energética del país.

Rojas hizo lo mismo que Fernando Gómez Mont: tragar sapos. Pero, además, se evidenció él y a su partido. Confirmó lo que la mayoría de los mexicanos saben: que entre el PRI y el PAN es difícil encontrar diferencias, y que hoy, para ellos, la falta de ética es tan sólo calificada como ineficiencia, misma que, desde su punto de vista, se puede corregir… claro, una vez que hayan recuperado la Presidencia de la República.

Y por cierto, de comparsa y para defender los actos del gobierno de Calderón, el PAN ha tenido a un ala del PRD. Si no, que expliquen entonces por qué en Cuba, este viernes, el senador perredista Carlos Navarrete, quien en algún momento llamó espurio a Calderón, hoy declara que su visita a la isla es para “pavimentar” el camino de Felipe Calderón a Cuba.

Parece olvidar Navarrete que el Poder Legislativo no es sirviente del Poder Ejecutivo, que para hacer ese trabajo está la Secretaría de Relaciones Exteriores y no los senadores del PRD.

mjcervantes@proceso.com.mx

Una cumbre llena de riesgos
Olga Pellicer

MÉXICO, D.F., 19 de febrero.- Los días 22 y 23 de febrero se celebrará en Cancún, México, la cumbre de países de América Latina y el Caribe. Será un momento importante para conocer los alcances de la vertiente latinoamericana de la política exterior de Felipe Calderón; ocasión para identificar la incidencia que puede tener nuestro país en una región conducida, cada vez más, por liderazgos sudamericanos para los que México es un país distante de América del Norte.

El evento tiene lugar en momentos difíciles. Pocas veces en su historia reciente la región de América Latina había estado tan polarizada en términos de proyectos políticos y liderazgos. Pocas veces había confrontado problemas de carácter tan diverso como la defensa de la democracia en Honduras y la profundidad de los daños que salieron a la luz con el terremoto haitiano.

La polarización política es evidente. Se ha consolidado la Alianza de Países Bolivarianos (Alba), cuya propuesta política –la democracia “participativa”– y objetivos económicos –el socialismo del siglo XXI– difieren de los modelos existentes en la mayoría de las naciones de la región. Las posiciones coordinadas de estos países en la diplomacia multilateral se han hecho sentir. No pasa desapercibida su decisión de bloquear la aprobación por consenso del documento final, muy penosamente alcanzado, de la reunión sobre cambio climático en Copenhague. Las naciones bajo la influencia del Alba tienen un buen elemento de cohesión: el petróleo venezolano que, en mayor o menor grado, contribuye a la marcha de su economía; allí reside la fuerza y potencial del Alba.

Por otra parte, Brasil se ha consolidado como una potencia emergente del presente siglo, con reconocido liderazgo a nivel regional y global. Ese país ha desempeñado un papel clave en el surgimiento de nuevos mecanismos de concertación latinoamericanos, como la Unasur y el Consejo de Defensa Sudamericano; este último, una de las agrupaciones de mayor trascendencia en el Cono Sur por la cooperación que ha construido entre las fuerzas armadas de esa subregión, y por la vinculación entre éstas y la poderosa industria militar brasileña.

En ese ambiente de liderazgos con diversos vértices de poder, existe incertidumbre sobre las tendencias políticas que seguirá uno de los países más exitosos de América Latina: Chile. En las recientes elecciones presidenciales triunfó el representante de la derecha, que desplaza a la izquierda que había estado en el poder 20 años después de la dictadura militar. Sólo hay interrogantes sobre el camino hacia el futuro de la política exterior de Chile bajo el nuevo presidente Piñera; por el momento, sólo se conoce el nombre del nuevo ministro de Relaciones Exteriores.

La situación es aún más compleja por el rápido deterioro de la trágica situación en Haití, la cual obliga a la articulación urgente de medidas que, más allá de la asistencia inmediata, sean capaces de contribuir a la reconstrucción de ese país a largo plazo. Si algo puede dar significado al papel de América Latina en la problemática internacional actual es la capacidad para acordar e implementar ese programa.

Finalmente, hay problemas pendientes. Honduras sigue siendo un país expulsado de la OEA. Su retorno parece evidente, pero puede haber obstáculos. En todo caso, ¿quién ocupará su lugar en la cumbre de Cancún?

Con semejante trasfondo, el buen juicio aconsejaría que la cumbre coloque el acento en Haití y deje para momentos de mayor certidumbre otras propuestas de fondo. Sin embargo, no parece que será así. Felipe Calderón desea proyectar ahora su imagen de liderazgo latinoamericano proponiendo en la cumbre la creación de una nueva instancia de concertación de América Latina y el Caribe, lo que ha sido captado por los medios, con o sin razón, como “la nueva OEA sin Estados Unidos y Canadá”.

La nueva organización contemplaría la fusión, a mediano plazo, del Grupo de Río, el mecanismo de concertación ideado por México hace 24 años, y la Comisión de América Latina y el Caribe, lanzada por Brasil hace dos años.

Se trata de una propuesta llena de riesgos. El primero se relaciona con el hecho que no es un producto acabado, fruto de claros consensos entre los países de mayor peso de la región, con un mandato bien estipulado y marcos institucionales ya previstos. Es una idea, buen ejemplo del voluntarismo de nuestro presidente, que requiere de un periodo de transición, del que estará a cargo el próximo secretario permanente del Grupo de Río, que será Chile, acompañado de la llamada troika, que normalmente se forma por el secretario saliente (México) y el próximo en la línea (Venezuela). La voluntad política, el grado de compromiso y la orientación general del pensamiento internacional, que todavía no conocemos, del presidente Piñera, serán, pues, definitivos. Otro tanto lo será la buena colaboración que se establezca con el presidente Hugo Chávez.

El segundo riesgo es la desaparición del Grupo de Río. Ese mecanismo ha tenido limitaciones evidentes; no es fácil coordinar la pluralidad de tendencias en América Latina, pero tiene un acervo de experiencias y ha demostrado su potencial; por ejemplo, cuando desactivó en la reunión de Santo Domingo el conflicto entre Colombia y Ecuador. Ha sido el punto de referencia para la concertación en la ONU, ante la Unión Europea, en la Cumbre de las Américas. ¿Conviene sustituirlo por una entidad incierta?

Por último, el peligro que muchos temen es la utilización ideológica del latinoamericanismo “libre del imperio” por parte de las voces más radicales del Alba. Para la izquierda moderada, para los representantes de la derecha y, sobre todo, para México, eso sería un resultado con altos costos. Al final del camino la concertación en América Latina no saldría triunfante de la cumbre de Cancún; por el contrario, comenzaría un penoso descenso.


