¡¡¡ AL AIREEEE !!!
CIUDAD DE MÉXICO, 14 de mayo.- Casi la tercera parte de las trabajadoras mexicanas labora en la informalidad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del primer trimestre de 2011, dada a conocer ayer, en el país tienen trabajo 17.23 millones de mujeres, de las que 5.06 millones se desempeñan en la economía subterránea.
Los hombres en la informalidad, en tanto, son 27.99% del total de varones trabajadores, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En total, hay 48.3 millones de personas en edad de trabajar en el país. De ese total, 12.97 millones (28.5%) laboraron en la economía subterránea el primer trimestre del año. Esta cantidad es la más elevada desde 2000, es decir, desde que se tienen cifras disponibles.
Información de Randstad, empresa especializada en recursos humanos, señala que la mayor parte de la población en la informalidad labora en comercios como tianguis o puestos ambulantes.
Estadísticas del INEGI detallan que 78.9% de las mujeres se ocupa en el sector servicios; 16.3%, en la industria y, 4%, en agricultura y ganadería.
La mujer , informal
Más de 29 por ciento de las mujeres que laboran en México lo hacen en la economía informal, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del primer trimestre de 2011, dada a conocer ayer, el número de personas del género femenino que trabaja asciende a 17.23 millones, de las cuales 5.06 millones lo hacen en el sector no formal, es decir, 29.36 por ciento del total.
Vale señalar que alrededor de 12.97 millones de mexicanos laboraron en la economía subterránea durante el primer trimestre del año, es decir, 28.5 por ciento de la población ocupada.
Información de Randstad, empresa especializada en recursos humanos, señala que la mayor proporción de la población ocupada en la economía subterránea, como también se le conoce, está en pequeños comercios, llámese tianguis, mercados o puestos ambulantes.
Así, las féminas son las que mayor participación porcentual tienen dentro de la informalidad.
La tasa de ocupación del género masculino en ese sector es de 27.99 por ciento, es decir, 7.9 millones hombres, esto es, 60 por ciento de los 12.97 millones.
Estadísticas del INEGI detallan que 78.9 por ciento de las mujeres se ocupa en el sector servicios, 16.3 por ciento en el sector secundario (industria) y cuatro por ciento en actividades primarias (agricultura y ganadería).
En promedio, el ingreso que percibe la población femenina por su trabajo está 12.6 por ciento por debajo del de los hombres, de acuerdo con cifras del instituto.
El porcentaje de la población con una fuente de ingresos que se desarrolló dentro de la informalidad es el tercero más alto en lo va de la administración del presidente Felipe Calderón. Sin embargo, en términos absolutos es el nivel más elevado desde 2000, que el INEGI tiene cifras disponibles.
Si bien la tasa de la economía subterránea del primer tercio del año fue menor a la observada en igual periodo de 2010 (28.49 vs. 28.64 por ciento), en términos absolutos se mostró un aumento, dado que en el último año se sumaron al sector medio millón de individuos.
Cabe destacar que la definición de informalidad del INEGI no contempla a la gente que no cumple con el fisco, sino aquellas que tienen un negocio en base a los ingresos familiares.
Sin embargo, analistas aseguran que la economía subterránea llega a superar 60 por ciento de la población ocupada.
De acuerdo con el director general del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN), del Tecnológico de Monterrey, José Luis de la Cruz, la definición amplia de informalidad no sólo contempla a aquellas personas que no cumplen con el fisco. Además agrega a todo aquel individuo que no cuenta con seguridad social, que trabaja sin un contrato de por medio y que, en general, no goza de prestaciones laborales óptimas.
En el taxi Juana, boliviana y embarazada, trata de contactar con el abogado de su pareja que está en el aeropuerto de Barajas a punto de ser deportado. (M.R)
“La tarde del pasado 1 de julio, Juana se extrañó de que su novio Richard, boliviano como ella, no hubiera vuelto a casa. Cuando sonó el teléfono recordó las historias que había oído sobre redadas de la policía. Dos días después, Juana se encontraba en el aeropuerto de Barajas, preguntando sin éxito por su pareja.” Así comenzaba el reportaje “Historia de una deportación” que Periodismo Humano publicó en octubre del pasado año. Y así comienza también la canción “Perdido”, del último disco del grupo Hombre-Huevo.
