Pese al incremento del fenómeno, México carece de un
plan nacional de búsqueda
El corte oficial más reciente señala 23 mil 603 episodios; cerca de 30 por ciento eran mujeres
Manifestación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad –el 21
de noviembre de 2013– ante la Secretaría de Gobernación para exigir
solución a los miles de casos de desaparecidos en todo el paísFoto
Alfredo Domínguez
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 18 de enero de 2015, p. 3
México no cuenta con un
plan nacional de búsquedade personas desaparecidas, pese al incremento del problema.
En julio pasado, el gobierno federal informó que estaban en esa
condición 22 mil 322 personas y, al corte oficial más reciente (31 de
octubre), la suma era de 23 mil 603, es decir, en un trimestre se
agregaron a la lista mil 281 casos, un promedio de 14.2 por día.
Dentro de los expedientes clasificados como del fuero común (23 mil
271), casi 30 por ciento son mujeres. Por rango de edad, la mitad son
de 50 años hacia abajo, aunque hay casi mil ancianos. La mayoría son
mexicanos (hay 127 extranjeros y de 2 mil 856 se desconoce su
nacionalidad).
Una proporción similar tienen los archivos del fuero federal. De 332
personas reportadas, 24.3 por ciento son mujeres y, por edad, sólo se
especifica a los menores de 60 años. Aquí el grueso son jóvenes de
entre 15 a 29 años. Hay 298 mexicanos y 34 extranjeros.
Hace cinco meses, el gobierno federal dijo que avanzaba en este
proyecto, aunque hasta el momento sólo se registran novedades en
algunos estados.
Uno de los grupos es Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en
Coahuila (Fundec), constituido en diciembre de 2009, periodo crítico de
inseguridad y violencia en todo el país.
La organización tiene 328 expedientes, igual número de historias en
las que el esfuerzo principal por hallar a las personas es de los
familiares.
Las expresiones de los afectados son casi las mismas, tanto en
Fundec como en otros esfuerzos: el gobierno, en todos sus niveles, no
tiene un plan de búsqueda, y tampoco de reacción inmediata ante las
pistas que los propios familiares encuentran, ya sea una llamada
telefónica o la versión de que los desaparecidos fueron vistos en
determinados lugares.
Víctimas consultadas por este diario afirman que los expedientes de
los casos no contienen evidencias de una investigación profesional,
sino sólo papelería burocrática.
En un foro celebrado en diciembre en Coahuila, los grupos civiles mostraron una manta que rezaba:
La impunidad como el obstáculo para el respeto a los derechos humanos en México.
El año pasado, el gobernador de esa entidad declaró, según el Fundec:
Creo que hay avances, pero falta lo importante, encontrar a las personas desaparecidas.
Del
fuero común, el grueso de los expedientes a escala nacional, la mayoría
es de episodios en Tamaulipas (5 mil 293 casos). Le siguen Jalisco (2
mil 139), estado de México (mil 730) y Coahuila (mil 428).
Del federal, igualmente Tamaulipas tiene 74 averiguaciones previas, Guerrero 59 y Veracruz 52.
Además de Fundec, hay otros grupos. En Nuevo León opera un protocolo
de reacción inmediata; en Veracruz trabajan en un sistema de inhumación
de cadáveres sin identificar. En Coahuila hay reuniones periódicas con
funcionarios para la construcción de un plan de búsqueda.
Las principales causas de la no localización se refieren a: ausencia
voluntaria, ausencia por problemas domésticos; privación ilegal de la
libertad; migración nacional o internacional; reclusión en un centro
penitenciario; fallecimiento y/o víctima de otro delito.
El 21 de agosto pasado, la subprocuradora jurídica de la
Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez, dijo que
se avanzaba en un plan y protocolo nacionales de búsqueda de personas
sistematizado y permanente.
Enumeró algunas de las medidas en curso, como la operación de un
software ante mortem y post mortem para la localización a
identificación.
Un total de 160 funcionarios estaban en la red nacional para la
búsqueda de personas; se trabajaba en la creación de unidades
especializadas de búsqueda, así como en el fortalecimiento de los
servicios forenses.
Cinco meses después de la presentación del reporte, la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Eliana García, dijo:
Estamos en un trabajo cotidiano de construcción de capacidades institucionales y de relación con las organizaciones que representan a las familias.
Dijo que la cuestión se ha convertido en tema permanente del Consejo
Nacional de Seguridad Pública; en la sesión de diciembre se acordó la
homologación nacional para el protocolo de investigación de los casos
de desaparición forzada. Éste deberá ser concluido a más tardar en mayo.
Los desaparecidos –agregó– son más que cifras.
Son personas con nombre, apellido, historia, familia. Y (atenderlos) es el trabajo que hacemos aquí en la PGR.
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