Por Glenda Libier Madrigal, corresponsal
Colima, 5 sep 11 (CIMAC/MUPAC).- Mientras los diputados locales del estado de Colima aprobaban la tipificación del feminicidio en la entidad, el pasado 23 de agosto, Andrea Rodríguez García, adolescente de 16 años, llevaba tres días desaparecida.
El cuerpo desnudo de la joven fue encontrado el 25 de agosto. El cadáver estaba atorado en las compuertas de un canal en la popular colonia Torres Quintero, en esta ciudad capital del estado. La causa oficial de su muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento y, según las autoridades, los restos estaban en estado de descomposición porque el fallecimiento había ocurrido cinco días antes.
La integrante de la Red Nacional de Abogadas y Abogados por la Defensa de la Reproducción Elegida (Radar 4°), en Colima, Adriana Ruiz Visfocri, explicó que en el caso de que la Procuraduría estatal de Justicia diera con el o los asesinos de Andrea, la flamante reforma legal para tipificar el feminicidio no aplicaría, toda vez que apenas se aprobó y no ha sido promulgada por el Ejecutivo estatal.
Los diputados locales aprobaron reformas a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales del estado para tipificar ese delito. Definieron que comete feminicidio quien “por razones o conductas de género, prive de la vida a una mujer”, y estipularon una pena de 35 a 60 años de prisión.
El caso de Andrea, abundó Ruiz Viscrofi, tendrá que ser juzgado como homicidio, y si se trata de un solo autor, éste podría alcanzar una pena de entre sólo 15 y 25 años de prisión; y en caso de que fueran varios los que intervinieron en la comisión del delito, el castigo sería de entre 8 y 12 años para cada uno.
INDIGNACIÓN
La desaparición y asesinato de Andrea Rodríguez movilizó a la sociedad civil colimense. Estudiantes de la Universidad de Colima marcharon el pasado 27 de agosto para exigir justicia y un alto a la violencia de género en el estado. Están previstas más protestas en próximo días. En tanto, en las redes sociales circulan todo tipo de manifestaciones en repudio al crimen.
El rector de la Universidad de Colima, Miguel Ángel Aguayo López, condenó el asesinato y demandó su esclarecimiento.
El gobernador Mario Anguiano Moreno lamentó el hecho e instruyó a la procuradora de Justicia local, Yolanda Verduzco Guzmán, para que investigue con celeridad, atienda a los padres de la menor y se castigue a los responsables.
De acuerdo con el Centro de Apoyo a la Mujer Griselda Álvarez, del 2003 a la fecha un total de 37 mujeres han sido asesinadas en Colima, ocho de ellas en lo que va del 2011.
Según el dictamen que tipifica el feminicidio en la entidad, Colima es una de los 10 estados del país con más casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.
LA JUSTICIA LOS DEJÓ SOLOS
Andrea Rodríguez García cursaba el tercer semestre en el Bachillerato 2 de la Universidad de Colima, y pertenecía al equipo de atletismo Las Loras, perteneciente a la misma casa de estudios. Practicaba futbol, disciplina en la que ganó un trofeo como mejor goleadora cuando cursaba la secundaria estatal Número Uno.
La tarde del pasado sábado 20 de agosto, ella salió de su casa, en la colonia Torres Quintero, para ir a la cancha deportiva del lugar a ver un partido de futbol en el que jugaría un amigo suyo. La joven jamás llegó a su destino ni regresó a su casa.
Carmen García Rodríguez y Andrés Rodríguez Ceballos, padres de Andrea, están dolidos, indignados, confundidos por lo que pasó. “No se vale lo que le hicieron, era una niña que apenas empezaba a vivir y que no se metía con nadie”, dijo Carmen entre lágrimas. “Nos arrancaron un pedazo… nos apagaron”, añadió.
“Nosotros la buscamos desde el mismo sábado”, dice Andrés, de 36 años de edad y de oficio chofer de una empresa expendedora de botanas y golosinas. La búsqueda contó con el respaldo de amigos, familiares, vecinos, maestros del Bachillerato donde estudiaba su hija, y sus entrenadores de atletismo y futbol.
El trabajo no fue sencillo, pues en la colonia Torres Quintero abundan los lotes baldíos, la maleza y el abandono de las áreas públicas.
“Peinamos toda la zona, en la noche y en la madrugada” del mismo día en que desapareció, agregó el padre y aclaró que al cumplirse las 24 horas de la desaparición de su hija interpusieron la denuncia correspondiente ante la Procuraduría estatal. Sin embargo, apuntó Andrés Rodríguez, nunca vieron una sola patrulla que inspeccionara la zona y eso los hizo sentirse “solos”.
Con apoyo de familiares, hicieron pública la desaparición de Andrea en los medios de comunicación locales, colocaron carteles con su foto y datos en diferentes partes de la ciudad, y los compañeros de escuela de su hija pedían informes sobre su paradero a través de las redes sociales.
“Nosotros no podíamos quedarnos en la casa. Recorrimos lugares con toda la familia y amigos. Buscamos direcciones, teléfonos, personas”, señaló Carmen, quien asegura que durante los días que Andrea estuvo en calidad de desaparecida siempre tuvo la esperanza de encontrarla viva.
“El día que encontraron su cuerpo yo fui a la tienda, y vi movimiento de patrullas y policías. En la tienda me dijeron que habían encontrado un cuerpo en el canal, y yo les dije que a mí no me anduvieran contando esas cosas”.
Horas después se enteró que se trataba de su hija. La pareja se encargó de identificar y reclamar el cuerpo. A la identificación del cadáver sólo entró Carmen, que lo acordó así con su marido como una forma de respeto al pudor de su hija. La reconoció por un lunar que Andrea tenía en la espalda, que es igual a uno que tiene Andrés.
Carmen tiene 36 años y es intendente en una tienda departamental de esta capital. Recuerda los 15 años de su hija el año anterior. “Se la pasó muy contenta. Ella no quería fiesta, quería una moto, pero como su papá le dijo que no porque era peligroso, y luego una amiga de ella que tenía una moto murió en un accidente que tuvo yendo a Comala, pues se le olvidó lo de la moto y aceptó que se le hiciera su fiesta”, relató. “Era muy bonita mi hija”, agregó conmovida.
Hasta el fin de semana anterior en que se realizó la entrevista, los padres de la menor de edad no contaban con mayor información de las pesquisas ni habían tenido contacto con alguna autoridad que no fuera el Ministerio Público.
Tampoco tienen sospechas sobre quién pudo haber atacado a su hija. “Lo que exigimos es que se haga justicia y se dé con el asesino o los asesinos, sea quien sea”, reclamaron.
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