1/28/2012
Discursos y prácticas feministas en el movimiento 15-M: avances y asignaturas pendientes
Madrid, 27 enero 2012. AmecoPress. Desde el mes de mayo de 2011 el movimiento 15-M ha involucrado en la práctica política a una enorme cantidad y variedad de personas que hasta hace sólo unos meses habían observado los efectos de la crisis desde la distancia y la desafección.
Su verdadera importancia yace, a día de hoy, en su inesperada gestación de una nueva generación de pensadores y pensadoras críticas y activistas mediante la reflexión, el debate y, lo que es más importante, mediante la praxis. El 15-M ha sido artífice en decenas de ciudades del Estado Español de los baños de masas más diversos, más festivos, más anónimos y más esperanzadores vistos en mucho tiempo. Ha contribuido a generalizar el “sí, se puede” y el “juntas podemos” y, en definitiva, ha ayudado a ampliar el desafío al hasta ahora imperturbable discurso de la inevitabilidad del sistema capitalista, sus recetas neoliberales y sus crisis.
Más allá de su evolución, de sus éxitos y de sus fracasos, no obstante, se realiza aquí una reflexión sobre la experiencia específica de las mujeres en el movimiento y sobre la medida en que éste ha incorporado el discurso y la práctica feminista. En primer lugar, se ubica la emergencia del movimiento en su contexto estructural y socio-histórico y se muestra cómo éste ha estado marcado por el género. En segundo lugar, se examina la medida en que el movimiento 15-M ha contribuido a la evolución dinámicas y roles establecidos en su seno desde sus inicios.de la lucha feminista, tanto el terreno discursivo como el de las prácticas.
Las reflexiones aquí incluidas provienen de la participación de la autora en el 15-M barcelonés pero también de las conversaciones con múltiples activistas feministas provenientes de toda la geografía española, así como de la lectura de relatos y crónicas, tanto individuales como colectivas, sobre su paso por el movimiento desde el 15 de mayo del 2011. De la misma manera que el 15-M ha estado caracterizado por una gran diversidad y heterogeneidad, también lo han estado los feminismos que han aterrizado o se han desarrollado en él. A pesar de que las experiencias feministas en el 15-M presentan una gran desigualdad geográfica e incluso temporal, en el presente texto se intentan sintetizar algunas de las que se consideran más relevantes con el objetivo de reflexionar tanto sobre sus dimensiones positivas como sobre las que no lo son tanto, y contribuir así a un aprendizaje colectivo que nos permita seguir caminando hacia una indignación verdaderamente feminista.
Mirando el momento desde el feminismo: ¿de qué crisis estamos hablando?
El lema de la manifestación convocada el domingo 15 de mayo, “No somos mercancías en manos de políticos y banqueros” tuvo el gran mérito de aglutinar en una sola frase los principales detonantes del movimiento 15-M: una merma importante de los derechos sociales y económicos de amplios sectores de la ciudadanía como resultado de la crisis, por un lado, y una creciente desconfianza respecto a una clase política percibida como corrupta e incapaz de sacar al país de la crisis por el otro.
A pesar de que los feminismos en el estado español han realizado una ingente labor durante los últimos años para visibilizar las formas específicas en que la crisis económica y las recientes (contra) reformas afectan a las mujeres, este elemento no estuvo inicialmente presente en las denuncias y reivindicaciones del movimiento. El 15-M no ha sido en ningún caso aislado ya que desde que estalló la crisis numerosos movimientos sociales han pasado de puntillas sobre las dimensiones de género del actual contexto económico. Medios de comunicación de diversa índole han sugerido a su vez, a raíz de la vertiginosa aceleración que en los inicios de la crisis sufrieron las tasas de paro masculino, que una de las particularidades de la crisis es que promete con abolir las desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado laboral.
Las mujeres, sin embargo, continuamos a día de hoy sufriendo una enorme vulnerabilidad tanto dentro del mercado laboral como fuera de él. Un análisis de la crisis desde una perspectiva de género muestra que, si bien el año 2008 se vio caracterizado por el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis de la industria, ambos sectores profundamente masculinizados, meses más tarde la contracción de demanda de mano alcanzó también al sector servicios, donde actualmente se ocupa el 88,5 por ciento de las mujeres en el estado español. Actualmente, la tasa de paro femenino suma un 22,10 por ciento y el masculino un 21,04 por ciento. Si se desagregan los datos en términos de procedencia, se ve que los hombres autóctonos presentan la tasa más baja de todas con un 17,20 por ciento mientras que el desempleo femenino no comunitario es de un 27,15 por ciento y el masculino cercano al 34 por ciento. Si se toma en consideración que las mujeres de origen inmigrante se encuentran concentradas en la economía informal, es muy probable que la tasa de desocupación de éstas últimas resulte ser en realidad mucho mayor que la oficialmente registrada.
La aceleración del paro masculino ha provocado que haya más familias que dependan del salario de las mujeres y que numerosas mujeres se hayan visto forzadas a incorporarse al mercado laboral. Mientras que la tasa de actividad femenina en el año 2007 era de 48,94 por ciento, a finales del 2011 se situaba en un 52,91 por ciento. Este incremento, no obstante, no se ha visto acompañado de una redistribución de las responsabilidades domésticas y de cuidado. Todo ello, sumado al aumento de la carga de trabajo doméstico sobre las mujeres como resultado de las estrategias familiares para reducir gastos, ha provocado un aumento de la carga global de trabajo de las mujeres y un reforzamiento de nuestra doble jornada.
Las desigualdades de género siguen siendo una realidad innegable también en el mercado laboral y se manifiestan en altas tasas de temporalidad y jornadas parciales entre las mujeres. También tenemos una mayor presencia que los hombres en la economía sumergida, somos el 57,3 por ciento de las personas receptoras de prestaciones no contributivas y únicamente el 37 por ciento de las contributivas. Nuestro salario medio es 22 por ciento inferior al de los hombres y, por otro lado, el 80 por ciento de las personas “inactivas” que no reciben ningún tipo de pensión son mujeres también.
La ausencia de una perspectiva de género ha sido también una constante en las respuestas del gobierno del PSOE a la crisis. La mayor parte de los 11.000 millones de euros inyectados durante el primer año de la crisis mediante el famoso Plan EEE se destinó al sector de la construcción que, en 2008, ocupaba al 16 por ciento de los hombres y únicamente al 1,9 por ciento de las mujeres.
