No
me voy a cansar. [ ] ... Los llevo a todos [los normalistas
desaparecidos] en mi corazón. Vamos a encontrarlos. Los estamos
esperando en Ayotzinapa”.
Clemente Rodríguez Moreno, padre del
normalista desaparecido Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre
[manifestación de la marcha del primero de diciembre en la ciudad de
México].
“Ayotzinapa
somos nosotros y toda la gente que nos ha apoyado en donde quiera que
nos hemos parado y nos han brindado la solidaridad”.
José Solano,
estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos [manifestación de la
marcha del primero de diciembre en la ciudad de México].
Movilización y fractura de la inercia
Rompiendo la inmovilidad y siguiendo la convocatoria y el llamado de
los padres y compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos
el 26 de septiembre, el pasado primero de diciembre se llevaron acabo
diversas marchas multitudinarias para exigir justicia y la aparición
con vida de los estudiantes normalistas secuestrados en Iguala. En
dichas manifestaciones se reunieron nuevamente diferentes
organizaciones sociales y políticas, miles de estudiantes de educación
medida superior, universitarios de diferentes instituciones de
educación pública superior, maestros, trabajadores, grupos de la
sociedad civil, organismos de derechos humanos y diversos colectivos a
lo largo de las principales ciudades del país y en gran parte de las
entidades federativas del territorio nacional. A estas manifestaciones
se sumaron diversas demostraciones y actividades de apoyo y solidaridad
en el extranjero desde diversos países. Venciendo el miedo y la
intimidación de los últimos actos represivos de las fuerzas de
seguridad del estado (justificados y estimulados por la actuación de
provocadores e infiltrados), la gente salió a las calles una vez más e
hizo resonar la exigencia de dar una repuesta veraz y expedita a las
demandas irresueltas de los padres y compañeros de los normalistas
ausentes, quienes, con dolor y rabia, desde hace más de dos meses han
buscado incansablemente a sus hijos y compañeros.
Convergencia en la diversidad, la movilización y los rostros de la diferencia
A semejanza de las anteriores jornadas globales en apoyo y solidaridad
con Ayotzinapa (8 y 22 de octubre, 5 y 20 de noviembre), las recientes
movilizaciones del primero de diciembre fueron un vasto conjunto de
encuentros dentro y fuera de México donde se conjugaron las voces de
diversos grupos. Los crímenes de Iguala y la demanda de justicia han
logrado un amplio concierto de variados organizaciones políticas,
movimiento sociales y colectivos:
(1) En primer termino, los padres y compañeros de los normalistas
ausentes y asesinados, quienes, reivindicando sus orígenes
rurales-campesinos e indígenas, reiteraron que aún permanece irresuelta
su principal demanda: sigue sin saberse el paradero y estado de sus
hijos y compañeros secuestrados por las fuerzas de seguridad
municipales. A través de sus diversos voceros y representantes, el
primero de diciembre una vez más expresaron que el gobierno federal, no
sólo ha venido desmantelando sistemáticamente las normales rurales y no
tomó medidas preventivas para impedir que acontecieran los crímenes de
Iguala, sino que tampoco ha sido capaz ni ha tenido la voluntad
política efectiva de llevar a cabo una investigación (y búsqueda de los
normalistas) seria, verosímil y creíble. Como han señalado en múltiples
ocasiones, si el Estado se los llevó (refiriéndose a los policías
municipales y el ex-alcalde de Iguala), que el Estado los regrese.
(2) Los estudiantes, universitarios y maestros de diferentes instituciones de educación publica del país,
quienes, desde sus diferentes espacios e instituciones educativas, han
sufrido el embate de las políticas neoliberales, principalmente
mediante la reciente reforma educativa y los procesos de privatización
y mercantilización de los diversos niveles y modalidades del sistema de
educación pública, así como han padecido las políticas represivas del
actual régimen federal. Este ha sido uno de los sectores que ha
respondido de manera constante y masiva a los llamados de movilización
en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa.
