Al reapropriarse y subvertir el estigma de la
palabra "puta”, históricamente término ofensivo y condenatorio, en un
significado de libertad y autonomía, la versión ecuatoriana de la Marcha de las Putas (equivalente a la Marcha das Vadias, en Brasil) realiza su
tercera edición este sábado, 29 de marzo, en Quito. Invitando a participantes
de todos los géneros sexuales, el acto propone romper con una estética binaria
y patriarcal, que divide el mundo en "mujeres femeninas” y "hombres
masculinos”, dando lugar a expresiones múltiples de la sexualidad y superando
un control de género.
Según los organizadores del evento, el fenómeno de
la "Marcha de las Putas” es una
expresión contemporánea del feminismo, que hace particular apropiación del
espacio público a través de una denuncia visible, de la no sumisión estética,
de la celebración de todas las posibilidades de expresión. Además, propone la
erradicación de la desigualdad y de la violencia de género, afirma los derechos
sexuales y reproductivos y los derechos de las prostitutas. "Somos nosotras
quienes nos juzgamos a nosotras mismas”, dice el manifiesto de la Marcha. El encuentro por las calles de la capital es una
denuncia pública a actitudes y prácticas sociales, culturales e institucionales
de maltratos, cosificación, estigmatización y opresión de género, con especial
enfoque en las mujeres. "Frente a la constatación de que ‘puta’ es una palabra
que describe múltiples formas de no sumisión y autonomía femenina, en particular
la sexual, nos asumimos como putas”, explica el manifiesto. "Porque así nos han
llamado por haber hecho ligadura de trompas, por tener más de un compañero, por
salir solas de noche, por proponer sexo, por abortar, por ser mujer y amar a otra
mujer, por decidir no ser madres”, puntualiza. "Yo me he negado, hace mucho tiempo, a tratar de
encajar en ese molde de mujer ideal. Ya basta de dejarse invadir por ciertos
misticismos y patrones mentales que solamente perjudican nuestro diario vivir”,
afirma la ecuatoriana Cecilia Vivanco, que participará en la marcha. "Debemos
romper tabúes, despojarnos de preconceptos extremistas. (...) No es fácil en
una sociedad como la nuestra. Es hora de comenzar, es cuestión de actitud, por
menor que sea”, agrega, en las redes sociales de internet. Carlos Aroca también
confirmó su presencia. "Ya hace tres años acompañamos con toda mi familia la
reivindicación de los derechos femeninos”, escribió en la página de Facebook de
la Marcha. El acto está agendado para comenzar a las 16h con el
"Festival Emputado”, que reunirá a artistas de música urbana. Después, va a tener
lugar la marcha desde el "Arco del Parque El Éjido” hasta la "Plaza Foch”, desde
las 18h30 a las 21h30; la manifestación se concentrará para presentaciones de
teatro y música, entre otras programaciones. Marcha en Ecuador y en
el mundo
En el país, la Marcha de las Putas se realiza una vez al año,
desde 2012, en Quito. Además, se constituye un colectivo feminista que se reúne
dos veces por semana en torno de conversaciones, debates, intervenciones en el
espacio público y otras formas de proposición social y política. La marcha es un movimiento que surgió en Canadá, en
abril de 2011, después de declaraciones del policía Michael Sanguinetti durante
una conferencia sobre seguridad ciudadana, en Toronto. Él aseguró que "las
mujeres deben evitar vestirse como ‘putas’ para no ser víctimas de violencia
sexual”. La primera marcha, denominada "The Slutwalk”, se
originó como una denuncia pública contra las formas de violencia hacia las
mujeres y de la estructura social e institucional que la reproduce y justifica.
El movimiento actualmente tiene lugar en más de 60 países, con fuerza
particular en América Latina. * Sepa más en la página de Facebook (Marcha de las
Putas Ecuador) y en el sitio web (www.plataformaputasec.org). Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
Asesinatos de mujeres por “razón de sexo” y no de género
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
La
Real Academia de la Lengua Española (RAE) incluirá en la 23 edición del
Diccionario de la Lengua Española –a publicarse en octubre próximo– una
definición del término feminicidio que no retoma la esencia de las
propuestas históricas de académicas y feministas.
El pasado 14 de marzo –según información difundida por la RAE–, José
Manuel Blecua, director de la institución, entregó a la editorial
Espasa (responsable de la publicación) el contenido de la edición 23
del diccionario, que se difundirá para conmemorar los 300 años de la
academia y que incluye alrededor de seis mil nuevos términos acuñados
recientemente.
En la publicación se incluirá la definición de la palabra feminicidio,
concepto que ha estado en las discusiones y conceptualizaciones de las
feministas desde los años 70, y cuya lucha por su reconocimiento es
para evidenciar el sustrato sexista, misógino y androcentrista en la
ola de asesinatos de mujeres, así como la responsabilidad directa o
indirecta del Estado en estos crímenes.
Sin embargo, esta nueva definición no significaría un logro del
movimiento por los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, toda vez que
el término que publicará la RAE excluye el componente de “género” en
los asesinatos cometidos contra la población femenina.
Cimacnoticias acudió a la RAE para conocer la definición que se
adoptaría finalmente del término. La institución informó que se aprobó
que la definición de “feminicida” quedara como “el adjetivo perteneciente o relativo al feminicidio”, y “dicho de una persona: Que comete feminicidio”.
Así, la academia define etimológica y morfológicamente al feminicidio como el “asesinato de una mujer por razón de su sexo”.
También plantea que “en algunos contextos, pueden ser sustituidas estas voces por las siguientes: uxoricida (hombre que mata a su mujer), y uxoricidio (muerte causada a la mujer por su marido)”.
DEFINICIÓN ERRÓNEA
Históricamente, diversas autoras feministas y expertas en género como
Diana Russell, Jill Radford, Patsilí Toledo Vásquez y la mexicana
Marcela Lagarde y de los Ríos, han señalado la importancia de reconocer
que el feminicidio ocurre por razones de género y no de sexo, y que no
debe definirse como “homicidio de mujeres”.
Cabe recordar que el feminicidio encuentra su antecedente directo en la
voz inglesa “femicide”, expresión usada por primera vez por Diana
Russel en el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra las Mujeres,
celebrado en Bruselas en 1976.
En 1990, junto con Jane Caputi, Russel publicó el artículo “Femicide:
Speaking the unspeakable”, que buscaba visibilizar que las muertes
violentas de mujeres se encuentran en el extremo de una serie de actos
de terror que incluyen una gran cantidad de formas de abuso sexual
verbal y físico, como violación, tortura, esclavitud sexual, mutilación
genital, maternidad forzada, entre otras formas de violencia.
Dentro de esas primeras conceptualizaciones, las autoras buscaban
evidenciar que en la mayoría de los asesinatos de mujeres por parte de
sus maridos, novios, padres, conocidos y también los cometidos por
desconocidos, poseen un componente común de misoginia.
Incluso las investigaciones de Russel derivaron en una clasificación del feminicidio como “íntimo, no íntimo y por conexión”.
El primero alude a los asesinatos cometidos por hombres con quien la
víctima tenía o tuvo una relación intima, familiar, de convivencia o
afines a éstas; mientras que el segundo se refiere a aquéllos cometidos
por hombres con quienes la víctima no se había relacionado previamente,
y que frecuentemente involucran un ataque sexual previo.
El feminicidio “por conexión” abarca a las mujeres asesinadas “en la
línea de fuego”, es decir que fueron víctimas colaterales de un hombre
que intentó matar a una mujer. Por ejemplo, parientes, niñas u otras
mujeres que trataron de intervenir o que simplemente fueron atrapadas
en la acción.
MÁXIMA EXPRESIÓN DE VIOLENCIA
En su libro “Feminicidio”, Patsilí Toledo Vásquez, doctora en Derecho
Público en la Universidad Autónoma de Barcelona, sostiene que el
concepto y su potencial alcance es complejo, “ya que engloba una serie
de fenómenos que van desde la violencia sistémica y la impunidad, hasta
el homicidio de mujeres por el simple hecho de ser mujeres”.
Recuerda que la expresión “muerte violenta”, incluida en la
conceptualización de feminicidio, enfatiza la violencia como
determinante de la muerte, en la que se incluirían los delitos de
homicidio simple, calificado o asesinato, pero que también existen
posturas más amplias que abarcan hechos como “la mortalidad materna
evitable, por aborto inseguro, por cáncer y otras enfermedades
femeninas, poco o mal tratadas, y por desnutrición selectiva de
género”, que no necesariamente constituyen un delito.
En cualquier caso –señala Toledo– es importante tener “en cuenta que
tanto la aproximación más restrictiva (muertes violentas consecuencia
de delitos) como la más amplia (muertes como resultado de
discriminación de género que no constituyen delito), pueden traer
aparejada la responsabilidad del Estado respecto a sus obligaciones en
materia de DH.