La financiación, además, no incluyó requisito alguno de presencia de mujeres en las contrataciones. Los recortes del gasto público social visibilizados en el famoso Tijeretazo en mayo de 2010, y actualizados constantemente por las políticas de austeridad impuestas desde entonces, están teniendo un gran impacto en las mujeres al estar nosotras concentradas en sectores públicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Como consecuencia, somos nosotras las principales víctimas de la reducción de salarios y la eliminación de empleos públicos. La vulnerabilidad social y económica de las mujeres, a su vez, nos hace acusar con más fuerza la reducción de ayudas sociales y, ante la desaparición de éstas, somos nosotras las que mediante nuestro trabajo de cuidados no remunerado, las acabamos asumiendo.
La Reforma Laboral ha reforzado la dualización de género del mercado de trabajo remunerado y previsiblemente la Reforma de las Pensiones, así como el reforzamiento de su lógica contributiva, afectará negativamente a las mujeres ya que, a raíz de nuestra concentración en la economía informal, jornadas parciales y bajos salarios, así como de la frecuente interrupción de nuestra vida laboral para cuidar de las y los hijos y otras y otros familiares, encontraremos más dificultades a la hora de sumar la cotización exigida para acceder a una pensión de jubilación que pueda considerarse digna. La creciente austeridad resultante de la crisis de la deuda ataca particularmente al estado de bienestar y los servicios públicos, y permite al estado transferir sus obligaciones de protección social de nuevo a las familias.
Cuando el feminismo se indigna…
Todos los elementos expuestos apuntan a la persistencia, e incluso agudización, de la subordinación de las mujeres en el actual contexto. Esta subordinación, sin embargo, se ha visto silenciada en la mayoría de los relatos económicos sobre la crisis. El 15-M no ha sido una excepción y entre sus lemas no figuró inicialmente referencia alguna a las especificidades de género de la coyuntura económica. Durante las primeras semanas del movimiento conceptos como “feminismo”, “opresión” o “desigualdad de género” no consiguieron generar consenso en numerosas asambleas y se toparon con la resistencia resultante de un gran desconocimiento e incluso cierta aversión hacia el discurso feminista por parte de centenares de personas que lo identificaban con ideas y actitudes divisorias, excesivamente radicales y poco razonables.
En este escenario, ante lo que entendieron como un silenciamiento de las voces de las mujeres y a pesar de algunas acusaciones de separatismo, muchas de las activistas feministas presentes entonces en Plaça Catalunya (Barcelona) se buscaron para crear un espacio de discusión, debate y acción de mujeres, lesbianas y trans: la asamblea de Feministes Indignades. Ésta, lejos de atascarse en las tumultuosas discusiones que caracterizaron a otras comisiones, les permitió avanzar y visibilizar su trabajo y discurso en el resto del movimiento.
Durante los primeros días de la acampada Feministes Indignades redactaron un manifiesto de exigencias que fue aclamado por unanimidad en una de las asambleas generales más multitudinarias que vivió el movimiento barcelonés. El manifiesto contenía exigencias feministas para una transformación radical de la sociedad y planteaba respuestas a la crisis desde una mirada inclusiva y consciente de la ubicación específica de las mujeres en el orden económico y social: La sociedad capitalista y patriarcal nos oprime […]. Queremos una sociedad en la que el centro sean las personas y no los mercados. Queremos una transformación del modelo (capitalista) de desarrollo económico y social actual hacia uno que esté al servicio de las personas y del planeta. En esta transformación es imprescindible incorporar un enfoque feminista de cara a afrontar las crisis: ecológica, alimentaria, energética, económica, social y del trabajo de cuidado y apostar por procesos sociales de sostenibilidad de un nuevo modelo de ciudad y gestión del territorio […] Exigimos el reparto de los trabajos y la riqueza. Trabajar menos para trabajar todo el mundo. Condiciones laborales y profesionales dignas. Reparto igualitario del trabajo productivo y reproductivo, igual remuneración y reconocimiento por los trabajos entre mujeres y hombres. Y que la riqueza esté al servicio de las clases populares […] Exigimos el reconocimiento de las tareas de cuidado de las personas, los hogares, la vida y su socialización completa.
El análisis y las propuestas no se realizaron exclusivamente en torno a la crisis sino que también se exigió la participación de las mujeres, lesbianas, transexuales y tránsgenero en la búsqueda de un sistema político participativo y verdaderamente democrático:
El sistema democrático actual es patriarcal y no nos representa. Queremos organizar la sociedad en espacios de decisión y gestión política horizontales.
El establecimiento de Feministes Indignades como espacio autónomo cohesionado con una importante legitimidad y en interlocución directa con las asambleas generales ha contribuido a visibilizar y potenciar la perspectiva de género en los discursos y las movilizaciones del 15-M en Catalunya y a exigir el protagonismo de las mujeres en los debates y las acciones. Mientras que por un lado han hecho avanzar su propia agenda en forma de actividades, debates y acciones específicamente feministas, han estado presentes a su vez en los numerosos espacios de coordinación del movimiento haciendo oír su voz y contribuyendo con su experiencia en decisiones y movilizaciones unitarias. En todas estas citas la inconfundible huella del feminismo indignado se ha hecho patente mediante bloques y pancartas propias, acciones simbólicas contra la opresión heteropatriarcal o intervenciones denunciando los efectos perversos de la crisis económica y las políticas de austeridad sobre las mujeres.
… ¿se feminiza la indignación?
La consolidación de un espacio feminista y la visibilización de su trabajo, sin embargo, no han sido posibles en todas las ciudades y pueblos donde ha surgido el 15-M. En lugares como Bilbao, Elche o Burgos se ha llevado a cabo cierta actividad como la concienciación sobre la necesidad de un lenguaje no sexista o la organización de acciones feministas específicas, pero no ha habido una masa crítica importante de mujeres dispuestas a (o capaces de) exportar la mirada de género al conjunto del movimiento de manera sistemática ni de crear espacios de discusión y acción feministas.
Un factor importante tras esta incapacidad ha sido, en ciudades como Vigo o Palma de Mallorca, el tratamiento del feminismo por parte de un número importante de sectores del movimiento como una cuestión de poca prioridad e incluso escasa relevancia. En Cádiz, por otro lado, cuando el grupo de trabajo de feminismos llevó a la asamblea general un manifiesto feminista inspirado en los de Madrid y Barcelona y resultado de un rico e interesante debate en su seno, tuvo que ver como el manifiesto era rechazado por una “falta de consenso” ante su supuesto carácter excluyente y divisorio. En otros lugares, la confusión, de la que todavía adolece el movimiento, entre consenso y unanimidad provocó que en asambleas de 300 o 400 personas un solo hombre pudiera bloquear la aprobación de propuestas feministas.
Ni siquiera en lugares como Barcelona, Madrid o Santiago de Compostela, donde las comisiones y grupos de trabajo feministas han tenido un peso y proyección importantes, puede afirmarse que éstos hayan conseguido impulsar con éxito una feministización o la transversalización de la perspectiva feminista en el movimiento. Dicha transversalización, de haberse dado, se habría traducido en la incorporación comprehensiva y sistemática por parte del 15-M de las reivindicaciones feministas en su esfera discursiva y en su práctica.
El feminismo en el discurso
Cabe reconocer en este sentido que la presencia del discurso feminista en el 15-M no ha estado exenta de retos. Tal y como las compañeras de Madrid relatan en un dossier que elaboraron, algunos de los límites para la circulación de los feminismos en Sol se manifestaron en la perplejidad y falta de comprensión de muchas de las personas allí presentes, en los insultos cargados de machismo y homofobia e incluso en el hecho de que las primeras asambleas generales no recogieran ni asumieran ninguna cuestión o propuesta feminista. Para muchos y muchas participantes en el movimiento, el feminismo seguía siendo equivalente al machismo, pero al revés.
La (desigual) presencia del discurso de género en el 15-M no ha sido fruto tanto de un aumento significativo de conciencia en su seno como de la constante presencia de activistas enarbolando la bandera del feminismo, lo cual se ha traducido en un ritmo de trabajo insostenible y en una doble militancia por parte de muchas mujeres. Cuando ellas lo introducen parece ser bien recibido, pero si no lo hacen (apenas) nadie más toma la iniciativa. En cierta manera, la presencia discursiva del feminismo en el 15-M sigue dependiendo de la “omnipresencia” física de las militantes feministas para darle voz mediante críticas, acciones, documentos, talleres, intervenciones y elaboraciones específicas. Sin embargo, tal y como expresaban las compañeras de Sol, “queremos que se nos entienda, queremos contagiar”. Una incorporación sostenida y perdurable del feminismo que consiga provocar una generalización de la conciencia de género o una transformación del marco colectivo de un movimiento debe provenir de una intervención sostenible y extendida. Y en el movimiento 15-M, hasta el momento, no ha sido así.
El feminismo en la práctica
Si al movimiento aún le queda un largo camino por recorrer en el terreno discursivo, la esfera de la práctica ha sido también escenario de numerosas dificultades. No hay más que recordar los abucheos de “¡fuera, fuera!” o “la revolución es de todos” lanzados contra las feministas cuando durante los primeros días de la acampada decidieron colgar en Madrid una pancarta en la que se podía leer, “la revolución será feminista o no será”. Un “machoman”, como ellas mismas lo denominaron, mostró su rechazo a la pancarta arrancándola ante miles de personas. Ese episodio dejaba patente que no existía consenso en que el 15-M fuera un punto de convergencia de todas, incluida la feminista, las luchas.
Durante los primeros meses de las protestas se realizaron en numerosas ciudades importantes avances en el campo de las prácticas como, por ejemplo, una creciente concienciación del sesgo androcéntrico inherente en el lenguaje. Mientras que por un lado muchas asambleas incorporaban comunicación no verbal para denunciar el uso de vocabulario y expresiones heterosexistas o discriminatorias, por el otro se pudo apreciar un creciente esfuerzo por evitar el uso recurrente del masculino en el lenguaje.
Independientemente de las palabras utilizadas, sin embargo, mientras que los equipos de dinamización estaban mayoritariamente compuestos por mujeres que se encargaban de gestionar las metodologías, logísticas y dinámicas colectivas del debate, la mayoría de las intervenciones y propuestas políticas continuaron siendo realizadas por hombres. Éstos también siguieron realizando un uso expansivo del turno de palabra, obteniendo de manera automática la autoridad moral, intelectual o de experiencia y, entre otras cuestiones, mostrando escaso respeto hacia el turno de palabra de mujeres u hombres-no-machos-alfa.
Así, quizás se realizaron avances respecto a algunas de las formas en que se manifiesta el sexismo pero no respecto al fondo. Cabe destacar además que, por ejemplo en Barcelona, nunca se llevó a cabo un debate en profundidad en aras de alcanzar acuerdos sobre un lenguaje no sexista. Esta superficialidad de los cambios se ha traducido, tal y como han expresado algunos hombres del 15-M desde entonces, en un miedo constante por parte de muchas personas a la “censura” por no “hablar políticamente correcto" y también en un gradual regreso al uso generalizado del masculino de manera paralela a la fragmentación y dispersión del movimiento y sus asambleas. Desde el momento en que ha dejado de haber un mínimo de masa crítica dispuesta a señalar el uso de expresiones sexistas y/u homófobas, las prácticas se han relajado de nuevo.
La ausencia de un debate comprensivo sobre las dimensiones de género del lenguaje ha sido parte de una ausencia mayor en las dinámicas internas del movimiento: el género no ha sido una categoría de análisis central a la hora de distribuir tareas, gestionar relaciones y definir los espacios. Dicho de otro modo, a pesar de que el género es un principio organizador básico de la sociedad humana, así como de sus roles, relaciones y desigualdades, y a pesar de que la cotidianidad de los episodios y agresiones sexistas nos exige tener estrategias para abordarlos, el movimiento 15-M en su conjunto no ha problematizado políticamente el género como eje de división y opresión en su seno. Ello se ha traducido, por ejemplo, en la inexistencia de un protocolo de actuación en situaciones de agresiones sexistas en toda su gama y variedad o en momentos de abuso de poder por parte de los hombres.
