Ricardo Raphael
Insisten
neciamente con que no hay una estrategia alternativa para combatir al
crimen organizado. Y sin embargo desde todos los frentes se responde a
la administración saliente que el equívoco ha sido mucho; la voluntad
para otorgarle seguridad al país no vino aparejada de soluciones
eficaces. La experiencia violenta obliga a revisar y previsiblemente a
modificar el rumbo. No se trata, como algunos malintencionados quieren
suponer, de regresar al pasado y pactar con los mafiosos, (sería
absurdamente imposible), sino de revisar la experiencia fracasada y los
éxitos, que también los hubo, para redefinir la futura ruta del Estado.
La
política en materia de seguridad padece del mismo mal que la gran
mayoría de las políticas mexicanas: sufre del agudo síntoma de la
fragmentación. Cada órgano, cada norma, cada recurso, cada visión
sobrevive en una isla que no cuenta con puentes para conectarse hacia
el conjunto.
Sirva
como rápido ejemplo la relación que, desde el Ejecutivo, sostuvieron
las distintas dependencias dedicadas a la seguridad: la PGR peleada con
la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército desconfiado del papel
desempeñado por las fuerzas civiles y la Marina, a su vez, divorciada
de la responsabilidad encargada a la Sedena. A este archipiélago de
egos y susceptibilidades se sumó el prejuicio de las autoridades
estadounidenses que, de su lado, trabajaron estos seis años con la
convicción de que más de un tramo del Estado mexicano había sido
penetrado por los intereses criminales.
En
esta hebra de reflexiones no sorprende que la primera propuesta de
Enrique Peña Nieto a la hora de reformular la política sea otorgarle
mayor coherencia y coordinación a las tareas que, desde el Ejecutivo,
habrán de desplegarse en materia de seguridad. A este respecto no tiene
desperdicio el discurso del presidente electo y su equipo de
transición, divulgado por este diario el sábado. La coherencia urgente
implicaría mejorar la vinculación de las áreas responsables de la
inteligencia (Cisen, Defensa, Marina, SSP, PGR) para que la información
relacionada pueda ser leída en código comprehensivo por quien, en el
mando más elevado, toma las decisiones.
Ciertamente
se estaría pensando en imitar el modelo estadounidense, país donde la
información proveniente de 17 diferentes agencias es sistematizada bajo
un mismo mando e intención. Con ello se lograría configurar un atlas
nacional para que las alarmas de fuego de la delincuencia se enciendan
y la autoridad pueda anticiparse a la acción criminal.
Un
tercer elemento, también considerado en el discurso, se relaciona con
el, hasta hoy, menospreciado tema del lavado de dinero. Mientras los
recursos económicos que alimentan a la delincuencia no sean
confrontados, sin importar los poderosos intereses que con ello se
afecten, la criminalidad ligada a la droga, el tráfico de armas, de
migrantes o el contrabando de bienes permanecerá intocada.
Un
cuarto asunto que no debe pasar desapercibido, a propósito del discurso
recién estrenado por Peña, es el que se refiere a la política aduanal.
Buena parte del contrabando referido cruza por los puntos fronterizos
formales (garitas, puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera); sin
embargo éstos continúan siendo feudo aparte de la política de
seguridad. Por una tradición que viene desde el siglo XIX las aduanas
se conciben como propiedad de la SHCP, cuando hoy habrían de ser un
territorio asegurado por los responsables de la política interior.
Mientras Hacienda y Gobernación coexistan desarticuladas en su
respectiva responsabilidad, las aduanas continuarán siendo isla impune
y feliz para los criminales.
Un
último punto, también destacable, es la propuesta de reformar al
sistema penitenciario. Sabido es que los distintos cárteles logran
afianzar su poder a partir del control que ostentan sobre las cárceles
municipales y estatales. Mientras el Estado mexicano no recupere para
sí el sistema de readaptación social, las prisiones seguirán siendo
escuelas para reclutar y entrenar criminales.
Estos
cinco elementos: desterrar la fragmentación, coordinar la inteligencia,
reformar las aduanas, atacar el lavado de dinero y recuperar las
prisiones hablan, en efecto, de una estrategia distinta en materia de
seguridad. Abreven del aprendizaje y los fracasos previos. Son, ante
todo, un buen palazo en contra de la necedad de aquellos que suponen
que no hay otro destino que la embestida ciega del toro contra el redil.
Analista político
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