En el prólogo del libro “Feminicidio. La política del asesinato de las
mujeres”, de Diana E. Russell y Jill Ratford, la antropóloga e
investigadora mexicana Marcela Lagarde sostiene que ser mujer u hombre
implica una condición de género, es decir, un conjunto de
“características sociales, económicas, jurídicas, políticas y
culturales que determinan relaciones de poder y de dominio de los
hombres sobre las mujeres”.
Lagarde destaca que la violencia de género deriva en formas de
discriminación, violencia contra las mujeres e incluso puede conducir a
su muerte.
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) se reunió a principios del mes de marzo para celebrar su 57ª sesión y discutir sobre la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
Ésta se llevó a cabo del 4 al 15 de marzo y en ella se lograron
numerosas conclusiones sobre la forma de crear un estado donde la
violencia contra las mujeres y las niñas deje de existir; sobre lo que
se requiere por parte de los gobiernos y organismos internacionales
para alcanzar este objetivo, y sobre los cambios educativos y sociales
que tienen ocurrir para que esto se logre.
En ese sentido, la Comisión reconoció que la violencia contra las mujeres y las niñas se debe a un desequilibrio en las relaciones de poder
entre hombres y mujeres, y que es un fenómeno que se presenta en todos
los países del mundo. Esta violencia contra las mujeres y las niñas se
vincula con el uso y abuso de poder, tanto en ámbito público como en el
privado, y suele estar estrechamente ligada a los estereotipos de género.
Asimismo, la violencia de género puede resultar en un daño físico,
sexual y/o psicológico, incluida la amenaza de tales daños, y también
puede derivar en daños económicos y sociales. La Comisión además
destacó el hecho de que la violencia doméstica es la forma más común de violencia de género en todo el mundo.
Un aspecto muy importante para lograr naciones más igualitarias, tal como señala la Comisión, es la educación,
así como el cierre de la brecha de género en todos los niveles
educativos. El poco o nulo empoderamiento de las mujeres, ya sea debido
a la falta de educación, la pobreza o la exclusión de las políticas
sociales y económicas, las hace más vulnerables a ser víctimas de la
violencia. La Comisión también hizo mención específica a la
susceptibilidad de las mujeres indígenas,
que a menudo sufren múltiples formas de discriminación y pobreza.
También señaló la obligación de los Estados de abordar la violencia
contra las mujeres y niñas como resultado de la delincuencia organizada transnacional, incluido el tráfico de personas y el tráfico de drogas.
Por otra parte, se hizo un llamado a los Estados para crear y financiar reformas políticas y programas de educación para sensibilizar y capacitar a los/as funcionarios públicos y profesionales
con respecto a la violencia de género. Esto también va dirigido al
sector privado, el cual debe ser alentado para invertir en programas,
campañas y estrategias que permitan hacer frente a todas las formas de
discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, incluyendo
el acoso sexual. Asimismo, la Comisión señaló que los Estados deben
redoblar sus esfuerzos para proteger los derechos de las mujeres que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad
como es el caso de las mujeres de edad avanzada o con discapacidad, y
que las cuestiones que afectan a estos grupos se les debe dar
particular atención.
Los estereotipos de género
también fueron abordados por la Comisión, la cual demandó el diseño e
instrumentación de políticas nacionales que tengan como objetivo transformar aquellas normas sociales
que aceptan y/o normalizan la violencia de género, para contrarrestar
las actitudes que promueven la creencia errónea de que los hombres y
los niños son de alguna manera superiores a las mujeres y las niñas, o
que por razones de género, las personas tienen un rol determinado en la
vida.
Además se destacó que los derechos sexuales y reproductivos
son esenciales en cualquier discusión relacionada con la promoción de
los derechos de las mujeres y las niñas y. Al respecto, la Comisión
afirmó que las mujeres tienen derecho a decidir libre y
responsablemente sobre las cuestiones relativas a su sexualidad sin coerción, discriminación ni violencia.
En una línea similar, instó a que los hombres y los niños sean
responsables de sus acciones y comportamientos, especialmente con
respecto a su vida sexual y reproductiva. Aquí, la educación también
juega un papel fundamental. Se recalcó que los/as adolescentes, en
particular, deben tener acceso a servicios y programas de prevención de embarazos no planeados o deseados y de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, para garantizar su seguridad personal, así como la de las demás personas.
Asimismo,
las consecuencias de la violencia en la salud de las mujeres y las
niñas también tienen que abordarse, y los servicios de salud deben ser
apropiados, contar con el equipo e infraestructura necesarios, y ser
capaces de hacer frente a todas las formas de violencia de género.
Igualmente, estos deben de proporcionar atención a los/as adolescentes a través de la educación, la información y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva amigables.
Por último, la Comisión señaló que la recopilación, análisis y difusión
de datos confiables y comparables es necesario, teniendo en cuenta las
causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres y las niñas,
los costos en la salud y los costos económicos para la sociedad. La
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer destacó que el
fin de la violencia contra las mujeres y las niñas es fundamental para
el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y es una prioridad
para la erradicación de la pobreza, el logro de un desarrollo
sostenible, la paz y la seguridad, los derechos humanos, la salud, la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, el crecimiento
económico sostenible e integrador, y la cohesión social. También se
recomendó que el logro de la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de las mujeres se convierta en una prioridad durante la
elaboración de la agenda de desarrollo post-2015.
En síntesis, estas fueron las principales conclusiones de la 57ª sesión
de la CSW. Sin embargo, es importante destacar dos aspectos relevantes
del documento final:
1) Que por primera vez se reconoce el fenómeno del feminicidio o femicidio
en un documento internacional. Así lo refleja el párrafo 24 y el inciso
(e) del apartado A (Fortalecimiento de la aplicación de los marcos
jurídicos, de política y de rendición de cuentas):
24.
“La Comisión expresa su preocupación por los asesinatos de mujeres y
niñas por razones de género, al tiempo que reconoce los esfuerzos
realizados para hacer frente a esta forma de violencia en diferentes
regiones, incluso en los países donde el concepto de femicidio o
feminicidio ha sido incorporado en la legislación nacional.”
(e)
“Fortalecer la legislación nacional para sancionar los asesinatos
violentos de mujeres y niñas por razones de género e integrar
mecanismos o políticas específicas para prevenir, investigar y
erradicar esta deplorable forma de violencia de género.”
2) La referencia a la protección de las defensoras de derechos humanos (Apartado A, inciso z).
(z)
“Apoyar y proteger a aquellas personas que se han comprometido a
eliminar la violencia contra las mujeres, incluidas las mujeres
defensoras de los derechos humanos, quienes enfrentan riesgos
particulares de ser víctimas de violencia.”
“Los límites de mi lenguaje son los límites de mi conocimiento”
Ludwig Wittgenstein (filósofo)
El pasado 11 de marzo en el marco de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, tuve la gran oportunidad de compartir con la
comunidad del Instituto Politécnico Nacional el interesante y polémico
tema del lenguaje sexista o no incluyente.
Es con este tema con el que deseo retomar mis colaboraciones de este
año en CIMAC, por ser una manifestación de sexismo y discriminación
hacia las mujeres sumamente difícil de detectar.
Empecemos por reflexionar y sentir… ¿qué sensaciones nos provoca y qué
nos dice el título “Cuando el lenguaje hace invisibles a las mujeres”?
¿Qué sentimos las mujeres? ¿Qué sienten los hombres?
¿Alguna vez les ha pasado que se han sentido invisibles en un grupo o incluso en sus relaciones afectivas más cercanas?
La realidad es que si somos honestas, todas las personas en algún
momento de nuestras vidas hemos sentido esa sensación de invisibilidad,
sin embargo es una sensación que experimentamos más las mujeres, día a
día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, sólo que no la
registramos debido a la naturalización del sexismo (**).
Son muchas y muy variadas las manifestaciones del sexismo y una de
ellas es la que tiene que ver con el uso no incluyente del lenguaje.
Quizás puedan pensar que esto del lenguaje no incluyente o sexista es
cosa del pasado y que hoy en día no debemos reflexionar sobre sexismo
ni discriminación, porque las mujeres hemos “conseguido” la igualdad
en todos los aspectos de la vida pública y privada.
Sin embargo, por increíble que parezca, seguimos las mujeres en una
situación no sólo de desventaja sino de riesgo ante los efectos
emocionales y sociales que el sexismo tiene en nuestras vidas.
Mi intención es propiciar la reflexión acerca de la forma en que
utilizamos el lenguaje y reconocer cómo es que lo convertimos en
sexista o no incluyente, para que todas las personas pensemos en
alternativas que favorezcan la visibilización de las mujeres.
