Veracruz, Tabasco, Campeche y Tamaulipas serían los más afectados: especialistas
Legisladores del tricolor y el blanquiazul pusieron en peligro la soberanía del país, dice el sol azteca
Emir Olivares Alonso e Israel Rodríguez
Periódico La Jornada
Los
despojos a propietarios, comuneros y ejidatarios de tierras y bienes a
través de expropiaciones, planteados en las leyes reglamentarias de la
reforma energética en materia de hidrocarburos y electricidad,
afectarán más de 400 mil kilómetros cuadrados de terrenos en 12
entidades del país, aseguró el senador perredista Luis Sánchez.
Al participar en un foro sobre medio ambiente en la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), Sánchez, vicepresidente de la mesa
directiva del Senado, presentó un estudio realizado por su equipo, en
el que se alerta sobre la intentona de expropiar las tierras de
pequeños, medianos y grandes propietarios cuando se decrete la
existencia de yacimientos de petróleo y gas, así como para
instalaciones eléctricas.
La investigación, hecha con base en información de Petróleos
Mexicanos (Pemex), muestra que con esas expropiaciones se afectaría,
tan sólo en el caso de las reservas de hidrocarburos, a 260 municipios
de entidades como Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas,
San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Campeche.
A lo que habría que sumar los espacios para la industria eléctrica.
En tanto, el experto en temas energéticos Fabio Barbosa Cano,
advirtió que las leyes secundarias de la reforma energética –que se
discuten en el Senado–
preludian la agudización de conflictos sobre defensa de tierras a la que empujan a los ejidatarios, campesinos e indígenas, porque se traslapan con algunas de las grandes áreas prospectivas de México.
Barbosa Cano, integrante del Instituto de Investigaciones Económicas
de la UNAM, aclaró que quizá el conflicto es débil y disperso en zonas
como el desierto de Chihuahua o de algunos municipios de Coahuila, pero
muy intenso en áreas como la cuenca Tampico-Misantla, donde Pemex
espera encontrar el mejor potencial mexicano en gas de lutita o también
conocido como de esquisto (shale, en inglés).
El especialista consideró que las poblaciones suceptibles de ser
afectadas por las expropiaciones de importantes áreas son: Veracruz,
Tabasco, Campeche y Tamaulipas.
Lo que marca la norma
En entrevista con La Jornada, explicó que
ratificando lo planteado en el artículo octavo transitorio que define
la exploración y extracción de hidrocarburos como actividad
estratégica, de interés social y
orden público, entonces se tendrá preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y el subsuelo.
Barbosa Cano consideró que se exacerbará el conflicto rural, porque
la legislación secundaria del Ejecutivo federal –copia de lo implantado
en Colombia– o la traslada mecánicamente de ese país, al nuestro, una
figura jurídica llamada
Servidumbre minera/”Servidumbre petrolera”.
En resumen, esta norma consiste en que un simple juez de distrito, para
agilizarla solución de un conflicto entre el
asignatariode una concesión y el propietario de la tierra, limita el derecho de propiedad o de dominio del campesino o del indígena. El Ejecutivo asegura en la exposición de motivos que esta es una
nueva figura que se incorpora a nuestro sistema jurídicopero la verdad es que hace décadas que opera en Colombia.
Por otra parte, la dirigencia nacional del PRD calificó de
atentado a los intereses de la nación, la aprobación por los legisladores de PRI y PAN del segundo dictamen sobre la legislación secundaria de la reforma energética, la cual contiene las normas de las industrias eléctrica y geotérmica, así como el proyecto de ley de aguas nacionales.
Alejandro Sánchez Camacho, secretario general del PRD, señaló que los legisladores del tricolor y del blanquiazul pusieron en riesgo la soberanía energética del país.
Es deplorable que esos institutos políticos antepongan el interés de las empresas privadas nacionales y extranjeras al de la nación, concluyó
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