Un episodio sintomático de ello, entre seguramente muchos otros, fue la incapacidad de un mediador integrante de la comisión de convivencia en Barcelona para reaccionar cuando una mujer componente del equipo de dinamización de asambleas le expresó que había sido víctima de una agresión física por parte de un hombre. Ante la incomodidad que sin lugar a dudas le provocó la situación, el mediador se aferró a la falsa equidistancia que pretende dar igual voz a agresor y agredida y, arguyendo que no podía estar seguro de quién decía la verdad y quién mentía, se lavó las manos y permaneció en silencio. Negaba de esta manera el poder de definición a aquélla y otras mujeres, el cual establece de manera inequívoca, y nada relativista, que existe una agresión desde el mismo momento en que una persona se siente agredida.
Otro episodio relacionado con las dinámicas de género en el movimiento tuvo lugar a inicios de junio cuando la comisión madrileña de feminismos anunció que sus componentes no iban a pernoctar más en Sol como consecuencia de las agresiones sexuales, sexistas y homófobas que habían presenciado y/o sufrido, además de por la invisibilización de estas agresiones y la ausencia de una voluntad colectiva para solucionarlas.
Mientras que por un lado numerosos medios de comunicación utilizaron la declaración de la comisión para desprestigiar al 15-M en un momento en que las acampadas entraban en un proceso de reflujo, los esfuerzos de la comisión legal y otras voces del movimiento para negar la existencia de agresiones en términos legales, y minimizar de esta manera las dimensiones de la problemática, mostraban, una vez más, las grandes dificultades de un sector para abordar políticamente la existencia de dinámicas agresivas y abusos de poder por parte de algunos hombres: una problematización del género en ese contexto hubiera mostrado que lo verdaderamente importante no era si las agresiones eran legalmente punibles o no, sino más bien el hecho de que había compañeras que afirmaban no sentirse seguras en un espacio supuestamente emancipatorio como era Sol.
La incapacidad de abordar políticamente la situación, además, resultó en que, en lugar de proporcionar respuestas colectivas ante la existencia de agresiones sexistas, muchas mujeres tuvieran que optar por soluciones individuales. A efectos prácticos, en lugar de rechazar o expulsar las agresiones o a los agresores de la acampada (en el caso que fueran integrantes de ella), lo que se hizo fue excluir a las personas agredidas de facto o en potencia. Curiosamente, por otro lado, mientras que el movimiento no ha dudado a menudo en señalar que “lo legal no es necesariamente justo” como sus numerosas acciones de desobediencia civil demuestran, en el caso que nos ocupa, la noción de la justicia de género se ha visto subordinada al discurso de la legalidad y a la conservación de la imagen pública del movimiento.
El 15-M no ha desarrollado, de esta manera, herramientas para reconocer la reproducción de la lógica patriarcal en su seno, reflexionar sobre sus manifestaciones concretas y gestionarlas desde una perspectiva feminista. El resultado ha sido que, en episodios como los relatados, la respuesta habitual ha consistido en la invisibilización de la violencia y el silenciamiento de las voces de las mujeres. En ambos casos se ha desaprovechado la oportunidad de realizar un aprendizaje colectivo con el objetivo de reparar daños y evitar que estas situaciones se repitan en el futuro.
Tanto la corrección política como la negación se han visto acompañadas de una profunda preocupación, comprensible aunque injustificable, de que la publicitación de estos episodios pudiera estigmatizar al movimiento y debilitarlo. En tanto que espacio de lucha compuesto por mujeres y hombres, el 15-M ha reproducido el error de sus predecesores al temer que el feminismo lo dividiera al denunciar sus contradicciones internas en lugar de apostar por fortalecerse abordándolas y resolviéndolas. O como mínimo dando un paso en esa dirección.
Hacia una indignación verdaderamente feminista
Si bien el movimiento 15-M constituye uno de los fenómenos más inesperados y relevantes de los últimos años en el escenario político español, es importante destacar que se ha caracterizado por ser capaz de aglutinar de manera masiva un descontento hasta el momento subterráneo y no tanto por ofrecer alternativas necesariamente coherentes, comprehensivas y transformadoras al sistema social, político y económico actual. El 15-M no es tanto un movimiento compacto con un análisis definido de las desigualdades existentes y con propuestas concretas para su desaparición como un espacio más bien etéreo y sin fronteras establecidas cuya principal función ha sido hasta el momento proporcionar maneras de expresar y compartir un creciente y generalizado malestar social. Ello no quiere decir que en su seno no se hayan dado tensiones, debate e incluso pugnas para concretar y radicalizar sus discursos y sus prácticas, pero en todo caso el resultado de todo ello depende de un proceso en el que el movimiento todavía se halla inmerso.
Tras las elecciones generales del 20 de noviembre el panorama político no se prevé nada halagüeño y ya estamos viviendo una profundización de los ataques contra los derechos sociales y los derechos de las mujeres. Habrá que ver cómo responde el movimiento pero, sin duda, después del vertiginoso ritmo de movilización de sus primeros meses de vida, tendrá tiempo de sobras para reflexionar sobre sus prioridades, su organización y su dirección. Mientras que en el texto se ha destacado tanto la gran valía, por un lado, como las innegables limitaciones, por el otro, que el análisis y la práctica feminista han tenido en el seno del 15-M hasta el momento, nada nos permite describir categóricamente el rumbo que éstas tomarán a partir de ahora. Esperemos que como mínimo sea hacia adelante.
No resulta tarea fácil, tal y como la resistencia histórica de numerosos movimientos sociales ilustra, visibilizar, cuestionar y transformar las relaciones de género que definen nuestras sociedades en espacios reivindicativos y de denuncia mixtos. A pesar de algunas agradables excepciones como el grupo de Indignados contra el Machismo de Sol, el feminismo y las feministas continúan encontrándose con enormes resistencias en la actualidad.
Lejos de desanimarnos, no obstante, la constatación de las dificultades puede servirnos como recordatorio de que cualquier paso, por pequeño que sea, en la eliminación de las desigualdades que sufrimos es un paso bien dado. Nos puede servir también para recordar que si los millares de personas que acudieron a las plazas a mediados de mayo para hacer política por primera vez en sus vidas han sido capaces en tan poco tiempo de vencer sus miedos y apatía para debatir de manera incansable entre multitudes, impedir que decenas de familias perdieran sus casas, desafiar a numerosas instancias políticas, religiosas y judiciales y, entre otros retos, denunciar la violencia policial, un trabajo constante, crítico y pedagógico por parte de los feminismos puede conseguir que la indignación de toda esta nueva generación de políticos y políticas profanas acabe siendo feminista también.
