En medio de las maniobras del congreso mexicano para cumplir con los designios del capital internacional, la reforma energética y el proceso de redacción y aprobación de las leyes secundarias que le darán vida ha sido sistemáticamente criticado desde la perspectiva histórica. Sin embargo, hay otros temas que pueden darnos una idea de la esencia reformista de la administración peñista, como lo es el relativo a la posibilidad de que la ciudadanía pueda conocer los tejes y manejes de las asignaciones y de los contratos así como de lo que las empresas beneficiadas pagarán por la explotación de los recursos energéticos.
Para empezar, y de acuerdo a un análisis realizado por Fundar, la explotación de los recursos naturales, regulada por la Ley de Hidrocarburos, será de utilidad pública sin importar el hecho de que dicha explotación sea efectuada por particulares. Las consecuencias de lo anterior son graves pues este esquema pone a las transnacionales por encima de los intereses de los propietarios de las tierras ricas en hidrocarburos, sean particulares o comunidades. Si no aceptan la figura de ‘servidumbre legal’ -por medio de la cual las empresas y los propietarios acuerden los términos de la explotación - el estado puede expropiar en favor de las empresas. O sea que por la buena o por la mala, las transnacionales llevan mano.
Con respecto al tema que nos ocupa, la Ley de Petróleos Mexicanos establece que todo el proceso de licitaciones es de carácter administrativo pero una vez que se nombre un ganador los contratos tendrán carácter privado y se regirán por las leyes mercantiles, por lo que no estarán sujetos al régimen de transparencia. No será posible, por ejemplo, solicitar información que permita conocer las características de las operaciones de las empresas o el manejo de los recursos públicos con el que se ‘apoyará’ la explotación; y si bien la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos determina que los ingresos a las arcas nacionales estarán determinados en los contratos, éstos no son reconocidos por la ley como disponibles para su escrutinio por parte de la ciudadanía. Esto sin mencionar que la elaboración de los contratos será facultad de la secretaría de Hacienda y no del Congreso de la Unión, con lo que se refuerza la opacidad en el tema.
Por lo que toca al dinero que será pagado por las empresas al estado mexicano, éste no irá directamente al tesoro nacional sino al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (sic eufemista) que por medio de un fideicomiso tendrá la misión de recibir, administrar y distribuir los ingresos generados por los contratos. Pero de acuerdo con la Ley del Fondo dicho fideicomiso no estará sujeto, como todos los fideicomisos, a las leyes en materia de transparencia sino a las disposiciones contenidas en la mencionada ley. Más aún, las actas del Comité Técnico del Fondo (especie de consejo de administración) podrán ser reservadas parcial o totalmente, abonando así a la opacidad de las decisiones que se tomen al respecto.
Por todo lo anterior, no resulta muy arriesgado afirmar que la discrecionalidad que se pretende adjudicar a la explotación de los hidrocarburos en México representa un claro retroceso en términos del derecho a la información gubernamental y al espíritu de la rendición de cuentas. En una coyuntura en la que todos los actores políticos parecen coincidir con respecto a la importancia de reforzar los mecanismos de transparencia, y con los trabajos para la formulación de una ley general en la materia en marcha, no vemos por ningún lado que ésos mismos actores pongan el dedo en la llaga sino todo lo contrario: con una mano promueven leyes de transparencias y por el otro las burlan.
Consumada la reforma energética habría que reformular la crítica al reformismo neoliberal para pasar de una estrategia de todo o nada a una que construya candados legales e institucionales para contener, en la medida de lo posible, el incremento del saqueo de los recursos naturales y la privatización de los ingresos derivados de la explotación del petróleo y sus derivados. La esencia de la reforma energética radica en la ortodoxia neoliberal, en la falsa idea de que para mejorar los ingresos de la población hay que cederle a las transnacionales y sus socios nacionales (la quinta columna) el dominio de los recursos naturales. Pero ese dominio puede y debe estar sujeto al escrutinio público para mantener vigente el derecho a la información: de lo perdido lo que aparezca.
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