El compositor del grupo, César Corbi, leyó la noticia, y en poco más de dos semanas, este alicantino de 39 años ya tenía el primer boceto de un tema que trasmite las sensaciones de los inmigrantes sin permiso de residencia que viven en España, siempre bajo la amenaza de una repatriación forzosa. Meses después, desde Girona, el uruguayo Marcelo Masciadri (la otra pata del grupo Hombre-Huevo), introdujo los arreglos, más instrumentos, voces, sirenas de policía…
“Siempre me gusta aportar ideas en las canciones. No dar consejos morales, pero sí lanzar mensajitos al público”, comenta por teléfono César desde su ciudad natal. “Ya hicimos un tema sobre la llegada de pateras y otro sobre la situación que se vive en Cuba, “Habanece”. Esto explica en parte que este músico, y estudiante de periodismo, sintiera “nada más leerlo” que la “historia demencial” que contaba el reportaje merecía el esfuerzo de ponerle acordes.
Autor. César Corbi. Los integrantes del grupo Hombre Huevo, César Corbi y Marcelo Masciadri (en la pantalla), suelen componer sus temas comunicándose a través del ordenador.
Desde la humildad, este trabajador del puerto de Alicante presenta a su grupo como “cosa de amigos”, con un sonido “acústico muy casero”. César compone rápido, “dos semanas ya es mucho”. Luego escucha ese primer borrador, y si no le convence la canción va al cubo de la basura. Es su método para poder decir después: “no somos profesionales”, pero “yo lo que hago me lo creo”.
César reconoce que “la gente responde bien” al tema “Perdido”. En los conciertos “el público sí reconoce la historia”, o al menos siente que se habla de alguien que “no tiene salida ni rumbo”, con palabras que enganchan como “deportación o paradero”.
La fotoperiodista María Rodríguez Bajo junto a uno de los retratos que hizo a Romi el día que deportaron a su pareja. (A. S.)
“Alguien al otro lado”
Para María Rodríguez, la fotoperiodista que retrató la angustia de Juana y Romi, y compartió con ellas la rabia por la expulsión de sus parejas, el tema compuesto por César ha supuesto una suerte de recompensa “a un trabajo muy duro”. “Cuando informas, presupones que hay gente que te escucha, esa canción demostraba que había alguien al otro lado a quien habíamos llegado de una forma especial”.
María respira hondo antes de hablar sobre sus horas a las puertas del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, donde tomó contacto con la dura realidad de las deportaciones. Meses después, la vivencia que retrató en imágenes tomaba forma musical, haciendo que ese trabajo, según ella, “llegara todavía más lejos, y tomara un poco más de sentido ese esfuerzo”.
Después de ese reportaje, María ha cambiado su perspectiva sobre muchas cosas. “Para mí, Aluche ya no es un barrio normal, es el barrio donde hay un CIE”. Un lugar temido por los migrantes que conoce en Madrid, a los que ahora entiende mejor cuando le cuentan su miedo a salir a la calle y ser interceptado en alguna de las “redadas racistas” que abundan en la capital.
“La historia de muchos”
“Historia de una deportación” se centra en la desesperante experiencia de dos mujeres bolivianas, Juana y Romi. Pero para María, el valor de ese reportaje es que representa “la historia de muchas personas que viven en España, con proyectos vitales que quedan zanjados de la noche a la mañana”. “Es algo que cuesta creer que pase en un Estado democrático, pero es así”.
Y sin conocerse, César coincide con María al señalar que las situaciones que narra el reportaje afectan a muchos. Según él son “calcadas” a las de los miles de sudamericanos que logran llegar de forma ilegal a Estados Unidos. “Habla de lo mismo que El visitador”, explica, una película que también le sirvió de inspiración para la letra del tema “Perdido”.
En efecto, según el ministerio del Interior, 13.278 personas fueron repatriadas contra su voluntad en 2009. La ironía -comenta la fotógrafa- es que se trata de una realidad desconocida, pero que está muy cerca, en nuestros barrios”. Cada vez se publican más noticias e informes sobre la triple amenaza a la que se enfrentan las personas que viven en España sin permiso de residencia: alto de la policía debido a su aspecto, ingreso en un CIE, deportación al país de origen. Sin embargo, la mayoría de la población española no ha oído hablar de estas prácticas por parte del Estado.
Las organizaciones sociales de derechos humanos y de apoyo los migrantes denunciaron recientemente el “oscurantismo” del Ministerio del Interior que no deja a periodistas ni ONG acceder a los CIE, ni informa sobre las repatriaciones puntuales que se realizan. En este sentido, María cree que el colorido centro de internamiento de Aluche provoca que “mucha gente que va a la comisaría” de este barrio nunca podría imaginarse que “al lado hay gente encarcelada por una falta administrativa”.