Transversalización de la perspectiva de equidad, texto de la CDHDF

La “ceguera” de género no puede seguir siendo política pública

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF. 19 feb.10 (CIMAC).- La integración de la perspectiva de género en las políticas públicas debe ser una obligación para los organismos públicos autónomos y dependencias gubernamentales del país, a fin de generar relaciones equitativas y justas entre mujeres y hombres, coincidieron especialistas en derechos humanos y equidad de género.

Durante la presentación del texto “ Transversalización de la perspectiva de equidad de género”. Propuesta metodológica y experiencias, Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), señaló que “este tema no es de interés sino de obligación”.

Uno de los retos que enfrentan los organismos públicos de derechos humanos, es generar relaciones de equidad hacia adentro de la institución, pues, dijo, “nosotros las reclamamos hacia afuera, pero para poderlas reclamar con la autoridad moral, debemos construirlas hacia adentro”.

Pues, según el libro, el cual contiene la metodología que desde 2002 aplicó la CDHDF y la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH-SLP) para implementar la transversalización de género en sus instituciones, este concepto consiste en que la perspectiva de género atraviese las políticas públicas desde su creación hasta el momento de ser aplicadas y posteriormente al evaluarse.

Este proceso, indica el documento, implica que cada área de la institución apuntale en su quehacer principios de igualdad, no discriminación y equidad, para que no se limiten a un solo espacio aislado especializado en el tema.

La publicación, elaborada por Lucía Pérez Fragoso y Emilia Reyes Zúñiga, expone la metodología realizada por la asociación Equidad de Género: Ciudadanía Trabajo y Familia, y relata la experiencia de dichos organismos de derechos humanos.

De acuerdo con María Eugenia Romero Contreras, de Equidad de Género: Ciudadanía Trabajo y Familia, el proceso de transversalización, financiado por la fundación alemana Heinrich Böll, señaló que el primer paso fue realizar un diagnóstico en cada organismo, seguido de la sensibilización del personal y la modificación de leyes internas.

En la Comisión capitalina la transversalización de género “se tomó en serio”, y durante la gestión de Emilio Álvarez Icaza, ex titular de la CDHDF, se lograron “avances esenciales”, por lo que la administración de González Placencia parte de bases “sólidas”.

Entre los logros de este organismo público autónomo está la instauración de licencias de maternidad y paternidad para las y los trabajadores de la institución, quienes llevan a cabo sus tareas con una política laboral con visión de género.

Al tiempo, las y los funcionarios de la Comisión, que ocupan cargos de toma de decisiones, fueron capacitados en el tema, a fin de que fortalezcan sus labores, a favor de los derechos humanos bajo los principios de igualdad, no discriminación y equidad, indicó el ombudsman capitalino.

El eje de esta tarea ha sido la creación de políticas públicas diferenciadas que respondan a las necesidades específicas de mujeres y hombres.

La aplicación de estas medidas es evaluada periódicamente, y a partir de ello, buscan los mecanismos para que esta metodología se aplique en otras instituciones, refirió González Placencia.

PENDIENTES EN LA CDHDF

Aunque los avances son significativos, el ombudsman del DF reconoció que todavía hay pendientes, en los que la Comisión sigue trabajando.

Algunas de las acciones que hacen falta es profundizar en el tema de presupuestos con perspectiva de género. Además, de analizar “hasta dónde las resoluciones de la CDHDF tienen perspectiva de género”.

En este sentido, también está pendiente la sensibilización del personal administrativo de este organismo, pues hasta ahora sólo se ha capacitado a quienes forman parte de las visitadurías de derechos humanos. Este hecho es importante porque las áreas administrativas son espacios, donde más se reproducen “los esquemas de dominación” en contra de las mujeres.

SIN PRESUPUESTO NO HAY TRANSVERSALIZACIÓN

La construcción de políticas con un enfoque de equidad de género implica un proceso de reflexión interno, para lo que las instituciones deben destinar esfuerzo importante: capital, recursos humanos y tiempo, señaló Luis González Placencia.

Con el ombudsman, coincidió Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeresdf), quien refirió que sin asignación presupuestal no es posible generar políticas públicas transversales.

Para que no quede sólo en un discurso, es necesario que se asigne un presupuesto y que se aplique una política diferenciada, que se base en la transversalización de la perspectiva de equidad de género, pues, dijo, “la ceguera de género no puede seguir siendo una política pública”.


“No hay suficientes dominicanas “aptas o dispuestas a ser candidatas”, dicen

Intentan partidos despojar a mujeres de cuota para cargos políticos

Por Mirta Rodríguez Calderón

Santo Domingo, 19 feb.10 (CIMAC/SEMlac).- Embarcadas en una cotidianidad estresante, que fuerza a las más pobres a sacrificar horas de sueño para producir costuras, artesanías o alimentos ligeros que ellas mismas salen a vender, o a desgranar gandules (tipo de frijol), las mujeres dominicanas se ven ahora enfrascadas en empeños políticos de los que no todas participan, pero que a todas conciernen.

Un intento de los dos partidos mayoritarios del país, el de la Liberación Dominicana (PLD), en el gobierno, y el Revolucionario Dominicano (PRD) busca despojar a las mujeres del 33 por ciento de la cuota para cargos electorales instituidos por la ley 275-97, que consigna como mínimo esa proporción en las boletas para postularse a cargos municipales y en el Congreso.

Argumentan que no hay suficientes mujeres aptas o dispuestas a ser candidatas. El sistema vigente no permite aspiraciones directas, sino mediante las listas que previamente establecen los partidos.

Simultáneamente, luego de la proclamación de una constitución reformada por el presidente de la República y el Congreso, la Carta Magna fue rechazada por muchas mujeres, ambientalistas, intelectuales, organizaciones de jóvenes y otros segmentos sociales que se han movilizado.

Varios sectores consideran que esa no es su Constitución, a la vista de un articulado que parcialmente niega derechos y quita patrimonios a la nación, al consignar que, por ejemplo, las playas y ríos son del pueblo "sin perjuicio de la propiedad privada".

Pero, a la par, la Constitución también reconoce la igualdad de hombres y mujeres, autoriza a cada ciudadano o ciudadana a someter leyes al Congreso y consagra los mecanismos que podrían impedir que en el país se produzcan golpes de Estado.

Pero, en términos concretos, una parte de la ciudadanía mejor informada que ha estado librando una fuerte oposición, durante las discusiones para reformar la Carta, constituyó una Coordinadora de Resistencia al Retroceso y, mientras el gobierno aseguraba que estaban produciendo una constitución muy moderna y adecuada a las expectativas ciudadanas, los opositores fueron evidenciando por qué, en su opinión, no era así.