En definitiva, puede conseguir, que en lugar de conformarse con poner en evidencia los abusos e injusticias provenientes de las esferas de la economía, la política y las instituciones, los hombres y mujeres que salieron, salen y saldrán a las calles y las plazas, se atrevan a enfrentarse a los que reproducen, sufren e invisibilizan ellos y ellas, nosotros y nosotras, también.
Fotos AmecoPress
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Cuba.- La escritora cubana Zuleica Romay recibió ayer en la Casa Che Guevara de las Américas, en La Habana, el Premio Casa de las Américas 2012, en la categoría extraordinario de Estudios sobre la presencia negra en las Américas y el Caribe Contemporáneos, informó la agencia de noticias Prensa Latina.Romay quien es actualmente la presidenta del Instituto Cubano del Libro, fue galardonada por su trabajo “Elogio de la altea o las paradojas de la racialidad”, el cual narra la lucha que desde el triunfo revolucionario de 1959 se lleva a cabo en la isla caribeña por la igualdad y la plena justicia social.
Preocupante ola de arrestos de activistas iraníes
Dublin.- La organización Front Line Defenders, expresó su preocupación por el arresto y detención de las defensoras de los derechos de las mujeres iraníes, Parastou Dokouhaki y Marzieh Rasouli, por ejercer su derecho a la libre expresión en el país, refirió el portal de la organización. Dokouhaki y Rasouli, ambas periodistas y blogueras, fueron detenidas hace unos días en sus respectivos domicilios en Teherán por agentes de seguridad, acusadas de presuntos actos contra la seguridad nacional y llevadas a la prisión de Evin. Hasta el momento siguen detenidas. Front Line consideró que el arresto en días recientes de periodistas, blogueros y defensoras por parte de las autoridades iraníes, es para intimidar y tratar de impedir protestas en vísperas de las próximas elecciones parlamentarias del mes de marzo, por lo que temen por la integridad física y psicológica de las activistas.
Analizarán papel de las mujeres en los medios de comunicación
Canadá.- La Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC por sus siglas en ingles) llevará a cabo en el Colegio Columbia de Chicago en Estados Unidos, la mesa redonda “Quién figura en las noticias: A Global Review?, el próximo 6 de marzo del 2012. Durante el evento que reunirá a periodistas, especialistas en género y medios de comunicación, se analizarán los resultados del informe 2010 de la Global Media Monitoring Project (GMMP por sus siglas en inglés), investigación extensa sobre el género en los medios de comunicación en Estados Unidos y el mundo.
1/27/2012
Las preocupaciones de fin de sexenio
Los meses que faltan para las elecciones de julio serán decisivos para el futuro del país. Son muchos los retos que tenemos por delante los mexicanos, en todos los campos de actividades, el principal de los cuales será retomar el camino de la paz social y la gobernabilidad, ambos fuertemente ligados y determinantes para que la economía comience a descollar y se inicie un crecimiento real, hasta ahora inexistente en todo el sexenio, pues el promedio anual es menor a 2 por ciento, el más bajo de los últimos dieciocho años. Por ahora no se vislumbran soluciones, de ahí la posibilidad de que la situación de México empeore. ¿Cómo evitarlo?
En manos de Felipe Calderón está poderlo hacer, siempre y cuando quisiera desactivar su malhadada estrategia fallida de lucha contra el crimen organizado, y que en vez de espots plagados de mentiras y demagogia, impulsara políticas públicas de verdadero contenido social. Como esto es imposible, es de esperarse que la situación se agrave. Esto explica la preocupación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sobre los riesgos de que las cosas empeoren al cierre del sexenio, como así ha sucedido en otras administraciones.
El presidente del organismo, Gerardo Gutiérrez Candiani, le pidió a Calderón “que prepare una transición del poder ordenada y con estabilidad; que en ningún momento deje de haber conducción, coordinación y capacidad de respuesta a cualquier contingencia, de forma institucional y eficaz”. Tal preocupación debe compartirla la Casa Blanca en Washington, motivo por el que seguramente vino al Distrito Federal el director de la CIA, la semana pasada, a entrevistarse con el inquilino de Los Pinos.
Aun cuando pareciera que todo está bajo control, quienes tienen acceso a la información de lo que realmente sucede en la nación, como la agencia de seguridad estadounidense, saben que México vive momentos muy dramáticos, que estamos al borde de un estallido social, no sólo porque ha fallado rotundamente la “guerra” de Calderón contra el narcotráfico, sino porque la economía está prendida de alfileres, que paulatina pero firmemente se han ido cayendo, como se advierte por los acontecimientos en torno a la sequía que vive la mitad del territorio nacional.
Es válido afirmar que el narcotráfico es una de las pocas actividades que muestra un crecimiento real, así lo patentizan las informaciones sobre los decomisos de enervantes, la clausura de laboratorios y que por más líderes y tropa de los cárteles que se capturan, la productividad no baja. El problema de fondo es que con la estrategia de Calderón, las autoridades perdieron el control del trasiego, no tienen forma de conocer los movimientos de tanta célula que se generó al combatir a los grandes cárteles. Sobre todo, porque se creó un gran cártel ajeno a todo tipo de reglas, que no conoce límites y que tiene como meta volverse hegemónico: los “zetas”.
La realidad se complica, porque este cártel es ajeno a los pueblos donde opera, cosa que no sucedía con las organizaciones históricas, las cuales tenían firmes compromisos con las comunidades, que los beneficiaban a ambos. La realidad es que tales comunidades no tenían problemas económicos, pues todos se los resolvía el jefe del cártel que operaba en esa zona. Eso se acabó, como lo patentiza la crisis generalizada de las regiones donde ha sido proverbial la economía ligada al narcotráfico, no de ahora sino de hace más de seis décadas. Por eso no había problemas sociales irresolubles, ni la violencia que inició Calderón con su “guerra”.
