LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Luz María Guerrero ordenó arresto “ilegal” de la reportera
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF, 31 jul 12 (CIMAC).- La semana pasada Sanjuana Martínez ratificó la denuncia en contra de la juez Luz María Guerrero ante el Consejo de la Judicatura de Nuevo León, para que reciba una sanción por las violaciones a sus Derechos Humanos (DH) cometidas durante el “arresto ilegal” y el “acoso judicial” que sufrió la periodista.
Martínez, colaboradora de varios medios de comunicación, declaró a Cimacnoticias que Guerrero también debe ser investigada por su “historial de corrupción” en otros casos que ameritan su destitución como jueza del Juzgado Décimo Quinto de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del estado.
El pasado 5 de julio, la periodista mexicana fue detenida de manera “ilegal y desproporcionada” por una falta administrativa derivada de dos procesos civiles sobre su divorcio del fiscal del Tribunal Supremo en España Carlos Castresana.
La comunicadora recordó que ese día fue detenida por cinco policías estatales con armas largas, quienes sin mostrarle la orden de arresto entraron a su casa violando las cerraduras “como si fuera una narcotraficante”.
Sanjuana fue consignada a la estación de la policía ministerial Alamey en Monterrey, donde permaneció arrestada 24 de las 36 horas que le ordenó Luz María Guerrero. Ella logró salir antes porque un Tribunal Federal le otorgó un amparo, ya que no pudo salir bajo fianza porque la juez lo impidió.
La regiomontana indicó que el operativo se debió a una venganza de Guerrero derivada de su labor periodística, ya que en 2008 publicó en el diario La Jornada un reportaje en el que la juez estuvo involucrada en la detención de la entonces directora de Alternativas Pacíficas, María del Mar Álvarez, y en el secuestro de dos menores de ese albergue para víctimas de violencia.
Un día antes de su detención, Martínez denunció ante el Consejo de la Judicatura la corrupción e irregularidades cometidas por la juez, y solicitó que ella ya no estuviera a cargo de juicio por divorcio. El Consejo emitió una resolución favorable a Sanjuana e impidió a Luz María Guerrero seguir al frente de su caso.
No obstante, con la separación de la juez de los procesos civiles que enfrenta la periodista no se reparan las violaciones a sus DH ni el daño psicológico que padecieron sus hijos, al presenciar su detención. Por eso el jueves pasado Sanjuana ratificó ante la Judicatura la denuncia contra Guerrero.
En esta ocasión se busca que se indaguen los casos anteriores atendidos por la juez en los que ha sido acusada de corrupción y de proteger a agresores de mujeres. “Pedimos que se indaguen sus cuentas bancarias porque un operativo policiaco de esa naturaleza no se explica más que a través de la corrupción”, mencionó.
Cabe recordar que en junio pasado Sanjuana Martínez interpuso una demanda de violencia familiar en contra de su ex esposo Carlos Castresana por violencia familiar, en la Agencia del Ministerio Público número 7 de Violencia Familiar, en Monterrey.
En el sitio www.change.org de España, integrantes de la sociedad civil demandan que los “maltratadores estén fuera de las instituciones” y señalan a Castresana como uno de ellos.
En la página web sostienen que Carlos Castresana “está acusado por violencia familiar en México, con una orden de restricción (similar a nuestra orden de alejamiento) que incumple sistemáticamente, demostrando un desapego absoluto por el cumplimiento de la justicia incompatible con su cargo”.
CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Sanjuana apuntó que “claramente” su detención y el “acoso judicial” se desprenden de la intención de las autoridades locales de “reprimir a los periodistas y coartar su libertad de expresión”.
Para ello dijo que son capaces de “utilizar cualquier triquiñuela legal violando la ley para perpetrar ataques, ése fue un ataque a mi vida”.
En Nuevo León las agresiones contra periodistas son constantes, “trabajamos en condiciones de indefensión, de intranquilidad, y el gobernador no ha hecho nada para salvaguardar nuestro trabajo”, acusó.
Añadió que el gobierno local, encabezado por el priista Rodrigo Medina, carece de voluntad política para esclarecer los ataques y terminar con la impunidad en la que quedan los casos de violencia contra periodistas.
MEDIDAS CAUTELARES
La comunicadora denunció que las autoridades tampoco tienen interés en brindar protección a quienes ejercen un periodismo crítico y a sus familias. Por lo que en su caso es importante el reciente acuerdo que aprobó la Cámara de Diputados para otorgarle medidas cautelares.
El pasado 24 de julio legisladores de la Primera Comisión Permanente aprobaron un dictamen para solicitar a la Secretaría de Gobernación (Segob) medidas preventivas de protección en beneficio de Sanjuana Martínez y de sus hijos. Sin embargo hasta ahora la Segob no se ha puesto en contacto con la periodista.
Mientras que la Comisión de DH del estado está integrando el expediente de la queja interpuesta por Martínez el mismo día de su detención. “Ya solicitaron información a las autoridades para que respondan por la violación a mis derechos y el daño psicológico ocasionado a mis hijos”, informó, por lo que espera que la recomendación sea emitida en las siguientes semanas.