Las sociedades transmitimos sentimientos, ideas y modos de pensar, por
lo que el lenguaje es el reflejo de nuestras prácticas socioculturales.
A través del lenguaje nombramos, interpretamos y creamos, por lo que en
su uso el lenguaje refleja la ideología patriarcal de todas las
sociedades.
Esta ideología a la que llamamos machista porque lo masculino es el
modelo ideológico imperante, es producto de un sistema patriarcal que
recibimos de una sólida tradición sociocultural de siglos manifestada a
través del sexismo, que se relaciona con un conjunto de expresiones y
prácticas que con base en la diferencia sexual, legitiman y afianzan la
desigualdad entre personas.
Este problema se ubica en las sociedades y culturas cuando a la
representación y significación de lo masculino se le asigna un valor
superior y universal que descalifica lo femenino y lo hace invisible.
Es así como los sistemas lingüísticos reflejan una marcada visión masculina a la que se le denomina androcentrismo (***).
Lo que determina, por ejemplo, que en cualquier trabajo o investigación
sólo se tome como referente de la población a los hombres, y las
mujeres quedemos ocultas detrás de la población masculina.
Expresiones como “la historia del hombre”… “los directores”… “todos los
aquí reunidos”, son algunas expresiones del genérico masculino (que es
una regla gramatical) y que nos muestra una clara exclusión de las
mujeres.
Por otro lado, existe la tendencia a masculinizar las profesiones que
ahora son desempeñadas tanto por mujeres como por varones, sin
embargo, se siguen nombrando en masculino, por ejemplo: “la abogado”,
“la médico”, “la ingeniero”…
Son muchas las expresiones en las que el uso del lenguaje excluye y
discrimina a las mujeres, como las formas de cortesía en las que al
nombrar a la mujer se hace énfasis en su estado civil, colocando al
lado de su nombre expresiones como “de González” o “esposa de…”.
Siendo éste, desde mi punto de vista, el máximo nivel de cosificación
porque las mujeres perdemos el carácter de personas para convertirnos
en cosas y propiedad “de” alguien más.
Otra de las dimensiones en que se refleja el uso de un lenguaje sexista
es a través de los significados que les atribuimos a ciertas palabras o
expresiones cuyo sentido específicamente puede reforzar concepciones
androcentristas, porque ocultan la presencia de las mujeres e
institucionalizan lo masculino como referente principal.
Como los refranes. Un ejemplo: “De la mala mujer no te guíes, y de la
buena no te fíes”, o chistes, palabras peyorativas o estereotipos que
se emitan a través del lenguaje ya sea verbal o escrito.
Las diferentes formas de exclusión de las mujeres a través del lenguaje
causan un gran daño psicológico (difícilmente detectable), porque es
una forma muy sutil de violencia de género que provoca subterráneamente
en las mujeres una sensación de cosificación, discriminación,
ridiculización e invisibilización.
De ahí que muchas veces sin causa aparente las mujeres experimenten
baja autoestima, depresión, sensación de inadecuación, sin saber por
qué y mejor lo atribuyen a los efectos de la menstruación, menopausia o
cansancio.
Para contrarrestar los efectos psicológicos de un lenguaje no
incluyente podemos empezar por hacer un uso consciente del lenguaje
español, un uso que implique tu compromiso y el mío, y el de todas y
todos para nombrar a las mujeres, aunque a veces nos tardemos más al
hablar para darnos y que nos den nuestro espacio.
También para desmasculinizar los títulos académicos cuando de mujeres
se traten, para no utilizar palabras peyorativas, y contribuyamos a una
sociedad más justa, más democrática y más igualitaria para mujeres y
hombres.
Me queda claro que en un principio resulta muy complicado darnos cuenta
de dónde residen los usos sexistas de la lengua, porque las costumbres,
la tradición, la educación recibida, los mensajes que se transmiten a
nuestro alrededor y la cantidad de información que se recibe, hacen que
no sea fácil que analicemos lo que decimos y mucho menos lo que
escuchamos.
Definitivamente el que nuestro lenguaje español sea excluyente o incluyente sólo dependerá del uso que cada persona haga de él.
Espero y deseo sirva en algo este acercamiento para crear conciencia y
empecemos a utilizar un lenguaje más incluyente que refleje la
existencia tanto de mujeres como de hombres, para colaborar en la
construcción de una sociedad más justa, democrática e igualitaria, pero
sobre todo de una sociedad más sana emocionalmente.
Mujeres manifestarán su repudio al conservadurismo eclesial
Por: la Redacción
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid.-
La
propuesta es construir una enorme alfombra de color rojo en rechazo a
los ataques contra los derechos sexuales y reproductivos de las
españolas.
La protesta se realizará el próximo 29 de marzo a las 12 del día
(tiempo local), en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, y
convoca la Asociación de Mujeres Progresistas.
Que sea en Alcalá de Henares no es casual, ya que es allí donde su
máximo representante eclesiástico y también presidente de la
Subcomisión Episcopal de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal
Española, el obispo Juan Antonio Reig Pla, ha protagonizado una larga
lista de polémicas declaraciones en las que ha ligado la homosexualidad
con la prostitución.
También ha arremetido contra los matrimonios laicos y la unión libre
asegurando que en ellos se da más violencia de género. O su más
reciente dicho contra quienes defienden la igualdad entre mujeres y
hombres, ya que, según él, su ideología “conduce a la destrucción de
las personas”.
Ahora se atrevió a equiparar el derecho de las mujeres a decidir sobre
la maternidad a un “holocausto” que causa en España “más muertes que la
Guerra Civil”.
Las personas organizadoras animan a la movilización ciudadana ante la
“vulneración y el retroceso de los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres que supondría la nueva reforma planteada por el gobierno
del Partido Popular (PP) a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e
Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010 a través del ministro de
Justicia, Alberto Ruiz Gallardón”.
Así como frente a la “injerencia de la Iglesia católica en la autonomía
de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su maternidad”.
El objetivo es lograr que el mayor número de personas venidas desde
cualquier lugar se sumen a esta acción consistente en formar una
alfombra humana de color rojo, que se extenderá en un espacio público
en el que la Iglesia y su Obispado tienen una mayor presencia en la
ciudad complutense.
La intención es que la alfombra humana abarque desde la plaza de los
Santos Niños, donde está la Iglesia Magistral, y la plaza de Palacio,
en la que se ubica el Palacio Arzobispal, pasando por la calle San Juan
que une ambas plazas.
En este “performance”, la alfombra y el color rojo de la ropa de las
personas participantes encerrarán “evidentes simbolismos”. Por un lado,
el del “poder”, ya que las alfombras rojas se utilizan en las
ceremonias formales y actos eclesiásticos de mayor envergadura para
marcar la ruta a las autoridades.
“Ahora esos poderosos pisotean los derechos de las mujeres como si de
una alfombra se tratara”, acusaron las convocantes. Además, acudir de
rojo, el color de la sangre, busca “captar la máxima atención sobre las
consecuencias que tienen los abortos inseguros con una mayor tasa de
mortalidad materna”.
En definitiva, expresaron las organizadoras, se trata de “una alfombra
roja hecha del cuerpo de una sociedad civil organizada para exigir
derechos, no para posar”.
El 20 de diciembre de 2013 el Consejo de Ministros de España adoptó el
anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del
Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, y está pendiente de
iniciar su trámite parlamentario.
El anteproyecto de ley anula el derecho de las españolas a interrumpir
un embarazo de manera voluntaria, por lo que ahora quien quiera acceder
a un aborto seguro y legal deberá obtener dos dictámenes médicos para
certificar cualquier posible riesgo para la salud o la vida de la mujer
y el feto.
También se le obliga a recibir apoyo psicológico e información sobre
cuestiones no médicas, y luego esperar siete días durante el llamado
“periodo de reflexión”. En caso de tener entre 16 y 18 años, a las
mujeres se les exigirá consentimiento de los padres o tutores.
El anteproyecto también estipula que las mujeres y niñas víctimas de
violación sexual tendrán que denunciar penalmente antes de acceder a un
aborto legal y seguro.
Empoderamiento femenino debe ser eje del desarrollo: CSW
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
El
desarrollo social y económico de las naciones no será posible mientras
mujeres y niñas no accedan a educación de calidad en todos los niveles,
así como a cargos de poder; ejerzan libremente sus Derechos Humanos
(DH), y en tanto no se destinen los recursos necesarios para respaldar
la igualdad de género y el empoderamiento femenino.
Así lo concluyeron los 45 países que integran la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en
inglés), durante su 58 sesión celebrada del 10 al 21 de marzo en Nueva
York.
De acuerdo con el borrador de las conclusiones de la CSW-58 (cuyo
documento oficial será publicado en breve), si bien los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) de Naciones Unidas fomentaron el progreso
en muchas áreas, “seguirán siendo temas incompletos mientras persista
la desigualdad de género”.