LAS OTRAS BATALLAS

Por si fuera poco, las mujeres dominicanas están formando parte, incluidas las más jóvenes, de un empeño por garantizar la voluntad ciudadana en los procesos electorales, sobre la base de exigir que se coloque un recuadro en las boletas electorales en caso de no querer votar por ningún candidato. Ello permitiría esclarecer un panorama permeado de oportunismos, malos manejos electorales y, casi siempre, mucho dinero de por medio.

María del Mar Mella es una líderesa, perteneciente a La Multitud, una organización de jóvenes que se ha expandido en varias regiones del país en poco más de dos años. Ella formó parte de una comisión que visitó la Junta Central Electoral con este nuevo reclamo.

Según contó a SEMlac, la primera reacción de los jueces fue considerar innecesaria la petición, por entender que no todos los candidatos son malos. Después, la misma comisión visitó individualmente a varios de los nueve magistrados de la Junta Central Electoral que sí se mostraron receptivos.

"Fueron abiertos con la propuesta. El mismo presidente de la Junta entendió y dijo que la llevaría al Pleno. Eso es lo que queríamos, que fuera considerada. Ellos son instancia electoral y tienen que pasarlo al Congreso. Para eso estamos elaborando una propuesta de ley. De modo que batallaremos para que haya un recuadro para votar por ninguno", explicó.

LA CUOTA DEL 33 POR CIENTO

En lo que parece ser un ardid para manejos tras el telón, la Junta Central Electoral del país dijo que no acogerá una petición que le hicieron llegar los dos partidos mayoritarios.

La solicitud considera que si no logran la cifra de candidatas para satisfacer el requisito legal de incluir una proporción no menor al 33 por ciento de las mujeres del total de los cargos en el Congreso, municipios y en cada demarcación, les permitan cuantificar ese porcentaje del total de sus cargos electivos en los comicios del próximo 16 de mayo.

La médica y articulista Lilliam Fondeur reaccionó indignada: "Es impropio, inmoral y antiético hablar de democracia, mientras pretenden negar la posibilidad de auto representarse al 52 por ciento de la población". Fondeur subrayó que sobran las mujeres capacitadas y que "no solo son mejores, sino que son más". Estima, entonces, que es hora de reclamar paridad.

Igualmente molestas y exigentes de los derechos tan duramente conquistados, se manifestaron políticas como la ex vicepresidenta de la República Milagros Ortiz Bosch, la diputada Minou Tavarez Mirabal, junto con representantes del movimiento de mujeres y otras fuerzas sociales.

Una reunión de feministas de América Latina y el Caribe efectuada la tercera semana de enero en Santo Domingo suscribió, asimismo, una carta reconociendo la firmeza de la Junta Central Electoral en negarse a aceptar el pedido.

De por sí, las mujeres que aspiran a pasar de electoras a elegibles enfrentan numerosos obstáculos y ven mermadas sus posibilidades por los excesos machistas en los partidos, reglamentos que no las favorecen y porque ellas no suelen ser suficientemente ricas para sostener las inscripciones y la propaganda.

Si los partidos mayoritarios consumaran sus intenciones, podrían ignorar a las aspirantes en las instancias de base e intermedias, y colocar mujeres de su interés en las estructuras electorales que deseen, con lo cual el acto de precisar las cuotas se elimina, al ponerlo todo en un solo paquete.

De ahí que el comunicado del encuentro feminista explique bien que "la aplicación global de la cuota favorece las prácticas corruptas para negar la cuota asignada a las mujeres elegibles (cosa frecuente por parte de los ’compañeros’ de los partidos), violenta los nuevos principios y disposiciones constitucionales de promoción de medidas afirmativas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación, así como promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular".

La impugnación al respeto de la cuota del 33 por ciento atenta contra la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la cual establece "el derecho a ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas".

Recorrido por Léogane con una brigada médica

Sobresaliente el papel de las mujeres en campamentos haitianos

Por Sofía Yañez *

Léogane, Haití, 19 feb. 10 (CIMAC).- A poco más de un mes del sismo que sacudió a Haití, las deplorables condiciones de vida que padecen los habitantes de Léogâne, no dejan duda de que las carencias aquí, vienen desde mucho antes del 12 de enero. Todo lo que se ha dicho o escrito, se queda corto ante la impresionante realidad.

En el recorrido de la organización Pan y Rosas, con una brigada médica por comunidades como la de Petit Rivière, se observa que la mayoría de la población son mujeres, quienes acuden a la consulta por problemas de infecciones vaginales, mientras que sus hijos asisten por problemas gastrointestinales, debido a la mala calidad del agua y a la contaminación ambiental.

En dicha comunidad, hay varios campamentos que se consideran "chicos", en ellos se reúnen unas 60 familias, organizadas por sus propios integrantes, porque la ayuda oficial aún no llega, cabe mencionar que el rol de la mujer frente al campamento es sobresaliente.

Joseph y Guetty, dirigentes locales pertenecientes a la organización Groupe Ecologique pour le Developement Durable en Haití (GEDDH), hablaron del descontento que existe con el gobierno por la falta de apoyo, ya que no hay escuelas ni hospitales , no obstante, las niñas y niños que estudian tardan cuatro horas en llegar al plantel.

En otra brigada, dirigida a tres orfelinatos para el reparto de pañales y alimento para bebés, se constató que aunque la ayuda casi no ha llegado y las necesidades son muchas, la distribución es absolutamente ordenada, ya que la garantiza la propia comunidad.

Los voluntarios participantes en esta acción aseguraron que decidieron hacer las entregas sin militares pues “espantan a la población con sus armas y sus tanques”. Ello, sin duda, evidentemente muestra que, los supuestos disturbios en las entregas de ayuda sólo son provocados por la presencia militar.

En todas partes se ve la miseria acompañada de la destrucción que provocó el sismo. Gente que vive, literalmente, en la calle, improvisando viviendas en los lugares más insalubres; también un mercado que se instala temporalmente en un predio que, al parecer, albergaba un basurero, se ha convertido en uno de los pocos sitios donde la población se puede abastecer de comida y, al mismo tiempo, también sirve como un hogar para mujeres embarazadas.

DESCONTENTO CON LA PRESENCIA MILITAR

Toda la ciudad de Puerto Príncipe está descuidad, así entre la basura, escombros y el llamado “olor a muerto”, la ciudad se mueve y desplaza como si fuera posible la “normalidad”.

Los campamentos más grandes se ubican en Puerto Príncipe y son también los más custodiados por los militares, pues según se dice,

más de un millón de personas viven en carpas en todo Haití, en calles y parques. En está ciudad, casi no hay comercios, la mayoría están derrumbados y los pocos que se mantienen estuvieron cerrados por los días de duelo. En muros semiderrumbados hay pintadas electorales y de protesta, pero las y los haitianos dicen que estaban ahí desde antes del sismo, muchas contra Aristide y algunas contra Preval.

