12/04/2014

Los periodistas pal café. . .




Del Todos somos Ayotzinapa proclamado por el contestatario activista mexiquense que dirige la ONG denominada Los Pinos al Todos somos responsables emitido ayer por la otra voz del peñismo, la del presidente del comité nacional priísta, César Camacho, quien saltó al foro para hacer una generosa tentativa de reparto per cápita de la deuda cívica y moral interna, al señalar en una reunión de tres colores en Michoacán que respecto a la actual situación del país, en el contexto de los sucesos de Iguala, por acción y omisión... todos somos responsables.
El pregonero del partido que ha sepultado lo revolucionario y ha fallado en lo institucional estuvo en Morelia para acelerar la inmersión en lo electoral, que es la fase siguiente de desmovilización de la protesta pública que el sistema cree posible instalar. Camacho trató de motivar a un priísmo que tiene presentes las versiones de que Los Pinos postulará un candidato a gobernador endeble para pagar favores al perredismo pactista que llevará como aspirante a alguien muy bien visto en esa residencia federal, al diputado Silvano Aureoles, chuchista, amalista (por la corriente de la zacatecana Amalia García) y, actualmente, muy peñista. Aureoles preside la mesa directiva de San Lázaro y, en combo con el senador perredista Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, el poblano que a su vez encabeza la directiva de su cámara, ha prestado un muy significativo servicio como edecán de izquierda junto a Peña Nieto en actos públicos diversos. Frente a esa percepción de arreglos cupulares cedentes, Camacho dijo ante michoacanos que las alianzas y negociaciones sólo son con los ciudadanos.
El señuelo partidista-electoral de normalización de la vida pública también ha sido abrazado con entusiasmo por panistas, específicamente por la corriente que obedece a Felipe Calderón, quien dejó a varios de sus alfiles (hermana, ex secretarios del gabinete, familiares, amigos y similares) instalados como senadores. Anoche, el ex secretario de hacienda, ex aspirante a candidato presidencial y actual senador gracias al dedo felipista Ernesto Cordero organizaba junto con el ex secretario particular de FCH, Roberto Gil, y la hermana Luisa María Calderón un encuentro para impulsar las pretensiones de que Margarita Zavala Gómez del Campo sea candidata a una diputación federal (seguramente por la cómoda vía de la representación proporcional que varios miembros de las familias Zavala Gómez del Campo y Calderón Hinojosa han utilizado invariablemente para hacerse de agradables asientos legislativos).
Los calderonistas buscan que la esposa del anterior ocupante de Los Pinos sea diputada federal y coordinadora de la bancada de blanco y azul en San Lázaro, misma aspiración que mantiene Gustavo Madero, dirigente panista con licencia que según diversas voces enteradas estaría dispuesto a retomar el liderazgo partidista sólo para declararse a sí mismo coordinador de los diputados federales, conforme a las facultades estatutarias del caso. El grupo encabezado por el funerario Calderón cree factible desligar de la tragedia del sexenio anterior a la esposa del michoacano, de tal manera que ella pueda ser candidata a la presidencia de la República en 2018.
