Activistas y diputadas rechazan cambios en combate a violencia
El
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de
las Mujeres (Cladem) en Nicaragua presentó ante la Corte Suprema de
Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto 42-2014,
que reglamenta la Ley Integral Contra la Violencia hacia la Mujer
(conocida como Ley 779), por considerar una serie de faltas a la Carta
Magna del país centroamericano.
El recurso detalla la lucha de las mujeres para conseguir una serie de
derechos y cómo han cambiado en los últimos años, explicó Virginia
Meneses, representante de Cladem-Nicaragua.
Agregó que “esta aberración jurídica” con la que se pretende
reglamentar la Ley 779 significaría un “gran retroceso” en el derecho
de las mujeres a vivir libres de violencia.
El recurso de inconstitucionalidad establece que el reglamento de la
Ley 779 violenta dos principios de la Constitución nicaragüense: uno es
el de supremacía de la ley, porque ningún decreto puede oponerse a la
Carta Magna, y el segundo tiene que ver con la falta de competencia del
presidente de la República, Daniel Ortega, pues él no puede reformar
una ley a su criterio, detalló Meneses.
En tanto, el líder de la fracción sandinista en el Congreso
nicaragüense, Edwin Castro, dijo que en su momento se revisará la Ley
779 para perfeccionarla, y abogó por darle a la norma un carácter
preventivo para organizar a la sociedad en la lucha contra la violencia
de género.
Castro defendió el Decreto 42-2014 porque –consideró– de lo que trata
es de darle un sentido más preventivo a la ley y en esa línea es que se
habla de las Consejerías Familiares, en la cual se establece la
participación de diferentes sectores de forma voluntaria.
Activistas han advertido que tales Consejerías Familiares en los
barrios serían las primeras instancias a las cuales tendrían que acudir
las mujeres víctimas de violencia, y se encontrarían con “gente que no
está preparada” en el tema.
En contraste, otra diputada sandinista, Martha Marina González, de la
Comisión de la Mujer, dijo que no sería práctico reformar la Ley 779
porque se estaría invisibilizando el problema de la violencia contra
las mujeres.
Es una ley preventiva y punitiva; no tendrían porque reformarla, fue
ampliamente consultada “y no quisiera que se estuviera irrespetando la
opinión del pueblo, definitivamente que no la toquen, demasiado ya se
ha manoseado”, advirtió la legisladora oficialista.
Sería lamentable otra reforma a la Ley 779, ya que al introducirse la
figura de la mediación (conciliación) sufre el primer revés y ahora una
nueva reforma sería un retroceso, reiteró Mauro Ampie, director del
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
La violencia contra las mujeres en Nicaragua no da tregua: hasta el
pasado 31 de agosto, el Observatorio de la Red de Mujeres Contra la
Violencia registró 57 casos de feminicidio, mientras que ya se sumaron
otros dos en estos cinco días de septiembre, según el monitoreo de
medios de la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir.
Por: Nelson Rodríguez, corresponsal
Cimacnoticias | Managua.-
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