Mujeres indígenas: voces silenciadas

Juana Gómez fue asesinada en el 2013 en Chaco luego de ser violada y en breve se iniciará el juicio oral. Reina Maraz tiene prisión domiciliaria luego de haber sido acusada de asesinar a su marido. Las dos son mujeres, pobres e indígenas, Reina además es migrante

Belén Spinetta

Buenos Aires, 21 a br. 14. AmecoPress/Comunicar Igualdad.- Juana Gómez era una joven chaqueña de 15 años. El 26 de julio de 2013 fue hallada muerta atada a un árbol en la localidad de Quitilipi. Su cuerpo fue encontrado semidesnudo, atado por el cuello a un árbol y con signos de haber sido golpeada salvajemente. La autopsia posterior confirmó que además había sido violada.

Reina Maraz estuvo detenida en la Unidad Penitenciaria Nº 33 de Los Hornos (provincia de Buenos Aires) desde noviembre de 2010. Arrancada de su Bolivia natal, la joven quechua pasó un año encerrada sin comprender por qué… la acusaron de matar a su marido. No hablaba el español y apenas comprendía lo que le decían. Parió en la cárcel, sola y separada forzadamente de sus otros dos hijos. Hoy espera en prisión domiciliaria, que llegue el juicio que le ponga fin a su larga historia de sufrimiento. (Ver Las barbaries sobre Reina Maraz).

Aunque separadas geográficamente y por distintas circunstancias, las historias de Juana y de Reina se cruzan en un mismo punto. Desde que nacieron sus vidas estuvieron atravesada por distintas discriminaciones: ser mujer, ser originaria, ser pobre. Reina además, por ser migrante en una tierra hostil.

Las historias de estas dos jóvenes, pertenecientes a dos pueblos originarios distintos de nuestra América Latina, ponen al desnudo las múltiples violencias que sufren las mujeres indígenas. Ocultadas por siglos de opresión -de clases, de género, de etnia- sus historias son un llamado de atención para que la sociedad toda abra los ojos e interpele más que nunca a quienes tienen que tomar cartas en el asunto.

Las barreras de la justicia

“Estamos peleando porque el caso de Juana no quede impune como tantos otros casos que tenemos en la provincia”. La que habla es Elizabeth González, originaria qom, miembra en Chaco del Consejo Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) e integrante de la multisectorial de mujeres de Resistencia. Su voz se escucha fuerte al otro lado del teléfono, una voz que clama justicia. “No queremos que quede impune”, insiste y recuerda el caso de Natalia Flores. Natalia también tenía 15 años, también era qom, y también fue víctima de femicidio. En julio de 2007 fue encontrada muerta tirada a orillas del Riacho Arazá, en la Localidad de Fontana. Natalia también había sido violada. La causa de su muerte cerró sin culpables, por falta de pruebas.

“Nosotras vivimos a diario este atropello, no solo por ser mujeres, sino por ser mujeres indígenas y mujeres pobres. Hay fuertes barreras en el acceso a la justicia. Si no hay un poco de prensa para visibilizar la situación que vivimos las mujeres originarias, éstos hechos quedan ocultos. Nadie quiere destapar estas cuestiones y esa es nuestra realidad como mujeres indígenas que proseguimos en pie de lucha”, remarca González.

La situación de violencia de género que se vive en Chaco es alarmante. En lo que va del año ya fueron asesinadas cuatro mujeres producto de estas violencias: Nancy Adelaida Molina, Eliana Mabel Almirón, Yamile Gómez y Cecilia Gómez. “Hay un reclamo fuerte. No solamente de las mujeres indígenas, sino de todas las mujeres en general. Nos venimos movilizando pidiendo que se declare la emergencia en esta materia que es la violencia de género. Las barreras son muy grandes y en el caso de las mujeres indígenas se agravan por no saber hablar la lengua castellana”, enfatiza.

Días atrás, la causa por el asesinato de Juana Gómez fue elevada a juicio y caratulada como femicidio agravado por abuso sexual con acceso carnal. Por el hecho hay dos imputados, unos hermanos de apellido Pereyra, quienes vivían en el mismo barrio que la joven y que esperan el juicio alojados en la alcaidía de la localidad de Sáenz Peña. La información fue confirmada por Andrea Charole, presidenta del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), y por Silvina Canteros, abogada a cargo de la Dirección Provincial de la Mujer, un área que depende de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Un Estado sin respuestas

“La situación de los derechos de las mujeres aborígenes en el Chaco sigue siendo de absoluta vulneración”, sentencia Canteros, quien remarca que a diario toman conocimiento de nuevos episodios en los que las víctimas son las originarias qom. “Hace poco supimos del caso de una nena de once años de Saenz Peña, abusada, embaraza y que había tenido el bebé sin que hubiera un solo detenido”. La profesional asegura que desde el Estado provincial se han dado algunos “gestos políticos importantes” pero que no son suficientes para abordar la problemática de fondo.