Imagen del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) situado en el barrio madrileño de Aluche. (María Rodríguez)
César termina la entrevista preguntando por la suerte que han corrido las dos mujeres que se citan en el reportaje. “Eso es lo realmente importante, no nuestras canciones”. María le responde a través de este reportaje. “Intentamos volver a contactar con Romi, pero ella no tenía más ganas de seguir contando su historia. La última vez que hablamos estaba pensando en volver a su país (Bolivia), la sentí esquiva, dolorida por todo lo que había ocurrido”.
La última frase que le dijo Romi a María antes de colgar el teléfono fue “¿para qué hablar más, si no sirve de nada denunciar estas cosas”. Seguramente, el reportaje que narraba una deportación no le cambió en nada la vida a esta joven boliviana, sólo sirvió para que otros pudieran conocer esa realidad. Y ahora también, a que su historia se escuche en esta canción.
En ese escenario, lo que se estaría incentivando es la suplantación de la ciudadanía por siervos y lacayos. El 19 de julio pasado representantes de varias organizaciones civiles, que forman parte de la Iniciativa Popular contra la Trata de Personas, marcharon pacíficamente en la ciudad de Tlaxcala. El motivo de su movilización era acudir a la sede del Consejo Estatal contra la Trata de Personas, que se encontraba en esos momentos sesionando, para entregar una propuesta ciudadana acerca de la estrategia para prevenir, atender y sancionar dicho delito en ese estado.
A partir de 2004 este movimiento se ha desarrollado como una respuesta en contra de la trata de personas, en particular mujeres, para la explotación sexual, problemática reconocida en la realidad tlaxcalteca. Compuesto por diferentes grupos comunitarios promotores de los derechos humanos, organizaciones civiles y personas comprometidas, el movimiento Iniciativa Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y la Trata de Personas cuenta ya entre sus logros los siguientes:
A) Haber visibilizado la problemática de la trata de personas, así como el reconocimiento público de la existencia en Tlaxcala de redes de tratantes para la explotación sexual;
B) Campañas ciudadanas contra éstas;
C) La tipificación del delito de trata de personas en el estado;
D) La generación de una ley estatal para prevenir y sancionar este delito; y,
E) Que la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el Consejo Estatal contra la Trata de Personas esté garantizada con voz y voto. El tema de la trata de personas no es menor, pues no solamente constituye un delito grave, sino que también es una violación a varios derechos humanos importantes: vida, libertad, autodeterminación, salud y libre desarrollo de la personalidad.
El municipio de Tenancingo en Tlaxcala, mencionado en el apartado sobre México en el Informe sobre la Trata de Personas, de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, correspondiente a 2011, está identificado claramente como un lugar importante de origen de víctimas mexicanas de trata para la explotación sexual en México y Estados Unidos. Junto con Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca, es uno de los que procede la mayoría de las víctimas identificadas. Es entonces legítimo que la sociedad organizada presente propuestas respecto de la estrategia gubernamental para enfrentar una problemática bien identificada en ese estado. Lamentablemente la propuesta ciudadana, enriquecida con las observaciones de las organizaciones civiles que conforman la Iniciativa Popular, no pudo ser presentada directamente ese día ante el consejo, sino que por el contrario se mantuvo a la ciudadanía bajo la lluvia y fuera de la Secretaría de Gobierno, permitiendo al cabo de alrededor de una hora que una pequeña comisión, integrada por tres personas, dejara el documento en la recepción de dicha dependencia.
Sin fecha fija, quedó pendiente en el consejo estatal la discusión y votación, tanto de la estrategia original, que elaboró la experta Bárbara Yllán, como de la iniciativa popular enriquecida por la sociedad civil. Esta estrategia pretende fundamentalmente establecer las máximas acciones para conseguir tres grandes objetivos:
1) Prevenir el delito;
2) Atender, proteger y reincorporar a las víctimas, y
3) Sancionar a los tratantes. Para lograrlo, se basará en cuatro enfoques para garantizar no sólo su construcción, sino también y sobre todo su eficacia:
1) Protección de derechos;
2) prevención del delito;
3) atención y protección integral e interdisciplinaria de las personas; y
4) enfoque de género. Dichos enfoques se materializarán en cuatro ejes de acción: prevención; atención y protección integral; coordinación de la administración pública estatal, e investigación y judicialización.
