6/05/2010

La columna de Pedrito Echeverría...

México: Lujambio, otro papanatas –al servicio de Gordillo- que desfila como secretario en la SEP


Pedro Echeverría V.


1. El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) -señala La Jornada- Alonso Lujambio, hizo responsables a Seguridad Pública del Distrito Federal por no haber intervenido durante la manifestación de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el pasado jueves; con ello puso en evidencia una lamentable propensión de las autoridades federales a eludir sus responsabilidades en la configuración de problemáticas y conflictos políticos, como el que vive el magisterio. Olvida que la presencia de los profesores disidentes en esta capital se deriva de la falta de capacidad y voluntad federales para resolver un conflicto de índole sindical; en ese sentido, no puede soslayarse que la arremetida contra el edificio de la SEP se produce luego de 11 días de que los integrantes de la CNTE iniciaron un plantón en el Zócalo, a más de un mes de que entregaron un pliego petitorio a las autoridades educativas y tras intentos infructuosos de lograr una audiencia con el tal Lujambio.


2. Esas pinches o tontas autoridades –que durante semanas, meses, años, reciben peticiones para conocer los problemas- hacen siempre como que no escuchan ni ven; buscan que todas las protestas se cansen y desgasten para luego destruirlas mediante la represión, tal como sucede en el DF, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos. ¡Qué maravilloso que el pueblo esté aprendiendo a luchar en las calles, en los campos, barrios y escuelas, contra policías y soldados armados, que bloquean sus peticiones y protestas! ¡Cuánta alegría causa y cómo sube la combatividad de los manifestantes cuando se logra derribar las cercas de cuatro o cinco metros que imponen los militares para bloquear el paso del pueblo! Pronto los verdaderos luchadores sociales –para protegernos seriamente- deberíamos cubrirnos con máscaras antigases, braceras contra los perros y con chamarras antibalas, porque en el cuerpo a cuerpo siempre ganamos.


3. El gobierno derechista de Felipe Calderón, enemigo ideológico –desde la cuna partidaria- de la educación pública, ha mantenido a dos papanatas (absolutamente ignorantes de la cuestión educativa) en la SEP: a una señora Vázquez Mota que sólo aprendió decir: "gracias al señor presidente Calderón", y al señor Lujambio, "niño de pecho" que, como los demás altos gobernantes panista, sólo conoció la educación privada, aquella en donde van "los hijos de papi" que lo tienen todo. Por eso mismo la líder Esther Gordillo –con experiencia de más de 30 años entre el liderazgo corrupto del SNTE- con el enorme poder que representa, los ha traído arrastrados de la greñas para que avalen lo que les ordena. Es una de las causas por lo que la educación en México está situada entre las peores del mundo. Personajes en la SEP como Vasconcelos, Bassols, el mismo Torres Bodet, hace mucho que desaparecieron.


4. En México los secretarios de Educación pública, así como los demás miembros del gabinete, son nombrados por el presidente de la República en turno. A partir de 1943, con la designación de Torres Bodet como secretario de Educación y la fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación (SNTE) –bajo la sombra y supervisión del presidente Ávila Camacho- se inició una convivencia estrecha entre gobierno y dirigentes sindicales espurios de los profesores. Desde entonces en forma corporativa todos los profesores contratados por la SEP de manera automática pasaron a formar parte del SNTE y obviamente a pagar su cuota correspondiente. Hoy el SNTE tiene más de un millón y medio de afiliados y recibe alrededor de 200 millones de pesos en cuotas mensuales. Es el sindicato más numeroso de América Latina, pero en sus 67 años sólo ha servido a los intereses del gobierno en turno.


5. Desde 1943 la SEP y el SNTE han usado a funcionarillos de segunda, burócratas autoritarios, para imponer sus políticas sobre la educación. Si México en los años veinte y treinta del siglo pasado hizo un enorme esfuerzo para construir la identidad nacional, para acabar con el analfabetismo, crear la escuela rural y llevar la escuela pública en toda la nación, a partir de los cuarenta y cincuenta la institucionalización del país, el fortalecimiento del modo capitalista de producción y el dominio de la ciudad sobre el campo, fueron debilitando las inversiones en educación y la orientación ideológica de sus planes y programas, para ponerlos al servicio del gran capital mexicano y extranjero. La educación pública comenzó a desplomarse hace tres décadas para dar impulso a la educación privada. Hoy de cada 100 estudiantes que presentan exámenes para ingresar a la educación pública (gratuita) sólo es admitido en 10 por ciento.


6. De cada 100 estudiantes inscritos en educación pública alrededor de la mitad acude a la escuela sin haber desayunado y sin que sus padres pudieran ayudarlo por tener que trabajar o por falta de instrucción. Aunque dentro del magisterio existe una inmensa corrupción causada y protegida por las mismas autoridades educativas y los dirigentes del sindicato "charro", no ha sido el magisterio culpable de desplome educativo sino la misma estructura social, sindical, política que se basa en la explotación y opresión del trabajo humano. Más de 10 mil profesores están "liberados" con el cargo de "comisión sindical", para ponerse al servicio de la líder Gordillo que los usa para cuidar casillas electorales, para hacer propaganda política por su partido Nueva Alianza, por el PAN o por el PRI según sea el caso. ¿Qué buena educación va a funcionar en el país si los dirigentes sindicales están al servicio puntual del gobierno y los partidos?


7. Cualquier día de estos el señor Lujambio puede abandonar la SEP para ocupar un nuevo cargo político. Con la mano en la cintura, sin ninguna responsabilidad, su equipo de funcionarios y asesores pueden brincar a otra secretaría sin importarles lo que pasa en Educación y sus diferentes niveles. Así han trascurrido los sexenios sin que en México se atiendan los problemas torales en los niveles: primario, medio, superior y de postgrado. Si en algunas décadas México ocupó niveles de vanguardia en América Latina, sobre todo porque mantuvo independencia relativa hacia los gobiernos yanquis, a partir de 1982, con la implantación del neoliberalismo, los gobiernos del México han sido simples cachorros de los EEUU. Los problemas educativos, así como los demás, sólo podrán resolverse mediante las luchas de los trabajadores y los estudiantes en la calles, obligando a los gobiernos a obedecer las demandas de los sectores mayoritarios.


http://pedroecheverriav.wordpress.com

Nueva iniciativa para instar a EEUU: ¡Libertad para los Cinco!...
Rueda de prensa revela datos de periodistas pagados por el gobierno EEUU... Se inicia una campaña para instar a Eric Holder, Fiscal General de EEUU, a proveer justicia inmediata a los Cinco Cubanos
Comité Nacional para la Liberación de los Cinco Cubanos

Rueda de prensa revela datos de periodistas pagados por el gobierno EEUU

Se inicia una campaña para instar a Eric Holder, Fiscal General de EEUU,
a proveer justicia inmediata a los Cinco Cubanos

Nueva iniciativa para instar a EEUU: ¡Libertad para los Cinco!

En una importante rueda de prensa el 2 de junio en Washington DC, el Comité Nacional para la Liberación de los Cinco Cubanos y otras organizaciones anunciaron una coalición y una campaña nacional para instar a Eric Holder, fiscal general de los Estados Unidos, a tomar acción inmediata y proveer "remedio y alivio" liberando a los Cinco Cubanos, basada en las transgresiones del gobierno y las operaciones encubiertas que privaron a los Cinco de su derecho elemental a tener un juicio justo. Además de Gloria La Riva, coordinadora del Comité Nacional, los oradores eran Mara Verheyden-Hilliard, abogada y co-fundadora de la Asociación por la Justicia Civil (PCJ), Heidi Boghosian, Directora Ejecutiva del Gremio Nacional de Abogados, y Brian Becker, Director de la Coalición A.N.S.W.E.R. La PCJ está persiguiendo un juicio federal para obligar la revelación completa de la información por parte del Comité Nacional.