“Nos es muy difícil conseguir decisiones políticas de jerarquía que impliquen asignación de recursos y por ende la planificación de políticas públicas de mayor alcance territorial”, enfatiza. Canteros reconoce que incluso desde la Dirección de la Mujer, que tiene competencia provincial, es muy poco lo que pueden hacer hacia el interior y las zonas rurales, que es donde se asienta la mayor concentración de población originaria. La falta de recursos económicos y humanos capacitados y sensibilizados con la temática, aparecen como las principales equivocaciones.

Desde el IDACH, un organismo bastante cuestionado por las organizaciones sociales y de mujeres, Andrea Charole reconoce las múltiples discriminaciones que atraviesan las mujeres originarias. Focaliza fundamentalmente en las dificultades en el acceso a la justicia, marcadas fuertemente por las barreras idiomáticas y la discriminación de clase. “La Justicia con respecto a la mujer aborigen es muy complicada y es muy lenta.

El gran problema de las mujeres indígenas es el tema de la traducción; una mujer que va a una comisaria a hacer una denuncia muchas veces no puede hacerlo por falta de intérpretes, a lo que se suma el maltrato”, señala. También reconoce que hay muchos otros casos que no han tomado estado público. “Este caso de Juana Gómez se hizo de mucha publicidad porque sucedió en la fiesta del Gauchito Gil y se pudo meter en todos los diarios, pero hay casos que no fueron revelados a nivel público”, asegura. Recuerda el caso del niño de 12 años Ilmer Flores, asesinado en Bermejito, quien aparentemente también fue violado y afirma que han recibido muchas denuncias de mujeres originarias violadas en Pampa del Indio.

La presidenta del IDACH también alertó sobre el avance de la trata de personas, señalando que las redes mafiosas tienen como blanco vulnerable a las jóvenes qom. Relató un hecho que le tocó vivir en el que fue trasladada por un remisero hacia un lugar alejado, suceso que la marcó para siempre y del que afortunadamente pudo salir ilesa. Sobre esto señala que son pocos los controles.

Pese a reconocer esta situación de extrema vulnerabilidad, Charole remarca como un hecho muy positivo que la causa por el femicidio de Juan Gómez haya sido elevado a juicio en tan poco tiempo.

Desandar un camino para poner fin a las múltiples violencias

Chaco es una de las provincias más pobres de nuestro país. Según datos proporcionados por Andrea Charole, en su territorio habitan al menos 20 mil indígenas toba, 8 mil wichis y 10 mil mocovíes. La mayoría vive en la zona rural donde sufren la falta de acceso a los servicios básicos como agua potable, gas y energía eléctrica. La situación de las mujeres originarias se agrava por su condición de extrema pobreza. Una situación que es muy alarmante en todo el noroeste de nuestro país.

Según el último censo nacional de 2010, en Argentina habitan cerca de 955.000 personas de pueblos originarios. No hay datos desagregados por sexo, ni estadísticas que visibilicen la prevalecía de la violencia de género sobre este sector de la población; como no las hay en general.

Un informe reciente del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Cepal, señala que la distinción urbano-rural sigue siendo un marcador de desigualdad en la región, en especial dadas las grandes diferencias que persisten en cuanto a la oferta de servicios básicos, de educación, salud y empleo que afectan negativamente a las poblaciones rurales en general, y a las mujeres indígenas en particular.

Como Reina y Juana miles de mujeres originarias sufren las múltiples discriminaciones por el sólo hecho de ser mujer, por ser pobres, por ser indígenas, por ser extrañas en un territorio que no les pertenece. Y como ocurre en muchos casos, estas situaciones se visibilizan y ponen de manifiesto sobre el cuerpo de ellas. Las mujeres son violentadas y hasta asesinadas, para que la sociedad en su conjunto, y fundamentalmente el Estado tome nota de lo que sucede.

Fotos: Comunicar Igualdad.