Hacemos votos por que la discusión sea fructífera y de ella emanen acciones idóneas para combatir este delito que atenta gravemente contra la dignidad de las personas. Como sociedad civil confiamos en que los espacios de participación se caractericen por la apertura a las demandas ciudadanas y sus diferentes expresiones, porque las personas que se dirigen a las autoridades en marchas pacíficas y organizadas merecen una consideración más sensible que la de ser atentamente invitadas a dejar sus escritos en una ventanilla. Y se espera que no se pretenderá reducir su participación a una especie de servidumbre civil, sentada en una mesa formalmente puesta para la discusión, pero materialmente inoperante, toda vez que se trata de espacios incapaces de abordar las inquietudes de la ciudadanía. Necesitamos nuevos modelos de diálogo, en los que la ciudadanía se vea como un aliado, no como un agente exógeno e intimidante.
Cuernavaca, Mor., 12 de agosto. Héctor Sánchez exigió que autoridades civiles juzguen no sólo a los dos militares detenidos por la muerte de su hijo, Jethro Ramsés Sánchez Santana, sino a todos los implicados enn la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y homicidio del joven.
Sánchez leyó un pronunciamiento en la funeraria Hispano Mexicana, donde la noche de este viernes recibió el cuerpo de su hijo, quien el pasado primero de mayo fue aprehendido en la feria de la ciudad por policías municipales, los cuales lo entregaron a agentes federales y éstos a militares de la 24 Zona Militar.
Tres meses y 11 días después de que desapareció su hijo, Héctor Sánchez demandó que se limpien el nombre y la memoria de Jethro, porque los policías locales y federales, además de los soldados, lo acusaron sin fundamento de pertenecer a un grupo delictivo para justificar su abuso de autoridad
.
Todo ocurrió en un lapso breve, desde que lo detuvieron, a las 18:48 horas, y trasladaron a las instalaciones de la 24 zona militar para torturarlo, hasta ocasionarle la muerte y llevarlo posteriormente a Puebla para inhumarlo de manera clandestina, con el fin de ocultar su terrible e injustificable crimen
, comentó.
Reiteró que ha exigido la verdad y ahora demanda justicia, así como que la muerte de Jethro no quede impune, para que ningún muchacho vuelva a ser ultimado por militares y policías acusado de ser sicario
.
Demandó que todos los que lo ayudaron a buscar al joven lo apoyen hasta que se aplique la ley.
Acompañado por decenas de familiares, amigos, compañeros de estudio del joven e integrantes de organizaciones sociales, Héctor Sánchez recibió el cuerpo de su hijo a las 22 horas de este viernes en la funeraria mencionada.
Insistió en que se debe reivindicar el nombre de su hijo y que se debe castigar a todos los implicados en el asesinato.
Enfatizó que el dolor y sufrimiento son indescriptibles y no se lo deseo a ninguna familia
.
El hecho registrado en al menos tres domicilios de la delegación Tlalpan dista de ser aislado, si se atiende a la recomendación emitida ayer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que el organismo observa con suma preocupación que los cateos ilegales constituyen una práctica común de los elementos que integran los diversos cuerpos policiales y las fuerzas armadas en auxilio a las labores de seguridad pública
, y considera alarmante
la cifra de violaciones a las garantías individuales –3 mil 786 entre 2006 y el presente año– cometidas durante los cateos.
En efecto, más allá de que este atropello haya sido cometido por una dependencia estatal –en este caso, la policía ministerial mexiquense–, el episodio refleja una deficiencia estructural de la estrategia de seguridad pública vigente a escala nacional: la ausencia, como correlato de las acciones policiales y militares puestas en marcha por el gobierno federal y los estatales –estos últimos en el contexto del operativo Conago I– de una política de derechos humanos que garantice la protección de los principios de libertad de tránsito y reunión; la inviolabilidad del domicilio y los documentos y datos personales; la presunción de inocencia y otros preceptos enumerados en la Constitución que han sido recurrentemente violados en el marco de la actual guerra
contra la delincuencia.
Por lo que hace a la explicación
ofrecida por la procuraduría del estado de México sobre los allanamientos referidos –la violación a los domicilios se habría cometido en el marco de las acciones para desarticular a la banda delictiva conocida como La mano con ojos–, tal intento de justificación resulta improcedente, porque se da a entender que cualquier acción de la autoridad –incluso el atropello de la gente– es válida en aras al fin supremo
de combatir a la delincuencia organizada.