(3) Una vasta gama de organizaciones políticas y sociales
de variado cuño que van desde el SME hasta el FPDT-Atenco, el EZLN,
UPOEG y grupos campesinos e indígenas, quienes en carne propia en sus
trabajos y territorios han experimentado la depredación y despojo de
sus tierras y recursos naturales a manos de empresas nacionales e
internacionales, con la venía y beneplácito del Estado mexicano. Estos
grupos, a través de sus medios y posibilidades, han manifestado su
respaldo y solidaridad a las demandas de justicia de los padres y
estudiantes de Ayotzinapa.
(4) Las organizaciones, colectivos y grupos de personas que han padecido la inseguridad y tienen familiares desaparecidos y asesinados
por grupos del crimen organizados y ciertos sectores de diversas
fuerzas de seguridad del Estado (policías municipales y estatales,
militares, etc.), bajo el marco de la violencia política de la
impunidad y la negligencia oficial de las dos últimas administraciones
federales. En síntesis, los asesinatos y desapariciones de Ayotzinapa
son un espejo cruel de los agravios, la impunidad y la violencia en el
cada uno de estos grupos y sectores se ve reflejado e interpelado.
La movilización social frente a la cosecha de atrocidades e ignominia
La argamasa que une y articula a estos grupos, organizaciones y
miembros de la sociedad es la sensación y el hecho de vivir una
situación de injusticia estructural, permanente y profundad; está la
percepción de que cualquier otro individuo o persona pudo haber sido o
puede ser el desaparecido número 44 y el séptimo asesinado. También
permanece la certeza de que los 43 desaparecidos resuenan como un eco
atroz e hiriente de los más de 26 mil desaparecidos en los últimos ocho
años de gobierno, y de que los tres estudiantes brutalmente asesinados
el 26 de septiembre en Iguala son una manifestación exacerbada de la
violencia que ha generado más de cien mil asesinatos y muertes
violentas en la última década. Todo esto es en gran parte resultado de
una política oficial de seguridad militarista, errática y desfasada que
sólo ha cosechado lo contrario a lo que discursivamente se proponía:
inseguridad y muerte.
Cada vez está más presente y se difunde
la idea de que el Estado (en sus diversos niveles y con sus múltiples
instituciones) no sólo no le interesa y no ha sido capaz de dar
respuesta a las problemáticas y demandas (de seguridad, empleo,
educación, salud, trabajo, etc.) de grandes sectores de la sociedad
(normalistas, maestros, estudiantes, organizaciones sociales y
políticas, padres de familia, entre otros). Por el contrario, conforme
pasa el tiempo es más generalizada la consideración de que el Estado,
no sólo no actúa y por tanto incurre en omisión y negligencia, sino que
es parte integrante de estos problemas y de que es él mismo quien
fomentó las políticas y condiciones socio-económicas que hicieron
posible atrocidades como las muertes y desapariciones de Ayotzinapa
(así como los decenas de miles de desaparecidos y los más de cien mil
asesinatos en las dos últimas administraciones federales). La confianza
y credibilidad en el Estado se ha rotó y vuelto añicos para grandes
sectores de la población mexicana.
No obstante, también se ha
venido fracturando la inercia y la inmovilidad social. Por eso, son los
mismos padres y compañeros de los normalistas secuestrados quienes, a
semejanza de otros organizaciones que luchan mediante sus propias vías
y medios por sus derechos (EZLN, UPOEG, FPDT-Atenco entre muchos
otros), se han movilizado para exigir sus demandas y también para
buscar ellos mismos a sus compañeros e hijos desaparecidos. Esto es
reflejo de que cada vez es más frecuente la percepción de diversos
grupos sociales y políticos de que la solución y atención de las
exigencias de justicia tienen que tomarse en las propias manos y buscar
una respuesta por sí mismos.
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