Revoloteos de la clase política pretendiendo que ya no pasa nada tan grave que pueda interrumpir sus rutinas de acceso al poder institucional, mientras en el Senado se mantiene en suspenso la suerte de la reforma constitucional aprobada en la cámara de diputados para restringir e inhibir el ejercicio de los derechos de reunión, expresión y protesta, con la movilidad como coartada. Provocación, sondeo y distracción, el intento de aprobar una ley bala nacional es un despropósito correspondiente a la ineficacia e insensibilidad de quienes habitan las cúpulas. A propósito, bustos de bronce de cuatro ex gobernadores de Guerrero fueron sacados de palacio de gobierno por profesores para prenderles fuego (simbólicamente, pues el metal resistió el ígneo ataque no sostenido). Allí estaban Rubén Figueroa Figueroa, Rubén Figueroa Alcocer, José Francisco Ruiz Massieu y Ángel Aguirre Rivero.
De Washington llegaba en tanto un tanque de oxígeno para el amigou Peña Nieto. El Departamento de Estado ya no se quedó en un apoyo por vía anónima, como un día antes, pues ahora la vocera dijo que Estados Unidos considera que el mexicano actuó con rapidez (¿diez días después la primera diligencia federal? ¿Dos meses y una semana sin definir situación final de los desaparecidos?) y de manera integral en el caso Iguala. Ah, y nada de que hubo violaciones a los derechos humanos.
Enrique Peña Nieto estará hoy en Acapulco para anunciar un Plan Nuevo Guerrero, con pirotecnia numérica relacionada con inversiones, apoyos, subsidios y todo el arsenal de oportunidad que se toma de casilleros presupuestales ya existentes para confeccionar un batidillo vistoso que permita al alto funcionario federal en problemas asomarse con un presunto regalo en la mano a la entidad donde no ha puesto pie desde la tragedia de Iguala.
Además de la blindada estancia en la principal ciudad del estado, el puerto famoso, hoy tan golpeado en el ramo turístico a causa de la crispación política y social, Peña Nieto se aparecerá en Coyuca de Catalán para inaugurar un puente. Ésta será su máxima aproximación a la realidad no pavimentada, pues a pesar de que en Los Pinos se había anunciado días atrás que su principal ocupante estaría ni más ni menos que en Iguala, posteriormente se canceló tal audacia. Ni por equivocación, obviamente, EPN consideró visitar Tixtla de Guerrero, una de cuyas localidades es Ayotzinapa, donde está la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Y, mientras le es dicho adiós a Vicente Leñero, ingeniero de profesión, escritor de vocación y vida, autor de textos entrañables y memorables, guionista de primera calidad, periodista que fue subdirector y vicepresidente del consejo de administración de Proceso, ¡hasta mañana, ya con los detenidos del pasado primero en vías de la libertad bajo caución, para que se reanude el diálogo entre politécnicos y autoridades!
Twitter: @julioastillero, Facebook: Julio Astillero, Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