En otro sentido, la proliferación de este tipo de situaciones pone de manifiesto la improcedencia de los intentos legislativos por dotar a las fuerzas públicas de un marco jurídico que proteja su accionar en tareas contra la delincuencia organizada, como pretende hacerse mediante la aprobación de la ley de seguridad nacional. Ciertamente, es tarea irrenunciable del Estado combatir al crimen y para ello necesita de instrumentos jurídicos adecuados. Pero, en un país en el que la principal amenaza contra la población ha provenido frecuentemente de la propia autoridad, salta a la vista que con el incremento de atribuciones a las corporaciones militares y policiales nacionales no se logrará más que incrementar la zozobra de la ciudadanía, la cual no gana nada en protección contra la delincuencia pero queda prácticamente inerme ante los abusos de policías y soldados.
Sería injustificable que en el caso que se comenta las autoridades consideraran saldado el problema con el usted disculpe
formulado por la procuraduría mexiquense: los excesos cometidos por sus policías deben ser investigados y sancionados conforme a derecho, y las víctimas deben ser resarcidas y compensadas por los atropellos que sufrieron. Desde una perspectiva más general, resulta imperativo que los organismos oficiales y civiles de protección a los derechos humanos, y la sociedad en su conjunto, se mantengan vigilantes para prevenir la posibilidad de que el tan pregonado esfuerzo de aplicación de la ley siga dando lugar a atropellos contra la ciudadanía, y que la lógica del Estado policial se instale en forma definitiva en la circunstancia, de por sí trágica, que vive la población del país a raíz del colapso de la seguridad pública.
Seguramente hay muchos que no piensan así y están en su derecho; sin embargo, valdría la pena preguntarse: ¿qué otra alternativa tenemos? Los logros de este movimiento, criticado por muchos como ingenuo, por otros como oportunista o como simple comparsa del gobierno, son inéditos, en cuanto a que han obligado al Presidente mismo a soportar, frente a la prensa y la televisión, los reclamos y la indignación de centenas de ciudadanos lastimados e ignorados por él mismo, por sus colaboradores y por las diferentes autoridades, que supuestamente tienen la obligación de asegurar la paz y la tranquilidad de la sociedad. De igual manera, la convocatoria para reunir a los líderes de las diferentes fracciones del Congreso y hacerles notar la complicidad de sus acciones en torno a la asignación de recursos para instrumentar la guerra que hoy agravia y enluta al país, con sus secuelas de tragedia y confusión; reclamarles su falta de compromiso para con la sociedad mexicana, para mejorar sus expectativas de vida, de alimentación, de salud y de educación, y la aceptación tácita de esas culpas por parte de los congresistas, constituyen por sí mismos un hito en la historia de nuestro país.
Gracias a todos estos hechos, la sociedad mexicana cuenta hoy con capacidad de movilización política de la cual ha estado carente por bastante más de una década; durante los últimos días he tenido oportunidad de plantear mis dudas y certezas a diversas personas amigas en torno a este tema, encontrándome en todos los casos con una corriente de simpatía creciente hacia Javier Sicilia y los demás líderes e integrantes de este movimiento, la cual comparto cada día con más entusiasmo.
Contar con esta capacidad de distensión no nos asegura que la guerra pueda ser detenida o que pueda darse una solución que ponga fin a la actual escalada de violencia y de inseguridad, la cual parece estar vinculada a intereses ajenos y desconocidos a la sociedad mexicana, pero es la única opción ciudadana que tenemos.
En días pasados he leído algunas críticas fuertes contra Javier Sicilia, de que se están utilizando los justificados motivos de protesta de familiares, respecto de la desaparición de personas, incluyendo a miles de centroamericanos o de muertes causadas por las propias fuerzas de seguridad, para plantear asuntos de otra índole, como los referentes a la desatenciones gubernamentales en materia de salud, educación y empleo o las reformas políticas discutidas por el Congreso sobre candidaturas ciudadanas. Quienes hacen esas críticas parecieran no querer entender que este tipo de conducta forma parte natural de los movimientos civiles, que una vez puestos en marcha se deben nutrir de otras causas de descontento relacionadas con la suya, para incorporar a otros segmentos de población agraviada, especialmente cuando los temas están relacionados entre sí.
Por otra parte, para los líderes de cualquier movimiento social que resulta exitoso en su capacidad de convocatoria, la presión que reciben, en torno a la politización de su movimiento, crece en razón directa de su éxito. ¿Cuántas sugerencias ha recibido el señor Sicilia para convertirse en candidato a la Presidencia de la República por ciudadanos que lo ven como la mejor opción para un mejor futuro del país? No lo sé, pero puedo pensar que muchísimas y que esto es independiente de que él lo quiera o no, ésta es la esencia de los movimientos sociales, cuando se dan en contextos de vacío como el actual. Por ello, debiéramos pensar si existen hoy opciones por las que la sociedad pueda sentirse atraída para emitir su voto en 2012.
