Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.-Esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sesionará en esta capital, por lo que 55 redes y organizaciones civiles solicitaron que el mecanismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) realice en breve una visita oficial a México –reuniones con funcionarios y entrevistas con víctimas de nuestro país–, para constatar la situación de las mujeres y sobre otros abusos contra los Derechos Humanos (DH).
En un comunicado conjunto, las organizaciones informaron que solicitarán a las y los comisionados de la CIDH que hagan una visita oficial y actualicen su informe sobre México que data de 1998, por ello esta semana entregarán información detallada sobre la situación de los DH, en particular de las mujeres, la niñez, pueblos indígenas y activistas.
Del 12 al 14 de agosto la CIDH celebrará en esta ciudad su 152 periodo extraordinario de sesiones con audiencias públicas sobre la situación humanitaria en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
En este contexto, las agrupaciones ciudadanas aseguraron que la presencia de la CIDH es una ocasión propicia para evidenciar la distancia entre lo enunciado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la realidad de México, país que ocupa el primer lugar en peticiones individuales y solicitudes de medidas cautelares ante el organismo con sede en Washington.
Así lo expresaron organizaciones como Sin Fronteras; Católicas por el Derecho a Decidir; Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Asistencia Legal por los Derechos Humanos; Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, y Asociadas por lo Justo.
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se negó a abrir una queja por el caso de Irene Cruz Zúñiga, indígena mixteca víctima de severas violaciones a sus Derechos Humanos (DH), sobre todo en el acceso a la salud y la justicia tras ser víctima de violencia obstétrica y morbilidad materna, por lo que lleva 13 años postrada en una cama.
Como es costumbre en los casos de violencia obstétrica y negligencia médica, la respuesta de la CNDH fue muy limitada y alejada de las víctimas, pues ahora se niega a participar activamente en la reparación integral del daño a Irene y su familia, sostuvo Jaqueline Sáenz Andujo, representante legal de la indígena.
Calificó como “lamentable” la respuesta de la CNDH al acuerdo judicial emitido por el Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en el estado de Oaxaca, que llama a diferentes instancias de gobierno a coordinarse para la reparación integral del daño, brindar rehabilitación y garantizar la no repetición de los hechos.
En diciembre de 2013 el magistrado Rubén Paulo Ruiz Pérez emitió un acuerdo judicial para el caso de Irene, quien ante la carencia de servicios de salud cercanos a su comunidad (Morelos, Oaxaca) tuvo que recorrer grandes distancias para que finalmente le fuera practicada una cesárea de emergencia debido a complicaciones en el parto.
La resolución señala que aunque el delito penal (lesiones culposas) prescribió y es imposible sancionar a una persona de manera penal, los daños sufridos por Irene y su familia persisten y las violaciones a DH ocurrieron, por lo que es necesaria la reparación integral del daño.
Dentro de las dependencias que deben participar en la reparación del daño –a solicitud del magistrado– está la CNDH.
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- Por
la mala atención en un parto, desde hace 13 años la indígena Irene Cruz
Zuñiga vive postrada en una cama, mientras el Estado mexicano se niega
a reparar el daño.
Desde los años 90 Oaxaca es de las entidades con más rezago en el
combate a la muerte materna (MM), que para 2012 alcanzó 79.6
defunciones por cada 100 mil nacidos vivos; pero además de los decesos
también están los casos de morbilidad materna (secuelas en la salud por
deficiente atención durante el embarazo y el parto).
Una muestra de que el problema no es nuevo es la historia de Irene Cruz
Zúñiga, indígena mixteca víctima de morbilidad materna y quien lleva 13
años postrada en una cama y sobreviviendo con los cuidados de su madre,
Maura Zúñiga García, y su hermana, Enimia Cruz Zúñiga.
En junio de 2001, a sus 26 años, Irene esperaba el nacimiento de su
primer –y único– hijo, de nombre Epafrodito. El 20 de junio, día del
alumbramiento, fue auxiliada por una partera en su casa en el paraje de
Barranca Fiera, perteneciente a la marginada comunidad de Morelos, en
Oaxaca.
Carlos Cruz Zúñiga, hermano mayor de Irene, recuerda que al no poder
atenderla, la partera mandó a la joven a la unidad de salud “más
cercana” a dos horas de distancia, en la cabecera municipal de Santa
Cruz Itundujia.
Su entonces esposo, Alberto Núñez Cruz, y sus padres llevaron a Irene,
pero cuando llegaron, la tarde del 21 de junio, en el lugar no la
pudieron atender porque la clínica no tenía el equipo necesario para
emergencias obstétricas.
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) cumple 20 años de existencia en la defensa de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, en especial los sexuales y reproductivos; la promoción del acceso al aborto libre y seguro; la construcción de una Iglesia más incluyente, humana y justa, y el impulso de un Estado laico y democrático.