Transparencia Internacional ha dado seguimiento a México desde los últimos dos años del sexenio de Ernesto Zedillo hasta hoy, cuando acaba de presentar su Índice Global 2014. Año tras año lo ha reprobado con calificaciones que no pasan de tres puntos y fracción. (La mejor es 10; la peor, cero). Motivos, al parecer, no le han faltado. Con Zedillo fue el Fobaproa. Con Fox, el Pemexgate, las toallas de 4 mil pesos y el Vamos México de la señora Marta. Con Calderón, la Estela de Luz, el edificio del Senado, el fraude electoral, el copelas o cuello en que se vio involucrado el hoy senador Javier Lozano. A Peña Nieto lo reprobó en su primer año y le ha vuelto a dar mala calificación en el segundo. Y eso que no alcanzó a evaluar los recientes expedientes: Iguala, Ayotzinapa, el tren a Querétaro, el caso IAVE y la Casa Blanca de Las Lomas. Por supuesto, no sólo el gobierno contribuye a las notas reprobatorias, también el sector privado. Ahí están los temas de Walmart, Oceanografía, Ponds, Televisa, Hewlett-Packard y un largo etcétera. ¿Será posible que una mexicana o un mexicano descubrieran una vacuna que neutralice el virus de la corrupción? Incluyendo a la impunidad. Ganaría el Premio Nobel. Por si no están enterados, la próxima semana el Senado elegirá al nuevo fiscal anticorrupción entre una treintena de aspirantes, pero el Presidente puede objetarlo, por lo que el que quiera ganar, primero debe contar con sus simpatías.
Suertudos
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Las agencias de automóviles en Estados Unidos están reportando las mayores ventas en una década porque cada vez es más barata la gasolina en ese país; actualmente el promedio nacional por galón está en 2.70 dólares, equivalente a 10 pesos por litro, aproximadamente, pero en Saint Louis, Missouri, se puede comprar a 2.37 dólares. Desde junio los precios internacionales del petróleo han caído 34 por ciento, alcanzando los niveles más bajos en cinco años debido a la sobreoferta de crudo en el mundo. Estados Unidos está produciendo 9 millones de barriles diarios, el mayor nivel en 30 años, debido a la extracción de petróleo shale, lo que ha desatado una guerra internacional de precios liderada por Arabia Saudita. La semana pasada la OPEP decidió mantener la producción de 30 millones de barriles al día para sostener los precios bajos y sacar a los estadunidenses del terreno de juego –a los nuevos jugadores shale. Las consecuencias las están sufriendo las grandes empresas que han invertido en la extracción de crudo por medio del fracking –que esperaban recuperar la inversión con la venta de barriles a precios altos– y los países, como el nuestro, cuyos ingresos dependen en gran medida de los ingresos petroleros. Algunos analistas estiman que en sólo unas semanas los precios de la gasolina en el país vecino podrían romper el piso de los dos dólares por galón en estados como Texas, Oklahoma, Missouri y Carolina del Sur, lo que significaría ahorros de centenares de dólares al mes para las familias estadunidenses. ¿Y en México? El próximo sábado tendremos gasolinazo, y repetirá en enero. Millones de pesos de las familias y las empresas a las arcas insaciables del gobierno.
Chop-suey a la mexicana
La Secretaría de Comunicaciones no siente ñáñaras por la investigación que llevará a cabo una nueva comisión de la Cámara de Diputados para revisar el proceso de licitación del tren de alta (¿alta?) velocidad México-Querétaro. La información está disponible en la página web de la dependencia, será cuestión de que los comisionados se echen un clavado, y si algo no entienden, que pregunten. Ni un té de tila necesitará para calmar los nervios el secretario Gerardo Ruiz Esparza, todo está bajo control, del PRI, por supuesto. ( Don Beltrone vigila). Por otro lado, aclara que la información difundida sobre un supuesto pago como compensación al consorcio encabezado por China Railway Construction Corporation (CRCC) carece de fundamento, toda vez que no se ha realizado pago alguno. (Nada de copelas o cuello en esta ocasión). Desde el Oriente lejano, la compañía anuncia que volverá a competir, pero bajará del tren a los que la hicieron perder en el primer intento.