En el caso del PAN, ciertamente que no, después de los 12 años de retroceso inocultable para la sociedad en su conjunto, y menos aún al pensar en el conjunto de personajes que aspiran a la candidatura por ese partido. El hecho de que sea la señora Josefina Vázquez Mota quien aparezca como la mejor posicionada entre ellos se antoja concluyente. Respecto del PRI, para el cual su capacidad de triunfo parece indiscutible, ello se debe no a la simpatía que sus candidatos puedan tener, sino a sus posibilidades de triunfos basados en los enormes recursos con los que cuenta para comprar votos, así como en la existencia de personajes siniestros capaces de tejer las redes de los intereses más corruptos, los mismos que han llevado al país a su situación actual. Para el caso del PRD, con mucho menos posibilidades de triunfo, la imagen es un poco mejor, pero está lejos de constituir un atractivo para la sociedad en su conjunto. La polarización existente en torno a Andrés Manuel López Obrador hace difícil pensar en que ese candidato pueda atraer un apoyo mayoritario de la sociedad, mientras que las posibilidades de Marcelo Ebrard siguen siendo reducidas.
En este escenario, la imagen diferenciada de Javier Sicilia puede parecer ingenua, pero ciertamente fresca y mejor que todas las demás. A mí en lo personal me gustaría verlo como candidato; su participación en la próxima contienda electoral haría cuando menos posible regresar a la discusión de ideas y principios, en lugar de las campañas de lodo y baratijas a las que hemos sido expuestos en los recientes procesos electorales.
Sandak pertenece a la trasnacional Bata Internacional, cuyo origen se remonta a 1894 en Checoslovaquia. A principios de los años 40, traslada su centro de operaciones a Canadá. Actualmente se ostenta como la más grande productora de calzado del mundo, con operaciones en 70 países, en los cuales establece una planta matriz y centros de trabajo que califica de satélites
. Cuenta con 5 mil tiendas de distribución. En México inicia operaciones en julio de 1958, estableciendo distintas plantas y una amplia red de maquila a domicilio. Con el cierre en Calpulalpan pretende concentrar operaciones en una planta en Iztapalapa, Distrito Federal, y otra ubicada en Chalco, estado de México, con la denominación Coscorsa SA de CV; con esta razón social tiene registrada la maquinaria y el equipo para protegerse de cualquier conflicto laboral.
La estrategia productiva de Sandak está sustentada en la diversificación de centros de trabajo con sindicatos y contratos colectivos distintos, las prestaciones también son diferentes y las utilidades las fija en una sola unidad productiva; para el periodo 2009-2010 declaró que tenía mil 800 trabajadores.
El impulso para canalizar su producción por la vía de la maquila domiciliaria fue acelerada en los últimos cinco años con motivo de la llegada a México de un nuevo director general, Carlos Casanelo, quien desde un inicio manifestó que su misión era reducir el costo salarial al máximo; para ello diseño una política tendiente a destruir al combativo sindicato independiente en Calpulalpan. Poco a poco fue sustrayendo áreas productivas de la planta fomentando el establecimiento de maquilas y trabajo a domicilio, donde los trabajadores se ven obligados a laborar jornadas extenuantes, a integrar a la familia, incluyendo los menores, para lograr las cuotas productivas y un ingreso de sobrevivencia; al no tener seguro social, la atención médica y accidentes corren a su cargo. Los centros de trabajo están plenamente identificados: basta ir a las comunidades de Francisco Villa y San Felipe, Hidalgo, ambos en Tlaxcala, donde encontraremos las maquilas Olrafe, Angiemant, Candy, Sinaí, además de diversos domicilios particulares convertidos en pequeños talleres. A pesar de las denuncias, las autoridades federales y locales se han hecho de la vista gorda. La inspección laboral está siempre ausente.
Para limpiar su imagen, Bata Internacional presume un código de ética, su pertenencia a campañas en favor de la responsabilidad social empresarial, incluso cuenta con una fundación denominada Bata Children’s Program, que en nuestro país se reduce a distribuir algunas piezas de calzado en la delegación Iztapalapa y dar contribuciones al jardín de niños Cuauhtlahuac.
La política de desplazamiento a la maquila domiciliaria se agudizó la madrugada del 6 de diciembre de 2010, cuando la empresa redujo su planta de Calpulalpan a la mitad. El pasado 18 de julio dio el golpe final intentando sustraer toda la maquinaria de la empresa. El sindicato, con el apoyo de la comunidad en Calpulalpan, se lo impidieron. Hoy, los trabajadores se encuentran en plantón en las afueras de las instalaciones y crece el apoyo nacional e internacional a su reclamo de que sea reabierta por ser una importante fuente de empleo en esa zona.
Las autoridades de trabajo han hecho causa común con la empresa para desesperar a los trabajadores y forzarlos a aceptar las reducidas liquidaciones que les ofrecen mediante volantes y comunicados en la zona. La parcialidad de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tlaxcala y de su presidenta, Karina Edith Torres Vázquez, ha quedado evidenciada al rechazar en repetidas ocasiones todas las gestiones legales de los trabajadores. El primer emplazamiento de huelga con motivo de la suspensión laboral lo rechazó con el argumento de que no aparecían las firmas del comité en todas las hojas del documento; cuando éstas fueron recabadas, su explicación fue distinta, ahora relacionada con la toma de nota que a la propia junta le corresponde expedir. Indica que el comité ejecutivo no está debidamente integrado y que primero deben subsanar diversos aspectos estatutarios antes de dar trámite alguno a la gestión; eso sí, se ofrece como intermediaria para lograr la inmediata liquidación de los obreros.
Ante la complicidad de las autoridades locales de Tlaxcala, los trabajadores buscan solidaridad y exigen al gobernador Mariano González Zarur que intervenga, no para buscar liquidaciones, como pretenden Sandak y la presidenta de la junta, sino para preservar la fuente de trabajo y evitar que se amplíe la cadena de esta nueva forma de esclavitud que constituye la maquila a domicilio.
Se trata de expulsiones que por supuesto están violando los más elementales derechos humanos pues, además, muchos fueron detenidos en compañía de sus familiares, pero devueltos a México sin ellos. Esta estrategia se encuentra en medio de un gravísimo problema económico en el que los partidos Demócrata y Republicano se enfrascaron en un terrible debate, que al final llevó a la calificadora Standard & Poor’s (S&P) a rebajar la calificación crediticia de Estados Unidos de AAA a AA+, poniendo en duda su capacidad para el pago de su deuda. De acuerdo con Paul Krugman, lo que demostró es que Barack Obama se rindió y el resultado será que dañará aún más una economía deprimida, así como que la extorsión cruda de los republicanos funciona y no lleva ningún costo político
.
Uno debería preguntarse a qué se debe que en el contexto de tan graves problemas se añada uno más, que es la expulsión de migrantes que no han cometido ningún delito y que, tal como señala el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, esto es un suicidio nacional, estamos deliberadamente enviando a nuestro futuro fuera del país
(La Jornada, 9 de agosto). Tal como señala el alcalde, lo que el país necesita en momentos de dificultades económicas son más migrantes... que crean más empleos de los que toman
. Sobre todo si los flujos de migración indocumentada hacia Estados Unidos han disminuido en forma importante como resultado de la crisis en ese país y de las propias dificultades que presenta México para que estos trabajadores puedan transitar de forma segura hacia la frontera. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y con base en los resultados preliminares al primer trimestre de 2011, por cada 10 mil habitantes en México hay 36 que emigran al extranjero y 31 migrantes provenientes de otros países. Este comportamiento, señala el Inegi, en combinación con la tendencia del monto de inmigrantes internacionales tiene como resultado en términos relativos un saldo migratorio casi nulo.
Mantener a un conjunto laboral con salarios más bajos que los de los nativos y que se encuentran en sectores necesarios para relanzar la economía, como es el sector agrícola, entre otros, tiene la ventaja de ofrecer precios más bajos y con ello incrementar el consumo, lo que es una absoluta necesidad. Por otro lado, es una falacia sostener que se trata de combatir a la migración indocumentada por estar compuesta por criminales
, lo cual se ha demostrado que no es así. Las supuestas felonías
que pueden presentar algunos de estos trabajadores tienen que ver con pasarse un alto o conducir en estado de ebriedad.
Por tanto, una posible explicación del incremento de las deportaciones es que Barack Obama, en su afán por buscar la relección, responde así a criterios antinmigrantes extendidos por los ultraconservadores de la sociedad estadunidense, sector formado en gran parte por los miembros del llamado Tea Party, quienes tal parece están teniendo cada vez mayor fuerza, lo cual representa un enorme peligro.
