Preponderancia y privacidad

Alejandro Encinas Rodríguez 

La difusión de la llamada telefónica que presenta a la diputada Purificación Carpinteyro proponiendo negocios a un particular ante la inminente aprobación de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, ha puesto en evidencia -una vez más- la prevalencia de dos prácticas por igual deleznables.

Por un lado, la impunidad con que se intervienen de manera ilegal las llamadas telefónicas, lo mismo por el Estado con fines políticos, que el espionaje industrial, entre particulares o el de delincuentes para extorsionar, lo que demuestra cómo el espionaje y la invasión a la privacidad de los ciudadanos se ha generalizado.

Por otro, la corrupción y el patrimonialismo con el que se ejerce la función pública en el país, donde funcionarios o representantes populares asumen el manejo de los recursos públicos o los espacios de representación en beneficio propio.

Por ello el dictamen de estas leyes, como debería corresponder a todo proceso legislativo, debe ser público, transparente, de cara a la nación, dejando de lado las negociaciones extraparlamentarias, en las que lo mismo participan las direcciones de los partidos, que algunos grupos parlamentarios, legisladores en lo individual y los consorcios que detentan los monopolios en la televisión, la radio y las telecomunicaciones, quienes son los factores reales en esta negociación.

Este debate debe atender tres asuntos fundamentales:

Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos. El derecho a la información, a la libertad de expresión y a la no censura; el derecho de los usuarios a servicios de calidad bajo tarifas justas; el de las audiencias para acceder a una oferta que permita elegir entre distintas opciones de comunicación que reconozcan la pluralidad cultural, étnica y política de nuestra sociedad, que inculquen valores cívicos de convivencia, tolerancia, democracia y no discriminación; el derecho de réplica; el de las personas con capacidades diferentes; la objeción de conciencia de los comunicadores; los derechos laborales de los trabajadores del sector que serán afectados por esta reforma, y en particular el derecho a la privacidad de los ciudadanos en sus comunicaciones telefónicas, en la red o bajo cualquier modalidad.

Garantizar la democratización de los medios, la competencia efectiva entre éstos y ampliar la oferta a los ciudadanos, eliminando los privilegios que detentan los monopolios en radiodifusión y telecomunicaciones. Para que la competencia sea realmente efectiva es necesario que el criterio de preponderancia se defina por la prestación de servicios y no por sector, entendiendo que éste es un asunto del interés público que no puede resolver el mercado, por lo que el Estado debe cumplir su papel regulador permitiendo el desarrollo de los medios públicos, sociales, comunitarios e indígenas, los que deben constituirse en una alternativa real a los medios comerciales, gozando de igualdad en el acceso al espectro radioeléctrico, autonomía, independencia editorial y recursos suficientes, y fortalecer la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Que éste sea un verdadero órgano constitucional autónomo, que regule a los medios, vigile contenidos y de certeza al ejercicio de los derechos de los ciudadanos, eliminando toda injerencia del Gobierno federal.

Las nuevas leyes deben dar paso a un sistema de medios de comunicación abierto, plural y democrático, que rompa con el monopolio y manipulación que prevalece sobre la opinión pública, para que los mexicanos puedan acceder a la información necesaria para participar en asuntos públicos. 

Senador de la República