En la rueda de prensa, por la primera vez, el Comité Nacional mostró nuevas evidencias que el gobierno de los Estados Unidos había pagado secretamente decenas de miles de dólares a periodistas de Miami, quienes, durante el proceso político de acusación en Miami por parte del gobierno federal, publicaron artículos provocativos acerca de Cuba y de los Cinco. La evidencia es el resultado de una investigación de 18 meses hecho por el Comité Nacional y dos demandas legales, basadas en la Ley de Libertad de Información (Freedom Of Information Act - FOIA). Los miembros del Comité siguen haciendo las investigaciones (ver enlace de abajo si puede ayudar con esto).

Los oradores hicieron público los nombres de los periodistas que fueron pagados durante el período de la detención y el juicio de los Cinco, y las cantidades de dinero que les fueron pagadas. Esta información está disponible en nuestro sitio web, junto con los artículos y la propaganda de los periodistas pagados por el gobierno (ver enlace abajo.)

¡La lucha y la presión al gobierno son más importantes que nunca!

Pedimos a todas las organizaciones e individuos que apoyan a los Cinco Cubanos unirse con nosotros a denunciar este último ejemplo de transgresión. Toda acción para presionar al gobierno y exponer su malaconducta ayuda a la lucha de los Cinco Cubanos.

Vea abajo toda la información necesaria para involucrarse a la campaña. Hay un enlace para llenar una planilla con su apoyo y endosamiento, y un enlace para enviar una carta al Fiscal General Eric Holder. También, los documentos de pago, nombres de los periodistas, y artículos están disponibles para su uso.

· Documentación sobre los periodistas pagados por EEUU

· Audio, Video, Transcripción y Cobertura de Rueda de Prensa

· ¡Envíe una carta a Eric Holder! Haga clic aquí

· ¡Unase a la campaña!

Ayúdenos por favor, con una donación para esta lucha

El Comité Nacional les urge a las personas que apoyan a los Cinco a hacer una contribución para esta lucha vital. Toda nuestra labor es voluntaria, y dependemos en la buena voluntad de muchas personas para tener los recursos necesarios en la lucha por la libertad de los Cinco. Gracias por su apoyo.

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O llame al: 415-312-6042
National Committee To Free The Cuban Five | 2489 Mission St. #24 | San Francisco | CA | 94110
Obama Intensifica “Guerra Secreta” y “Operaciones Especiales"
Un alto oficial militar del Pentágono afirmó que Obama está permitiendo muchas acciones, estrategias y operaciones que no fueron autorizadas durante el gobierno de George W. Bush.
Eva Golinger

¿Bushama o Obamush? Sigue el delirio.

Una investigación del Washington Post acaba de revelar que el gobierno de Barack Obama ha expandido de manera significativa la guerra secreta contra Al-Qaeda y otros grupos “radicales”.

Según el Post, se han aumentado las operaciones especiales a nivel mundial en presupuesto y cantidad. Hoy, las fuerzas especiales estadounidenses están operando en más de 75 países, cuando hace apénas un año estaban en 60 países. Más de 13 mil fuerzas especiales – militares y civiles, expertos en operaciones de inteligencia, guerra psicológica, asesinato selectivo, misiones de entrenamiento, acciones clandestinas, entre otras tareas – están desplegadas por el mundo; 9 mil de ellas están en Irak y Afganistán.

El investigador estadounidense Jeremy Scahill descubrió que la administración de Obama ha enviado equipos élites de fuerzas especiales, bajo el Comando de Operaciones Especiales Conjuntas, a Irán, Georgia, Ucrania, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Perú, Yémen, Pakistán, Filipinas. Desde el año 2006, estos equipos clandestinas operan también en Venezuela, Colombia y México.

Planes existen para ataques preventivos o “anticipados” en “numerosos lugares en el mundo”, según el periódico estadounidense. Washington solo espera activar los planes cuando ya una “amenaza” o “complot” haya sido identificado.

Un alto oficial militar del Pentágono afirmó que Obama está permitiendo muchas acciones, estrategias y operaciones que no fueron autorizadas durante el gobierno de George W. Bush. “Tenemos mucho más acceso” para las operaciones encubiertas, explicó otro funcionario del Pentágono.

Este incremento en operaciones especiales, junto al aumento de ataques con aviones no tripulados (“drones”), forma parte de la nueva Doctrina de Seguridad Nacional anunciada por el Presidente Obama la semana pasada. Una de las ventajas de utilizar “fuerzas secretas” para ejecutar misiones de alta importancia estratégica es justamente su naturaleza clandestina, y el hecho de que sus misiones y operaciones no son públicas. Así, Obama puede evitar las reacciones y críticas sobre sus políticas bélicas, mientras implementa la agenda imperial para satisfacer al Complejo Militar Industrial.

MAS DINERO PARA GUERRA

Obama solicitó un aumento de 5.7% para el presupuesto de las Operaciones Especiales para el 2011, para un total de $6.3 mil millones de dólares, además de $3.5 mil millones adicionales para operaciones clandestinas de contingencia. El total del presupuesto de defensa de Washington para el 2011 es de $872 mil millones de dólares, con $75 mil millones más para la comunidad de inteligencia.

INTELIGENCIA Y SUBVERSION

Más allá de las acciones de guerra que realizan las fuerzas especiales, como asesinatos selectivos, secuestro y tortura, son equipos entrenados para también ejecutar misiones de inteligencia, infiltración, subversión y desestabilización. Las fuerzas especiales se entrenan durante años, aprendiendo idiomas y adaptándose a diferentes culturas, para poder penetrar e infiltrarlas de manera clandestina.

A principios del 2009, fue firmada la Doctrina de Guerra Irregular por el Presidente Obama, prioritizando ésta forma de guerra sobre la guerra convencional. En la guerra irregular, el campo de batalla no tiene límites, y las tácticas y estrategias utilizadas son no-tradicionales. La contrainsurgencia y la subversión, además del uso de fuerzas especiales para ejecutar operaciones clandestinas de guerra, son las principales técnicas empleadas para lograr desestabilizar al adversario “desde adentro”.

Dentro de este concepto, fachadas y agencias, como la USAID, el National Endowment for Democracy y Freedom House, entre otras, son utilizadas para canalizar fondos a actores que promueven la agenda de Washington, y también para penetrar a la “sociedad civil” en países estratégicamente importante para los intereses imperiales.

Según otro alto oficial de las fuerzas especiales estadounidenses, citado por Scahill, “El mundo es el campo de batalla, y hemos regresado a este concepto…Estábamos alejándonos de esta visión, pero la administración de Obama la comparte”.

Algunas de las operaciones especiales actuales son conducidas por la Fuerza de Tarea 714, que fue comandada por el General McChrystal, actual comandante de la guerra en Afganistán. Bajo el gobierno de Obama, ésta Fuerza de Tarea ha crecido y su presupuesto ha aumentado en 40%. “Ahora podemos hacer mucho más”, reveló una fuente de las fuerzas especiales. “Ya no tenemos que trabajar desde las embajadas, ni tenemos que coordinar con el Departamento de Estado. Podemos operar desde donde queremos”, afirmó.