Todavía no aterriza plenamente la reforma energética, y el gobierno federal ya considera modificar los términos de las licitaciones en la llamada ronda uno (contratos de exploración y extracción al capital privado), porque con la euforia modernizadora no le dio tiempo de ver hacia adelante y prever que una eventual caída de los precios de la mezcla mexicana de exportación restaría atractivo al negocio.
Fue tal la emoción que en ellos provocó la aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética, que ni siquiera se dieron tiempo de imaginar el desplome de los petroprecios y sus consecuencias, es decir, la paulatina pérdida de interés por parte del capital trasnacional, por más que desde cuando menos tres meses atrás los grandes jugadores del mercado, congregados en Caracas, lo advirtieron: no participamos sin garantías de elevados márgenes de ganancia.
Y para el caso mexicano, la pérdida de atractivo entre aquella reunión en la capital venezolana y ayer, tras el cierre de los mercados, acumula alrededor de 30 dólares por barril. Así, el objetivo central (versión oficial) de la reforma energética (aumentar la plataforma de producción petrolera tanto a corto como a largo plazos, y garantizar la maximización de la renta petrolera en favor de la nación, tal como lo mandata la Constitución) no sólo pierde atractivo de forma acelerada, sino que se tambalea, cuando menos en los términos originalmente aprobados.
Ayer el barril mexicano de exportación se cotizó en 60.67 dólares, nivel similar al registrado al cierre de mayo de 2009. Y este precio se aplica a las entregas físicas de crudo de mediados de febrero de 2015. Y aunque la Secretaría de Hacienda se sienta tranquila por las coberturas petroleras recientemente anunciadas, el desplome del precio es tan drástico que nada raro sería que comenzaran a contabilizar las pérdidas, porque si bien Luis Videgaray explicó que el techo pactado es un precio promedio de 76.4 dólares por barril, no detalló cuál sería el suelo considerado en la negociación.
De acuerdo con la Secretaría de Energía, originalmente “en la ronda uno se licitarán 169 bloques, de los cuales 109 corresponden a áreas de exploración y 60 a campos de extracción. Las reservas 2P (probables) y recursos prospectivos a licitar representan un volumen de 3 mil 782 y 14 mil 606 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, respectivamente. Se espera que estos proyectos representen inversiones anuales por aproximadamente 8 mil 525 millones de dólares entre 2015 y 2018”.
Pero el desplome a 60 dólares por barril llevó a pensar a Pedro Joaquín Coldwell que la ronda uno ya no resulta tan atractiva para el capital trasnacional, y ayer anunció que el gobierno federal podría considerar, analizar, cambios en las licitaciones de los yacimientos no convencionales (es decir, los enlistados en la citada ronda), producto, obviamente, de la caída de los petroprecios. Eso estamos evaluando, pero tenemos tiempo, porque en nuestra programación esa etapa de licitación se va a ir a finales de febrero oprincipios der marzo de 2015.
En el explosivo coctel petrolero mexicano hasta ahora se mezclan tres elementos: caída en la producción interna, descenso en el volumen de exportación y desplome del precio del barril. Las aceitunas las ponen, por un lado, Estados Unidos que ha incrementado sustancialmente su producción para auto consumo y, por otra, países productores dispuestos a soportar tiempos de vacas flacas, que mantienen al mercado internacional inundado de oro negro. Y de música fúnebre, el afán gubernamental (versión oficial) de maximizar la renta petrolera a favor de la nación.
Si de cualquier forma el gobierno federal mantiene en sus términos la reforma energética y se aferra a sus planes con tal de demostrar que tenía la razón, entonces deberá ceder aún más ante las de por sí depredadoras prácticas y estilos de las trasnacionales de la energía. Y si quiere que la inversión privada, nacional y foránea, llegue a maximizar la renta petrolera, de plano se quedará sin ropa interior.
Lo anterior, porque para lograr su objetivo, aunque implique un menor monto de inversión y se minimice la renta petrolera, se verá obligado a entregar a los vampiros trasnacionales (don Jesús Silva Herzog dixit) las mejores áreas productivas que, mediante la ronda cero, dejó en manos de Petróleos Mexicanos (ahora empresa productiva del Estado), en las que (palabras de Pedro Joaquín) los costos de extracción que se contemplan son menores. Con una acción así descobijaría a la ex paraestatal, pero protegería los intereses que realmente le importan.
En fin, no termina de implementarse la reforma energética y la realidad ya la corrige por la vía de los hechos, algo que en el mágico mundo oficial nunca consideraron. De hecho, según las estimaciones de la propia Secretaría de Energía, a estas alturas de 2014 y para todo 2015 el precio de la mezcla mexicana de exportación se mantendría en niveles de entre 90 y 95 dólares por barril, precio que, presumía, sería eterno.
Pero bueno, si de correcciones se trata el director general de Pemex, Emilio Lozoya, y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, tendrían que salir a dar explicaciones porque sus declaraciones en torno al caso Oceanografía (el fraude de esa empresa no causó daños a Petróleos Mexicanos) no se apegaron a la verdad.