En dos décadas, la agrupación ha obtenido diversos logros a favor de las mexicanas y el resto de la población, entre ellos la despenalización del aborto en el DF, y visibilizar los abusos y violaciones sexuales por parte de sacerdotes contra religiosas y menores de edad, principalmente.
Al finalizar el gobierno de Carlos Salinas de Gortari –presidente que con sus reformas constitucionales otorgó reconocimiento jurídico a las iglesias y restableció relaciones diplomáticas con el Vaticano–, y en el contexto de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) de El Cairo, en 1994, CDD nació formalmente.
Desde su surgimiento, CDD tuvo como objetivo principal contribuir a que las instituciones, cultura y sociedades sean “más justas, democráticas y laicas”, meta en la que avanzaron (y continúan haciéndolo) mediante monitoreo de políticas públicas, capacitaciones, publicaciones y campañas; acciones que buscan incidir en la agenda política del país.
Por ejemplo, durante la última visita del papa Juan Pablo II a México en 2002, CDD entregó al Comité de los Derechos del Niño de la ONU un documento que daba cuenta de 5 mil casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes católicos contra menores de edad de todo el mundo, incluido México.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-Durante su detención judicial el pasado lunes 4 de agosto en Mérida, Yucatán, habrían sido violentados los derechos civiles y humanos de Ligia Canto Lugo, quien desde hace dos años emprendió un activismo por la recuperación de sus tres nietos menores de edad, quienes fueron presuntamente sustraídos por el empresario Martín Alberto Medina Sonda.
El 4 de agosto Ligia Canto Teresita Lugo, de 60 años de edad, fue detenida por policías federales, acusada de clonar tarjetas de crédito de tres bancos distintos.
De acuerdo con Adelaida Salas Salazar, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en Yucatán –quien estuvo presente el día de la detención–, este hecho se suma al acoso judicial y al conjunto de delitos “fabricados” de los que han sido víctimas Ligia Canto y su hija Ema Gabriela Molina Canto.
El acoso inició desde que Ema Gabriela decidió llevarse a sus dos hijas y un hijo (de 10, seis y ocho años de edad, respectivamente) tras separarse por violencia intrafamiliar en 2010 de Medina Sonda, un poderoso empresario y asesor fiscal de funcionarios en el estado de Tabasco.
Ese 4 de agosto, Ligia y la activista Salas Salazar se encontraban en las instalaciones del periódico La Voz, en Mérida, para dar una entrevista por las declaraciones de desprestigio que Martín Medina, supuesto sustractor de los menores de edad, dio a ese diario en contra de Ligia.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- Brasil aprobó una reforma constitucional para sancionar a empleadores que no garanticen derechos laborales a las trabajadoras del hogar; mientras que México sólo ve obstáculos para ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que otorga garantías a esta población.
Este domingo 10 de agosto, Brasil puso en vigor la “Propuesta de Enmienda Constitucional de las Domésticas (PEC)”, aprobada por el Congreso en abril de 2013, la cual garantiza que las empleadas del hogar en el país sudamericano tengan los mismos derechos que el resto de las trabajadoras.
Cabe aclarar que Brasil, al igual que México, no ha ratificado el Convenio 189 de la OIT, pero la aprobación de esa reforma es un avance para la eventual ratificación, ya que cumple con requisitos legales estipulados en el acuerdo internacional con el fin de garantizar derechos.
La enmienda constitucional establece que los empleadores que no registren a la trabajadora del hogar tendrán que pagar una multa de al menos 352 dólares (4 mil 600 pesos mexicanos). Además, el patrón debe firmar un contrato laboral; garantizar un aumento de sueldo anual; brindar protección por maternidad, y dar un mes de vacaciones por cada año trabajado.
Por: la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala.- Por más de tres décadas, el Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua) se ha constituido en un medio independiente y alternativo de información, y un centro de investigación y análisis que ha apoyado a sectores sociales en temas de comunicación y prensa, así como a periodistas, especialmente departamentales (de las provincias).
Cerigua se fundó el 8 de agosto de 1983 fuera del país centroamericano y tuvo como objetivo principal divulgar las constantes violaciones a los Derechos Humanos (DH) derivadas de la política contrainsurgente de los gobiernos militares, hechos que los medios locales tenían dificultad de difundir por los riesgos para la vida de su personal, recordó la directora de la agencia, Ileana Alamilla.
Desde sus inicios la agencia priorizó la información sobre DH, el conflicto armado interno, los refugiados, el proceso de diálogo con la sociedad civil y de negociación entre la insurgencia y cuatro gobiernos que participaron en esta iniciativa, que puso fin a una guerra de más de 36 años; muchas de estas noticias fueron censuradas por los gobiernos en turno, vedando con esta decisión el derecho a la información del que hoy disfruta la población guatemalteca.
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