El constante paso de camiones, jeeps y tanques militares complementan el panorama que pareciera de posguerra. En las calles, hasta los soldados que organizan el tránsito se encuentran armados, muchos de ellos sin quitar el dedo del gatillo.

Al cumplirse un mes del sismo, no hay reporte aún de manifestaciones, sin embargo, el descontento con la presencia militar es generalizado.

Esto es, sin duda, lo que motiva las exageradas acciones de control por parte del gobierno y ejércitos extranjeros, situación que en los próximos días podría generar nuevos estallidos sociales de un pueblo que históricamente se ha caracterizado por la lucha inclaudicable de sus derechos.

* Periodista mexicana, enviada especial de la agrupación de mujeres Pan y Rosas


Llaman legisladoras de Equidad y Género cumplir compromisos

Evade Segob acciones para cumplir la Ley contra la violencia

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 19 feb 10 (CIMAC).- La Secretaria de Gobernación (Segob) evade los cuestionamientos de las legisladoras de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, sobre el cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General).

Durante una reunión de trabajo entre funcionarias y funcionarios de la Segob, y la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, en el caso del Diagnóstico Nacional sobre todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, las y los funcionarios sólo informaron que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se encuentra analizando las observaciones que fueron realizadas por la Segob.

Por lo que la diputada Teresa Inchásutegui del Partido de la Revolución Democrática (PRD) insistió en conocer cuáles son los principales resultados del diagnóstico, toda vez que la Ley General, lo plantea como un instrumento fundamental para definir las políticas públicas.

A lo que Eliseo Rosales Ávalos, director General Adjunto de Enlace Institucional, de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, respondió que las observaciones no las hizo esa oficina de la Segob, sino que “nos dimos a la tarea de que el Instituto Nacional de las Mujeres (INmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) lo hicieran de manera conjunta por ser las entidades del Gobierno Federal que tienen un mayor conocimiento en la materia.

“Ahora estamos en el proceso de la revisión y les adelanto que algunos datos no son alentadores sobre la cultura de registro. Les pedimos que nos permitan terminar las observaciones porque en el convenio hay una cláusula de confidencialidad”, dijo el funcionario.

A lo que la legisladora del PRD, le respondió que la cláusula “terminó en octubre”. Rosales Ávalos respondió “nosotros hicimos las observaciones en diciembre, les pedimos nos permitan seguir trabajando con la UNAM, ya que es una institución seria y responsable que “nos va a cumplir con las observaciones”.

Y agregó permítanos conversarlo con la UNAM. Que el convenio finiquitó en octubre y comentarles que existe una preocupación y que nosotros quisiéramos darles una respuesta y poderles adelantar algunas conclusiones.

SOBRE EL FEMINICIDIO

Otro cuestionamiento fue acerca de las 40 acciones del gobierno federal para detener los feminicidios. “No sabemos nada, si la CONAVIM esta retomando las acciones de la Comisión Juárez, que nos informe que pasó, y que se avanzó en el tema de las 40 acciones que estaban comprometidas, y son vinculantes para cada una de las dependencias que intervienen”, increpó Teresa Incháustegui.

En este caso, la responsable de la Unidad de Género de la segob Pamela Higuera Hidalgo, señaló “hay un documento que contiene todos los avances, que se les puede hacer llegar en cualquier momento”.

“Estas acciones se incluyeron dentro del plan del programa integral de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia el cual también esta a su disposición, y que estaría haciendo acciones vinculantes para todas las dependencias públicas a nivel federal”, afirmó.

De igual manera, la también presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, Teresa Incháustegui, preguntó sobre los criterios para aplicar el Fondo de Alerta de Violencia de Género, ya que en esta materia las organizaciones de mujeres tienen experiencias muy amargas.

“No se sabe como funciona, la última vez que las organizaciones de mujeres la quisieron hacer funcionar, todos los mecanismos de la mujeres de este país que están creados para tutelar y garantizar los derechos de las mexicanas les dieron el portazo, hecho que nos pareció muy lamentable. Queremos saber cuáles son los criterios y cómo van a funcionar y lo que están planeando”, enfatizó la legisladora del sol azteca.

Pamela Higuera Hidalgo, respondió que para el avance en el tema de los criterios del Fondo de Alerta de Violencia de Género, se contrató una consultaría, que le esta dando seguimiento a los criterios y que esperan que en febrero o marzo les entregue algunos resultados que tengan definidos los criterios mediante los cuales se dará la alerta de género.

El capítulo V de la Ley General especifica la violencia feminicida y la alerta de género. Ésta es “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ejercida por un individuo o una comunidad”.

Establece como objetivo de esta alerta: garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y la eliminación de las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.

Según lo define el Artículo 24 de esta ley, la declaratoria de alerta de violencia de género se emitirá cuando los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio determinado.

Dentro de este apartado, se contempla la elaboración de reportes especiales sobre la zona, así como de indicadores de violencia contra las mujeres y una partida presupuestaria que permita hacer frente a la contingencia de una alerta de violencia de género.

LLAMANDO A CUMPLIR LA LEY

A tres años de la entrada en vigor de la Ley General, “el balance es reprobatorio en general ha sido lamentable, nada satisfactorio pero sobre todo habla de que las instituciones que procuran igualdad y justicia en este país, no están comprometidas con el progreso de la equidad y sobre todo para evitar a toda costa la continua violencia contra las mujeres”, afirmo la senadora Claudia Corichi del grupo parlamentario del PRD.

En comunicado de prensa la senadora sostuvo que “es visible y clara la falta de compromiso en todos los niveles de gobierno tanto a nivel nacional como estatal para hacer efectiva esta Ley que ya tiene tres años y con patéticos resultados”.


Acción internacional de la MMM será marcada
por Marcha en São Paulo

Karol Assunção *

Adital -
"Seguiremos en Marcha hasta que todas seamos libres". Es con esa convicción que mujeres de todo el mundo realizarán, este año, la 3a Acción Internacional de la Marcha Mundial de Mujeres (MMM). En Brasil, la actividad central se realizará del 8 al 18 de marzo con una Marcha que irá de Campinas a Sao Paulo (SP).

De acuerdo con Camila Furchi, integrante de la comisión organizadora de la edición brasileira de la MMM, la expectativa es que 2000 mujeres de todas las regiones del país participen en la Marcha. Para ella, la idea es que la acción sea un marco de referencia en el año 2010 y en la propia historia del movimiento feminista.

La fecha para la salida de la Marcha no fue escogida por casualidad. El 8 de marzo de este año, se celebra el centenario de la Declaración del Día Internacional de las Mujeres, propuesto por las delegadas a la 2da Conferencia Internacional de la Mujeres Socialistas en Copenhague, en 1910.

Agrega Camila, que la intención es "dar visibilidad a la fecha y resaltar la lucha de las mujeres socialistas en el siglo pasado". Para ella, es importante destacar que la historia del día 8 de marzo va más allá de ser un homenaje a las obreras quemadas en una fábrica porque luchaban contra las malas condiciones de trabajo y los bajos salarios. La fecha marca las luchas de las mujeres socialistas por demandas todavía vigentes hoy, como participación política, mejores condiciones de trabajo, salarios dignos y aborto. "El 8 de marzo es un día de lucha y para visibilizar la perspectiva socialista", considera.

Según la programación, el día 13 de marzo, la Marcha -- que estará en Várzea Paulista-- realizará un acto público con el lanzamiento de un libro sobre la historia del Día Internacional de las Mujeres y un debate histórico sobre el movimiento feminista. La caminada será clausurada el día 18 de marzo, en São Paulo, con acto público.

Los otros días, según la integrante de la MMM, las mujeres marcharán por la mañana y participarán en actividades de formación y de presentaciones culturales en el período de la tarde. Entre los puntos a ser discutidos durante los días están: soberanía alimentaria, justicia ambiental y lucha por el territorio; economía solidaria y feminista; salud de la mujer y prácticas populares de cuidados; sexualidad, autonomía y libertad; paz y lucha contra la violencia sexista.

De acuerdo con Camila, la Marcha en Brasil todavía seguirá una plataforma de cuatro ejes que siguen los campos de actuación a nivel mundial. Ellos son: autonomía económica de las mujeres, bienes comunes y servicios públicos (contra la privatización de la naturaleza y de los servicios públicos), paz, desmilitarización, y violencia contra las mujeres.

Acción internacional

La 3ra Acción Internacional de la Marcha Mundial de Mujeres (MMM) tendrá actividades en varias regiones del mundo. Este año, las acciones se centraran en dos momentos principales: del 8 al 18 de marzo, con marchas y movilizaciones nacionales, como consecuencia del Día Internacional de las Mujeres; del 7 al 17 de octubre, con una movilización internacional, en la República Democrática del Congo, para fortalecer el protagonismo de las mujeres en la resolución de conflictos armados.

Además de lo ya mencionado, otras movilizaciones regionales ocurrirán a lo largo del año, como en Colombia, del 21 al 23 de Agosto; en Filipinas del 12 al 14 de mayo; y en Turquía el día 30 de junio.

Más informaciones sobre la MMM en Brasil están disponibles en : http: www.// www.sof.org.br/acao2010/ e http://ofensivammm.blogspot.com/


* Periodista de Adital

Una historia de impunidad, a 4 años de la muerte de 65 mineros

Exigen comparecencia de titular de Economía por Pasta de Conchos

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México DF, 19 feb. 10 (CIMAC).- A cuatro años del siniestro en el que fallecieron 65 mineros, de los que 63 permanecen sepultados en el mina Pasta de Conchos, sus viudas y familiares exigieron la renuncia de Javier Lozano Alarcón, secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS) y la comparecencia de Gerardo Ruiz Mateos, titular de la Secretaría de Economía (SE) ante el Congreso de la Unión, por su responsabilidad en la muerte de decenas de trabajadores del carbón, registradas hasta 2009.

Hoy, durante la misa que mes con mes, lleva a cabo “Familia Pasta de Conchos”, integrada por las familias de los mineros fallecidos y organizaciones de la sociedad civil, representantes de esta asociación señalaron que dichos funcionarios permiten la explotación de la zona carbonífera de Coahuila en condiciones inseguras para cientos de trabajadores de la región.

La permisividad de las autoridades del país derivó en el deceso de 41 mineros del carbón, 28 muertes se registraron en operaciones de extracción del mineral y 13 en labores vinculadas. Además de 91 nuevos heridos, señala el cuarto informe Pasta de Conchos: Otros casos, otras minas, la misma muerte, que hoy dieron a conocer integrantes de Familia Pasta de Conchos.

Al respecto, María Trinidad Cantú, madre del carbonero caído Raúl Villasana Cantú, advirtió que su lucha ya no es sólo por la tragedia de Pasta Conchos, sino por el duelo al que ahora se han sumado decenas de familias de mineros caídos en sus centros de trabajo.

Por ello, dijo, es preciso “exigir a la empresa buenas condiciones”, para ello, es necesario que en cumplimiento de sus tareas, la STPS y la SE inspeccionen las minas de la región y obliguen a empresas como Industrial Minera México (IMM) a acatar la normatividad de seguridad e higiene.

Durante la eucaristía, se recordó que esta historia de impunidad inició el 19 de febrero de 2006 cuando ocurrió una explosión en la mina carbonera 8, Unidad Pasta de Conchos, en San Juan Sabinas, Coahuila: 73 mineros quedaron atrapados bajo los escombros, 8 de los cuales fueron rescatados con heridas y quemaduras graves, dos más sin vida y los restos de 63 siguen desde entonces en el yacimiento.

Desde esa fecha, viudas y familiares de los mineros reclaman justicia. Primero, durante estos 4 años ante las autoridades del país, quienes les negaron el interés jurídico, es decir “les cerraron la puerta por la que podían pedir el esclarecimiento del crimen y que el daño fuera reparado”, señaló a Cimacnoticias Manuel Fuentes Muñiz, representante legal de las víctimas.

Ellas, las viudas, madres y hermanas de los mineros muertos, “están enterradas jurídicamente, como sus seres queridos”, las autoridades mexicanas: la STPS, SE, las secretarías de Energía, de Gobernación, además de varios tribunales colegiados”, desconocieron este interés, sin el cual “son fantasmas, sin derecho a exigir justicia”, añadió el abogado laboralista.

Ante “los oídos sordos” de las autoridades mexicanas, quienes durante cuatro años no han fincado responsabilidades entre los funcionarios culpables de la tragedia, 253 familiares directos de 28 de los 63 mineros, cuyos restos siguen bajos los escombros, entregaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el martes pasado.

Con esta petición al máximo tribunal en impartición de justicia de la región, las y los deudos buscan que la CIDH recomiende al Estado mexicano que se recuperen los restos de los carboneros, esclarezca los hechos, sancione a los responsables, repare el daño cometido por las instituciones gubernamentales y “sobre todo” la garantía de que la tragedia de Pasta de Conchos no se repetirá.

Para que no vuelva a ocurrir un siniestro en la zona carbonífera de Coahuila es necesario que el gobierno federal priorice los derechos humanos y laborales de las y los trabajadores, establecidos en la Carta Magna y en la Ley Federal del Trabajo, sobre los intereses millonarios empresariales, como Grupo México, propiedad de Germán Larrea, a quien le pertenece a la concesión de IMM, indicó Manuel Fuentes.