Este acuerdo representa la posición de los Estados miembro del Consejo
Económico y Social de la ONU de cara a la nueva agenda mundial para el
desarrollo –a plantearse en 2015–, y en él se sostiene que el
empoderamiento de mujeres y niñas debe ser el centro de atención de la
agenda post 2015.
Al analizar la situación de las mujeres a nivel mundial se sostiene que
globalmente existen diversos aspectos que impiden el progreso de la
población, tales como desigualdades estructurales, brechas salariales,
y la distribución desproporcionada del trabajo de cuidado no remunerado
(que recae en las mujeres).
Así como las bajas tasas de mujeres en puestos de decisión y la
persistencia de actitudes, normas y marcos jurídicos que discriminan a
la población femenina.
La comisión resaltó que dentro del ODM 1 (erradicar la pobreza extrema
y el hambre) persiste una significante brecha de género, ya que las
mujeres son más propensas que los hombres a enfrentar formas
vulnerables de empleo y menos acceso a protección social.
Con respecto al ODM 6 (mejorar la salud materna), la CSW resaltó que el
progreso ha sido especialmente “lento e inaceptable”, pues existen
países con altos números de muerte materna y un significante número de
mujeres con una necesidad insatisfecha de anticonceptivos.
Con respecto al combate del VIH/Sida, la CSW-58 destacó que el progreso
ha sido limitado, pues el número de mujeres con este virus se
incrementa globalmente desde 2001.
De acuerdo con los Estados que integran la CSW, existen temas críticos
en igualdad de género que no fueron contemplados y cubiertos por los
ODM, por lo que se debe integrar de cara a 2015 la igualdad de género,
el empoderamiento femenino, el pleno acceso de las mujeres a sus DH, y
la erradicación de la pobreza con el fin de lograr el desarrollo
económico y social.
En ese sentido, la CSW llamó a entablar medidas para hacer frente a la
“pandemia de violencia” contra mujeres y niñas, garantizar plenamente
el acceso de las mujeres a oportunidades y recursos, como educación de
calidad y la propiedad de la tierra, y otros bienes productivos.
Los Estados miembro también deben adoptar las medidas necesarias para
que las mujeres garanticen su salud sexual y reproductiva.
Igualmente establece que deberá incrementarse la inversión a favor de
mujeres y niñas, pues la CSW señaló que los fondos destinados a
respaldar la igualdad de género y el empoderamiento femenino siguen sin
ser adecuados. Concluyó que “la igualdad de las mujeres significa el
progreso para todas y todos”.
ODM no contemplaron sus demandas, advierten líderes
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Waldo Mendiluza*
Cimacnoticias/PL | Naciones Unidas.-
Discriminadas
y con severos obstáculos en su acceso a los derechos básicos, las
mujeres indígenas constituyen el rostro olvidado de la pobreza, un
panorama que esperan superar con la voluntad política de los gobiernos.
Si las mujeres en general representan –según datos de Naciones Unidas–
el 70 por ciento de los mil 200 millones de seres humanos en la pobreza
y 6 de cada 10 de las personas con hambre en el planeta, la situación
específica de las indígenas es aún peor.
Asimismo, las mujeres de grupos étnicos sufren la usurpación de sus
tierras por las trasnacionales y el crimen organizado, y la represión
cuando alzan sus voces ante ese escenario.
Por otra parte, son víctimas de la explotación laboral y sexual, y la
violencia, esta última expresada en flagelos como la mutilación genital
y los matrimonios forzados.
De acuerdo con Otilia Lux de Coti, activista guatemalteca del pueblo
maya quiché, para dejar atrás siglos de marginación y desigualdad,
deben ser escuchadas las voces hasta ahora ignoradas de decenas de
miles de mujeres de pueblos originarios.
“Queremos ser visibles, que nuestros derechos estén incluidos en la
agenda post 2015 de desarrollo sostenible, porque para los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) no fuimos consultadas”, señaló a PL la
directora ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas.
Lux de Coti participó en el 58 periodo de sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en
inglés), foro celebrado entre el 10 y el 21 de marzo en la ONU, donde
se debatieron los avances y desafíos en materia de igualdad de género y
empoderamiento femenino, dentro del progreso político y socioeconómico
mundial.
Para la ex parlamentaria y ministra guatemalteca de Cultura y Deportes,
el nuevo marco de desarrollo sostenible, el cual sustituirá en 2015 a
los ODM, significa una oportunidad histórica para abordar prioridades
particulares de las indígenas.
No fuimos escuchadas para establecer los anteriores objetivos, pero eso
debe cambiar, a partir de la creación de espacios en Naciones Unidas
para que tengamos representantes consideradas interlocutoras en
igualdad de condiciones, advirtió Otilia Lux.
Se trata –dijo– de la posibilidad de que nos consulten decisiones que
nos afectan, además de ubicarnos en mejores condiciones para impulsar
el cumplimiento de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, adoptada en 2007 por la Asamblea General.
VOLUNTAD POLITICA
Durante la CSW-58, delegadas indígenas de diversos continentes
reclamaron un compromiso de los gobiernos con medidas verificables que
las ayuden a superar siglos de exclusión política, social y económica.
Falta voluntad política en los Estados para atender una población
especialmente vulnerable a las crisis, el impacto del cambio climático,
la discriminación y la violencia de género, subrayó Lux de Coti.
La activista lamentó que a tan adverso panorama se sume la criminalización cuando protestan y exigen sus derechos.
Vemos en algunos lugares de América Latina y el mundo complicidad con
empresarios vinculados a la minería y otras esferas agresivas para el
entorno. La respuesta a quienes rechazan tales prácticas a veces es la
detención, y hasta la tortura y la muerte, denunció.
Las industrias extractivas llevan a los territorios indígenas
militarización, pesticidas, abusos y desplazamientos, una situación que
para estas mujeres además significa violaciones sexuales y explotación.
Para borrar este escenario necesitamos voluntad política gubernamental
y apoyo de Naciones Unidas, sobre todo incluyendo la solución a
nuestros problemas en la agenda de desarrollo sostenible post 2015, con
indicadores medibles y verificables, estimó.
Lux de Coti recordó que los pueblos originarios enfrentan en el planeta
severas dificultades para acceder a los alimentos, el agua potable y
las fuentes de energía, cuestiones complicadas por la crisis económica
y el cambio climático.
Son situaciones que afectan sobre todo a las mujeres, tal vez la población más vulnerable ante la extrema pobreza, expuso.
Por su parte, la nepalesa Chanda Thapa Magar coincidió que la voluntad
política es la clave para cambiar el adverso panorama de las indígenas.
A estas alturas hay Estados que dudan en reconocernos como ciudadanos,
porque nos consideran personas de segunda categoría, un problema
particularmente duro para las mujeres, explicó a PL la coordinadora del
Pacto de Asia para los Pueblos Indígenas.
Thapa Magar sentenció que las mujeres de grupos étnicos sufren doble el
tema de la exclusión “por ser indígenas y por ser mujeres”.
La joven nepalesa también demandó una nueva agenda de desarrollo
sostenible comprometida con las causas de esta población femenina.
OBJETIVOS DEL MILENIO Y POST 2015
En su 58 periodo de sesiones, la Comisión creada en 1946 para impulsar
en el planeta la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres
se centró en el cumplimiento de los ODM, y las prioridades para el
marco del desarrollo sostenible que los remplazarán en 2015.
Si bien se reconocieron progresos, el documento final del foro de dos
semanas dejó claro lo mucho que resta por avanzar en materia de
igualdad y del fin de la discriminación.
Nosotras tenemos una situación más grave porque los beneficios de los
ODM no han sido significativos para las indígenas, alertó Thapa Magar.
En ese sentido, la activista nepalesa insistió en la necesidad de
aprovechar la agenda post 2015 de desarrollo para hacer justicia.
Las conclusiones adoptadas por la CSW-58 demandan el cumplimiento de la
declaración y el plan de acción aprobado en la Conferencia Mundial
sobre la Mujer de Beijing, celebrada en 1995.
Dichas iniciativas dedicaron entonces espacios a los derechos de las
indígenas y el respeto a su identidad, cultura, tradiciones y acceso a
los servicios y la participación activa en la sociedad.
A casi dos décadas del encuentro de Beijing, las indígenas siguen sufriendo de una forma particular la exclusión.
Al respecto, la CSW-58 mostró preocupaciones por los pocos avances en
los grupos más marginados de la sociedad. Compromiso y voluntad
política son las únicas respuestas posibles para superar la inequidad y
su brutal impacto en las indígenas, coincidieron sus representantes.
*Corresponsal jefe de Prensa Latina en Naciones Unidas.