México, DF, 31 jul 12 (CIMAC).- La semana pasada Sanjuana Martínez ratificó la denuncia en contra de la juez Luz María Guerrero ante el Consejo de la Judicatura de Nuevo León, para que reciba una sanción por las violaciones a sus Derechos Humanos (DH) cometidas durante el “arresto ilegal” y el “acoso judicial” que sufrió la periodista.
Martínez, colaboradora de varios medios de comunicación, declaró a Cimacnoticias que Guerrero también debe ser investigada por su “historial de corrupción” en otros casos que ameritan su destitución como jueza del Juzgado Décimo Quinto de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del estado.
El pasado 5 de julio, la periodista mexicana fue detenida de manera “ilegal y desproporcionada” por una falta administrativa derivada de dos procesos civiles sobre su divorcio del fiscal del Tribunal Supremo en España Carlos Castresana.
La comunicadora recordó que ese día fue detenida por cinco policías estatales con armas largas, quienes sin mostrarle la orden de arresto entraron a su casa violando las cerraduras “como si fuera una narcotraficante”.
Sanjuana fue consignada a la estación de la policía ministerial Alamey en Monterrey, donde permaneció arrestada 24 de las 36 horas que le ordenó Luz María Guerrero. Ella logró salir antes porque un Tribunal Federal le otorgó un amparo, ya que no pudo salir bajo fianza porque la juez lo impidió.
La regiomontana indicó que el operativo se debió a una venganza de Guerrero derivada de su labor periodística, ya que en 2008 publicó en el diario La Jornada un reportaje en el que la juez estuvo involucrada en la detención de la entonces directora de Alternativas Pacíficas, María del Mar Álvarez, y en el secuestro de dos menores de ese albergue para víctimas de violencia.
Un día antes de su detención, Martínez denunció ante el Consejo de la Judicatura la corrupción e irregularidades cometidas por la juez, y solicitó que ella ya no estuviera a cargo de juicio por divorcio. El Consejo emitió una resolución favorable a Sanjuana e impidió a Luz María Guerrero seguir al frente de su caso.
No obstante, con la separación de la juez de los procesos civiles que enfrenta la periodista no se reparan las violaciones a sus DH ni el daño psicológico que padecieron sus hijos, al presenciar su detención. Por eso el jueves pasado Sanjuana ratificó ante la Judicatura la denuncia contra Guerrero.
En esta ocasión se busca que se indaguen los casos anteriores atendidos por la juez en los que ha sido acusada de corrupción y de proteger a agresores de mujeres. “Pedimos que se indaguen sus cuentas bancarias porque un operativo policiaco de esa naturaleza no se explica más que a través de la corrupción”, mencionó.
Cabe recordar que en junio pasado Sanjuana Martínez interpuso una demanda de violencia familiar en contra de su ex esposo Carlos Castresana por violencia familiar, en la Agencia del Ministerio Público número 7 de Violencia Familiar, en Monterrey.
En el sitio www.change.org de España, integrantes de la sociedad civil demandan que los “maltratadores estén fuera de las instituciones” y señalan a Castresana como uno de ellos.
En la página web sostienen que Carlos Castresana “está acusado por violencia familiar en México, con una orden de restricción (similar a nuestra orden de alejamiento) que incumple sistemáticamente, demostrando un desapego absoluto por el cumplimiento de la justicia incompatible con su cargo”.
CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Sanjuana apuntó que “claramente” su detención y el “acoso judicial” se desprenden de la intención de las autoridades locales de “reprimir a los periodistas y coartar su libertad de expresión”.
Para ello dijo que son capaces de “utilizar cualquier triquiñuela legal violando la ley para perpetrar ataques, ése fue un ataque a mi vida”.
En Nuevo León las agresiones contra periodistas son constantes, “trabajamos en condiciones de indefensión, de intranquilidad, y el gobernador no ha hecho nada para salvaguardar nuestro trabajo”, acusó.
Añadió que el gobierno local, encabezado por el priista Rodrigo Medina, carece de voluntad política para esclarecer los ataques y terminar con la impunidad en la que quedan los casos de violencia contra periodistas.
MEDIDAS CAUTELARES
La comunicadora denunció que las autoridades tampoco tienen interés en brindar protección a quienes ejercen un periodismo crítico y a sus familias. Por lo que en su caso es importante el reciente acuerdo que aprobó la Cámara de Diputados para otorgarle medidas cautelares.
El pasado 24 de julio legisladores de la Primera Comisión Permanente aprobaron un dictamen para solicitar a la Secretaría de Gobernación (Segob) medidas preventivas de protección en beneficio de Sanjuana Martínez y de sus hijos. Sin embargo hasta ahora la Segob no se ha puesto en contacto con la periodista.
Mientras que la Comisión de DH del estado está integrando el expediente de la queja interpuesta por Martínez el mismo día de su detención. “Ya solicitaron información a las autoridades para que respondan por la violación a mis derechos y el daño psicológico ocasionado a mis hijos”, informó, por lo que espera que la recomendación sea emitida en las siguientes semanas.
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