Presentan recursos jurídicos para evitar se indague feminicidio
Por Anayeli García Martínez
México, DF, 2 ago 12 (CIMAC).- Los organismos encargados de promover la igualdad de género en el Edomex, Querétaro, Veracruz y Nuevo León se resisten a aceptar que la violencia contra las mujeres en México es alarmante, al grado que se niegan a que se active la Alerta de Violencia de Género (AVG), acusó Octavio Amezcua, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
El activista denunció que los organismos para el adelanto de las mujeres de Querétaro, Veracruz, Nuevo León y el Estado de México, se opusieron otra vez a que se investigue el feminicidio en esta última entidad, donde tan sólo entre 2005 y 2010 fueron asesinadas 922 mujeres.
En 2010 un grupo de organizaciones civiles encabezadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la CMDPDH aseguró que la violencia contra las mexiquenses era “alarmante”.
Ante ello, en diciembre de ese año ambas agrupaciones solicitaron que sesionara el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres –integrado por los institutos estatales de las Mujeres y dependencias federales–, con el fin de analizar la pertenencia de activar la AVG en el Edomex.
La AVG es una medida de prevención y acción de las autoridades federales y estatales ante casos graves de violencia de género en las entidades federativas. Su aplicación está estipulada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El 11 de enero de 2011 el Sistema Nacional votó contra la solicitud ciudadana. Las organizaciones se inconformaron por la decisión y en febrero de ese año se ampararon.
Un año después, en febrero pasado, el OCNF y la CMDPDH ganaron el juicio y un juez ordenó a las autoridades volver a sesionar y revisar de nuevo la solicitud para determinar si es necesario investigar el feminicidio en el Edomex y, eventualmente, declarar la AVG.
INSTANCIAS NO DEFIENDEN
Octavio Amezcua explicó que el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México (CEMyBS), el Instituto Queretano de la Mujer (IQM), el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), y el Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, impugnaron el fallo del juez que dio la razón a las organizaciones civiles.
El defensor refirió que el primer recurso de revisión presentado por el organismo mexiquense se tiene registrado el pasado 21 de marzo. En los días posteriores se sumaron los demás institutos, mismos que no ven la necesidad de activar la AVG.
Cada uno de esos institutos se encuentra en estados donde predomina la violencia de género. Veracruz y Nuevo León son dos entidades donde –según grupos civiles y movimientos sociales– tampoco hay garantía para que las mujeres vivan una vida libre de violencia.
En 2009 en Veracruz se registraron nueve casos de mujeres desaparecidas y asesinadas, por ello organizaciones civiles, el propio IVM y legisladoras locales solicitaron la AVG como una medida de prevención y acción.
En esa ocasión el mecanismo no se activó porque el entonces gobernador, Fidel Herrera, no quería una mala nota para el estado, ni prender los focos rojos por la violencia feminicida, según acusaron activistas.
En febrero pasado el OCNF, la CMDPDH y Arthemisas por la Equidad, aseguraron que en 11 años se documentaron 548 asesinatos de mujeres en Nuevo León por lo que pidieron que se declarara la AVG, pero en febrero pasado el Sistema Nacional rechazó la solicitud.
En ese momento Arthemisas denunció que no se activó la AVG porque los organismos estatales de las Mujeres desestimaron los datos presentados y destacaron que algunas de las muertes no fueron a causa de la violencia de género.
Como lo hicieron para el caso del Estado de México, las organizaciones civiles interpusieron un amparo ante un juez para impugnar la decisión sobre la AVG en Nuevo León.
Sin embargo, el pasado 27 de junio el juez determinó negar el amparo al afirmar que las agrupaciones ciudadanas no tienen interés jurídico, pese a que en la ley están facultadas para pedir la AVG, por ello la CMDPDH y el OCNF ya interpusieron un recurso de revisión.
México, DF, 2 ago 12 (CIMAC).- Los organismos encargados de promover la igualdad de género en el Edomex, Querétaro, Veracruz y Nuevo León se resisten a aceptar que la violencia contra las mujeres en México es alarmante, al grado que se niegan a que se active la Alerta de Violencia de Género (AVG), acusó Octavio Amezcua, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
El activista denunció que los organismos para el adelanto de las mujeres de Querétaro, Veracruz, Nuevo León y el Estado de México, se opusieron otra vez a que se investigue el feminicidio en esta última entidad, donde tan sólo entre 2005 y 2010 fueron asesinadas 922 mujeres.
En 2010 un grupo de organizaciones civiles encabezadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la CMDPDH aseguró que la violencia contra las mexiquenses era “alarmante”.
Ante ello, en diciembre de ese año ambas agrupaciones solicitaron que sesionara el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres –integrado por los institutos estatales de las Mujeres y dependencias federales–, con el fin de analizar la pertenencia de activar la AVG en el Edomex.
La AVG es una medida de prevención y acción de las autoridades federales y estatales ante casos graves de violencia de género en las entidades federativas. Su aplicación está estipulada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El 11 de enero de 2011 el Sistema Nacional votó contra la solicitud ciudadana. Las organizaciones se inconformaron por la decisión y en febrero de ese año se ampararon.
Un año después, en febrero pasado, el OCNF y la CMDPDH ganaron el juicio y un juez ordenó a las autoridades volver a sesionar y revisar de nuevo la solicitud para determinar si es necesario investigar el feminicidio en el Edomex y, eventualmente, declarar la AVG.
INSTANCIAS NO DEFIENDEN
Octavio Amezcua explicó que el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México (CEMyBS), el Instituto Queretano de la Mujer (IQM), el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), y el Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, impugnaron el fallo del juez que dio la razón a las organizaciones civiles.
El defensor refirió que el primer recurso de revisión presentado por el organismo mexiquense se tiene registrado el pasado 21 de marzo. En los días posteriores se sumaron los demás institutos, mismos que no ven la necesidad de activar la AVG.
Cada uno de esos institutos se encuentra en estados donde predomina la violencia de género. Veracruz y Nuevo León son dos entidades donde –según grupos civiles y movimientos sociales– tampoco hay garantía para que las mujeres vivan una vida libre de violencia.
En 2009 en Veracruz se registraron nueve casos de mujeres desaparecidas y asesinadas, por ello organizaciones civiles, el propio IVM y legisladoras locales solicitaron la AVG como una medida de prevención y acción.
En esa ocasión el mecanismo no se activó porque el entonces gobernador, Fidel Herrera, no quería una mala nota para el estado, ni prender los focos rojos por la violencia feminicida, según acusaron activistas.
En febrero pasado el OCNF, la CMDPDH y Arthemisas por la Equidad, aseguraron que en 11 años se documentaron 548 asesinatos de mujeres en Nuevo León por lo que pidieron que se declarara la AVG, pero en febrero pasado el Sistema Nacional rechazó la solicitud.
En ese momento Arthemisas denunció que no se activó la AVG porque los organismos estatales de las Mujeres desestimaron los datos presentados y destacaron que algunas de las muertes no fueron a causa de la violencia de género.
Como lo hicieron para el caso del Estado de México, las organizaciones civiles interpusieron un amparo ante un juez para impugnar la decisión sobre la AVG en Nuevo León.
Sin embargo, el pasado 27 de junio el juez determinó negar el amparo al afirmar que las agrupaciones ciudadanas no tienen interés jurídico, pese a que en la ley están facultadas para pedir la AVG, por ello la CMDPDH y el OCNF ya interpusieron un recurso de revisión.
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