La denuncia que hizo ayer el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, de que se están formando grupos paramilitares en la zona indígena de Ayutla, donde tiene influencia la Organización del Pueblo Indígena Mixteco (Opim) y donde ha habido una fuerte militarización, debe ser vista con mucha atención.
El presidente de la Red Solidaria Década contra la Impunidad se reunió en privado con el gobernador Rogelio Ortega Martínez y abordó varios asuntos que esa agrupación atiende en Guerrero, entre ellos el asesinato del dirigente de la Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona, y dos de sus compañeros, crimen que se atribuye al alcalde con licencia José Luis Abarca Velázquez; el encarcelamiento de seis indígenas integrantes de la Policía Comunitaria de la casa de El Paraíso, Ayutla; y el caso de la Opim, entre otros.
El tema de los paramilitares en la zona de la Opim tiene relevancia porque, desde que fue creada, esta organización indígena ha sido perseguida por los gobiernos estatales y por el Ejército, y siempre se ha dado a sus integrantes tratamiento de presuntos guerrilleros.


No se hizo esperar la reacción de la derecha xenofóbica estadunidense al decreto migratorio mediante el cual el gobierno de Barack Obama pretende aliviar la situación de unos 4 millones 400 mil extranjeros indocumentados –de un total de 11 millones que, se estima, residen en el país– y suspender provisionalmente la amenaza de deportación que pende sobre ellos: una coalición de 17 estados, encabezada por Texas, presentó ayer una demanda en contra de la Casa Blanca ante la Corte Federal del Distrito Sur de aquella entidad. De acuerdo con el alegato interpuesto, el gobernador electo de Texas, Greg Abbott (republicano), el mandatario carece de facultades para rescribir las leyes migratorias y ha abandonado su obligación de hacer cumplir las normas aprobadas por el Poder Legislativo.

No más Tlatelolcos: artistas independientes
Como artistas independientes, hacemos pública nuestra preocupación por los heridos, asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa, y deseamos unir nuestro arte a toda esa gran ola de repudio que se ha levantado para denunciar la acción cobarde de los gobiernos municipal, estatal y federal en contra de los normalistas.

Los huérfanos de la tragedia de Ayotzinapa no están solos en la porfiada búsqueda de sus queridos perdidos en el caos de los basurales incendiados y las fosas cargadas de restos humanos.

Enrique Peña Nieto ofreció en cadena nacional poner orden en este desplomado país, combinando programas económicos para los estados más pobres con la restructuración de las policías nacionales, a quienes podremos recurrir simplemente marcando el 911, como en las series de televisión gringas. Identificó como nodos de la violencia a los municipios, proponiendo someter o, incluso, disolver los ayuntamientos en los que el narco domine.

El problema más serio que enfrenta el gobierno de Enrique Peña Nieto es la falta de credibilidad. No es un asunto menor. La confianza es un componente central de la relación entre el Estado y los ciudadanos; sin ella, se oscurece la comprensión de las decisiones presidenciales y el comportamiento del gobierno, así como la percepción de los problemas del presente. En consecuencia, la capacidad de gobierno se reduce de manera considerable. Creo que la expresión más dramática de la desconfianza de los ciudadanos es la posición de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, que han rechazado los escalofriantes resultados de la investigación que presentó el procurador, Jesús Murillo Karam, y han sostenido que el gobierno tiene a los estudiantes. De manera que el objetivo de su protesta no es el crimen organizado, la pareja de delincuentes Abarca o la policía local, sino el gobierno federal y el Presidente de la Republica. ¿Qué puede significar esta postura de los padres de familia? ¿Cuáles son las implicaciones de esta atribución de responsabilidades?

Si uno se atiene a las crónicas, no exigió largo tiempo de deliberación a los ministros de la OPEP convenir en que –tras por lo menos un semestre de inestabilidad a la baja y algunas semanas de caídas bruscas y continuadas de los precios internacionales del crudo– la cuota de producción del cártel debía ser mantenida en 30 millones de barriles diarios, fijada hace cinco años. Ante una situación en extremo complicada, como la que enfrenta el mercado petrolero mundial, optar por la inacción puede ser una estrategia prudente. Este enfoque fue sugerido, enfáticamente, por los ministros de los países petroleros del golfo Pérsico, encabezados por el saudita Ali al-Naimi. Al llegar a la breve sesión formal, en la mañana del jueves 27 de noviembre, ya todo estaba decidido. Las consultas y los forcejeos, con participación de cuando menos dos exportadores ajenos a la OPEP, tuvieron lugar días antes, en Viena y otras ciudades. Como tantas veces ha ocurrido, parecen haberse enfrentado los petroestados del Golfo, con vastas reservas de crudo y de divisas, con algunos otros exportadores, carentes más de las segundas que de las primeras y ansiosos de mayores ingresos. En la semana transcurrida desde la reunión se acentuó la caída de los precios (aunque hubo algún repunte); se enfrenta, en general, mayor incertidumbre, y han sido muy variadas las reacciones ante lo que casi todo mundo presumía que iba a ocurrir.

