Estados obstaculizan interrupción legal del embarazo: OEA
La
no garantía por parte de los Estados de los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres –especialmente en el acceso a la
interrupción legal del embarazo–, además de limitar a la población
femenina una amplia gama de servicios de salud, constituye una de las
formas de violencia de género más oculta.
En ello coincidieron expertos y especialistas en Derechos Humanos (DH)
y de las mujeres reunidos en la “Mesa Redonda Violencia contra las
mujeres y derechos sexuales y reproductivos en las Américas: avances y
desafíos persistentes”, que se realizó ayer –como parte de los 16 Días
de Activismo contra la Violencia de Género–, en la sede de la
Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.
Carmen Moreno, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de
Mujeres (CIM), señaló que pese a que los derechos sexuales y
reproductivos han sido reconocidos como DH, una gran proporción de las
mujeres en América Latina (AL) y el Caribe enfrentan severos obstáculos
para acceder a estas garantías, “que a su vez son puente para acceder a
una serie de servicios y al pleno goce de todos los derechos”.
Sostuvo que en la región, las mujeres todavía no tienen derecho a
decidir sobre su cuerpo, y en su sexualidad y capacidad reproductiva en
igualdad de condiciones que los hombres. “Esta realidad perjudica su
desarrollo y participación económica y política dentro del desarrollo
de sus naciones”, alertó.
Jean-Claude Nolla, observador permanente de Francia ante la OEA, señaló
que la igualdad entre los sexos es todavía un reto en la región, y “las
disparidades” en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos “son
aún más grandes”.
De acuerdo con el embajador, el rechazo de las naciones a garantizar el
derecho a la interrupción voluntaria del embarazo “es una violencia
oculta” en contra de la población femenina.
Argumentó que al no garantizarse este derecho, “la opción que se le
ofrece a las mujeres es un aborto clandestino”, que pone en riesgo la
salud y la vida de las mujeres.
Aunque no existen cifras reales sobre los abortos inseguros, el
representante francés dijo que desde 1994 la proporción de mujeres que
recurren a esta práctica se mantiene constante en AL, y se estima que
el 13 por ciento de casos de muerte materna corresponde a abortos
inseguros.
Al recordar que al año se realizan 450 millones de abortos inseguros en
el mundo, que derivan en la muerte de 50 mil mujeres, Nolla sostuvo que
“la interrupción legal del embarazo es un derecho fundamental que
salvaría la vida de miles de mujeres y con él, le evitaríamos a
millones de ellas que pongan su vida en riesgo, al mismo tiempo que
evitaríamos que millones sean estigmatizadas en los casos de violación
sexual, como ocurre actualmente”.
Rosa Celorio, abogada y especialista en DH de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que el acceso a la
información y educación son claves para avanzar en los derechos
sexuales y reproductivos.
Dijo que a través del trabajo de la CIDH –que recibe testimonios, y
realiza informes especiales o visitas a los Estados– se tiene
conocimiento del impacto “desmesurado que tiene en las mujeres” la
prohibición total del aborto, “que propicia la realización de abortos
inseguros que ponen en riesgo la vida y seguridad” de las
latinoamericanas, sostuvo la experta.
Agregó que la CIDH también tiene conocimiento de las barreras que deben
enfrentar las mujeres incluso para acceder a las excepciones legales
del aborto que se garantizan en algunas naciones: “Vemos con
preocupación que también deben enfrentar barreras para ejercer sus
derechos dentro de la ley”.
También se han documentado “problemas bastante serios” con respecto a
la criminalización del aborto, especialmente cuando las mujeres deben
acceder a servicios médicos por complicaciones durante el embarazo o
abortos prematuros, pues son denunciadas por el personal de salud, y es
así que ellas “tienen que tomar una decisión (en medio de emergencias
obstétricas): ‘o no acudo a los servicios de salud o accedo a ellos y
me arriesgo a que me consideren una criminal’”.
Al mismo tiempo indicó que en la CIDH “estamos muy preocupadas por las
mujeres que trabajan en la defensa de los derechos sexuales y
reproductivos”, ya que su criminalización “se acentúa más por las
causas que ellas persiguen y el carácter polarizante de las causas que
persiguen”.
Finalmente recordó que la CIDH, en reiteradas ocasiones, se ha
pronunciado –con medidas cautelares, informes especiales y
recomendaciones– porque las naciones garanticen de manera plena todos
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Enfatizó que un ingrediente crítico para garantizar estos derechos es
que las naciones desarrollen espacios que permitan la participación
femenina en el diseño, aprobación y aplicación de las leyes y
normativas que protegen estos derechos.
La mesa redonda fue realizada en conjunto por la CIM, la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), y la Misión Observadora Permanente de
Francia.
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
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