Silencio por decreto

 Manuel Fuentes Muñiz

Fueron miles de personas indignadas que salieron a las calles de la ciudad de México el pasado sábado, en rechazo al proyecto de Ley de Telecomunicaciones redactada por personeros de grupos de poder en la oscuridad de las cavernas del pasado. Su pretensión a toda costa es silenciar voces alternativas de las redes ciudadanas.

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Fue sorprendente la movilización de personas de todas edades, que sin conocerse, se tomaban de las manos para formar una gran cadena humana en rechazo al silencio por decreto que aspiran imponer grupos oscurantistas.

Desde las inmediaciones de Los Pinos, donde está la casa presidencial, hasta las instalaciones de Televisa se manifestaron personas contrarias a este proyecto legislativo. Portaban carteles hechos a mano, algunos lanzaban gritos de reclamo, otros con su presencia, en silencio, manifestaban su rechazo.  Los jóvenes que participaban mayoritariamente, iban y venían para lograr que la cadena humana se prolongara por calles y calles.

La alegría e inconformidad se expresaba con la incomodidad de otros, como de la policía del Distrito Federal que tiene la costumbre de hacer el trabajo sucio de esos grupos de poder empecinados en silenciar la protesta.  Hubo lugares en donde físicamente, la policía capitalina, impidió que la cadena humana se instalará y en otros espacios, hasta implementó acciones de “encapsulamiento” (cercó a los manifestantes para impedir su tránsito por las calles).

Días atrás esta policía agredió física y verbalmente a visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sin miramiento alguno.  A pesar de que portaban sus chalecos blancos que los identificaba como observadores y receptores de quejas ciudadanas fueron burla de esa policía.  Hasta les robaron un celular que usaban los defensores para evitar ser grabados.

No bastan las simples suspensiones de esos “garantes de la ley” como se ha anunciado.  La sanción debe ser ejemplar decretando su cese definitivo, incluso imponiendo responsabilidades penales contra ellos.  No estaremos de acuerdo con una simple amonestación o suspensión temporal de sus labores porque significaría solapar estas agresiones contra ellos o contra cualquier ciudadano.

Estas acciones ciudadanas de protesta, que incomodan a la gente del poder, han ido en ascenso a pesar de que medios de comunicación tradicionales las ocultan intencionalmente.  Lo hemos visto con el silenciamiento de los actos convocados por el Congreso Popular, que es expresión de miles de ciudadanos.

Incomoda a quienes detentan medios de comunicación masivos, que cualquier ciudadano acceda a otros medios masivos como las redes sociales.  Quieren ellos controlar todo tipo de expresión y  no están de acuerdo que las ideas se hagan de manera libre; a como dé lugar quieren amordazarlas.

No están de acuerdo que haya la respuesta de miles de ciudadanos en internet, a una fallida declaración presidencial o a un atropello gubernamental.  El Twitter lo usan funcionarios públicos de todo tipo para difundir sus acciones gubernamentales, pero saben que se les mira con recelo y desconfianza cuando no responden a reclamos justificados; algunos de manera insensata llegan al extremo de bloquear cuentas o guardar silencio a una petición concreta.

La participación de los funcionarios públicos en las redes sociales no debe ser una concesión graciosa sino una obligación en la que atiendan de manera obligatoria los reclamos y demandas de los gobernados.

Hay incluso quienes tienen la intención de usar las redes como medio de proselitismo político.  El PRI, por ejemplo, proyecta disponer de 300 mil cuentas en redes sociales para difundir sus programas y justificar las acciones de gobierno.

Los redactores de esta regresiva Ley de Telecomunicaciones buscan que sea el gobierno quien decida cuándo y a quiénes se puede coartar la difusión de sus ideas.  Existe preocupación en ellos que la comunicación vía internet sea un medio para oponerse a las llamadas “reformas estructurales” que tienen como intención favorecer los grandes intereses económicos.

Pretenden imponer el silencio por decreto, quieren que se acaben las ideas propias, que se piense como el de arriba para que el gobernante sonría.  Prohibido pensar diferente.

Quieren justificar la subasta de la Nación y que todo mundo aplauda.  No protestar, no movilizarse, no inconformarse, eso quieren.  Hacer un monumento a la televisión para que ellos impongan las ideas de un solo lado, a nivel nacional, pero no dar espacio a quien no está de acuerdo, sólo quienes ellos decidan, para que les rindan loas. Pero están equivocados.

mfuentesmz@yahoo.com.mx          

Twitter: @Manuel_FuentesM