Por eso tiene razón el organismo Human Rights Watch (HRW), al puntualizar que “la estrategia actual no está funcionando”. Ante el fracaso de la administración de Calderón, el director para las Américas del organismo, José Miguel Vivanco, demandó que el próximo gobierno mexicano cambie la estrategia, y se preguntó: “¿Está el Ejército en condiciones, preparado para seguir esta lucha? ¿O es una entidad que no se subordina a la autoridad civil? Mi opinión es esta última”.
Como en todo el sexenio Calderón no tuvo más plan de trabajo que salvaguardar los negocios de la oligarquía, ahora está actuando como “apagafuegos”, que necesariamente se han estado presentando en todos los ámbitos de la vida del país. El problema mayor es que al mismo tiempo sigue con su táctica de favorecer únicamente a la elite, como lo prueba su afán de que se aprobara la Ley de Asociaciones Público-Privadas, que logró con la complicidad de los legisladores del PRI, y su inagotable interés en que sea aprobada la reforma laboral fascista, que legalizaría un sistema por demás injusto y antidemocrático, que en los hechos se está practicando, pero sin la contundencia que daría la nueva ley en la materia.
Por eso no hay margen para un razonable optimismo, en cuanto a la posibilidad de que la administración calderonista terminara sin la crisis generalizada de otros sexenios. Esta será la peor, lamentablemente.
Business are business
guerra contra el narcotráficoes, además de todo, un estupendo negocio para una serie de corporaciones afines a los demócratas estadunidenses, pero también para múltiples hombres de negocios vinculados al gobierno de Felipe Calderón, por lo que desde esa perspectiva, extremar la violencia resulta benéfico para los negocios.
1. El presidente estadunidense Richard M. Nixon acuñó el término de guerra contra las drogas
, no debe olvidarse, en un discurso pronunciado el 17 de julio de 1971, en el que pretendió estar preocupado por el incremento del consumo de enervantes entre los soldados en Vietnam, cuando en realidad lo que buscaba era aprovechar la alarma que estaba creando al afirmar que las adicciones habían asumido la dimensión de una emergencia nacional
para solicitar importantes recursos al Congreso a fin, entre otras cosas, de ir creando nuevos negocios en torno de esa supuesta lucha contra el narcotráfico.
2. La noción de guerra contra las drogas
encubrió, por consiguiente, desde sus orígenes, además de una serie de objetivos políticos, estratégicos y militares de una potencia imperial, muy claros intereses económicos, tanto del Estado, que pudo disponer cada vez más de fondos excepcionales votados en la colina del Capitolio, como de una serie de consorcios empresariales asociados a esos intereses. Los expertos en la política de Washington sobre las drogas coinciden en que aun después de esa algarada de Nixon, nada cambió en las orientaciones generales de la política estadunidense, que siguió rigiéndose por la ley de 1970 sobre la prevención de las drogas, que no era otra cosa que una secuela de la ley Harrison de 1914 sobre narcóticos. Y nada cambió, ni siquiera al ser elevada dicha guerra
al rango de ley el 28 de enero de 1972. Lo único nuevo desde entonces fue que los negocios florecieron aún más.
3. Las políticas de Washington en materia de drogas se han sustentado por consiguiente en los últimos años en esa doble vertiente contradictoria. Ha llevado a cabo Estados Unidos por un lado una campaña permanente pretendiendo combatirlas y brindar ayuda
a otros países para supuestamente desalentar y reducir su producción, lo que ha entrañado incluso su intervención militar. Y, por el otro, ha tendido invariablemente a preservar el narcotráfico como un gran negocio, reordenado y dirigido desde Washington, el que ha beneficiado incluso, desde su lado ilegal, a políticos del más alto rango, y que desde su lado legal
ha permitido al Estado mayores recursos y a múltiples empresas desarrollar una serie de negocios legales
.
4. Las políticas del gobierno de Barack Obama en la materia han seguido escrupulosamente el esquema nixoniano, y cada vez que ha estado en algún problema político ha invocado a los cárteles mexicanos como una amenaza de dimensión nacional
, para solicitarle recursos frescos al Congreso, sin dejar por lo mismo de apoyar a las multinacionales que están haciendo negocios multimillonarios con la guerra contra el narcotráfico
. La debilidad del gobernante espurio mexicano Felipe Calderón le permitió a Washington en 2006 extremar su esquema de dominación sobre México pero también ampliar su red de negocios.
5. La guerra contra las drogas
de Obama en México ha significado enormes negocios para una serie de empresas vinculadas a los intereses de los demócratas estadunidenses. En un reciente reportaje, Jorge Carrasco Araizaga da cuenta de cómo tanto las empresas privadas asociadas a la industria militar estadunidense como otras nuevas han obtenido millonarios contratos de Washington para proveer de equipamiento y material bélico y de otro tipo tanto a México como a Estados Unidos (Proceso, 2012), lo que se ha fortalecido por la presencia en territorio mexicano de las agencias del gobierno estadunidense, que Calderón ha autorizado operen aquí, y que se hallan bajo la coordinación del contralmirante Colin J. Kilrain, experto también en negocios.
6. Las políticas bélicas de Calderón han beneficiado enormemente a las trasnacionales, pero no sólo a éstas. El Pentágono ha obtenido mayores recursos del Congreso gracias a su intervención en México y en octubre de 2012 pidió otros mil 200 millones de dólares para operar en territorio mexicano, y los contratos de las empresas privadas no dejan de crecer. La Iniciativa Mérida implicó en sus inicios un paquete de ayuda
de mil 400 millones de dólares, y ya para 2008, las empresas estadunidenses habían alcanzado contratos por 64 mil millones de dólares.
7. El aspecto más grave de estas políticas de guerra y negocios no lo constituye sólo el hecho de que se trata de un gasto descomunal creciente el que se ejerce para la destrucción en nuestro país, sino que es ya también este un negocio que beneficia a empresarios
mexicanos coludidos con Calderón, en un escenario en el que México está maquilando material bélico estadunidense (cosa que se le olvidó a éste presumir en Davos), lo que es abiertamente contrario a la Constitución. Conforme al citado reportaje, el año pasado la empresa Aero Company, de Indianapolis, recibió más de 12 millones de dólares para fabricar tapones de armas de combate en San Luis Potosí, JDS Uniphase obtuvo contratos de la Marina estadunidense por 6 y 12 millones de dólares tanto para manufacturar sofisticados equipos bélicos como para elaborar sistemas de pruebas de armas en su planta de Guadalajara, y la Lockheed Martin, de Orlando, se consiguió 145 millones de dólares para elaborar sistemas de vehículos militares en Tijuana.
