En
el momento de escribir estas líneas me rondan por la cabeza dos
noticias de muertes machistas demasiado recientes: una mujer dominicana
y su hija, aparecen asesinadas en un pozo en Zamora, –habían
desaparecido en el mes de junio, en Madrid- y el asesino confeso es la
pareja de la madre; dos niñas de 7 y 9 años, ha sido asesinadas en
Asturias, supuestamente por su padre, ciudadano vasco, de Basauri.
Se han activado los protocolos de protesta. Se hacen concentraciones de
repulsa. Las instituciones hacen declaraciones de pésame. Y nosotras,
desde el movimiento feminista ya sólo podemos respirar rabia e ira.
Debemos explicarnos por qué sucede esto, con tanta frecuencia, y por
qué nos parece que aquí no pasa nada.
Se da la espantosa
casualidad –que realmente no es una casualidad, sino una consecuencia
de la impotente e incapaz estructura judicial que existe en el Estado
español- de que en ambos casos se habían producido denuncias contra los
dos hombres, por malos tratos. Se habían pedido medidas preventivas de
alejamiento. No se atendió en ninguno de los dos casos las llamadas de
auxilio. Quizá, incluso han servido de acicate y de detonante para que
ambos hombres cometieran los asesinatos. Asesinato machista y también
ejemplarizante para el resto de las mujeres. Muchas mujeres tendrán
todavía más miedo ahora frente a las amenazas de sus parejas y
ex-parejas. Resulta que si les denuncias, puede ser que si denuncian el
asesino en potencia, realmente la asesine. Esto es lo que quieren que
pensemos. Y por esto es nuestra tarea primera rebelarnos, radicalmente.
Pero también tenemos que aclararnos y conocer al milímetro los
mecanismos de producción y reproducción de la violencia de dominación
masculina, para neutralizarlos.
Hay elementos pequeñitos que se
señalan de forma frecuente. Desde muchas esquinas se ha destacado la
insuficiencia de las medidas protectoras o preventivas. No ya porque
funcionan tarde, mal y nunca, sino porque no son las más adecuadas y
están dependientes del expediente y la denuncia policial judicial. Más
de una vez se ha señalado la conveniencia de que quien tenga custodia
policial sea el agresor y a quien se pongan medidas de control sea al
maltratador. Si la orden de alejamiento la tiene el hombre ¿por qué la
vigilada es la mujer?. Yo he conocido en esta tierra nuestra tan harta
de medidas represivas policiales y judiciales, a personas no condenadas
por sentencia que han tenido que acudir cada día, o cada tres días, o
cada semana, a dependencias policiales. Y allí a veces han permanecido
más de dos horas porque el policía de turno encargado de tal trámite
estaba en otros asuntos. En algunos casos y pasados dos años o más,
estas personas no han resultado imputadas.
Desde muchas
esquinas también, hablo desde los ámbitos feministas, se ha alertado
del peligro que supone que un hombre denunciado por su pareja, en casos
de separación, utilice a sus propios hijos e hijas y las llegue a
agredir. En el durísimo debate que se está realizando sobre la custodia
compartida, en casos de separación, como norma prevalente si no hay
acuerdo, se insiste nuevamente sobre la imposibilidad de aplicar este
sistema en casos de agresiones a la pareja o expareja. Es impresionante
leer la literatura jurisprudencial alegando una y otra vez que la
violencia contra la mujer no conlleva de ninguna forma violencia contra
los hijos y que hay que proteger en todo caso el derecho a las
criaturas a estar con ambos progenitores. Asesinar a las propias hijas,
aparte de un crimen obvio contra ellas, es también un crimen contra la
propia madre –o la abuela en el caso de las dos mujeres dominicanas-,
también es una forma de venganza.