Este año, Washington intentó clasificar a Venezuela como un “estado terrorista”, junto a Cuba, Irán, Sudan y Siria. Sin embargo, mantuvieron a Venezuela en una lista de “países que no cooperan con la lucha contra el terrorismo”, para no perjudicar el necesario suministro de petróleo venezolano a Estados Unidos. No obstante, el informe anual de la Dirección Nacional de Inteligencia de Washington, publicado en enero 2010, clasificó a Venezuela como “la principal amenaza” contra Estados Unidos en este hemisferio, señalando al Presidente Hugo Chávez como el “líder anti-estadounidense” en la región.

En los últimos años, Washington ha intensificado sus agresiones y operaciones de desestabilización contra Venezuela, buscando promover un “cambio de régimen” en el país con las más grandes reservas del petróleo en el mundo. No ha duda de que la “Guerra Secreta” de Obama continuará con estos esfuerzos.

Onésimo: transa hasta con los cadáveres
Rodrigo Vera

Por enésima vez, Onésimo Cepeda es señalado como un negociante sin escrúpulos. Ahora, el empresario Guillermo de Velasco, su pariente político, dice que mediante prestanombres el obispo de Ecatepec maneja la empresa de servicios funerarios Grupo CIF y hace valer sus contactos con funcionarios para ampliar su clientela. Afirma que incluso el prelado hizo que lo detuvieran ilegalmente a raíz de un pleito judicial.

MÉXICO, D.F., 5 de junio (Proceso).- Onésimo Cepeda, el polémico obispo de Ecatepec, es al parecer el verdadero dueño del Grupo Certificados Integrales Funcionales (Grupo CIF), una influyente empresa que ha logrado obtener contratos para prestar servicios funerarios a varios gobiernos estatales y a muchas dependencias federales, incluida la Presidencia de la República.

Debido a que por su investidura de obispo está legalmente impedido para realizar actividades mercantiles con fines de lucro, Onésimo Cepeda puso como presidente de la empresa a su primo político Alberto Monroy Calva, mientras que al hijo de éste, Alberto Monroy Cepeda, lo nombró apoderado. Ambos son los principales prestanombres utilizados por el prelado.

Sin embargo, al descubrirse que el Grupo CIF estaba desviando dinero del fideicomiso donde se depositaban las aportaciones de su vasta clientela, un juez le ordenó a la empresa que mostrara cuentas claras y exhibiera toda la documentación relativa a sus contratos. Pero Onésimo Cepeda está utilizando todas sus influencias políticas para no acatar la decisión judicial, por lo que, se sospecha, intenta ocultar un cuantioso fraude.

Guillermo de Velasco Mendívil, presidente de Fiducia, afianzadora que le manejaba el fideicomiso al Grupo CIF pero que decidió dejarlo al detectar las irregularidades, lanza la señal de alerta:

“Los clientes del Grupo CIF están en grave peligro; totalmente desprotegidos y sujetos a operaciones terriblemente riesgosas, a una gran contingencia. Ya se los advertí a algunas dependencias gubernamentales que tienen contratos con esa empresa. Es mi obligación hacerlo.”

–¿En qué consiste ese riesgo?

–En que la empresa no cumpla con los servicios funerarios que está ofreciendo a sus clientes. Ya hubo irregularidades en el fideicomiso que nosotros le manejábamos, y actualmente no sabemos si hay otro fideicomiso. Tal vez lo tenga en alguna casa de bolsa, no lo sé. En la publicidad actual de la empresa, dice estar respaldada por la casa de bolsa Vector.

“Además se hace llamar Grupo CIF, pero a un grupo lo conforman varias empresas y este no es el caso. Es más, en su publicidad, la empresa da como domicilio de sus oficinas la calle Enrique Rébsamen número 333, en la colonia Del Valle de la Ciudad de México, pero ahí no hay nada. Ni a nosotros, como fiduciaria, nos notificó cuál era su verdadero domicilio. Grupo CIF además opera como si fuera una aseguradora, pero sin serlo, lo cual viola la Ley de Seguros.”

Web 2.0 dedicada al derecho a la maternidad

Presenta CIMAC “El Rostro de la mortalidad materna”

Por la Redacción

México, DF, 4 jun10 (CIMAC).- En México, un promedio de tres mujeres pierden la vida al día, por causas que tienen que ver con la maternidad. Ante esta realidad, Cimac elaboró la Web 2.0 que servirá como vínculo entre expertas, expertos, periodistas, organizaciones y la sociedad civil para generar información, a favor de los derechos de las mujeres.

Durante la presentación de la página Web 2.0 El Rostro de la Mortalidad Materna, que se realiza gracias al apoyo de John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, en el Centro Cultural España, Lucía Lagunes Huerta, directora general de CIMAC, recordó que desde su fundación, esta institución se ha interesado por evidenciar en los medios de comunicación, la condición en la que viven las mujeres.

“Nuestra misión es generar y publicar información noticiosa, promover que las y los periodistas incorporen los derechos humanos de las mujeres en su trabajo cotidiano en los medios, como una herramienta de transformación educativa y social que sirva como estrategia para que las organizaciones civiles transmitan sus actividades y propuestas”, dijo Lagunes Huerta.

En este sentido, dijo, se creó la Web 2.0, como un espacio para todas y todos, en el que confluyan opiniones de las organizaciones y personas expertas, así como de quienes trabajan en legislar, e investigar a favor de los derechos de las mujeres.

La página, dijo Lagunes Huerta, servirá como un vínculo entre todos los sectores de la sociedad, periodistas y público en general, para acompañar la maternidad voluntaria, informar y visibilizar los problemas en torno a ésta, así como a realizar acciones conjuntas a favor de mejores condiciones para las mujeres.

La presentación de la Web 2.0 estuvo a cargo de Yunhuen Rangel, en representación de Erika Cervantes, coordinadora de las redes de periodistas que trabajan con CIMAC, quien habló sobre la importancia de democratizar a los medios de comunicación y visibilizar la condición social de las mujeres, en especial, el derecho a la maternidad y a la salud reproductiva.

El rostro de la mortalidad materna no son únicamente mujeres embarazadas o números de una estadística, sino seres humanos, de ahí la importancia de alimentar la página para seguir trabajando en favor de los derechos de las mujeres y dejen de morir al ejercer su derecho a la maternidad.

La Web 2.0 El Rostro de la Mortalidad Materna estará en línea a partir de este 4 de junio en el link http://www.elrostrodelamortalidadmaterna.cimac.org.mx

Reconocimientos al Presidente

Enrique Calderón AlzatI

"Por su carisma de estadista, por sus esfuerzos en pro del bienestar económico y la cohesión de los ciudadanos mexicanos; por la aportación de México a la estabilidad y el progreso de América Latina, el señor Felipe Calderón se hizo acreedor a un espectacular reconocimiento que le fue otorgado en su reciente viaje a España. A este reconocimiento del gobierno español y de un grupo de empresarios de ese país se sumaron otros más modestos que le fueron hechos en Estados Unidos unos cuantos días después, durante otra visita programada. Seguramente muchos somos los que nos hemos hecho la pregunta sobre las razones reales de estos reconocimientos, dadas las apreciaciones que hacen de uno de los presidentes más oscuros y cuestionados que hemos padecido en las últimas décadas.

Mi impresión es que existen dos posibilidades para ello, las dos bastante siniestras, por cierto. La primera de ellas es que tales reconocimientos constituyan un pago por los servicios que su gobierno ha prestado a esos países y a sus empresas, y de manera muy particular a un grupo específico de empresarios españoles de la banca y del sector energético, o bien que el Presidente haya mandado comprar tales reconocimientos para tratar de contrarrestar el deterioro real de su imagen y de su incapacidad de gobierno, como resultado de sus limitaciones personales y de los altos niveles de corrupción entre sus colaboradores. Pero también es probable que sea una combinación de ambas.

La primera posibilidad responde a evidencias observables en la vida cotidiana. Por los medios sabemos que para los bancos, varios de ellos españoles, México es el país que les reporta las mayores utilidades a escala mundial. De hecho, nuestro país se ha convertido para ellos en una zona libre para el saqueo; una prueba de ello está en los incrementos permitidos al costo de los servicios bancarios, que sin justificación sobrepasaron 360 por ciento de un solo golpe recientemente. Así, los retiros de dinero en los cajeros automáticos pasaron de siete pesos a 25 o 30, sin justificación alguna. Pero esto es sólo un ejemplo de una amplia variedad de posibilidades para practicar el despojo sin riesgo alguno y violando incluso la Constitución mexicana, la cual considera un acto ilegal el cobro de intereses sobre intereses, como lo practican los bancos con todas las tarjetas de crédito que manejan y con tasas que se antojan aberrantes.

Pero si esto es permitido, no obstante que está a la luz pública, el lector puede imaginarse lo que sucede en otros casos, como los conocidos gracias al tristemente célebre negociante español Camilo Mouriño, amigo del actual Presidente y convertido por éste en su anterior secretario de Gobernación haciendo caso omiso a las leyes mexicanas. No es por ello difícil imaginarse entonces las ganancias concedidas con los contratos otorgados a las empresas españolas del sector energético para instalar tecnologías que bien podrían estar desarrollando técnicos mexicanos, para evitar la sangría innecesaria de recursos financieros y la pérdida del patrimonio nacional.

Ante la desmesura de estas acciones, aparentemente avaladas en el Congreso por los llamados partidos de oposición, quizás debiéramos recordar algo que está en la Constitución y que antes se solía enseñar en las escuelas: ni el presidente de la República, ni ningún otro funcionario ni militar de alto rango, pueden aceptar ni recibir una condecoración extranjera sin el permiso del Congreso. Ciertamente, en este caso no se ha tratado formalmente de condecoraciones, sino de una variante más moderna, pero igualmente efectiva que aquellas. Los llamados reconocimientos.

Para analizar la segunda posibilidad se requiere contar con más información sobre toda una industria altamente especializada, ajena a la ética y muy rentable, formada por empresas y organismos dedicados a vender todo tipo de reconocimientos con mucha imaginación, como uno que compró Carlos Salinas siendo presidente, y que Jacobo Zabludovsky anunció con trompetas y timbales. Era el año de 1990, la contaminación en la ciudad de México estaba en pleno apogeo y una buena noche nos enteramos que una agencia asociada a la ONU había decidido otorgarle un premio equiparable al Nobel, pero en el campo de la ecología, por sus notables esfuerzos en ese campo. Recuerdo al comentarista de televisión informando del boletín oficial que luego repetirían algunos periódicos, en el que se decía que el reconocimiento le había sido conferido por su incansable lucha por eliminar la contaminación en todo el país, y que la agencia que se lo otorgaba estaba presidida por el mismísimo nieto del señor Nobel. En aquella ocasión decidí escribir aquí mismo en La Jornada un artículo señalando que era curioso este hecho, dado que Nobel nunca tuvo una mujer ni tampoco hijos, lo cual era totalmente indispensable (al menos entonces) para tener nietos. El artículo me ganó una amenaza telefónica de uno de los esbirros del señor Salinas, pero afortunadamente no pasó a mayores. Después he conocido muchas otras empresas de este tipo, que le ofrecen a uno por un buen puñado de dólares ponerlo en alguna publicación entre los 500 hombres y mujeres más famosos de América Latina, o colocar nuestra foto en algún salón, junto a las de John Wayne o de Arnold Schwarzenegger.

De ser este el caso, cabría hacerse la pregunta: bueno, ¿y para qué podría querer esto el Presidente? Las respuestas se centran, desafortunadamente, en que el señor Calderón necesita a gritos salirse del agujero en el que está metido por su propia incapacidad y la enorme cauda de errores producidos por sus limitaciones, complejos, frustraciones y pésimas decisiones en la selección de sus colaboradores cercanos.

Haiga sido por una o por otra de estas causas, o bien por la combinación de ambas, las conclusiones resultan trágicas para los mexicanos, por lo que ellas significan.


Impunidad en San Juan Copala

Miguel Concha

El 27 de abril una caravana que se dirigía a San Juan Copala, Oaxaca, compuesta por organizaciones civiles y sociales de derechos humanos, observadores internacionales y periodistas, fue atacada por un grupo armado, teniendo como resultado las muertes de la activista mexicana Beatriz Alberta Cariño y del observador finlandés Jyri Jaakola, además de varios heridos de bala.

La caravana tenía fines pacíficos, pues su objetivo era llevar alimento a un poblado que desde noviembre de 2009 se encuentra cercado, y en el que desde hace seis meses los paramilitares cortaron los cables de la energía eléctrica, de las líneas telefónicas y los ductos del agua potable.

Desde tiempos de la Colonia esta región ha sido presa de muy variados conflictos, y en nuestros días la situación se ve agravada por un largo proceso de sometimiento, desintegración territorial, explotación económica y discriminación racial, motivado por los intereses políticos y económicos sobre la zona. La actual agresión contra San Juan Copala tiene su origen en 2007, cuando el grupo conocido como MULT-I (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente) decidió crear un municipio autónomo, buscando legítimamente recuperar su libre determinación dentro del Estado mexicano, como alternativa organizativa frente a intereses que sólo buscan despojar de su territorio y sus recursos a los habitantes de la región. La respuesta de los grupos con afanes de control no se hizo esperar, y en los últimos meses se ha concretado en ataques violentos del grupo conocido como Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), al que se relaciona con el gobierno priísta de Ulises Ruiz, y cuyo dirigente declaró abiertamente que impedirían a toda costa el paso de la caravana. Además de otra serie de hechos violentos anteriores a la caravana, como los del 28 y 29 de noviembre del año pasado, el 10 de diciembre siguiente, o el 10 de marzo pasado, el 14 de mayo seis mujeres y seis niños fueron agredidos y privados de su libertad después de haber salido por víveres, y el 20 de mayo fueron asesinados Cleriberta Castro Aguilar y su esposo Timoteo Alejandro Ramírez, dirigente del MULT-I y líder moral del municipio.

Cabe aclarar que tal y como lo manifestaron varias organizaciones oaxaqueñas en un comunicado el 2 de mayo, el problema no es producto de un enfrentamiento entre comunidades, sino de un conflicto histórico en la región, en el que sin duda existe una responsabilidad directa del Estado, en la medida en que no sólo ha omitido instrumentar políticas para superar el grave rezago social, sino que ha soslayado las acciones de cacicazgo y control. Por lo que lo ocurrido es un reflejo de la absoluta impunidad con la que este grupo actúa, incluso portando armas de uso exclusivo del Ejército.

En un comunicado emitido también por la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos se menciona que en el caso de Copala se confirma nuevamente la repetición reiterada de un patrón de conducta de las autoridades mexicanas en diferentes escenarios y situaciones: oficialmente no hay paramilitares, y ellas sólo intervienen para garantizar la paz. Sin embargo, estas afirmaciones se ven contrastadas por la realidad. Resulta increíble que se minimice con declaraciones en las que se culpa a las organizaciones que se meten en la zona, la situación de una comunidad en estado de sitio, cercada por un grupo armado que actúa en la más completa impunidad, que es de conocimiento público y se ha agravado al paso de los años, ante la mirada cómplice e indiferente de los gobiernos local y federal.

Las agresiones, en efecto, de las que ha sido víctima el municipio de San Juan Copala, han sido denunciadas desde el año 2007, sin que existan acciones firmes o concretas al respecto. La oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó en un comunicado el 28 de abril que el Estado tiene el deber de prevenir cualquier tipo de violaciones y proteger los derechos a la vida e integridad física de los habitantes del país frente a terceros. A ello tendríamos que añadir la omisión estatal para proteger el libre tránsito y otra serie de derechos fundamentales en perjuicio de gente que lucha por causas justas y legítimas.

Por estos motivos, innumerables organizaciones en el país y en el mundo han exigido que se garantice un alto total a la agresión de la que son objeto los habitantes de San Juan Copala; se garantice la seguridad y el libre tránsito en la región; se inicie un proceso de paz con justicia y dignidad para la región triqui, sin que esto excluya el juicio y el castigo a los responsables de los delitos cometidos; se realice una investigación pronta, completa e imparcial de los hechos, así como la intervención expedita de una institución civil federal (no militar), que garantice el proceso de paz en la región.

Se ha anunciado una nueva caravana humanitaria a Copala el día 8 de junio. Frente a este anuncio, y el silencio oficial, la dirigencia de la Ubisort dijo están exponiendo sus vidas, poniendo con ello una vez más de manifiesto la ausencia de la autoridad en la región. El Estado mexicano está obligado a garantizar la seguridad de los habitantes de la región y de quienes acuden en su ayuda. Si no es capaz, al menos debería pedir formalmente al Comité de la Cruz Roja Internacional su intervención, a fin de brindar ayuda humanitaria a los afectados.

El tema es relevante y los medios deben informar y abrir debate

Premio alemán de periodismo Walter Reuter, sobre cambio climático

Por Anayeli García Martínez

México, D.F, 04 jun 10 (CIMAC).- Debido a la importancia del medio ambiente y a que este año México será sede de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-16), los organizadores del Premio Alemán de Periodismo “Walter Reuter”, eligieron el tema, como eje de la cuarta edición de este reconocimiento.

Durante la presentación de la convocatoria, que se realizó ayer en el centro cultural Casa Lamm, Jürgen Moritz, coordinador y fundador del premio, precisó que el cambio climático -causado en gran parte por el aumento de temperatura- tendrá efectos negativos en el nivel del mar, los ecosistemas, la disponibilidad de agua, la producción

de alimentos y la salud pública.

Sin embargo, señaló, estos no son los únicos efectos, pues también se presentará un crecimiento de los flujos migratorios, lo que causará conflictos sociales relativos a la paz y a la seguridad en el mundo.

Por lo anterior, el tema es relevante y el papel de los medios de comunicación debe ser informar y abrir un foro de debate sobre los distintos aspectos del cambio climático. Indicó que los medios mexicanos deben ir más allá de la cobertura informativa de la CO-P16 que se celebrará en Cancún, Quintana Roo del 29 de noviembre al 10 de diciembre.

En este contexto, los medios de comunicación tendrán que participar en la coyuntura debido a la amplitud del tema, el cual ofrece múltiples opciones y dimensiones a periodistas, quienes deben publicar sus trabajos con el objetivo de reflexionar y presentar una mirada crítica sobre la implicación de este fenómeno en el país.

MEDIOS: AGENTES DE CAMBIO

En la pasada edición de la COP-15 celebrada en Copenhague, capital de Dinamarca, no sólo los medios impresos y electrónicos tuvieron una gran participación, también se generó un debate con millones de visitantes en redes sociales como Facebook y YouTube. De ahí la importancia de los medios, afirmó, Moritz.

Para México el tema es importante porque aquí se concluirá con una reunión internacional que deberá resolver los pendientes de Copenhague. Es decir se acordará un límite a las concentraciones de gases de efecto invernadero para 2050, se incorporarán temas como deforestación evitada, reforestación, mecanismos de ayuda financiera y transferencia de tecnologías bajas o neutras en carbono, entre otros tópicos.

Jürgen Moritz anunció que se entregarán tres premios que consisten en dos mil euros para el primer lugar, mil 500 euros para el segundo y mil para el tercero, pero además cada uno incluye un viaje, por una semana, con todos los gastos pagados, a Alemania.

En Alemania, al igual que en México, existen iniciativas para enfrentar los efectos del cambio climático, señaló el vocero del premio, quién también mencionó que en ambos países se han creado incentivos para “inversiones verdes”, transición energética e innovaciones tecnológicas, y propuestas para reorientar el pensamiento social y formular nuevas políticas de ayuda.

Por esta razón, el concurso -presidido por Miguel Ángel Granados Chapa- aceptará trabajos que tengan un enfoque del problema desde México o Latinoamérica hacia los procesos en Alemania y Europa.

En el concurso podrán inscribirse trabajos realizados desde octubre de 2009, que sean escritos, fotográficos o caricaturas. La convocatoria cierra hasta el 20 de octubre de este año, a las 16:00 horas, para que después el jurado seleccione los tres trabajos más sobresalientes, los cuales se darán a conocer y premiarán el 23 de noviembre de este año.

Entre los organizadores se encuentran la Embajada de Alemania en México, el instituto Goethe–Institut Mexiko, las fundaciones Konrad Adenauer Stiftung, Heinrich Böll Stiftung, Friedrich Ebert Stiftung, Rosa Luxemburg Stiftung, Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit y la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, quienes invitaron a los profesionales del periodismo a participar.

La agenda laboral de la Corte

Arturo Alcalde Justiniani

Frente a un escenario de control corporativo estatal y empresarial que agobia a los trabajadores del país impidiéndoles su libre organización gremial, el derecho a la contratación colectiva auténtica y el acceso a una justicia imparcial por parte de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA), las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han adquirido una creciente importancia. Es cierto que estas resoluciones son insuficientes para resolver el actual déficit de justicia, porque tal tarea corresponde fundamentalmente al Poder Legislativo y a los jueces, quienes deben actuar con imparcialidad y eficacia. En este sentido, el máximo tribunal en los últimos 15 años ha dictado tesis y jurisprudencias trascendentes, declarando la inconstitucionalidad de leyes o corrigiendo su interpretación, a partir de la supremacía de nuestra Carta Magna.

La referencia a tres jurisprudencias basta para ejemplificarlo. Mediante la 1/96 se permite a los trabajadores de más de 50 organismos descentralizados recuperar su derecho a la contratación colectiva y acogerse a la Ley Federal del Trabajo. En este caso, de manera indebida, tenían restringidos sus derechos sometiéndolos a reglas excepcionales que privan en la legislación burocrática.

Apoyados en la jurisprudencia 43/99 se han venido declarando inconstitucionales varios artículos de la ley burocrática: 68, 78, 84 y 118, por estar sustentados en un esquema corporativo de sindicación única, la cual indebidamente prohíbe a los trabajadores organizarse en sindicatos o federaciones que a su interés convengan, contraviniendo los principios de libertad de asociación vigentes en nuestra Constitución y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Con la jurisprudencia 150/2008 se garantiza el voto secreto en las controversias intergremiales por medio de las consultas conocidas como recuentos. Es larga la lista de resoluciones dictadas por la SCJN ajustadas a dichos principios, declarando la improcedencia de la cláusula de exclusión por separación, corrigiendo el cálculo para definir la mayoría en las votaciones de los recuentos, reconociendo el derecho de los sindicatos de una misma profesión o especialidad a intervenir en la fijación de sus condiciones de trabajo y restructurando el sistema de representación de los trabajadores en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

No siempre las resoluciones son acordes al debido respeto del orden constitucional. Recientemente la Corte se negó a revisar, a pesar de su trascendencia, la absurda sentencia dictada en mayoría por los magistrados del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, que avala la maniobra en contra de los trabajadores huelguistas de Cananea.