Las mujeres en México pagan con su vida la factura de una
sociedad misógina y violenta; y de un sistema “impune” y “corrupto”.
De
acuerdo con las estadísticas de mortalidad oficiales, para 2012, 2 mil
630 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso, es decir, 7.2 cada
día.
En el sexenio de Felipe Calderón sumaron 12 mil 16 de estos
crímenes contra mujeres: 55.9 por ciento más que en el gobierno de
Vicente Fox y 40.6 por ciento más que en el de Ernesto Zedillo
En México, diariamente son asesinadas
7.2 mujeres; es decir, una cada 3.3 horas, de acuerdo con los últimos
registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El número de homicidios dolosos de mujeres va en aumento. Los avances normativos, producto del constante empuje
de las organizaciones feministas y de derechos humanos, no alcanzan
para prevenir y erradicar el fenómeno que en 2007 fue incorporado por
primera vez a la legislación mexicana bajo el concepto de “violencia
feminicida”: la “forma extrema de violencia de género contra las
mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los
ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas
misóginas que pueden conllevar impunidad social y de Estado y puede
culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.
El repunte de los asesinatos de mujeres
empezó a ser evidente a partir de 2008 cuando, en el marco de la
supuesta “guerra” contra el narcotráfico, se registraron 1 mil 440 de
estos crímenes, 32.5 por ciento más que en 2007. Desde entonces el
crecimiento es constante: 1 mil 935 casos para 2009; 2 mil 335, para
2010; 2 mil 590, para 2011; y 2 mil 630, para 2012.
Lo anterior se desprende del análisis
de las estadísticas vitales de mortalidad del Inegi para 2011 y 2012,
así como del estudio Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas 1985-2010.
Este último da cuenta de las defunciones femeninas con presunción de
homicidio durante 25 años como un primer acercamiento al fenómeno del
feminicidio. Y es que, según refieren las instancias coautoras –la
Cámara de Diputados, la ONU (Organización de las Naciones Unidas)
Mujeres, y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)–, el Estado
mexicano carece de sistemas de información veraces, oportunos y
precisos sobre el número y características de los asesinatos de mujeres
por razones de género.
El estudio sobre violencia feminicida y
los indicadores del Inegi revelan el panorama completo de los
asesinatos de mujeres perpetrados durante el mandato de Felipe Calderón
Hinojosa. Los homicidios dolosos de mujeres durante su gestión sumaron
12 mil 16, es decir, 55.9 por ciento más que en el gobierno de Vicente
Fox Quesada, y 40.6 por ciento más que en el de Ernesto Zedillo Ponce
de León.
Durante el sexenio más violento para el sexo femenino, 12 entidades del país se constituyeron como los principales focos rojos
en la materia. De 2007 a 2012, el Estado de México registró 1 mil 672
homicidios dolosos de mujeres; Chihuahua, 1 mil 670; Guerrero, 839; el
Distrito Federal, 762; Nuevo León, 552; Veracruz, 542; Baja California,
541; Jalisco, 488; Tamaulipas, 468; Oaxaca, 452; Sinaloa, 423; y
Michoacán, 421.
Consultada respecto de las posibles
causas del incremento de los feminicidios en el país, Ana Güezmes
García –directora regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica,
Cuba y República Dominicana– alude a las observaciones que el Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer dirigió al
Estado mexicano en agosto de 2012.
Entonces, el órgano dependiente de la
Organización de las Naciones Unidas externó su preocupación por la
intensificación de las pautas de discriminación y violencia
generalizadas contra las mujeres como consecuencia de “la estrategia de
seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada,
combinada con la impunidad y corrupción persistentes”. También por el
sometimiento de las “mujeres y muchachas”, a niveles mayores y diversos
de violencia, en particular el feminicidio, a manos de grupos de
delincuentes organizados e, incluso, de agentes estatales, incluidos
los encargados de hacer cumplir la ley y de procurar la seguridad.
En entrevista con Contralínea, Güezmes García refiere unos de los principales hallazgos de Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas 1985-2010:
que en comparación con los homicidios de varones, los medios empleados
para asesinar a las mujeres son más brutales, hecho que evidencia la
saña propia de los crímenes de género.
Detalla que casi una de cada cinco
mujeres muere en manos de su agresor; que los casos de muerte por
ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión son
tres veces más frecuentes para ellas; que el uso de objetos cortantes
es más común en los crímenes de mujeres, al igual que el empleo de
objetos romos; y que los asesinatos por envenenamiento o quemadura son
4.4 veces más frecuentes en las féminas que en los varones.
Para la representante de la ONU
Mujeres, resulta imperativo prevenir y eliminar la violencia y
discriminación contra las mujeres –“la más extendida violación de
derechos humanos en el mundo”–, en miras del desarrollo sostenible. Y
es que, asegura, ambas constituyen “uno de los principales obstáculos
para el desarrollo; generan inestabilidad en las sociedades; impiden el
progreso hacia la justicia y la paz; atentan contra la gobernabilidad
democrática”.
Logros a medias
A decir de las instancias oficiales,
uno de los grandes logros relativos a los crímenes de odio contra las
mujeres es la incorporación del tipo penal feminicidio en el Código
Penal Federal y en los códigos de 31 de las 32 entidades que integran
el país. La excepción es Chihuahua, no obstante los 1 mil 670
homicidios dolosos de mujeres que registró entre 2007 y 2012, y que la
colocan como la segunda entidad más violenta para las mujeres a nivel
nacional.
Cuestionada
respecto de las acciones emprendidas en materia de prevención y
erradicación de feminicidios, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del
Inmujeres, comenta que la instancia a su cargo ha trabajado en la
armonización legislativa del tipo penal feminicidio a nivel nacional,
así como en la impartición de talleres de capacitación, sensibilización
y generación de proyectos productivos a mujeres. Y es que, acota, “no
podemos acabar con el feminicidio ni con la violencia contra las
mujeres si ellas no están empoderadas económicamente y no son
autosuficientes”.
En el contexto del foro “Balance del
cumplimiento de la Plataforma de Acción de Pekín y de las Metas del
Milenio”, celebrado el pasado 20 de febrero en la Cámara de Diputados,
la funcionaria habló de los retos en la materia. Reconoció que aunque
31 entidades han incorporado el tipo penal feminicidio en sus código
penales, existe preocupación por las “variaciones en las definiciones y
penas que se imponen a los feminicidas”.
Margarita Elena Tapia Fonllem,
secretaria de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento
Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades
Competentes en Relación a los Feminicidios Registrados en México,
comenta que durante la legislatura en curso los esfuerzos se han
centrado en tratar de sensibilizar y convencer a las cabezas de
los gobiernos locales de la tipificación del delito de feminicidio, con
base en los parámetros que ya establece el Código Penal Federal.
—¿Han detectado cuáles son obstáculos
que han impedido la tipificación de este delito para el caso de
Chihuahua? –se le pregunta.
—Creo que puede haber una resistencia
de legisladores y legisladoras, precisamente por tratarse de una
entidad reconocida e identificada por los feminicidios. No hemos podido
tener la entrevista con el gobernador. Seguimos pidiéndola. Es uno de
los pendientes.
Para María de la Luz Estrada Mendoza,
coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional de
Feminicidio (OCNF) –alianza conformada por 43 organizaciones de
derechos humanos y de mujeres– “no basta con tener un tipo penal
objetivo si no obligas al operador jurídico a juzgar con perspectiva de
género”.
La representante de la sociedad civil
considera que el mayor reto, luego de que el feminicidio ha sido
tipificado en casi todo el país, recae en el Poder Judicial. Esto,
porque las instancias a cargo de la impartición de justicia en México
están teniendo serias dificultades a la hora de acreditar el tipo penal
feminicidio.
En este sentido, Estrada Mendoza da
cuenta de los principales errores en que incurren jueces y magistrados.
El primero recae en que aunque el tipo penal es objetivo, en el sentido
que enlista con precisión las circunstancias por la que debe
acreditarse el feminicidio, los juzgadores se aferran a demostrar, ante
todo, la intención de misoginia, es decir, “el odio del agresor hacia
la víctima, su naturaleza machista”.
La otra es la tendencia a considerar
como verdadero el dicho del agresor. Así por ejemplo, el hecho de que
justifique su crimen diciendo que sostenía juegos perversos o sado
masoquistas con la víctima puede sumarle puntos en el juicio. Finalmente, influyen estereotipos de género encaminados a cuestionar la conducta o vida sexual de la mujer.
Debido a que el fallo del juzgador
pasa, incluso, por elementos de carácter cultural, la también
integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, considera que los
impartidores de justicia necesitan, más que un curso de capacitación,
un intensivo proceso de concientización, de comprensión, de
deconstrucción.
