Acusan criminalización de protesta social
Legisladoras y legisladores federales exhortaron a la Procuraduría General de la República (PGR) evitar un encarcelamiento de la defensora oaxaqueña Bettina Cruz Velázquez que actualmente enfrenta en libertad una acusación por el delito de privación ilegal de la libertad y delitos contra el consumo y la riqueza nacional.
En un comunicado signado por legisladores de los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, entre quienes se encuentran las diputadas perredistas Elena Tapia Fonllem y Gloria Bautista Cuevas, se manifestaron en contra de la criminalización de la protesta social y a favor del respeto de los derechos de la defensora.
El 22 de febrero de 2012 la defensora fue detenida y encarcelada acusada de privación ilegal de la libertad y delitos contra el consumo y la riqueza nacional, aunque sólo participó en una manifestación un año antes contra las altas tarifas de luz eléctrica en Oaxaca. El 24 de febrero de 2012 pagó una fianza y obtuvo la libertad pero el proceso en su contra continúa.
Las y los legisladores consideraron que “las imputaciones y el proceso contra Bettina representan actos de criminalización de la protesta social, que ilustran la situación de riesgo en que trabajan las personas defensoras de Derechos Humanos”.
Aseguraron que hay un uso desviado del sistema de justicia en contra de las activistas, en particular de quienes trabajan en la defensa del territorio y contra la imposición de megaproyectos.
Desde 2007, Bettina es integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio y encabeza la lucha en defensa de su territorio.
A decir de las y los legisladores, durante el proceso la defensa de Bettina demostró que ella participó en una manifestación donde no se bloquearon las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad ni se causaron daños a personas o a bienes, y que no existen presuntas víctimas privadas de la libertad.
“El proceso de Bettina tiene claros rasgos de persecución, un uso ilegal de la justicia por parte de sus acusadores y de los funcionarios federales implicados”.
En ese contexto y ante la eventual sentencia que emitirá el Juzgado Sexto de Distrito del Décimo Tercer Circuito Federal con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, el senador Alejandro Encinas Rodríguez y las senadoras Dolores Padierna Luna y Layda Sansores San Román, del PRD y PT, respectivamente, pidieron que la sentencia sea imparcial.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.-
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