La falta de recursos económicos y humanos en las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, para atender la discriminación y violencia contra las mujeres en los centros laborales provoca que las trabajadoras enfrenten juicios de hasta siete años.
Manuel Fuentes Muñiz, abogado laboralista y ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), dijo a Cimacnoticias que si bien algunas de las reformas de 2012 a la Ley Federal del Trabajo (LFT) buscan erradicar el hostigamiento sexual, los despidos por embarazo y las desigualdades de género en los centros laborales, éstas no tienen efecto por falta de recursos humanos y económicos en las instancias de justicia laboral.
En 2012 se agregó a la LFT la causal por hostigamiento sexual (fracción octava del capítulo cuarto) a las razones para la rescisión del contrato; además, en el artículo segundo quedó escrito que “se tutela la igualdad sustantiva de las trabajadoras y trabajadores frente al patrón”, a fin de eliminar la discriminación contra las mujeres y garantizarles derechos.
No obstante estas reformas de hace dos años, Fuentes Muñiz criticó que en la realidad no ha habido implementación por parte de las autoridades, para que las mujeres que denuncian delitos laborales consigan justicia.
“La ley en materia laboral sólo ha quedado como letra muerta, ya que no se generaron políticas efectivas al respecto”, criticó el abogado laboralista.
Observó que el hostigamiento sexual sigue siendo un tema frecuente ante las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje (JFCyA), pero criticó que las mujeres aún tienen la mayor carga probatoria, por lo que recae en ella la responsabilidad de presentar pruebas del delito.
Dentro de las Juntas –señaló Manuel Fuentes– no hay condiciones para que cuando una mujer acuda ante la autoridad laboral sea tratada de manera imparcial, eficaz y con resultados, ya que carecen de presupuesto suficiente para aumentar su personal y ampliar sus instalaciones de acuerdo con el número de expedientes que reciben al día.
“Están saturados de trabajo. En un juicio se realizan en promedio siete audiencias, pero al año sólo se pueden llevar a cabo dos, lo que hace que el proceso de cada caso se vaya retrasando y la persona afectada pierda la sentencia; a esto se suma el tiempo adicional que lleva presentar amparos y volver a revisar las pruebas”.
El abogado apuntó que si una mujer presenta una demanda y acude a las Juntas tendrá que esperar en promedio siete años para que haya un fallo (que puede ser satisfactorio o no).
“De nada sirve que haya reformas de avanzada si los instrumentos que se usan son inadecuados e ineficaces”, sentenció. Criticó que la Junta Local del DF es la única que ha establecido una serie de salas orales para que los juicios que duran año y medio puedan reducirse a sólo 90 días, además de utilizar cámaras de video y micrófonos con el fin de asegurar la transparencia de los procesos.
Pero señaló que las salas orales aún no están operando y todavía faltan recursos y presupuestos suficientes para la implementación de este tipo de instalaciones en las 32 juntas de conciliación y arbitraje que están bajo la responsabilidad de los gobiernos estatales.
“Los presupuestos que se otorgan a este tipo de instancias son muy limitados, lo que plantea una ‘justicia lejana”, agregó.
A la par de estas carencias, el abogado recordó que día a día va creciendo el número de mujeres que participan en el ámbito laboral; sin embargo, la mayoría de ellas son víctimas de despidos arbitrarios y sin aviso previo.
Además, las otras reformas de 2012 (como las que permiten la subcontratación) han propiciado más despidos, menos indemnizaciones y menos justicia para las trabajadoras.
Si en los centros de trabajo se descubre que una mujer está embarazada, todavía es muy probable que los empleadores no tengan a las trabajadoras afiliadas al seguro social o que las despidan.
En el área alimenticia, electrónica y química, que concentran mayor número de mujeres trabajadoras, hay un problema de explotación con baja de salarios.
Y las mujeres jóvenes se enfrentan a contratos temporales y nulo apoyo en seguridad social, y las mujeres que ya rebasan los 40 años de edad y no cotizaron durante toda su vida se ven obligadas a emplearse en trabajos informales.
“No hay sanciones efectivas para ese tipo de empresarios que se burlan de las leyes y de los derechos de las mujeres. Las cosas han cambiado para seguir igual y peor”, detalló el experto.
Concluyó que el balance a partir de 2012 es que la implementación de las nuevas reformas a la LFT aún está en el papel, ya que el 60 por ciento de las mujeres que tienen trabajos “formales” no cuentan con seguridad social.
Para saldar estas deficiencias, el abogado informó que debe haber inspectores vigilando que las trabajadoras cuenten con este derecho, pero –detalló– en el DF no son más de 20 inspectores para cerca de 270 mil centros de trabajo. “Si quisieran realizar una inspección en cada centro tardarían más de 40 años”, observó.
El abogado añadió que “en la medida en que se dé mayor participación de las mujeres habrá mayor democracia, pero eso atenta contra el interés de los gobernantes”.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
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