—Tenemos que seguir caminando con el Poder Judicial, porque los jueces son muy machistas y porque se sienten que están arriba del bien y del mal.
El Poder Judicial debe ser consciente de sus sentencias; juzgar con
perspectiva de género; dejar de lado los elementos discriminatorios que
están poniendo en riesgo la integridad de las mujeres.
A decir de la coordinadora ejecutiva
del OCNF, otros retos son la homologación del tipo penal feminicidio
para, posteriormente, homologar también los protocolos de investigación
con perspectiva de género. Además, que la expedición y aplicación de
dichos protocolos sea de carácter obligatorio en todo el país con el
objetivo de que se sancione penal y/o administrativamente a las
autoridades que no los apliquen, pues, de lo contrario, la impunidad se
robustecerá.
Ana Güezmes García, directora regional
de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana,
considera que en los últimos años ha habido un importante avance
jurídico, así como mayores recursos para prevenir y eliminar la
violencia contra las mujeres en el país.
La reforma constitucional proderechos
humanos de 2011; las reformas al Código Penal Federal para tipificar y
sancionar los delitos de feminicidio y e incluir figuras jurídicas que
garantizan a las mujeres el acceso a la justicia y combatir la
impunidad; la tipificación del feminicidio en 31 entidades federativas;
y el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, formarían parte de este nuevo cuerpo
normativo de vanguardia.
“Sin embargo, no podemos estar
satisfechas. Falta mucho para hacer realidad una vida libre de
violencia para las mujeres y las niñas en México y en el mundo”. La
representante de la ONU Mujeres alude a una estrategia global para la
igualdad sustantiva que comprometa a todos y a todas y que promueva un
cambio estructural en el orden político, social, económico y cultural.
Güezmes García recuerda que en los
próximos días el Estado mexicano tendrá que responder a las 176
recomendaciones de las que fue objeto durante su segundo Examen
Periódico Universal, mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas. Un gran porcentaje de países (en
total, 27), “recomendó tomar medidas para prevenir y eliminar la
desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres,
especialmente en su forma más extrema que es el feminicidio”.
Es el caso, por ejemplo, de Paraguay,
que pidió al gobierno mexicano “unificar, sobre la base de criterios
objetivos, las diversas definiciones de feminicidio en los diversos
códigos penales del país”, o el de Eslovenia, que se pronunció por
“aplicar las políticas públicas que se han formulado y poner en marcha
una amplia campaña de sensibilización para poner término a la violencia
de género, que abarca la violencia sexual y el feminicidio”.
A
82 días de que inicie la Copa Mundial de Futbol en Brasil es oportuno
difundir una campaña internacional que se propone desalentar la demanda
de servicios sexuales entre los hombres turistas que asistirán a ese
evento deportivo.
Una de sus consignas es levantar la tarjeta roja al “turismo sexual” el
día de la inauguración. Resulta pertinente darla a conocer en
Guatemala, ya que los casos de explotación sexual en lugares turísticos
van en aumento.
Se estima que 600 mil turistas asistirán a la competencia futbolística
que tendrá lugar en varias ciudades de Brasil, donde además de
disfrutar de las bellezas de ese país, sitios y playas, muchos hombres
se involucrarán en prácticas sexuales comerciales.
Con base en estudios de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y
Niñas en América Latina y el Caribe, que suscribe la campaña, los
países del área con mayor índice de “turismo sexual” son Brasil,
República Dominicana, Costa Rica, Venezuela y Puerto Rico.
Y si bien en este ilícito están involucrados hombres europeos y estadounidenses, también hay una demanda de latinoamericanos.
La explotación sexual no es turismo. Según el Código de Ética Mundial
del Turismo, esta última actividad se asocia al descanso y la
diversión, al deporte, al acceso a la cultura, a la promoción del
respeto y de la igualdad.
Hay que tener en cuenta qué factores alientan el “turismo sexual” en
Brasil, en Guatemala o en cualquier otro país. Existe legitimidad hacia
el sexo comercial y tolerancia a la masculinidad patriarcal (súper
sexualidad de los hombres), paralelo a mayor empobrecimiento y falta de
educación sexual y oportunidades.
Todo ello propicia que niñas, niños y adolescentes sean engañados,
obligados o convencidos para involucrarlos en prácticas sexuales y
eróticas para clientes turistas individuales y grupales.
La explotación sexual existe porque hay proxenetas, explotadores y
clientes, además hay redes nacionales e internacionales. En todos los
países latinoamericanos y del Caribe urgen campañas preventivas.
La dimensión de la problemática de la trata de personas exige una
ciudadanía activa que rechace abiertamente todas aquellas prácticas que
convierten en mercancía los cuerpos de niñas, niños y mujeres.
Junto a levantar la tarjeta roja al “turismo sexual”, la coalición
referida hace un llamado a los 32 países que participan en el Mundial
de Futbol, al comité de la FIFA, a los jugadores de las selecciones
nacionales, a las agencias de turismo en Brasil, en especial en
Fortaleza (una de las sedes donde el número de víctimas de trata sexual
es de los más altos en la nación sudamericana), para que promuevan
acciones encaminadas a desalentar en los turistas el pago por servicios
sexuales.
A dicha convocatoria también tendría que sumarse una ciudadanía
consciente a nivel mundial, en el entendido de que la explotación
sexual es una violación a los Derechos Humanos; basta de complacencia
al sexo comercial.
Es necesaria una reflexión crítica: sin demanda no hay oferta, pagar por sexo fomenta la explotación de niñas, niños y mujeres.
*Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
Nuevamente
una mujer da a luz en la calle frente a los Servicios de Salud de
Oaxaca, que no la atendieron por ausencia de personal.
El hecho ocurrió el pasado 19 de marzo en la entrada de la clínica de
Ejutla de Crespo, en la región de los Valles Centrales del estado.
Juana García Jiménez debió parir en la calle pues la clínica estaba
cerrada por falta de personal médico. Ella y su esposo pagaron 2 mil
500 pesos por la atención en un servicio particular al que acudió
después del parto, un monto importante para las finanzas de una familia
de escasos recursos, cuyo proveedor principal es carbonero.
Este hecho no sólo habla de las profundas deficiencias en los servicios
de salud, o de cómo la población mexicana financia con sus recursos
propios el acceso a la salud del que las autoridades presumen el haber
logrado una cobertura universal.
El caso de Juana se suma a los más de 15 casos que han trascendido a la
prensa desde octubre de 2013 en circunstancias similares en diversas
entidades federativas.
Esto ocurre a cinco días de haberse firmado un acuerdo por parte del
gobierno de Oaxaca, encabezado por Gabino Cué, para garantizar la
Atención Integral en los Servicios Obstétricos con Cero Rechazo a
Embarazadas.
¿Qué es lo que hay detrás de estos eventos cotidianos en los servicios
de salud, que ahora parecen evidenciarse con mayor frecuencia en medios
de comunicación?
De los 17 casos compilados por Comunicación e Información de la Mujer
(CIMAC) desde octubre de 2013, 11 han tenido lugar en el estado de
Oaxaca, y dos se presentaron en Tabasco, seguidos de Guerrero, Chiapas,
Puebla y Yucatán.
Es decir, 7 de cada 10 casos de mujeres que han debido dar a luz en la
calle, automóviles, baños o salas de espera, o de quienes fallecieron
en ese periodo por mala atención, ocurrieron en Oaxaca.
En cuatro casos (Guerrero, Yucatán, Oaxaca y Chiapas) las mujeres perdieron la vida por atención médica inadecuada o inoportuna.
Uno de los más dramáticos es el de la indígena oaxaqueña fallecida el
pasado 18 de febrero tras un año de estar en coma, luego de que los
médicos olvidaron una tijera en su matriz al practicarle una cesárea.
En tres casos también fallecieron los bebés, dos de ellos gemelos,
quienes perdieron la vida junto con su madre, una mujer indígena maya
de Peto, Yucatán, y una semana después del hecho sus cuerpos no habían
sido entregados a sus familiares.
De las mujeres que no perdieron la vida, siete dieron a luz en la calle
frente a centros de salud o clínicas públicas que no las recibieron o
las rechazaron, y cinco de ellas fueron recibidas pero sus bebés
nacieron en el baño o en la sala de espera por un inadecuado
seguimiento de su trabajo de parto.
En seis casos las mujeres fueron abiertamente rechazadas por el
personal de salud, argumentando que aún les faltaba tiempo o no podían
recibirlas; en cuatro casos simplemente no las atendieron porque el
centro de salud estaba fuera del horario laboral, es decir después de
las 3 de la tarde o en fin de semana o sin personal.