En el fondo de las políticas
públicas contra la violencia sexista y de malos tratos a mujeres y ex
mujeres, a mi modo de ver, está la excesiva judicialización de estos
casos. La creciente penalización y la enorme dependencia que se crea de
las estructuras policiales y judiciales. La consideración de estos
casos, en su globalidad, como asuntos de política criminal. Antes de
ser un asunto a tratar desde la criminología, hay una cuestión primaria
y previa: es una tema claro de dominación patriarcal, de sujeción
femenina, de dominación machista. Y se da de forma muy frecuente, en el
ámbito familiar, o mejor dicho, de pareja. Y se da con más frecuencia y
con más gravedad en supuestos de separación, sobre todo cuando la mujer
es la que demanda. Y se da de forma también frecuente cuando los ex
maridos no están de acuerdo en la separación, o en los términos
concretos de la separación.
Estos elementos están estudiados
en las estadísticas, con las que nos abrasan a diario. Sin embargo,
cuando se hacen las lecturas públicas, cuando los medios hablan, o por
ellos mismos o por boca de los responsables políticos, policiales y
judiciales aparecen los siguientes mensaje: “La víctima no había
denunciado” o “la víctima puso la denuncia pero la retiró”, abundando
en la culpabilización de la propia mujer agredida. Y en esto hay que
distinguir dos cosas claramente: si te agrede un señor, con toda su
prepotencia machista, valiéndose de su prevalencia masculina, concedida
por el sistema patriarcal, dentro de la sacrosanta familia nuclear, la
causa de esta agresión es precisamente conseguir y perpetuar, en el
ámbito concreto de su relación de pareja, la subordinación femenina.
Esta es la causa. Una vez iniciado el proceso de la agresión, que
siempre tiene un largo camino, hay maneras y formas de salir de él.
Probablemente, aquí y ahora, no es la más fácil la utilización de la
vía judicial. Es una salida tortuosa, difícil, desesperante, y que no
pocas veces no da ninguna satisfacción. Pero no por ello hay que
rechazarla. Lo que hay que hacer es mejorar el sistema judicial y
policial y hacer la justicia más asequible, más cercana, más eficaz. O
sea pedir algo imposible: que nuestros juzgados y tribunales de familia
funcionen con la misma celeridad y exigencia con la que actuó el
Tribunal Constitucional, por ejemplo, para impedir y prohibir el
referéndum del 9N en Catalunya.
Pero alejándonos del sistema
judicial, me gustaría hacer dos comentarios sobre medidas preventivas
frente a la violencia sexista.
No es recortando servicios
sociales y de asistencia a mujeres, tanto municipales como autonómicos,
como se mejora la atención a las mujeres agredidas o en situación de
peligro de agresión. Tampoco se consigue una mayor autonomía de las
mujeres ni una mayor libertad de decisión y de circulación, rebajando o
haciendo desaparecer las exiguas “ayudas” sociales para ellas.
Llamándolas ayudas, ya nos da la pista de qué va esto. No es
permitiendo a las patronales avariciosas la precarización de la
condiciones laborales en los sectores más feminizados como se llega a
que una mujer pueda decidir tranquilamente enfrentarse a un proceso de
separación y denuncia de su agresor.
Y por otro lado, y dado
que ya llevamos un mes por lo menos de campaña electoral, a muchas
feministas, de las que hemos peleado fuertemente en la calle hasta
conseguir la retirada del proyecto de aborto (y del propio ministro al
que le han retirado de la política), nos gustaría ver en las campañas,
en los programas, en las propagandas, en las preocupaciones reales de
tanto aspirante a cambiar esta sociedad, algún rastro de sensibilidad
hacia las políticas públicas contra la violencia sexista.
Verdaderamente sólo percibimos el silencio. Y cuando hay un asesinato o
una agresión, la condena de la “lacra” de la violencia. ¿No podéis, o
no sabéis, o no queréis decir otra cosa? El movimiento feminista va a
seguir saliendo a la calle para esta lucha.
Begoña Zabala González. Emakume Intrnazionalistak.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario