Yerros, indefiniciones y opacidad

Aleida Calleja

En lo que concierne a las políticas públicas de telecomunicaciones y radiodifusión el gobierno de Enrique Peña Nieto va de un traspié al otro, entre yerros, indefiniciones y opacidad este gobierno muestra poco entendimiento del sector, aunque hay quien piense que es todo lo contrario, que lo entiende tan bien que por eso sigue una estrategia del gato pardo, cambiar todo para al final no cambiar nada.

Al momento en tres temas de las más alta relevancia podemos observar yerros que impiden el desarrollo del sector y son signos de preocupación por las consecuencias que tendrán para nuestro país. Me refiero a las polémicas iniciativas gubernamentales para las leyes de telecomunicaciones y radiodifusión que se discuten en el Senado, a la nueva prórroga para el apagón analógico y la Estrategia Nacional Digital (EDN).

La ley que casi nadie quiere

Ante el rechazo casi unánime que ha suscitado el paquete de iniciativas de leyes secundarias en telecomunicaciones, las explicaciones por parte del gobierno y algunos de sus defensores para justificar su contenido poco se sostienen. Muchos de los gravísimos errores de esas iniciativas que se han marcado hasta el cansancio fueron recientemente confirmadas en el Senado, por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, el pasado 8 de mayo.

El Relator, por estar en una vista académica y no oficial, fue cuidadoso de no manifestar directamente las violaciones a los derechos informativos de la iniciativa presidencial, pero a través de la ejemplificación de lo que sucede en la experiencia internacional marcó con detalle sus graves falencias, como el hecho de que la regulación de contenidos sea una facultad de la Secretaría de Gobernación y no de un órgano independiente, la censura que se puede ejercer con el control de las redes en Internet, la falta de independencia los medios públicos, las condiciones discriminatorias para los medios de uso social y la falta de reglas claras para acotar a los monopolios de la información.

En pocas palabras Frank La Rue, con habilidad diplomática, reprobó el fondo y la forma de estas iniciativas que se quieren aprobar al vapor en el Congreso en lo que será posiblemente un periodo extraordinario en junio.

Es de llamar la atención el desaire que las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos le hicieron al representante de la ONU al no asistir a la reunión, indicativo del desprecio de sus respectivas presidencias por el debate abierto y transparente.

El apagón que no llega

Si bien la reforma constitucional en la materia indica que el apagón analógico para la transición a la TV digital debe de concluirse el 31 de diciembre de 2015, con miras a generar las condiciones para la entrada de nuevos jugadores para la TV abierta, ese objetivo cada vez se ve más lejos.

Aunque era de esperarse que fuera el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) quien siguiera con el proceso para su implementación, como lo hacía la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, aquel renunció a esa facultad que se transfirió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que mes con mes promete que dará a conocer en “breve” el programa para el apagón y hasta la fecha no sucede.

La SCT mantiene este rubro tan esencial para promover la competencia, en la casi total opacidad con decisiones que son incompatibles con los principios de eficacia y racionalidad con los que debe regirse cualquier gobierno, como el despilfarro que representa la entrega de televisores digitales en lugar de decodificadores a la población con menos recursos, lo cual aumenta considerablemente el gasto de recursos públicos sin una justificación clara.

Mire usted, un decodificador tiene un costo aproximado de 700 pesos, mientras que los televisores digitales adquiridos por la SCT tiene un costo de 2 mil 300 pesos cada uno, la justificación de la dependencia para este cambio es para que las familias puedan tener acceso con estos equipos al Internet. Pero da la casualidad que esos aparatos permiten navegar, pero no interactuar, por lo que su acceso a internet es limitado, y por otro lado si se le van a entregar a las familias más pobres es sumamente difícil que tengan recursos para contratar internet mensual. Entonces ¿a quien beneficia ese cambio?

Ante la ausencia de un calendario para la entrega de los televisores digitales y la bajísima penetración que actualmente tiene la TV digital el IFT anunció a finales de abril una nueva prórroga para el apagón en el norte del país que debió de darse en este mes de mayo, pero como las ciudades contempladas (Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Monterrey, Mexicali, Reynosa y Matamoros) no llegan al 90 por ciento de penetración se pospuso para noviembre.

Así que se ve cuesta arriba que este año se avance en el apagón y la entrega de televisores se dará sobre todo en el siguiente, en pleno proceso electoral para 14 estados y la renovación de la cámara de diputados.

Sin apagón se desincentiva la competencia para la licitación de las dos nuevas cadenas de TV, pues los nuevos jugadores no tendrán las condiciones para que la mayor parte de la audiencia los sintonice, generando asimetrías que solo benefician a las actuales televisoras comerciales que juntas cubren el 94 por ciento de la audiencia nacional. Además de que se impide utilizar plenamente las banda del 700 Mhz para las redes de cuarta generación para el Internet, que actualmente ocupa la TV analógica.

La EDN que no tiene estrategia

En noviembre de 2013, el presidente Peña dio a conocer su EDN, con buenas intenciones y objetivos, pero hasta le fecha siguen en la indefinición los responsables, las metas, indicadores, programas y tiempos específicos para ejecutar sus acciones. Lo mismo sucede con las definiciones para la implementación de infraestructura para que por lo menos el 70 por ciento de la población pueda acceder a la banda ancha y el Internet tanto con la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, como de las bandas de 2.5 Ghz y la de 700 Mhz.

El resultado es que somos de los países más atrasados en América Latina en conectividad, alfabetización e inclusión digital, con consecuencias en los ámbitos de la educación, la economía y el desarrollo.

En esta materia el desempeño del gobierno de Peña Nieto se parece cada vez más al desastre que fue la gestión de Felipe Calderón. Así las cosas.

Coordinadora de Advocacy del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, OBSERVACOM (www.observacom.org)

@Callejag