En tanto, las 65 viudas de los mineros de Pasta de Conchos sobreviven con pensiones “ilegales”, que en promedio ascienden a 26 pesos diarios, cuando Grupo México les ofreció el pago triple del salario que percibían los trabajadores que iba de 100 a 300 pesos por jornada, refirió el experto en justicia laboral.

Pese a esta circunstancia, una veintena de viudas y familiares continúan resguardando la mina 8, según informó a Cimacnoticias María Trinidad Cantú, para impedir que el yacimiento sea sellado. Estas guardias iniciaron el 15 de mayo de 2008, ocasión en que personal de IMM intentó entrar a la mina con este fin.

RECUENTO

Cinco días después de la tragedia, Minera México, presidida por Francisco Javier García Quevedo, suspendió el rescate, con el argumento de que al interior de la mina había “altas” concentraciones de gas que impedían la subsistencia humana.

En 2006 la denuncia del siniestro y la demanda de justicia por parte de las familias, resultaron en dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos una en 2006 y la segunda tres años después, sin que a la fecha el gobierno mexicano las acate.

Ese mismo año, Familia Pasta de Conchos interpuso una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la falta de ratificación del país de los Convenios 81, 174 y 176 sobre la inspección de trabajo, prevención de accidentes y seguridad en minas, respectivamente. En 2009, la OIT dio la razón a las víctimas.

En marzo de 2007 la Procuraduría de Justicia de Coahuila giró cinco órdenes de aprehensión por homicidio culposo contra funcionarios “menores” de IMM. Ellos depositaron 180 mil pesos para cada familia y con ello, según la ley estatal, repararon el daño.

Funcionarios estatales y de IMM visitaron a las familias advirtiéndoles que sólo tenían 10 días para cobrar o de lo contrario perderían el pago, cuando por ley son 10 años. La mayoría firmó sin saber que con ello otorgaba el perdón y se cerraba la posibilidad de llevar a la empresa a juicio.

El 4 de abril de 2007, IMM canceló las obras de rescate de forma definitiva, con 40 por ciento de la mina rehabilitada. Lo decidió pagando peritajes que afirmaban que 25 por ciento aún no explorado en la mina contenía agua contaminada con el Virus de Inmunodeficiencia Humana, tuberculosis, lo cual a decir de la empresa, pondría arriesgar la vida de rescatistas.

Familia Pasta de Conchos solicitó la intervención de Javier Lozano, pero el funcionario “jamás pidió a la empresa probar su dicho, aunque la mina es una concesión estatal”, aseguran representantes de la organización.

Así como la STPS ignoró la petición de las y los deudos, en su momento la SE a la cual se le solicitó que cancelara la concesión de la mina a IMM hizo lo mismo. Mientras que la Secretaría de Gobernación también les dio la espalda cuando en marzo de 2008, las familias le pidieron, en, que realizara una visita para considerar la viabilidad del rescate.

En junio de ese año, la Presidencia de la República ordenó, mediante un escrito, a la Segob que respondiera a la solicitud de viudas y familiares, pero a la fecha no ha ocurrido.

A decir de Raúl Vera, obispo de Saltillo, quien este día oficio la misa en memoria de los mineros fallecidos, la indiferencia de las autoridades mexicanas en Pasta de Conchos es reflejo de un gobierno que no cumple con la ley y antepone los intereses empresariales.

Este hecho, dijo, se repite en el caso de los trabajadores de la Sección 65 del sindicato minero, de Cananea, Sonora, y las y los cerca de 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.


Seminario sobre Feminicidio en Centroamérica y México

Impiden justicia a las mujeres, definiciones legales genéricas

Por Lourdes Godínez Leal

México, DF 19 feb. 10 (CIMAC).- Uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia es la falta de figuras legales que faciliten el trabajo para definir la violencia y los asesinatos contra ellas, consideró la investigadora y académica Patsilí Toledo Vásquez.

Durante su participación en el primer Seminario sobre feminicidio/femicidio en Centroamérica y México que inició ayer y culminó hoy, como parte de la Campaña regional por el acceso a la justicia para las mujeres, la especialista lamentó que actualmente las figuras legales que existan sean “genéricas” como las de homicidio, lesiones, entre otras.

Lo anterior explicó, porque las figuras legales permiten definir la realidad y en este caso al ser genéricas, no permiten conocer la realidad de la violencia contra las mujeres.

También, dijo, esta ausencia, dificulta la cuantificación, el registro y conocer qué mujeres se están muriendo, por lo que es imposible elaborar estrategias de prevención.

Otro de los obstáculos que impiden que las mujeres obtengan justicia es en el tema de la violencia familiar donde es frecuente utilizar la figura de la mediación o la conciliación impidiendo con ello, la sanción.

Lo negativo de estas figuras, dijo la especialista, es que significa llegar a acuerdos entre las partes, tienen una fase no penal que es meramente administrativa y que termina resolviéndose en tribunales de lo familiar.

Toledo Vásquez refirió que cuando existen tipos penales específicos para definir la violencia contra las mujeres, establecidos muchas de las veces en leyes especiales, como en el caso de México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las únicas que los conocen son las mujeres y las abogadas feministas.

Finalmente la investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona enfatizó que otros obstáculos para el acceso a la justicia son los prejuicios (cuestionamiento a las víctimas por su forma de vestir, por sus amistades, etc), el tráfico de influencias, que no se cumplen los protocolos, las dilaciones innecesarias, problemas que no están en las leyes pero sí en la práctica, concluyó.

Cabe recordar que el objetivo de esta campaña regional por el acceso a la justicia para las mujeres, lanzada por cinco países de la región (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y México) y convocada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, es revisar, discutir y documentar la problemática en Centroamérica y México y generar propuestas para cada país así como intercambiar experiencias internacionales para atender los crímenes violentos contra las mujeres.

En la plataforma de acción de la ONU

La mujer, el medio ambiente y el desarrollo sostenible

De la Redacción

México, DF 19 feb. 10 (CIMAC).- Hasta 1995, año en que se celebró la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing, se comprendió la estrecha relación de la vivencia cotidiana de las mujeres con el medio ambiente, debido a que el Plan de Acción que emanó de la cumbre incorporó el tema de género y políticas ambientales.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) el tema fue incorporado porque se reconoció que la mujer tiene una función fundamental que desempeñar en la preservación de los recursos ambientales y naturales, y en la promoción del desarrollo sostenible.

La mujer tiene la principal responsabilidad en relación con la atención de las necesidades de la familia, su papel es de suma importancia en la determinación de las tendencias del consumo de los bienes comunes y en ese sentido, también incide en la producción y consumo sostenible.

La Plataforma de Acción identificó la necesidad de lograr la participación activa de la mujer en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente en todos los niveles y de incorporar una perspectiva de género en todas las estrategias orientadas al desarrollo sostenible.

En los objetivos estratégicos planteados en la sección K del capítulo IV “La mujer y el medio ambiente” de la Plataforma de Acción se señalan medidas que deben adoptar los gobiernos, en todos los niveles, incluidas las autoridades municipales. Las medidas eran referentes al trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), organizaciones no gubernamentales y gobiernos nacionales.

Entre dichas medidas la ONU se comprometía a promover la participación de la mujer e incluir una perspectiva de género en la elaboración, la aprobación y la ejecución de proyectos financiados y a cargo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y otras organizaciones dependientes de las Naciones Unidas.

Ello con el objetivo de alentar el diseño de proyectos administrados por mujeres, establecer estrategias y mecanismos para aumentar la proporción de mujeres que participan como dirigentes, planificadoras, administradoras, científicas y asesoras técnicas en el diseño, desarrollo y ejecución de políticas y programas para la ordenación de recursos naturales y la protección y conservación del medio ambiente.

También se diseñaron las medidas que deberían de implementar los gobiernos, entre ellas integrar las perspectivas y conocimientos de las mujeres en la adopción de decisiones en materia de ordenación sostenible de los recursos, y en la formulación de políticas y programas de desarrollo sostenible, particularmente los destinados a atender y prevenir la degradación ambiental.

Asimismo, están obligados a evaluar las políticas y programas desde el punto de vista de su repercusión sobre el medio ambiente y de la igualdad de acceso y de utilización por la mujer de los recursos naturales. De ser necesario elaborar una estrategia de cambio para eliminar todos los obstáculos que impiden la participación plena y equitativa de las mujeres.

Finalmente, las organizaciones internacionales, no gubernamentales y las instituciones del sector privado debían lograr la participación de la mujer en las industrias de la comunicación, a fin de aumentar los conocimientos sobre los temas ambientales, en particular sobre las repercusiones de los productos, tecnologías y procesos industriales sobre el medio ambiente y la salud.

También es obligación de los medios apoyar las iniciativas de las mujeres consumidoras mediante la promoción de la comercialización de alimentos orgánicos y servicios de reciclado, además de información sobre productos relacionados.

Por el mandato de crear un banco digital: Expertos

Impacta a todo el país sentencia de CoIDH por campo algodonero

Por Paulina Rivas Ayala

México, DF, 19 feb 10 (CIMAC).- Algunas de las sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano por 3 asesinatos por cuestiones de género en Campo Algodonero de Ciudad Juárez, podrían ser aplicadas en la formulación y transformación de leyes en la región latinoamericana en donde la violencia contra las mujeres también es recurrente.

Así lo explicaron hoy David Peña y Karla Micheel Salas, representantes legales de las familias de las víctimas ante la CoIDH, durante la conferencia “Consideraciones para impulsar un caso de feminicidio a nivel interamericano, ruta de argumentación Belém do Pará. Campo Algodonero vs México, contenido, resolutivos, protocolos, alcances y trascendencia en la región”.

Durante dicha exposición, parte de la Campaña Regional por el Acceso a la Justicia para las Mujeres, Salas y Peña, indicaron que la sentencia comprende y mandata la construcción específica de protocolos de investigación y capacitación de los funcionarios encargados de la procuración de justicia y pueden servir como modelo para aplicarlos en la región.

David Peña indicó que la sentencia de la Corte contra México sienta un precedente en toda la región para otros casos parecidos que lleguen a la CoIDH, puesto que es la primera sentencia con perspectiva de género en el continente, y reconoce que los asesinatos por cuestiones de género en México obedecen a una situación estructural.

Además la CoIDH dictó su fallo con “una vocación transformadora” y no sólo mediante una reparación integral que significaría el regreso al ambiente de violencia estructural que el mismo Estado reconoció en la audiencia ante el máximo tribunal de justicia del continente.

La vocación transformadora, indicó David Peña, tiene que ver con la obligación del Estado de respetar y garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres por lo que debe modificar “por todos los medios posibles” la violencia, discriminación que se vive en Juárez por cuestiones de género.

La Corte reconoció la violencia sistemática que existe en Ciudad Juárez y la falta de investigación, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres por lo que determinó que “la impunidad es causa y consecuencia de los homicidios por cuestiones de género” indicó el abogado.

Por lo tanto, indicó Karla Micheel, los asesinatos no pueden investigarse de manera aislada pues obedecen a un clima sistemático de violencia e impunidad que propicia la repetición crónica de las violaciones a derechos humanos.

Al momento en que la Corte reconoció el contexto de violencia de género impune en Ciudad Juárez Chihuahua, indicó Karla Micheel Salas, se ponen a la vista también los otros homicidios pues “los crímenes no pueden investigarse de una manera aislada pues obedecen a una situación estructural de violencia de la que es Estado es responsable”.

Uno de los mandatos con mayor relevancia es la reconstrucción de protocolos de investigación en casos de asesinatos de mujeres y violencia de género, los cuales deberán ser renovados con base en protocolos internacionales de investigación como el de Estambul, el Manual sobre Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de la Organización de las Naciones Unidas.

El nuevo protocolo debe ser aplicado por funcionarios capacitados y sensibilizados mediante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer (Cedaw) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará.

Por lo anterior, el Estado debe implementar programas de capacitación a nivel federal a servidores públicos, jueces, militares con el fin de “superar los estereotipos sociales sobre el rol social de las mujeres”, de ello debe entregar un informe anual por tres años ante la CoIDH a cerca de los avances, explicó en abogado.

También debe implementar programas educativos con el fin de superar la discriminación de las mujeres en el estado de Chihuahua.

El fallo tiene una incidencia no sólo en el estado de Chihuahua y en Juárez sino en todo el territorio nacional puesto que mandata la creación de un banco digital, en el plazo de un año, en donde se guarden datos genéticos y forenses de las mujeres asesinadas de todas las entidades federativas y de familiares que busquen a sus hijas para tener un mayor control, esto podrían incluso influir en investigaciones de desapariciones por delitos como trata de personas, explicó David Peña.

Estos mandatos podrían ser tomados como referencia en los países de la región como una forma de transformar la realidad y los estereotipos que giran en torno a las mujeres y frenar el feminicidio en nuestros países, concluyeron Salas y Peña.


