El abatimiento de 22 personas en San Pedro Limón, Tlataya, muestra la incapacidad de instituciones, entre ellas la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señalan los analistas.
La presunta matanza de 22 personas en el Estado de México,
por parte de elementos militares, serían otras ejecuciones
extrajudiciales, que se han convertido en un patrón de conducta y no un
caso aislado, consideró Denise Dresser.
En la Mesa Política de Noticias MVS, señaló que este tipo
de casos ya fueron denunciados en el sexenio anterior por la
organización Human Rights Watch, en un informe titulado “impunidad uniformada“,
el cual señala un uso indebido de la justicia militar en México para
investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y
de seguridad pública.
No obstante, confió en que el caso Tlatlaya no acabe en un
año de castigo, por algo que parece ya la ejecución sumaria de 22
personas que según los reportes ya se habían rendido, pues -a
diferencia del pasado- este asunto que involucra a 8 militares es
investigado por la Procuraduría General de la República.
Señaló que actualmente se sigue observando la falta de
capacidad y de voluntad de las instituciones encargadas de proteger los
derechos humanos.
Por ello, indicó, firmó la petición de juicio político al
presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, porque no ha utilizado el
puesto para defender los derechos humanos.
Dresser aseveró que la CNDH es una institución que nos
cuesta mucho dinero y no produce los resultados deseados, pues debería
ser la primera en alzar la voz ante violaciones del Ejército y en lugar
de eso se muestra pasivo, complaciente; “a parte de juicio político no
se debe reelegir, se debe ir”, sentenció.
Sergio Aguayo preguntó si el caso Tlatlaya es un hecho aislado o un patrón de conducta.
“Estamos viendo una fogata constante, lenta, en la cual se van inmolando las instituciones”, refirió.
“Observamos un esfuerzo por tapar hoyos, errores”, agregó.
Tras los hechos del pasado 30 de junio, consideró que la
CNDH quedó “damnificada”, pues en lugar de salir a asentar una cátedra
de ética, se muestra inepta y simuladora.
Mientras que el Estado se muestra despótico o en descomposición, dijo el académico.
A su vez, Lorenzo Meyer lamentó que todo
esto ocurra luego de que el presidente Enrique Peña Nieto anunciara que
México se sumará a los cascos azules de la ONU, cuando “lo último que
tenemos en México es paz, ya quisiéramos unos cascos azules aquí”.
En el caso Tlatlaya, señaló que en vez de investigar, el Ejército “limpió” la zona.
Lo que vemos, apuntó, son signos de descomposición y cómo las instituciones no sirven.
En tanto para la CNDH va a pasar mucho tiempo para esclarecer estos hechos.
“El Estado es incapaz de cumplir con una de sus obligaciones: mantener la paz y si no la puede mantener, de investigar”, expuso.
“El conjunto de instituciones está más bien para encubrir”, agregó.
En este asunto, señaló el historiador, tuvo que ser la
prensa extranjera la que nos viene a dar la dimensión de los hechos y
la que dio un giro a la primera versión de que sólo había sido un
enfrentamiento entre presuntos delincuentes y los militares.
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