Dar rienda suelta a este tipo de grupos lleva a tragedias como la vivida hace sólo unos días en Noruega, y habría que recordar el ataque a la senadora demócrata Gabrielle Giffords, acontecimientos que deberían ser un foco de alerta, sobre todo en momentos de crisis, pues es el contexto en el que van escalando posiciones electorales al encontrar apoyo en personas afectadas por las dificultades económicas. Y los gobiernos tendrían que evitar todas aquellas actitudes que promueven discursos xenófobos y racistas que favorecen la intolerancia.
Sin embargo, que Barack Obama esté incrementando las deportaciones responde a una estrategia que se aleja totalmente de las propuestas enarboladas en su campaña y se pone en juego la convivencia en una sociedad democrática. Pero parece que le interesa tener contenta a esa parte ultraconservadora de la sociedad política con un propósito: su relección.
Parafraseando a Krugman, la extorsión de los ultraconservadores funciona en este caso, aunque de ninguna manera será suficiente para asegurarle buenos resultados políticos.
Por Anayeli García Martínez
México, DF, 12 ago 11 (CIMAC).- A pesar de la simulación del Estado mexicano en la “protección” a las y los defensores de Derechos Humanos (DH), y el clima de impunidad prevaleciente ante las agresiones del crimen organizado y las fuerzas de seguridad, las y los activistas recalcaron que no detendrán su labor por la vigencia de las garantías humanitarias.
Así lo manifestaron durante la inauguración del cuarto encuentro nacional de defensoras y defensores “La defensa de los Derechos Humanos y el ejercicio del periodismo: una labor peligrosa”, en la sede del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en esta capital.
Activistas de distintos estados del país denunciaron que las y los defensores de DH, al igual que el gremio periodístico, son víctimas de agresiones y de hostigamiento por parte de criminales y cuerpos de seguridad del Estado, por lo que reiteraron su demanda de garantías para realizar su trabajo.
Alejandra Nuño, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización internacional especialista en el litigio ante el sistema interamericano de DH, dijo que México aún tiene pendiente un mecanismo de protección para defensores y defensoras.
Explicó que aunque el 7 de julio pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que se establecen las bases para la instalación de un mecanismo de protección de defensoras y defensores de los DH, su implementación aún es una deuda pendiente que a la brevedad debe ser resarcida.
De acuerdo con un informe de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del 1 de enero de 2006 al 31 de agosto de 2009 hubo 128 presuntas agresiones contra activistas; sin embargo, las agresiones lejos de reducirse van en aumento.
En el caso de mujeres activistas, durante 2010 fueron asesinadas tres defensoras: Marisela Escobedo y Josefina Reyes (ambas en Chihuahua), y Beatriz Cariño (en Oaxaca). Este año fueron ultimadas Susana Chávez, Malena Reyes y Luisa Ornelas, las tres en la entidad fronteriza.
Ante este escenario, el encuentro –que concluirá mañana– tiene como objetivo construir indicadores que constaten el riesgo que enfrentan defensores de DH y periodistas, con el fin de contribuir a la creación de un mecanismo eficiente de protección.
En opinión de Alejandra Nuño, las medidas de seguridad ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de 34 personas en Chihuahua y 107 en Guerrero, reflejan el peligro que hoy viven las y los activistas en todo el país.
Por lo anterior afirmó que las acciones de protección, así como la investigación de agresiones y actos de hostigamiento, son una cuestión urgente toda vez que muchas personas están saliendo del país al ver en riesgo su vida e integridad personal y al no contar con seguridad por parte del Estado.
El obispo de Saltillo, Raúl Vera, dijo que las y los activistas no están pidiendo protección sino libertad. “Queremos nuestra libertad para defender la vida. Queremos trabajar con libertad. Queremos libertad porque enfrente tenemos mucho trabajo, eso es todo”, sostuvo.
Asimismo mencionó que no están pidiendo “migajas” y explicó que las y los defensores no pueden seguir confiando en que el Estado va a implementar un mecanismo “de defensa” y explicó que los activistas no pueden olvidar su labor a favor de la sociedad.
Cabe recordar que el acuerdo entre la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y otras entidades federales se presentó durante la reciente visita de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay.
En julio pasado, Pillay reconoció el trabajo de las y los activistas, en especial la labor de las defensoras que fomentan la protección de los DH en contextos de inseguridad y poniendo en riesgo su vida.