Estrategia fallida de gobierno, dejar morir la huelga de mineros

Herederas de una tradición de lucha, las cananenses no se rinden

Por Silvia Núñez Esquer, corresponsal

Cananea, Son., 19 feb. 10 (CIMAC).- Hace falta estar frente a las puertas de la mina de Cananea una madrugada, conviviendo con las mujeres de los mineros huelguistas, para entender lo que significa una lucha de más de 900 noches a la intemperie, en ocasiones con una temperatura de ocho grados bajo cero, cuidando amorosamente lo que además de ser un tesoro robado por Grupo México al pueblo de Cananea, es en sí, un patrimonio de las y los cananenses.

Heredada por sus padres, sus abuelos y los padres de éstos, y defendida incondicionalmente desde 1906, la mina es parte del pueblo. Bajo sus pies, por debajo del piso de sus casas, duerme no sólo el cobre, sino oro, molibdeno, y hasta uranio.

Por eso Cananea es importante para Jorge Larrea. Por ello es más que imprescindible que el pueblo se quede sin habitantes. La estrategia fallida de dejar morir el movimiento de los mineros sin darle solución, y sólo hacer intentos frustrados por romper la huelga, son algunos de los indicios.

El pueblo de seis mil habitantes, está paralizado económicamente. Recorrerlo es advertir una tras otra, las puertas cerradas de los comercios abandonados por incosteable. Esto también es parte de la estrategia.

A medida que Cananea sea abandonado por sus habitantes, la apropiación de los minerales del subsuelo será más fácil. Esto lo cuentan las mujeres y los hombres que aseguran que viven y caminan sobre el más rico yacimiento de cobre, que contiene otros minerales altamente cotizados en el mercado.

“Por eso es que el Grupo México quiere que Cananea se quede solo, para seguir la mina hacia el centro de la ciudad”, dicen convencidos.

LA LUCHA DE LAS MUJERES

Ellas entraron a la lucha por el contrato colectivo, porque no están dispuestas a entregar el patrimonio del pueblo a los ricos, afirman. Y si para ello es necesario hacer guardias en las puertas, ahí están.

Casi para llegar, las barricadas dan cuenta de la táctica que los mineros han aprendido para defenderse del arribo de autos grandes que pudieran entrar para atacarlos por sorpresa. Por lo menos granaderos y militares, no podrían entrar hasta las puertas como ya lo hicieron el 11 de enero de 2008.

Las mujeres del Frente Femenil cananense no se cansan, visitan a los sindicalistas con espíritu de entusiasmo. “¿Cómo están? ¿Ya cenaron?”, preguntan para actualizarse. “Ya volanteamos para invitar a la concentración de mañana”, anuncian a sus compañeros de lucha, para darles las últimas noticias.

LO MÁS DIFÍCL ES NEGAR EL BIENESTAR A LOS NIÑOS

Isabel Sánchez, Segunda vocal del Frente femenil cananense dice que las mujeres en Cananea siempre han luchado hombro con hombro con sus esposos, para que salgan adelante las demandas que el gobierno quiere echar para abajo, y no es tan fácil derrotarlos, opina.

“Y es que las familias de los mineros estaban acostumbradas a un status de ingresos que les permitían una situación desahogada, lo cual dista mucho de la situación actual. Los trabajadores de la mina de Cananea han visto mermado su nivel de vida, lo cual podría caer más abajo, si se concretan los planes del gobierno del Estado de llevar maquiladoras como opción de trabajo.

Es un cambio radical, ha sido muy difícil, sus hijos están careciendo de muchas cosas. A los niños y niñas han aprendido a decirles que no hay dinero para darse gustos, sólo para lo estrictamente necesario.

SU ABUELA LE DIO EL EJEMPLO

Hilda Ema Verdugo Quijada, es otra de las integrantes del Frente femenil cananense. Ella es otra de las mujeres que sin ser empleada de la mina, es afectada por la situación de los hombres de su familia: cuñados, hermano, y en especial de su esposo.

Pero también ellas establecen su propia estrategia de difusión, igual salen a entregar volantes y a conminar a la población de Cananea a que se una a la defensa del contrato colectivo, o bien trasladan a otras ciudades para difundir la lucha.

Hilda cuenta que las mujeres en Cananea tienen gran tradición de lucha y que se siente orgullosa de que les llamen “Guerreras”. Con una gran sonrisa de satisfacción cuenta que su abuela María Jesús Quijada, esposa de su abuelo minero Manuel Quijada, le platicaba que ellas estuvieron “hasta las cachas”, pues se ponían las “cachas” para estar junto a sus hombres en la lucha.

Eva Luz Borbón, se ha unido al Frente femenil principalmente par apoyar a su esposo, quien es minero y hoy día Presidente del comité de huelga. Recordó que la represión del 11 de enero de 2008, fue el momento más difícil de la huelga.

Nunca había visto algo así, la ciudad tomada por los granaderos y policías, gases lacrimógenos lanzados contra los mineros y sus familias que los acompañaban. Sobre todo pensaba en los niños, y en su esposo, comenta.

DENUNCIAN ANTE LA CNDH

María Rosa Guayante, presidenta del Frente Femenil Cananense, anunció que denunciaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH, las violaciones a los derechos humanos de sus esposos, tanto por el Grupo México, como por las autoridades laborales.

Dijo que entregaron en la sede de la CNDH, un documento en donde se quejan de agresiones de parte de la fuerza pública, menoscabando la calidad de vida de sus familias, al retirarles la atención médica, suspensión de becas de sus hijos, coartando así el derecho de seguir estudiando y con ello se superen. Además de los servicios básicos de la casa.

La queja la atendió Raúl Martínez, quien les respondió que habían hecho una visita a Cananea el 28 y 29 de diciembre de 2009, para investigar entre otras cosas, el cierre del Hospital de El Ronquillo. La dirigente mostró su asombro, pues el representante de la CNDH, aseguró que se entrevistó con habitantes de Cananea, sobre lo cual ella comenta que fueron personas que no son usuarias de ese centro médico.

Las personas entrevistadas en la visita a Cananea, informaron que el hospital funciona al 100 por ciento, lo cual es parcialmente cierto, pues aunque está abierto y los médicos atienden a la población, no existe medicamento disponible por lo que no se pueden llevar a cabo los tratamientos.

Con ello una vez más la CNDH, cumple con simular la defensa que le corresponde, cubriendo un expediente con investigaciones a modo, para cubrir a la empresa y a los funcionarios negligentes.

FORO SINDICAL EN CANANEA

El sindicato Nacional de mineros, convocó a un Foro de análisis hoy 19 y mañana 20 de febrero, en el cual participarán representantes sindicales y especialistas en Derecho laboral, que se realizará en la Ciudad de Cananea.

Con esto se conmemora un aniversario más de la tragedia de Pasta de Conchos, que mantiene en lucha a 65 viudas que exigen que rescaten los cuerpos de sus maridos, sepultados en la mina.