Escrito por Juana María Nava Castillo
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 Aguascalientes, México, noviembre (SEMlac).- Por sí sola, la
migración es un problema de derechos humanos no atendido ni resuelto;
pero al tratarse de mujeres, se convierte en un asunto más delicado por
la condición de vulnerabilidad en que la mayoría de ellas se traslada
de frontera a frontera, siendo principalmente víctimas de violación
sexual.
Pese a que tienen algunas referencias, no se cuenta con una
estadística oficial y desagregada por sexo que permita dimensionar el
problema para implementar acciones concretas y eficientes que atiendan
este asunto, dijo la experta en el tema Monserrat Hernández, de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Durante el "XV Encuentro Internacional de Estadísticas de Género.
Balances y desafíos en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible
Post 2015", efectuado del 5 al 7 de noviembre en Aguascalientes, al
centro del país, Hernández refirió que en el mundo hay 214 millones de
personas migrantes, de las cuales 50 por ciento son mujeres.
Se estima que para 2050 se duplique el número de personas migrantes
en el mundo para llegar a 405 millones. La migración interna en las
naciones se calcula en alrededor de 750 millones de personas
actualmente, según la OIM.
En el transcurso del XV Encuentro de Estadística, que convocan
conjuntamente el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ONU-Mujeres
México y la División de Asuntos de Género de la CEPAL, la experta
mencionó que el contexto social e institucional es lo que hace a las
mujeres más vulnerables a ser víctimas de la violencia generalizada, a
la trata y tráfico de personas, al abuso sexual, a la discriminación y
en general a una constante violación a sus derechos humanos
A esto se suma la vulnerabilidad interseccional, pues no enfrenta
las mismas condiciones una mujer mayor, que una joven, una mujer
indígena o embarazada, una niña o una adolescente.
Según la "Encuesta sobre Migración y Salud Sexual y Reproductiva de
Migrantes en Tránsito entre la frontera de México y Guatemala
2009-2010", publicada por el Instituto Nacional de Salud Pública
(INSP), 28 por ciento de las migrantes refirieron ser víctimas de abuso
sexual a cambio de bienes, dinero o protección. Un 29 por ciento
reconoció ser sujeta de violencia psicológica.
 A diferencia de las pasadas décadas de los sesenta, setenta y
ochenta, cuando se les atribuía razones de acompañamiento con
familiares, ahora se reconoce que las mujeres en general migran por
razones económicas, de búsqueda de oportunidades, porque son sostén de
familia o porque desean una mejor calidad de vida.
Sin embargo, las condiciones en que lo hace la mayoría de quienes se
trasladan de manera irregular son de extremo peligro, por lo que han
optado por prevenir embarazos ingiriendo anticonceptivos mientras hacen
su trayecto, indicó Monserrat Hernández, al participar en el panel
"Estadísticas de género y migración".
En materia legislativa, refirió, ha habido avances como la
despenalización de la migración en 2008, o el acceso a la justicia a la
que tienen derecho las personas migrantes, así como la misma Ley de
Migración y la Ley sobre refugiados y protección complementaria y asilo
político. Más recientemente, con la Ley general para prevenir,
sancionar y erradicar los delitos en materia de trata y para la
protección y asistencia a las víctimas de esos delitos.
Destacó, no obstante, que los retos son muy grandes debido a la
falta de información y datos desagregados, sin los cuales no se puede
sensibilizar en el tema, ni aplicar políticas que brinden atención a la
problemática de la migración femenina, la cual es transversal con otros
problemas nodales, como la violencia, la salud y la pobreza, entre
otros.
En el mismo panel, la titular de Estadística en la Unidad de
Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación en México, Graciela
Martínez, reconoció que hay una significativa carencia de datos del
tema migratorio, y más aún si se enfoca a las mujeres, y lo atribuyó,
entre otras cosas, a la diferencia conceptual y jurídica de las
diversas fuentes de información.
Aceptó que el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y
no Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad) 2013-2018 obliga a
todas las entidades de la administración federal a incorporar la
perspectiva de género en sus estadísticas; por ello, uno de los retos
es generar nuevos criterios de recolección de datos y construcción de
indicadores.
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