En siete casos, incluyendo los cuatro fallecimientos por causas
obstétricas, las mujeres fueron recibidas pero no hubo capacidad
resolutiva, hubo demora en la atención o incluso mala práctica y
negligencia médica como en el caso de la mujer a quien le dejaron una
tijera dentro de su matriz, o de la indígena chiapaneca fallecida en el
Hospital de las Culturas de modo inexplicable durante una cesárea.
Estos casos se suman a las 960 mujeres fallecidas en 2012 por causas
relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, a las muertes de 2013
que aún se encuentran en proceso de validación y a los 207 decesos
documentados hasta la fecha por el Observatorio de Mortalidad Materna
en México.
Ello sin considerar los casos de morbilidad, es decir, mujeres que no
fallecen pero quedan con secuelas graves para su salud derivadas de una
inadecuada atención durante el parto, los cuales pueden triplicar el
número de fallecidas.
Los casos muestran algunas de las formas en las que opera la violencia
obstétrica y/o institucional. Una es el rechazo de las mujeres durante
su trabajo de parto, los maltratos, humillaciones y vejaciones a las
cuales son sometidas, o los excesivos procesos de medicalización como
el uso innecesario de cesáreas, que en México alcanza casi la mitad de
los partos y en algunos estados como Yucatán incluso la supera.
Esta cifra se incrementa aún más en instituciones privadas donde
alcanza hasta un 70 por ciento. Cabe destacar que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) establece que el número de cesáreas no
debería exceder el 20 por ciento, pero México se convierte en el
segundo país del mundo con mayor uso de este procedimiento alcanzando
niveles alarmantes.
Los casos documentados por la prensa son sólo una muestra de la
magnitud del problema. Pese a la gravedad de los casos y el reclamo
permanente de la sociedad, hasta el momento sólo se ha anunciado por la
secretaria de Salud federal, Mercedes Juan, la política de cero rechazo
en los hospitales.
El secretario de Salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, sigue en
su cargo y sólo se ha separado de sus puestos a los directores y
personal médico a cargo en dos de los casos. La Comisión Nacional de
Derechos Humanos emitió una recomendación al respecto, pero no sabemos
hasta dónde ha sido cumplida.
Los casos ocurridos muestran violaciones a los Derechos Humanos (DH) de
las mujeres y sus recién nacidos, particularmente el derecho a la vida,
a la salud, a una atención de calidad, a un trato digno y respetuoso,
entre otros. A la luz de esto, vale la pena reflexionar:
–¿Cómo hablar del derecho a la protección de la salud cuando estos
casos ocurren permanentemente y muestran las profundas brechas de
desigualdad, las violaciones al derecho a la salud, la ausencia de una
real cobertura y una adecuada calidad de la atención? ¿O de un sistema
de protección en salud que muestra su incapacidad de garantizar el
derecho constitucional a la salud, o a gozar de los más altos niveles
de salud física, mental y emocional como lo señala la OMS?
–¿Será que la salud se trata de “número de afiliados” a un Sistema de
Protección Social –el Seguro Popular (SP)– que se ha erigido como un
mecanismo financiero que concentra más de la mitad de los recursos en
salud, pero es poco transparente en su implementación? ¿Cómo se explica
que más de la mitad de las fallecidas por causas obstétricas en 2012
tuvieran SP y sin embargo su vida no fuera salvada? ¿En qué se
diferencian ellas del 14.7 por ciento de las fallecidas que no contaban
con algún tipo de seguridad social?
–¿Cómo hablar de integración del sistema de salud sin resolver las
plantillas insuficientes de personal, ausencia de equipos e insumos,
mala formación o incapacidad técnica para atender eventos obstétricos?
¿Qué hacer frente al abandono y desmantelamiento del primer nivel de
atención, cuyos impactos en la salud y la vida de las mujeres se
observan en estos casos?
–¿Cómo dar respuesta a este multirechazo hospitalario y a la violencia
institucional que enfrentan las mujeres cuando acuden a los servicios
de salud? ¿Cuáles son las medidas y las sanciones administrativas y
jurídicas que está tomando la Secretaría de Salud como instancia
rectora para dar respuesta a estos casos? ¿Cómo garantizar el principio
de no repetición si las acciones se limitan a destituir funcionarios de
bajo rango, o a crear comisiones investigadoras sin medidas de
transformación del sistema?
Son algunas de las preguntas que nos hacemos desde la sociedad civil
para alcanzar una verdadera calidad de la atención y reducir la muerte
materna más allá de 2015. No se trata de exponer que no se logró la
meta, se trata de plantear qué se está haciendo para transformar la
realidad de las mujeres en la atención a la salud materna.
Mientras la integración de los DH no se haga realidad en la
implementación de la políticas públicas, las mujeres seguirán siendo
discriminadas y rechazadas.
Hacemos un llamado para que los tomadores de decisión integren en sus
programas de acción el documento emanado por el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas “Orientaciones técnicas sobre la aplicación de un
enfoque basado en los Derechos Humanos a la ejecución de las políticas
y los programas destinados a reducir la mortalidad y morbilidad
prevenibles asociadas a la maternidad”.
*Integrante de Kinal Antzetik Distrito Federal y del Consejo Directivo del Comité Promotor por una Maternidad Segura.
**Kinal Antzetik y el Comité Promotor por una Maternidad Segura son
parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de
organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres.
Zimbabwe experimenta un significativo incremento en el número de embarazos adolescentes. Foto: Jeffrey Moyo/IPS
Por: Thandeka Moyo**
Cimacnoticias/IPS | Bulawayo, Zimbabwe.-
Todos
los días, Pretty Nyathi*, de 17 años, se levanta de la cama, alimenta a
su bebé, lo carga a su espalda y sale rápidamente al mercado para
comprar verduras que luego revende en las calles de Bulawayo, la
segunda ciudad más importante de este país africano. Ella desearía que
su vida fuera diferente.
“No hay nada bello en ser una madre adolescente”, dijo a
IPS/Cimacnoticias. “Desearía poder volver el tiempo atrás, a cuando
estaba en la escuela, y ser como cualquier otra joven”.
Hace cinco años, su madre murió y ella tuvo que mudarse con su abuela,
quien atiende un “shebeen” (bar) en Tsholotsho, 116 kilómetros al
noreste de Bulawayo.
A los 14 fue violada por un cliente. “Intenté pedirle ayuda a mi
abuela, pero ella me amenazó con echarme”, añadió. Pronto, la abuela
obligó a la joven a prostituirse con los clientes. “Perdí la cuenta de
los hombres con los que me acosté sin usar protección”, dijo Nyathi.
En 2012 escapó a Bulawayo, donde vivió en las calles y sobrevivió
también prostituyéndose. Dos meses después quedó embarazada, y en una
clínica se le diagnosticó VIH (virus de inmunodeficiencia humana,
causante del Sida).
Un pastor evangélico le ofreció refugio, y en el Hospital Mpilo comenzó
a recibir tratamiento antirretroviral. “Por la gracia del Señor, mi
bebé es VIH negativo”, dijo Nyathi.
Ahora la joven vive con un familiar y se esfuerza por seguir el
tratamiento. Este requiere “una dieta equilibrada, que me puede ayudar
a vivir más y al menos ver a mi hija comenzando la escuela”, dijo.
Nyathi representa uno de los cada vez más numerosos casos de embarazos en adolescentes en Zimbabwe.
En 2011 la tasa de fecundidad en las adolescentes de entre 15 y 19 años
era de 112 nacimientos por cada mil jóvenes, cuando en 2006 era de 99
por cada mil, según el Estudio Demográfico y de Salud de Zimbabwe
(ZDHS, por sus siglas en inglés).
“Se trata de un aumento significativo”, dijo Stewart Muchapera,
analista de comunicaciones en el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA) en Zimbabwe, en diálogo con IPS/Cimacnoticias.
Las jóvenes de áreas rurales, como Nyathi, tienen el doble de
probabilidades de quedar embarazadas en la adolescencia. La tasa de
fecundidad en el ámbito rural es de 144 nacimientos por cada mil
jóvenes, contra 70 por cada mil en zonas urbanas.
RIESGOS
“La pubertad es un periodo de rápidos cambios biológicos, y esa etapa
de desarrollo debe ser bien afrontada por las jóvenes para superarla en
forma segura”, dijo Muchapera.
Entre las muchas causas del embarazo temprano, el experto mencionó la
falta de información precisa sobre la pubertad, la cual vuelve a las
adolescentes dependientes de lo que les digan otras jóvenes mal
informadas o de los pocos datos que puedan obtener en internet.
También señaló que algunas normas culturales o religiosas, como el
matrimonio infantil, las relaciones intergeneracionales, la coerción
sexual y el sexo comercial, contribuyen con el embarazo en adolescentes.
El ZDHS señala que 9 de cada 10 zimbabwenses activas sexualmente de
entre 15 y 19 años se encuentran en alguna forma de matrimonio, y que
dos de cada tres jóvenes que tuvieron relaciones sexuales antes de los
15 años lo hicieron contra su voluntad.
