Tlatlaya , violencia de Estado

Alejandro Encinas Rodríguez 

Durante la comparecencia del secretario de Gobernación ante el Senado de la República el pasado 9 de septiembre, hice referencia a la denuncia de Amnistía Internacional respecto a que la violación a los derechos humanos y la tortura persisten y se toleran en México, y destaqué de manera particular que de nueva cuenta, surgen acciones de violencia de Estado, que no han sido debidamente esclarecidas y sancionadas.

Puse como ejemplo el enfrentamiento de las Fuerzas Armadas con presuntos delincuentes en el poblado San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio, donde diversas fuentes periodísticas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Human Rights Watch, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y el Centro Prodh han señalado que hay evidencias suficientes para presumir que, lejos de tratarse de un enfrentamiento, fue una ejecución de 22 personas, perpetrada por elementos de las Fuerzas Armadas, sin que a la fecha el gobierno federal haya aclarado ni dado respuesta alguna, como sucedió en la comparecencia.

En los últimos días el asunto ha cobrado mayor relevancia al darse a conocer en diversos medios de comunicación nacionales y extranjeros, testimonios de distintas personas que presenciaron estos hechos, donde aseguran que elementos del Ejército mexicano dispararon a quemarropa y dieron “el tiro de gracia” a los presuntos delincuentes, aun cuando éstos ya habían sido sometidos, al tiempo que el peritaje realizado en el lugar de los hechos revela que los disparos fueron directos al pecho.

Una de estas testigos, “Julia”, quien se dice fue rescatada de los presuntos delincuentes victimados, ha mencionado que fue presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en la ciudad de Toluca y posteriormente en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en el Distrito Federal, donde, asegura, la mantuvieron tres días sin comer, y que incluso la fotografiaron junto a las armas incautadas, haciéndole firmar documentos sin recibir copia alguna.

La justicia por propia mano y las ejecuciones sumarias no están permitidas ni pueden formar parte del desempeño de la autoridad en un Estado legalmente constituido. Este tipo de prácticas son ilegales e inaceptables, ya sean cometidas por grupos delictivos, policías, elementos de las fuerzas armadas o por cualquier autoridad, y deben ser castigadas conforme a la ley.

De confirmarse estos sucesos, se trataría de una de las peores ejecuciones extrajudiciales cometidas en el país por elementos del Ejército mexicano tras la guerra sucia de los años setenta, que no puede quedar impune, pues tolerar este tipo de acciones, rompe con el Estado de derecho, vulnera las garantías y derechos fundamentales de las y los mexicanos, al tiempo que denigra el desempeño de las Fuerzas Armadas, que hoy realizan tareas de seguridad pública, que competen a la autoridad civil.

No puede desestimarse lo señalado por el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, Christof Heyns: “El derecho a la vida está gravemente amenazado en México, la tasa de homicidios es ‘demasiado alta’ y la impunidad persiste de manera sistemática”. El relator indicó que es difícil que el enfoque militar mejore la situación y advirtió que, en cambio, puede exponer a la población civil a violaciones de sus derechos, por lo que es necesario fortalecer el Estado de derecho para que quienes cometan abusos rindan cuentas ante la justicia.

He solicitado de manera formal al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, en mi carácter de senador por el Estado de México, toda la información de que disponga la dependencia a su cargo sobre estos atroces acontecimientos, independientemente de la necesaria respuesta pública que merece la sociedad. Espero que ahora sí dé respuesta. 

Senador de la República