8. Las políticas de migración estadunidense amparan también enormes negocios, desde la construcción del muro fronterizo hasta los centros de detención que se construyen a lo largo de la frontera. ¿Por qué la “guerra contra el narco” no debería serlo? Por esa y otras razones, Calderón se aterró cuando Gil Kerlikowske, director de la Oficina de Control de Políticas sobre la Droga (ONDCP), declaró el 13 de mayo de 2009 que la administración Obama no utilizaría más el concepto de guerra contra las drogas
por ser contraproducente, y tras negar haberlo él jamás usado ha buscado implementar desde entonces sus políticas de terror por otros medios.
9. El gasto descomunal de las políticas antidrogas no ha servido para terminar con un negocio que está más que nunca en auge –pues en el fondo sólo se ha buscado reordenarlo–, sino para sembrar un clima de violencia y terror en un país y matar a decenas de miles de mexicanos, pero también para impulsar una serie de negocios ilegales en los que están involucrados políticos y empresarios de ambos lados de la frontera, por lo que desmantelar todas esas redes de intereses espurios va a ser una tarea muy complicada en el futuro.
10. Esa confusión de intereses públicos y privados que asfixia a un pueblo que clama ¡Ya basta!
debe ser, por ello, evidenciada más abiertamente si se quiere construir un país diferente.
“Criminalizar a mujeres que abortan, el mayor mérito político de Beatriz Paredes”
Feministas coinciden que no garantiza derechos de mexicanas
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México DF, 26 ene 12 (CIMAC).- La trayectoria política de la priista Beatriz Paredes Rangel, quien ayer dejó su cargo como diputada federal para contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), está marcada por el silencio que guardó cuando su partido encabezó la criminalización de las mujeres por aborto en 17 estados de la república.
Esta acusación ha sido sostenida por feministas del país, quienes reclaman a la tlaxcalteca que de 2008 a 2010 –cuando ocupaba la presidencia nacional del PRI- no alzó la voz para exigir que se respetara el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Sabina Berman señaló en la publicación Cuadernos Feministas: “Escribe usted que ha tenido que sacrificar sus altos ideales feministas y de izquierda por los todavía más cruciales ideales democráticos. Como presidenta del PRI, su deber ha sido respetar la libre elección de cada diputado priista al votar, bajo el peso de su conciencia individual, sí o no a las reformas que criminalizan el aborto”.
“¿Democracia, licenciada Paredes? No. Simulación de democracia”, afirmó la escritora mexicana, pues añadió que “típicamente” cada legislador recibió la iniciativa un día antes de la votación y en cuestión de un par de horas reformaron sus constituciones locales para proteger la vida desde la concepción y hasta la muerte natural.
Patricia Galeana, feminista y presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias, asevera que el PRI, desde su dirigencia nacional ha utilizado los derechos de las mujeres como “moneda de cambio”, y el ejemplo más claro son las reformas constitucionales en 17 estados, de los cuales 10 estaban gobernados por el PRI, 6 por el Partido Acción Nacional, y uno por el Partido de la Revolución Democrática.
Durante el foro “Estado laico y derechos sexuales y reproductivos: desafíos actuales y agenda política”, Galeana acusó que “los obispos le hablaban a los gobernadores, éstos le hablaban al presidente del Congreso, les mandaban el texto del cual en algunos casos no hubo siquiera primera lectura, les dieron un ‘albazo’. Y en esas condiciones, el PRI, fundamentalmente, abdicó de su origen revolucionario y pactó los derechos de las mujeres, aceptando la criminalización de ellas”.
Mientras su partido atentaba contra la laicidad del Estado, desde la dirigencia nacional la ex gobernadora de Tlaxcala, quien inició su trayectoria a los 21 años como diputada local, se limitó a decir que respetaba la decisión de las y los diputados locales.
En febrero de 2010 -diez meses antes de que el congreso local de Tamaulipas modificara su constitución local para penalizar el aborto en la entidad- Paredes Rangel excusó a su partido diciendo que no todas las entidades que reformaron su legislación local estaban encabezadas por el PRI, ni tenían mayoría priista en sus congresos.
Gabriela Rodríguez, directora de la organización civil especializada en derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes Afluentes, opina que el “mayor mérito político” de la segunda gobernadora del país, “ha sido negar el derecho a decidir de las mujeres y de las indígenas” en 17 entidades federativas.
Así, hoy es posible “llevar a la cárcel en calidad de homicidas a las mujeres que decidan abortar”, muestra de ello es que actualmente hay mexicanas en prisión por este delito o acusadas de homicidio en razón de parentesco tras sufrir un aborto espontáneo, en 11 estados de la república.
La mayoría de ellas son mujeres rurales, indígenas, campesinas de escasos recursos, como lo ha documentado la organización civil guanajuatense Las Libres.
Ante este escenario, Gabriela Rodríguez califica a Beatriz Paredes como “una mujer muy inteligente, cuya motivación política lejos de fortalecer los derechos de las mujeres, ha sido la de ganar votos”.
En los hechos, el actuar de la primera mujer que ocupó la Secretaría general de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la presidencia nacional del PRI, coincide con su definición de que las mujeres en la función pública no “representan a sus representadas”; sólo a la agenda de sus instituciones políticas.
Y así lo plasma en su libro publicado en 2008 titulado “Con la cabeza descubierta”, donde la priista sostiene en su discurso “La mujer en la vida política nacional” que “las mujeres, cuando arriban a la cúpula del poder, y ejercen posiciones realmente relevantes, en términos generales, responden a los patrones ideológico-políticos de la organización política que representan.
En este sentido, si la organización político-social que representan no contiene como parte de su plataforma propuestas reivindicadoras de las demandas femeninas, difícilmente aplicarán medidas de esta naturaleza a no ser de manera adyacente o marginal”, concluye la única mujer que ha sido subsecretaria de Gobernación por tres ocasiones, dos de ellas subsecretaria de Gobierno.
EL USO DEL DISCURSO FEMINISTA
La priista, quien considera personas influyentes en su vida y trayectoria a la ex senadora María Lavalle Urbina, a la ex gobernadora Griselda Álvarez, a la investigadora Lourdes Arizpe y a la feminista Marta Lamas, no integra entre sus logros curriculares, acciones a favor de los derechos de las mujeres, según información publicada recientemente en su página web.
A pesar de enunciar un discurso feminista en el que destaca “su interés” por el avance de las mujeres, ellas no han sido prioritarias en el desarrollo de sus tareas. Por ejemplo, en su informe acerca de su labor en la LXI Legislatura sólo menciona que participó en la aprobación de un dictamen que incorpora la perspectiva de género como principio rector de la planeación en México.
Durante su gobierno en Tlaxcala, de 1987 a 1992, Beatriz Paredes, quien entonces tenía 34 años de edad, destaca su labor en los ámbitos cultural y educativo, y su falta de experiencia para avanzar en materia agropecuaria. En ese periodo, no refiere ninguna acción específica a favor de las habitantes de su estado, según se puede apreciar en su texto “Con la cabeza descubierta”.
Indica que a la cabeza de la CNC, donde ocupó la Secretaría de Acción Femenil y participó en la alfabetización de campesinas y convocó a congresos de mujeres de este ámbito, se comprometió a respaldar su desarrollo, pero no refiere de qué forma lo hizo.
Mientras que en 1985 como subsecretaria de la Secretaría de la Reforma Agraria la priista creó el Programa de Participación de las Mujeres en la Consecución de Desarrollo Rural, unas semanas después de que Lourdes Arizpe le cuestionó por qué no organizaba a las mujeres del campo, ya que ellas representaba la base de las comunidades agrarias.
Cabe mencionar que esta agencia de noticias solicitó reiteradamente al equipo de Beatriz Paredes información acerca del trabajo político y legislativo de la tlaxcalteca en beneficio de las mexicanas, pero a la fecha la petición no ha sido resuelta.
Mercantilización educativa
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La mercantilización de la educación superior ha alcanzado enormes y peligrosos niveles en el país. De la organización de algunos sistemas empresariales educativos se pasó a la proliferación sin ton ni son de medianos y pequeños negocios de lucro que ofrecen educación presencial, semipresencial y virtual, muchos de ellos sin contar con ninguna regulación ni evaluación de por medio, que han invadido el mercado sin ninguna regulación gubernamental y que para la sociedad son un verdadero fraude. En los últimos 20 años, el crecimiento de la matrícula incorporada a los negocios educativos ha sido de más del 400%, y éstos superan ya a las instituciones de educación pública, que se ha estancado y perdido vigencia.
Se trata de un fenómeno incontrolado por parte de las autoridades –a las cuales habrá que demandar una explicación pública al respecto– que está cobrando víctimas de forma masiva entre los jóvenes sin otra oportunidad educativa, y que tiene como consecuencia el engaño sobre lo que se estudia, los títulos que se obtienen, su validez en la sociedad y, sobre todo, el futuro profesional o técnico que se ofrece, que llega a ser un simple imaginario.
El gobierno de Felipe Calderón ha impulsado como ninguno este proceso de “macdonalización” de la educación y el lucro empresarial desmedido en el sistema educativo, en contra de una educación pública de calidad y buena para todos. Sus reformas en este sentido han sido constantes, pero una de las más recientes atenta contra la racionalidad y la cordura frente a las grandes desigualdades y procesos de desescolarización que padecen millones de niños y jóvenes. Parecería incluso que se trata de decisiones que no toman en cuenta lo que acontece en otras partes del mundo.
Las medidas que se impulsan en México para seguir mercantilizando la educación superior (como las anunciadas recientemente por Calderón, de becas-crédito para un grupo selecto de instituciones de educación superior privadas con intermediarios bancarios) han sido rechazadas, convertidas en demandas de movilización social y evaluadas durante décadas por organismos internacionales y nacionales como absolutamente negativas para poner en marcha fórmulas de reformas educativas y sociales afirmativas. Véanse los casos de Inglaterra, Puerto Rico, Colombia, España, Japón, Estados Unidos y el más emblemático y cercano de Chile, tan solo por mencionar algunos de los que están vivamente presentes.
Para este último caso, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC) de la UNESCO, frente a las demostraciones que han sido una muestra del malestar social de los jóvenes ante la mercantilización de la educación media y superior en Chile, solicitó al doctor Vernor Muñoz, relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación 2004-2010 (conocido en México por haber realizado una crítica severa de las relaciones de contubernio contrarias al desarrollo educativo en la SEP entre el PAN y el SNTE), realizar un estudio internacional respecto de las violaciones que se cometen en la educación como derecho humano cuando se define como un servicio negociable.
En dicho estudio, divulgado recientemente (noviembre de 2011), se concluye que las medidas de mercantilización educativa impulsadas desde la dictadura de Pinochet en Chile –idénticas a las que está promoviendo el gobierno federal mexicano– son en extremo negativas para la sociedad: a) porque no consideran a la educación como un derecho y son causales de la emergencia que vive Chile actualmente, debido a que las mismas no solucionan las asimetrías y disparidades sociales que han sido documentadas en materia de oportunidades educativas; b) porque hacen más importante el derecho del sostenedor educativo sobre su negocio, que la participación de los actores educativos en su educación; c) porque vuelven al Estado un ente meramente “subsidiario”, y c) porque este sistema, basado en la entrega directa de dinero a los sostenedores educacionales, “es perjudicial en tanto induce a la competencia entre escuelas para captar alumnos y alumnas y así cubrir sus gastos mes a mes” (página 63).
En los casos nacionales mencionados, las manifestaciones de rechazo han sido multitudinarias, como se puede comprobar desde finales del año pasado, y en Chile han puesto en jaque al gobierno de Piñera, que no ha podido dar una alternativa distinta a la empresarial y mercantil, con la perspectiva de garantizar una educación como un derecho social, público y humano.
Aquí tampoco se ha dado esta alternativa. El gobierno de Calderón está comprometido a hacer de la educación una vil mercancía, a las escuelas un negocio parecido al de la venta de hamburguesas, y a la SEP un sitio en donde se mueven intereses parecidos a las negociaciones bancarias y especulativas.