El problema se ve agravado por la crisis política y económica de la
última década, que propagó la pobreza y deterioró los servicios
educativos y de salud. Las adolescentes practican sexo comercial como
medio de obtener alimento, ropa, educación y seguridad.
Simanga Nkomo, partera en Bulawayo, dijo a IPS/Cimacnoticias que cada
año asiste a madres cada vez más jóvenes, algunas de 14 años o menos.
“Es preocupante, ya que la mayoría de esas adolescentes no están informadas sobre salud materna y arriesgan sus vidas”, afirmó.
El riesgo de muerte materna es el doble para las jóvenes de entre 15 y
19 años que para las mujeres de más de 20, y cinco veces más alto para
las niñas de entre 10 y 14 años.
Sipho Ncube* es otra madre adolescente de Bulawayo. Obtuvo buenas notas
el año pasado en la secundaria, pero debió abandonarla cuando presentó
un embarazo y parió un bebé varón, ahora de siete meses.
“Comencé una relación, y una cosa llevó a la otra, hasta que descubrí
que estaba embarazada. Tenía conocimiento sobre anticonceptivos, pero
por algún motivo no usé ninguno”, contó a IPS/Cimacnoticias.
Ncube y su bebé son VIH negativos, pero perfectamente podría haber sido
de otra manera: la seroprevalencia nacional es de casi 15 por ciento
entre personas de entre 15 y 49 años.
Unos 120 mil jóvenes zimbabwenses de entre 15 y 19 años contrajeron el
VIH en 2012, y 63 mil eran mujeres, según estimaciones del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia.
Los padres de Ncube, que trabajan en Sudáfrica, la visitan tres veces
al año y le envían algo de dinero. Ella cuida a sus hermanos, de 13 y
siete años, en una casa alquilada de dos habitaciones en el suburbio
capitalino de Mpopoma.
El padre del bebé trabaja en la occidental ciudad de Victoria Falls, y ayuda financieramente a Ncube cada vez que puede.
“Me lamento de todo, pero debo vivir con las tontas decisiones que
tomé”, dijo Ncube a IPS/Cimacnoticias. “Desearía volver al colegio y (a
la vez) poder cuidar al bebé”.
*Los nombres fueron cambiados para proteger su privacidad.
**Este artículo fue originalmente publicado por la agencia internacional de noticias IPS.
Los
voraces grupos dominantes económicos y políticos están ansiosos por
culminar con la privatización furtiva que ha venido carcomiendo a Pemex
y la CFE. La industria energética es la fuente de multimillonarias
ganancias que el capital está deseoso de acumular lo más pronto posible
sólo para él mismo. La renta petrolera es, de lejos, al nivel mundial
el origen de las riquezas más fabulosas del sistema capitalista. El
petróleo es la sangre misma del sistema, la mercancía de mercancías por
antonomasia que lo mueve. El despojo al patrimonio nacional con la
“reforma energética” no sería posible sin los “líderes” del Sindicato
de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y del
Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana
(SUTERM). Carlos Romero Deschamps y Víctor Fuentes del Villar son los
operadores gremiales más importantes del proceso de privatización del
sector energético. Gansters sindicales, intocables dentro del régimen
político prestando un gran servicio al Estado, cual representante
general –el capitalista colectivo– del gran empresariado local y
extranjero. El desarrollo del capital en México es inexplicable sin el
caciquismo sindical, especialmente en la era del capitalismo salvaje,
depredador voraz de los derechos laborales.
Estos líderes charros
no son traidores a los miles de trabajadores petroleros y electricistas
por la sencilla razón de que nunca han sido sus auténticos
representantes; nunca han sido sus verdaderos dirigentes defendiendo
los intereses laborales, salariales y políticos. A partir de los años
veinte posrevolucionarios del siglo pasado la mayoría de los líderes
obreros son parte incipiente de la estructura del poder estatal. El
“movimiento obrero mexicano” ha sido castrado políticamente por el
Estado; enajenado como clase al capital es “un proletariado sin
cabeza”, decía José Revueltas; o sea, sin conciencia ni organización
política clasista independiente.
El charrismo sindical es el
corporativismo gremial supeditado al Estado y si en su forma
embrionaria surge a finales del régimen cardenista su consolidación se
da en 1948 con Miguel Alemán Valdés, uno de “los Cachorros de la
Revolución”, como lo denominó Vicente Lombardo Toledano, uno de los
gansters de Stalin en México. El corporativismo gremial autoritario, el
caciquismo sindical, es la principal correa política estatal para
someter a los trabajadores; es el instrumento de poder más valioso para
controlar al proletariado mexicano. José Alfonso Bouzas, de la UNAM,
afirma que el corporativismo sindical deriva de la relación
Estado-sindicatos-empresarios de una ley de 1931; con base en ella, los
líderes sindicales se apropian de los derechos de los trabajadores y
los usufructúan en su beneficio. Es un “cáncer” político: líderes
eternos, no rendición de cuentas, no voto abierto, una dirigencia que
suele ser intocable; hasta que el gatopardismo estatal decide quitarles
la impunidad y reemplazarlos para que todo siga igual.
No hay
líderes charros pobres, la mayoría son millonarios o multimillonarios,
a diferencia de los verdaderos obreros. Romero Deschamps es emblemático
del sindicalismo espurio. Nació en 1944 en Tampico. Ingreso a
“trabajar” a mediados de los años 60 a Pemex e inició sus jaripeos
charriles en 1971 en la refinería de Salamanca cuando se ganó la
confianza política, siendo chofer y mandadero, de Joaquín Hernández
Galicia La Quina. Priista desde 1961, inició su ascenso en 1993
como Secretario General del STPRM con Carlos Salinas de Gortari.
Ha
sobrevivido a dos Pemexgate, escándalos financieros
multimillonarios dentro de la inmundicia de corrupción de la mayor
empresa del país con casi 150 mil trabajadores –117 mil sindicalizados
y 30 mil de confianza–, nos dice el periodista Francisco Cruz Jiménez
en su libro Los Amos de la Mafia Sindical. Es uno de los
hombres más ricos de México. Ha mantenido su impunidad merced al PRI y
al PAN y ha sido reelegido ilegalmente con la protección de estos
gobiernos patronales. Su fortuna le ha permitido ser accionista de
Banorte, contratista y consejero directivo de Pemex, dueño de grandes
bienes inmobiliarios y un yate de lujo, es senador del PRI desde el año
2000 y ahora es protegido por Enrique Peña Nieto. Es un jeque petrolero
manejando su Ferrari con sombrero de charro. Los “ajustes laborales”,
próximos despidos de miles de petroleros, tienen su aprobación.
Para
la urgente renacionalización de Pemex es necesaria la autogestión
obrera de Pemex. La alternativa soberana y revolucionaria, la única
posible de detener la ofensiva del gran capital, sólo puede provenir de
una movilización popular democrática e independiente, cuyo eje
fundamental son los trabajadores, en primer lugar los petroleros y sus
aliados naturales, los trabajadores electricistas, también en la mira
privatizadora de Peña.
El STPRM y el SUTERM maniatados por los
poderosos charros parecen impotentes ante la situación. Sin embargo, un
sector se mueve en resistencia; los trabajadores de estas industrias
tienen en sus manos la llave de la solución favorable para los
intereses nacionales: evitar la vuelta de las petroleras imperialistas
a 1938, evitar la total reprivatización. Su acción que reivindicaría su
protagonismo como actores esenciales en el conflicto potencial, romperá
los planes neoliberales gubernamentales. Su organización autónoma,
democrática e independiente pondrá en jaque a los charros y se
proyectará en una lucha que no puede sino encaminarse a la huelga. Los
trabajadores petroleros en 1937-38 con sus huelgas y movilizaciones
fueron quienes determinaron finalmente la decisión del gobierno de
Cárdenas de expropiar a las compañías inglesas y estadounidenses. 76
años después la crisis y la situación de la lucha nacional y proletaria
está convocando al protagonismo de los trabajadores petroleros,
electricistas y de sus aliados en general, el proletariado mexicano.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Al reapropriarse y subvertir el estigma de la
palabra "puta”, históricamente término ofensivo y condenatorio, en un
significado de libertad y autonomía, la versión ecuatoriana de la Marcha de las Putas (equivalente a la Marcha das Vadias, en Brasil) realiza su
tercera edición este sábado, 29 de marzo, en Quito. Invitando a participantes
de todos los géneros sexuales, el acto propone romper con una estética binaria
y patriarcal, que divide el mundo en "mujeres femeninas” y "hombres
masculinos”, dando lugar a expresiones múltiples de la sexualidad y superando
un control de género.
