Corrupción de autoridades e ineficacia judicial
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.-En el informe elaborado por el Departamento de Estado de EU –y difundido por internet– se afirma que el gobierno mexicano no cumple con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, y que la complicidad entre autoridades propicia que continúe esta violación a los Derechos Humanos (DH).
El Departamento de Estado advirtió que México no recopila datos sobre identificación de las víctimas, omite el estado de las investigaciones, y aplica de manera desigual la Ley General para Prevenir, Sancionar, y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Sumado a lo anterior, el financiamiento del gobierno mexicano en servicios especializados para atender a las víctimas es insuficiente, lo que hace que la atención sea prácticamente inexistente en el país o lenta y sin resultados.
Además –se añade en el reporte– hay una débil coordinación interinstitucional para combatir el flagelo, nula inteligencia basada en investigación, e ignorancia e insensibilidad de algunos funcionarios en el tema.
La investigación detalla que la corrupción, en especial entre la policía local y funcionarios migratorios, es grave ya que aceptan sobornos, falsifican documentos de identidad, facilitan el traslado de las víctimas a través de las fronteras, y dejan de reportar el tráfico sexual en “comercios”.
Asimismo, mientras 23 estados y el DF tienen leyes específicas de trata, sólo algunas entidades penalizan el delito por lo que varios casos relacionados con organizaciones criminales no fueron investigados como posibles casos de trata, a pesar de haber indicios de que las víctimas fueron forzadas.
Además, dijo el Departamento de Estado, se desconoce el número total de investigaciones y juicios sobre trata en 2013.
La única información desglosada que se encontró fue que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) inició en ese año 91 investigaciones de tráfico, mientras que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) informó el inicio de 48 investigaciones, pero no está claro cuántas derivaron en actuaciones judiciales, ni cuántas pesquisas se iniciaron por entidad federativa.
Igualmente, el índice de efectividad judicial es muy bajo ya que, de acuerdo con diferentes entidades gubernamentales, en 2013 hubo sólo 52 delincuentes condenados por trata, pero no se informó con especificidad las causas ni el rango de las penas. Las autoridades mexicanas se coordinaron con EU sólo en 18 investigaciones de trata.
RADIOGRAFÍA
El reporte indica que las principales víctimas en México de este flagelo son las mujeres, las niñas y los niños, las personas indígenas, la población migrante y las personas con alguna discapacidad mental o física.
La gran mayoría de las víctimas proviene de Guatemala, Honduras, y El Salvador, quienes son explotadas principalmente en la frontera sur de México. También se encontraron víctimas del Caribe, Europa del este, Asia y África.
El turismo sexual infantil persiste en Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún y algunas ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez. Los agresores son de EU, Canadá y México.
Grupos criminales recurren al trabajo forzado en minas de carbón y para la excavación de minas de carbón y túneles con fines de narcotráfico.
Las víctimas son atraídas con la promesa de un empleo, “el amor”, la retención de documentos o amenazas de ser denunciadas ante las autoridades migratorias. Incluso las personas internadas en centros de rehabilitación o instituciones de salud también están sujetas a la trata.
Muchas de estas víctimas son obligadas a trabajar en actividades relacionadas con la agricultura, el hogar, como obreros, la construcción, la economía informal y la mendicidad.
Las organizaciones civiles, que reciben financiamiento y donaciones de organismos internacionales, son las que brindan la mayor parte de la asistencia especializada a las víctimas.
Por ello, el Departamento de Estado de EU recomendó a México aumentar los fondos para la prestación de servicios especializados a las víctimas y refugios; fortalecer los esfuerzos para investigar y enjuiciar delitos de trata, y condenar y enjuiciar a los traficantes, y garantizar que los funcionarios que estén coludidos con los delincuentes enfrenten procesos y condenas.
Además, mejorar los procedimientos formales para identificar a las víctimas entre la población vulnerable, como las personas que son explotadas sexualmente y la población migrante indocumentada.
Así como fortalecer los esfuerzos de recolección de datos; proporcionar protección efectiva a testigos y víctimas, y capacitar a los agentes judiciales, funcionarios de migración, inspectores laborales, fiscales, jueces, trabajadores sociales y otros empleados de gobierno.
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