VIOLENCIA
Reclaman activistas mayor diálogo y reformas legales
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- A seis meses de haberse instalado, la Comisión Especial del Feminicidio de la Cámara de Diputados se reunió por vez primera con organizaciones civiles para intentar coordinar esfuerzos contra la violencia de género.
En la Cámara baja, diputadas de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación a los Feminicidios Registrados en México, escucharon hoy las demandas del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres.
La reunión –convocada por la perredista Margarita Elena Tapia Fonllem y la panista Leticia Calderón Ramírez– tuvo como objetivo principal informar a activistas del trabajo que hasta ahora ha realizado la comisión, y conocer las acciones urgentes que se deben emprender.
Tapia Fonllem presentó un resumen de las labores de la Comisión de Feminicidio, instalada el pasado 13 de abril luego de que fue ratificada al vapor por el Pleno de San Lázaro en diciembre de 2012.
La legisladora destacó la visita realizada a los estados de Baja California Sur (BCS), Querétaro, Morelos y Guanajuato, donde en meses recientes ha sido negada la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG), mecanismo de emergencia estipulado en la ley para atender a las mujeres.
Durante la primera reunión ordinaria de la comisión se habían acordado visitas a las entidades donde no había sido tipificado el delito de feminicidio. De esas entidades, sólo BCS no ha tipificado aún este tipo penal.
Tapia Fonllem anunció que ya se tienen previstas visitas a los estados de Sonora, Chihuahua y Nuevo León.
Dijo que en las reuniones con las y los funcionarios estatales se advirtió que desconocen la existencia y contenidos de los tratados y convenios internacionales a favor de las mujeres, y que cuentan con poca o nula perspectiva de género al realizar su labor.
Leticia Calderón Ramírez declaró que en esas reuniones han participado incluso los gobernadores, quienes se han limitado a presentar informes y cifras favorables sobre las acciones que emprenden contra la violencia de género, aunque no reflejan la realidad de las entidades.
También reconoció que no todos los casos de feminicidio son investigados como tales, y en cambio muchos son considerados como “homicidios dolosos”.
Mayela García, integrante de la Red de Investigadoras y presidenta del Colectivo de Mujeres en Veracruz, reconoció la voluntad política de las legisladoras, pero puntualizó que se necesita un trabajo más activo, pues la erradicación de la violencia de género y sobre todo de la violencia feminicida debe ser prioritaria.
Demando que se ponga atención en que las autoridades no aplican los tipos penales de feminicidio, tampoco operan los mecanismos de protección que mandata la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (AVG y órdenes de protección), y que persiste la falta de información sobre los casos de violencia.
García enfatizó que la no acreditación del feminicidio se debe a que aunque se cuente con un tipo penal en los códigos penales, no se han modificado las leyes orgánicas de las procuradurías de Justicia estatales y del Poder Judicial, para obligar a los servidores públicos a investigar de manera pertinente estos casos.
Gabriela Rivero, integrante del OCNF, pugnó porque las legisladoras además de reunirse con las autoridades de los estados, dialoguen con las organizaciones civiles de las entidades, pues son ellas “las que realizan el trabajo de campo, acompañamiento y seguimiento de muchos casos de violencia y conocen el contexto real de las mujeres”.
Rodolfo Domínguez, también integrante del OCNF, llamó a una reforma integral de la Ley General de Violencia, ya que es necesario hacer mejoras a la AVG y en el otorgamiento de órdenes de protección. Explicó que de los 58 mil hechos de violencia registrados sólo se han otorgado órdenes en 7 mil.
También exigió que se llame a las procuradurías estatales a rendir informes puntuales y precisos sobre los casos de feminicidio, pues prevalece la falta de claridad en los registros y la no coordinación entre autoridades para generar información.
Ante la propuesta de la diputada Calderón de incluir en el Código Único de Procedimientos Penales (que actualmente se elabora en ambas cámaras del Congreso), un protocolo de investigación del feminicidio, Domínguez reviró que cada uno de los estados tiene características específicas y vive contextos distintos, por lo que habría que valorar la viabilidad de crear un solo protocolo aplicable en todo el país.
Las legisladoras pidieron a las activistas les den oportunidad de elaborar una propuesta de trabajo, la cual se acordó será presentada en una futura reunión con grupos civiles aunque no se le puso fecha.
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