La crisis que estamos viviendo no se parece a otras que han conmocionado al país en las últimas décadas, aunque algunos rasgos parezcan repetirse. La situación actual no está directamente vinculada al colapso súbito de las cuentas públicas, como ocurrió en el umbral de los sexenios de Salinas y Zedillo. Tampoco expresa el malestar de un sector social bien definido, como en el 68. La economía, ciertamente, determina el ritmo y el rumbo del país en un horizonte global que no supera aún el efecto devastador de la gran recesión, pero es la política la que se tambalea, como si de la noche a la mañana su aparente fortaleza se convirtiera en debilidad. Años de violencia extrema cultivada en los intersticios del Estado, allí donde las instituciones debían servir al ciudadano, han gestado una profunda indignación popular que espontánea e inevitablemente se dirige contra los máximos representantes del poder, independientemente de las responsabilidades atribuibles a cada una de las autoridades. El desbordamiento de la protesta tras la tragedia de Iguala prueba la fragilidad de las instituciones, el fracaso de una ruta que no reconoce el desajuste abismal entre las necesidades, los problemas y los sentimientos del país real y el funcionamiento del Estado. Sin embargo, ni las autoridades ni los partidos en el Congreso asumen hasta hoy la gravedad de los hechos y en qué grado erosionan la democracia. Confían en remodelaciones parciales del orden legal pero omiten la reflexión sobre qué país saldrá de esta crisis. Sujetos a las inercias del poder, no perciben la conexión sustantiva entre la desigualdad que define la vida mexicana, la expansión de la violencia criminal y la descomposición de la vida pública. El juicio negativo alcanza a todos los partidos, anulando en los hechos las virtudes de la competencia electoral como fórmula para superar pacíficamente las disputas en curso. Peligrosamente, los ciudadanos se preguntan no ya por quién votar en 2015, sino por algo más grave y preocupante: ¿tiene sentido votar, aunque no hacerlo garantice la victoria sin contrapesos de los usufructuarios del poder?

El 2 de diciembre de 1974 murió Lucio Cabañas Barrientos en un enfrentamiento con el Ejército Mexicano en El Otatal, Guerrero (al sureste de Iguala). Iba a cumplir 36 años el 15 de diciembre.

Las recientes elecciones en Uruguay confirman la tendencia del electorado en América Latina y el Caribe (ALC) a votar por la continuidad de los gobiernos antineoliberales, como hemos podido comprobar este año en El Salvador, Bolivia, Brasil y ahora en la patria de José Artigas. Desde 1998, año de la primera elección de Hugo Chávez, hasta la fecha, ni uno solo de ellos ha sido removido electoralmente. Únicamente apelando al golpe de Estado las oligarquías aliadas a Estados Unidos han podido derribar a los más débiles: el de Manuel Zelaya en Honduras y el de Fernando Lugo en Paraguay; procedimiento también intentado infructuosamente en Venezuela (2002), Bolivia (2008) y Ecuador (2010).

Se cumplieron dos años de un gobierno que llegó con la oferta de que lograría superar la mediocre tasa de crecimiento promedio anual de los pasados 20 años. Fundamentó su planteo en un supuesto conocimiento del funcionamiento gubernamental y, más importante, en la aprobación de reformas que permitirían que la productividad general de la economía se incrementara. En términos políticos desarrolló un acuerdo entre los tres partidos con mayor respaldo electoral, signado con el fin de darle al país una conducción general capaz de permitir avances sustanciales en asuntos estratégicos.


En los Diarios de Bioy Casares, Borges es El personaje.

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