En la agenda laboral pendiente del máximo tribunal destacan tres definiciones. La primera se refiere al decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, respecto de la cual hay pocas esperanzas, no porque carezcan de razón legal los trabajadores, quienes han acreditado la inconstitucionalidad del decreto, sino porque en casos de trascendencia similar, son argumentos de política económica los que prevalecen sobre la vigencia constitucional. Además, la resolución se dará en un escenario de altísimo conflicto, agravado por la incapacidad del gobierno federal para lograr una solución concertada, la cual se mantiene a pesar del reclamo planteado por amplios sectores de la sociedad, en causa común con los trabajadores, quienes han debido llegar hasta la huelga de hambre para ser escuchados.

Una segunda definición pendiente se refiere al nuevo criterio que fijará la Corte en materia de conflictos colectivos de naturaleza económica, incluyendo la revisión del laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en contra de los sobrecargos de Mexicana de Aviación, el cual ordena sin fundamento, disminuir los ingresos de dichos trabajadores a la mitad y modificar en su integridad el contrato colectivo de trabajo, contraviniendo los mínimos de ley y poniendo en riesgo la seguridad de las operaciones aéreas, además de imponer un esquema de pago por horas aplicable a los futuros trabajadores, como un adelanto de la reforma laboral.

La tercera definición de la SCJN se relaciona con la llamada toma de nota, mecanismo de control que utiliza tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como las JCA en los registros sindicales y la elección de sus directivas. Se trata de un resabio corporativo, obviamente contrario a los principios constitucionales y de derechos humanos laborales, incluyendo al propio Convenio 87 de la OIT. Estos mecanismos están siendo analizados por el Comité de Libertad Sindical de ese organismo esta misma semana, con motivo de las quejas presentadas en contra del gobierno mexicano.

La decisión de la Suprema Corte resolverá el intento del Grupo Minera México de desconocer, al menos formalmente, al secretario general del sindicato minero metalúrgico Napoleón Gómez Urrutia. También de ella dependerá la suerte de la solicitud de modificación a la jurisprudencia 86/2000, planteada por el magistrado Héctor Mercado López, en virtud de que la misma tiene elementos contradictorios con el marco constitucional y el Convenio 87 de la OIT, el cual, por cierto, cumple 60 años de vigencia en nuestro país el próximo 4 de julio.

Las próximas definiciones de la Corte se ubican en un escenario de creciente condena internacional a la política laboral del gobierno mexicano, así se ha confirmado en las recientes visitas del Ejecutivo federal a Canadá y Estados Unidos. Como nunca, las organizaciones sindicales que representan a millones de trabajadores de esos países exigieron un urgente cambio de rumbo en favor de los derechos de asociación y negociación colectiva, como elementos claves de la vida democrática. De la Suprema Corte dependerá en buena medida la posibilidad de este avance.

PD. La administración de Banobras ha iniciado represalias en contra de su sindicato; ojalá rectifique el camino.

Porfirio Muñoz Ledo

Golpe de Estado

Nos anuncia la Junta de Coordinación Política de la Cámara —el mandarinato, como le llamo— la celebración de un periodo extraordinario, de corta duración, después de las elecciones de julio y grávido de asuntos cruciales disimulados por follaje vario. Su propósito central es aprobar reformas a la Ley de Seguridad Nacional que legalizarían las acciones del Ejército en ese campo. Es un acuerdo básico entre el gobierno y el PRI para reforzar la “guerra” contra el crimen organizado.

Calderón no tiene salidas honorables a una estrategia desastrosa y pretende enarbolar la línea dura como paradigma electoral. Personeros del antiguo régimen juegan al Mockus. Consienten la ocupación militar y la decoran con mensajes de eficiencia política y verborrea social. Restauran la aplanadora electoral, mientras nos mandan mensajes inequívocos sobre la forma como pretenden gobernar: con mayorías artificiales y el uso del abanico de procedimientos autoritarios.

Entre las gracejadas de la agenda de la “muerte súbita” de julio, está un reglamento para el gobierno interior de la cámara que decreta la cancelación del pluralismo. Confirma la autoridad de un solo partido y reduce arbitrariamente prerrogativas reconocidas a los legisladores en la Constitución y en la ley. Sacrifica los debates en aras de los acuerdos clandestinos y suplanta la autoridad del pleno por la de sus pastores.

Desfilarán modificaciones de distinta laya en materia de secuestros, seguro popular, fideicomisos, obesidad infantil, adicciones, banca de desarrollo y otras; pero el núcleo del proyecto consiste en compensar la legalización del estado de sitio con caramelos demagógicos destinados a reblandecer la sociedad civil mediante concesiones menores en derechos infantiles y equidad de género, así como un proyecto tramposo de derechos humanos que nos rebota el Senado.

Intentan reeditar el engaño que liquidó el perverso juego de la CENCA en 2007. Durante el breve periodo en que Santiago Creel presidió ese ejercicio llamó a los consultores para sugerir la adopción de reformas penales que luego se conocieron como “Ley Gestapo” —adoptada al margen de los procedimientos en la Ley para la reforma del Estado. Simultáneamente, preparamos una iniciativa con el más amplio catálogo de derechos humanos (94 reformas) que luego fueron vetadas y destazadas en la cámara.

Hoy se pretende impulsar esos proyectos con semejante propósito: tender una cortina de humo que encubra atentados graves al estado de derecho. Ninguna de las propuestas cacareadas tiene alcance para modificar la situación lamentable de los derechos humanos en el país. Registran además retrocesos inadmisibles, como privar a la Suprema Corte de sus facultades de investigación. Reduce además el ámbito de esas prerrogativas al Título I de la Constitución, cuando numerosos derechos fundamentales están consagrados en otros apartados.
Afirman que los tratados internacionales son de observancia obligatoria en el país —lo que no es ninguna novedad. Omiten sin embargo otorgarles plena jerarquía constitucional, como está mandatado por esos mismos instrumentos. Rechazan dolosamente el principio “pro persona”, que obliga a aplicar en cada caso concreto la disposición más favorable a la víctima de los abusos. Conceden la interpretación a un sistema judicial que históricamente se ha colocado del lado de los poderosos y en perjuicio de los ciudadanos.
Los “dientes” que otorgan a la CNDH son postizos: que el Poder Legislativo pueda llamar a los funcionarios incumplidos para reclamarles significa una cola interminable de violadores regañados por la cámara sin consecuencia alguna. Proponemos en cambio un juicio sumario de restitución frente al Poder Judicial, iniciado por la comisión. Asimismo, su potestad de procesarlos en juicio político.
Lo esencial es la autonomía de la comisión. Que su consejo sea electo por los diputados a propuesta de los defensores civiles y la academia y que ese cuerpo designe a su presidente, como en la Universidad. Absurdo someter los candidatos a las exigencias partidarias. Es hora de romper un pacto aberrante de simulación.
Diputado federal del PT
Ante el desmesurado aumento de feminicidios en esa nación

Acciones a favor de las salvadoreñas, demandan ONG feministas


Por la redacción

México, D.F 4 jun. 10 (CIMAC).- Organizaciones feministas salvadoreñas demandaron a distintas instituciones de ese gobierno aprobar la Ley Integral para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Como parte de la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la Red Feminista contra la violencia, la Concertación Feminista “Prudencia Ayala” y la Campaña Regional de Acceso a la Justicia para las mujeres, denunciaron la falta de acciones a favor de la salud sexual y reproductiva de las mujeres dentro de la Política Nacional de Salud.

En análisis, las feministas indicaron que la violencia hacia las mujeres, representa un grave problema de seguridad y salud pública. Los asesinatos de mujeres por razones de género (feminicidios) han aumentado desmesuradamente.

En 2008 se registraron 348 feminicidios, en 2009, 581 y en este año 2010 van 213 asesinatos, según datos del Instituto de Medicina Legal.

En ese rubro, las feministas demandaron al sistema de justicia salvadoreño, que tomen en cuenta los mandatos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso del Campo Algodonero contra México, específicamente para garantizar la seguridad y respeto a la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de violencia contra las mujeres, incluidos los feminicidios.

Durante el 2009 y en lo que va del 2010, una gran proporción de ciudadanas sufrieron algún tipo de violencia sexual, psicológica y física, por lo que es urgente que el sistema de salud proporcione programas y condiciones óptimas para la pronta recuperación de las víctimas, abunda el comunicado.

En el área de salud, las salvadoreñas no tienen acceso real y eficaz a los servicios de salud, prueba de ello es la alta tasa de mortalidad materna en el país que alcanza las 71.25 muertas por cada 100 mil nacidos vivos. Es urgente dar prioridad a la construcción de un hospital moderno especializado que garantice la atención en la salud de las mujeres.

Incluso, de acuerdo al estudio realizado por el Ministerio de Salud, indica que una de las principales causas de muerte de las salvadoreñas, es el cáncer cérvico uterino, enfermedad curable si se trata a tiempo.

Las organizaciones feministas exhortaron a la Fiscalía General de la República a que se haga responsable e investigue los casos de violencia sexual en el país, al condenar a los culpables, ya que se ha visto un incremento en los embarazos de niñas de 10 años víctimas de violación.

Pidieron también que se investigue a los responsables de la malversación de fondos de un préstamo, en 2003, de 142 millones de dólares que deberían de haber sido destinados a la reconstrucción y rehabilitación de 7 hospitales nacionales, entre ellos el Hospital Nacional de Maternidad, cuya obra no se realizó.

En Guatemala y El Salvador también se observan altas tasas de feminicidios, más de diez por cada 100 mil habitantes, les siguen Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica, en estos dos últimos países las tasa de muertes es de dos por cada 100 mil habitantes.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en el área de Centroamérica y México durante 2009 fueron asesinadas más de 2 mil 322 mujeres, en Guatemala 720, en Honduras 405, en Nicaragua 79 y en El Salvador 589.

Siglo XX, el auge de las historietas en México

La imagen de las mujeres en las historietas: de heroínas al melodrama

Por Carolina Velázquez

México, DF, 4 jun 10 (CIMAC).- A través de las historietas la imagen de las mexicanas se ha proyectado de distintas formas. Desde el siglo XIX, las mujeres aparecemos en un gran número de historias y relatos. Y aunque en los personajes de los cómics han dominado las figuras exageradas y abundantes, también existen aquellas donde el cuerpo no ocupa el foco principal.

Cuando el periodismo se convirtió en una gran industria y buscó vender gran cantidad de ejemplares, a mediados del siglo XIX en Europa y principios del XX en México, introdujo secciones para un público popular, donde la historieta ocupó un importante lugar, usando en los primeros años un supuesto mercado infantil, pues fue más leída por un público adulto.

La historieta moderna surgió en México en los años veinte del siglo pasado, en los suplementos dominicales de los periódicos y con un gran espíritu nacionalista, cuando era caricatura y no existía el realismo, todavía las mujeres aparecían como heroínas sin melodrama ni una historia romántica.

Según el reportaje “El papel de la mujer en la historieta”, publicado por la revista Activa (número 7, año XIII, 1988), el primer personaje que ocupó un papel más allá de ser la clásica ama de casa fue la Kismoloncita que aparecía en 1928 en “El señor pestañas”.

El dibujante Audiffred dibujó una mujer picaresca e Hipólito Zendejas nos narró sus aventuras por el mundo al lado de su novio Chon Prieto y el señor Pestañas.

A la misma época pertenecen otros dos personajes picarescos: la esposa de Don Catarino y Ninfa, mujer de Mamerto.

En el reportaje se explica como, diez años más tarde, en México la historieta se populariza con la aparición de Chamaco y Pepín. La guerra por el mercado se establece entre las editoriales que imprimen las revistas: Publicaciones Herrerías y la cadena García Valseca (hoy dueña del periódico mexicano El Sol de México), ambas se disputan a los dibujantes y aumenta el pago por cartón, incluso llegan al secuestro de los historietistas que quieren cambiar de una empresa a otra.

Posteriormente, el melodrama romántico y la historia de arrabal ocupan el lugar central en los argumentos, se afirma.

En el primero, la vida de la mujer giraba alrededor de un gran amor, su principal exponente fue Yolanda Vargas Dulché, autora del argumento. En el segundo, las mujeres como personajes fueron catalogadas como objeto sexual principalmente, en esta línea destacó José G. Cruz como dibujante y argumentista.

Las mujeres empiezan a aparecer en las narraciones de aventuras como castigadoras, golpeadoras de hombres que pelean por la justicia y, como cualquier valiente, también se enamoran. Un claro ejemplo fueron Adelita y las guerrilleras, Rosita Alvires y la Llanera vengadora.

LA SEXUALIDAD DE TINTA Y PAPEL

En el libro “Puros Cuentos. Historia de la historieta en México 1934-1950” (Conaculta-Grijalbo, 1993), sus autores Juan Manuel Aurocochea y Armando Bartra, documentan la época en la que la historieta cambia su contenido de principios del siglo XX, para un supuesto público infantil, al cómic porno.

A mediados de los años treinta del siglo XX se publican las revistas Sexo, el semanario Vida Alegre, de Xavier Navarro (el famoso Pato Cenizo) y en 1934 aparece el primer número de la revista Vea, que con sus dos épocas, “alimentará la líbido nacional”.

También aparecen semanarios de nota roja como Alarma que “aplican la fórmula de darle a sus lectores sexo y violencia y publican abundantes desnudos femeninos”.

A partir de esta época las heroínas empiezan a sexualizarse, apuntan, y “la modosa Adela Negrete, creada por José G. Cruz en las páginas de Paquito, en 1935, se transforma en la frondosa supermujer de Adelita y las guerrilleras”.

Otro ejemplo fue el de Mariño, fundador de las series realistas de charros, quien también fue el principal exponente de “la historieta cachonda de corte sadomasoquista”.

Así, “Yolanda, superhembra y ultravíctima que no desmerece ante la escarnecida Elaine, de gene Bilbrew, o la maltratada Gwendoline, de John Willie, aparece por primera vez en la revista Alarma, y sus lectores, seducidos por la nueva heroína, reclaman la urgente necesidad de una línea editorial hasta entonces inédita en México: los monitos lúbricos”.

De esta necesidad dan cuenta en una carta, publicada en 1951, titulada “Menos desnudos y más Yolanda” que bajo la firma del señor Morales cuestiona a la revista, que considera erótica, se siente defraudado dice.

¿UN SOLO TIPO DE MUJER?

En entrevista Juan Manuel Aurocochea explica que es difícil que la historieta mexicana haya propuesto un solo tipo de imagen de mujer en sus personajes. Han sido muchos y muy variados, considera.

“Aun cuando las mujeres aparezcan bellas, siempre se encuentran emparentadas con los arquetipos o mitos dominantes de acuerdo a la época. Infinidad de caricaturistas, dibujantes y escritores crearon protagonistas donde la caracterización del ‘sexo débil’ responde al momento que se vive”.

Y agrega, “existen varios casos donde las figuras de las mujeres se describen por la fuerza de su personalidad por sí solas, aunque se encuentren dentro de un arquetipo, un claro ejemplo son: doña Pepita, mamá del Panzas en Los Supersabios, doña Borola en La familia Burrón y doña Eme, la beata del pueblo en Los Supermachos”.

En los tres casos los autores del argumento y el dibujo fueron hombres: German Butze, Gabriel Vargas y Eduardo del Río (Rius).

Hay dos posibilidades de tratar a la mujer en la historieta, desde el punto de vista de Rius: apegándose a la realidad idealizando un poco su figura, así lo explica en el reportaje “El papel de la mujer en la historieta…”

“En el primer caso habría que reflejar su situación de explotada, decir como todo el mundo se aprovecha de ella, la convierten en un objeto sexual o se encuentra fanatizada por la religión (como sucede en sus historietas). En el segundo, sería una mujer ideal, liberada, que no depende de la moda, ni de la televisión”.

Para Rius hay otro tipo de mujer que aparece en las historietas, “no en las mías” aclara, la supermujer que toma vida en la fantasía del autor.

Y concluye, “no puede haber un mundo sin mujeres. Hay historietas donde no aparecen ellas, pero en general son indispensables para todo”.

CDH Victoria Diez celebra fallo de la SCJN sobre NOM 046

El gobierno de Guanajuato, obligado a brindar PAE e ILE

Por Mayra Flores Velasco, corresponsal

León, Gto. 4 jun 10 (CIMAC).- El gobierno estatal tendrá que poner a disposición de todas las mujeres la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE) y dar información y los médicos deben entender que es un método “de urgencia”, señaló Ángeles López García, dirigente del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez.

Cuestionada sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró constitucional la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la prevención y atención, la activista comentó que el fallo es de cumplimiento obligatorio para todos los hospitales y que las organizaciones civiles estarán vigilando y difundiendo que éste es un derecho de todas las mujeres, en particular las que viven un episodio de violencia.

Recordó que la NOM establece que la PAE debe ofrecerse a las mujeres en caso de violencia sexual y que es una situación de urgencia médica, que requiere de respuesta inmediata y que no deben decirle a la persona que primero ponga su denuncia y haga otros trámites antes de ser atendida.

López García indicó que la intención es dar información sobre la PAE, y no solo asegurarse que se administre sino buscar que comprendan lo que significa, la atención que se debe dar y ponerla a disposición de todas.

Aseguró que legalmente el gobierno ya no tiene nada que hacer en contra de esta disposición, y lo que queda es cumplirla.

Por el momento, dijo, esperarán a que el gobierno gire el memorándum, comience con la capacitación, y que los médicos estén en disposición de brindar la información, sobre todo para las mujeres que son víctimas de violencia sexual.

La defensora de derechos humanos consideró que si el estado “realmente quiere prevenir, debe armonizar la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, para que puedan denunciar, que haya respuesta de la policía, que puedan ordenar que entren por sus pertenencias y no que les den trípticos”.

La aplicación de este mandato debe ser inmediata, incluso aún y cuando estuvo la controversia en la Corte debió haberse continuado con su aplicación. Ahora se tiene que intensificar y dar información al personal de salud, médicos, enfermeras y que haya mayor conciencia y obligatoriedad”, dijo.

Católicas por el Derecho a Decidir presenta campaña “Otra mirada católica del aborto”

Penalizar el aborto en Colima es violencia institucional

Por Glenda Madrigal Trujillo, corresponsal

Colima, Col, 4 jun 10 (CIMAC).- Colima forma parte de los nueve estados del país donde el lunes 31 de mayo se puso en marcha la campaña “Otra mirada católica del aborto”, que impulsa la organización Católicas por el Derecho a Decidir, en coordinación con el Comité de Derechos Humanos no Gubernamental, y Espacio Feminista.

La campaña consistirá en la colocación de ocho espectaculares en diferentes avenidas y espacios visibles en carreteras que comunican al estado; igualmente se transmitirán spots de radio y se repartirán folletos y trípticos que contienen información sobre las excluyentes del Código de Derecho Canónico (de la Iglesia Católica) para las mujeres que por alguna razón, han optado por interrumpir un embarazo.

En conferencia de prensa, la representante de Católicas por el Derecho a Decidir, Yuriria Rodríguez, informó que Colima está incluido en esta campaña por ser uno de los estados donde el Congreso local reformó el artículo primero de la Constitución a efecto de garantizar la vida desde la concepción, lo cual, dijo, criminaliza a las mujeres, violenta sus derechos, y pasa por alto las causales establecidas en el Código Penal que permiten el aborto.

Colima fue uno de los primeros estados en reformar-en marzo de 2009- el artículo primero de la Constitución para proteger la vida desde la concepción, y con ello dejar sin efecto legal las causales que en el Código Penal permiten la interrupción del embarazo.

Reformas, que vale la pena recordar, se hicieron impulsadas por la fracción del PAN en la legislatura anterior, y la entonces diputada Yadira Lara. Esto ocurrió poco después de que el perredista Adolfo Núñez, en ese momento diputado, presentara una iniciativa para despenalizar el aborto en Colima.

Como respuesta, 67 mujeres colimenses fueron las primeras en el país, en presentar demandas de amparo en contra de esa reforma constitucional, de las cuales, algunas han sido resueltas como improcedentes, debido, entre otras cosas, a que las quejosas “no demostraron estar embarazadas al momento de la interponer el recurso”.

La representante del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en Colima, Adriana Ruiz Visfocri, abogada que lleva los casos de amparo en la entidad, declaró que aún no se han analizado y resuelto algunas de estas denuncias, pero preparan ya los recursos legales para apelar a otras instancias federales.

El presidente del Comité de Derechos Humanos No Gubernamental en Colima, Efraín Naranjo Cortés, determinó que la reforma constitucional en la entidad es una forma de violencia institucional contra las mujeres porque las criminaliza y las expone a ser encarceladas, si por alguna circunstancia deciden interrumpir su embarazo.

En tanto, la representante de la organización “Espacio Feminista”, Guadalupe Quijano García, indicó que de acuerdo a cifras del INEGI y de la Secretaría de Salud, entre el 2000 y 2005 en el estado, 8 de cada mil mujeres de entre 15 a 44 años, se hospitalizaron por razones de aborto, cuando el promedio nacional es de 6.69, mientras que en el periodo de 1990 a 2006, ocurrieron 22 mil 800 defunciones por causas maternas, de las cuales mil 631 fueron ocasionadas por aborto y sus complicaciones.

Como reacción a la puesta en marcha de la campaña “Otra mirada católica del aborto”, el rector de la Catedral, Jesús Mendoza Preciado, cuestionó que la organización Católicas por el Derecho a Decidir sea un grupo católico, y al mismo tiempo se defendió argumentando que la Iglesia Católica sí permite el aborto si se comprueba que fue violación, siempre y cuando éste se realice en los primeros días, antes de que el producto se desarrolle.

No obstante, dijo, si existe un caso de violación en una menor de 16 años, “la moral de la Iglesia” tiene prescrito que si fue y se demuestra que hubo abuso, “hay los medios para rescatar a la jovencita a través del lavado, el cual consiste en lavar su vagina para evitar que el óvulo sea fecundado”.