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Andrade y Peña en Los Pinos. Foto: Benjamin Flores |
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Con cada coletazo, el dinosaurio priista va
destruyendo una a una las instituciones de la supuesta “transición
democrática”. Cualquier organismo público que haya tenido en algún
momento un espíritu ciudadano o una independencia política ha sido
domesticado o cooptado por el aparato. El intento de Enrique Peña Nieto
de resucitar como tapadera coyuntural a la ya desaparecida Secretaría
de la Función Pública (SFP) es un ejemplo particularmente claro de la
consolidación de este perverso rasgo del autoritarismo mexicano.
La primera “reforma estructural” impulsada por Peña Nieto
no fue la reforma educativa, ni la reforma energética, sino la reforma
a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). Aun
antes de tomar posesión, el presidente electo hizo llegar al Congreso
de la Unión, por los malos oficios de Manlio Fabio Beltrones, una
iniciativa de ley que eliminaría la SFP y trasladaría sus funciones
medulares a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a punto de ser
ocupada por su amigo y cómplice Luis Videgaray. Peña Nieto también
buscaba excluir miles de puestos del ya debilitado Sistema de Servicio
Profesional de Carrera con el fin de rellenarlos con nuevos
funcionarios a modo.
El propósito era centralizar al máximo el poder
administrativo para evitar cualquier fuga de información sobre los
fraudes que ya se estaban preparando desde Los Pinos. Recordemos que
precisamente en las mismas fechas en que el presidente electo envió su
reforma administrativa a los diputados, en noviembre de 2012, el futuro
secretario de Hacienda estaba en pleno proceso de mudanza a su nueva
“Casa HIGA” en Malinalco.
Peña Nieto tenía la intención de encubrir su jugada
centralizadora con la creación simultánea de un nuevo elefante blanco
llamado Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) que estaría bajo el
control de un consejo de “notables”, incluyendo a los 31 gobernadores,
y presidido por el mismo primer mandatario. Aquella cortina de humo
simuladora la analizamos en su momento en estas mismas páginas (véase: http://ow.ly/IyI0z). La propuesta que hoy impulsa el PRI en el Congreso de la Unión a partir de la masacre de Iguala es esencialmente la misma.
Por alguna extraña razón, aun con la total capitulación
de las fuerzas “opositoras” en el Congreso no se pudo aprobar la
creación del nuevo organismo “anticorrupción” de Peña Nieto. Al
parecer, los panistas pensaron dos veces antes de entregar aún más
armas a sus aliados priistas que después podrían ser utilizadas para
chantajearlos exhibiendo la vasta corrupción del sexenio calderonista.
El PRD habría tenido el mismo propósito con respecto a
las fechorías de Marcelo Ebrard y otros mandatarios locales. Por
ejemplo, si hoy existiera la CNA no sería una Comisión Especial de la
Cámara de Diputados la que estaría utilizando el escándalo de la Línea
12 del Metro para desacreditar a Ebrard, sino un poderoso organismo
“autónomo” directamente al servicio del PRI-gobierno.
Sin embargo, aunque lograron parar la CNA, la “dignidad”
de los legisladores de “oposición” no alcanzó para frenar las reformas
a la LOAPF. Lo único que se logró fue la inclusión de un artículo
transitorio en la reforma a la ley orgánica que indicaba que la SFP se
mantendría temporalmente en funcionamiento hasta que se creara el nuevo
organismo “anticorrupción” de Peña Nieto.
En consecuencia, desde hace más de dos años la SFP se
encuentra en un limbo jurídico que la ha debilitado en extremo. Muerta
en vida, la secretaría es hoy un auténtico “zombi” burocrático que
deambula perdido por los pasillos del poder. Virgilio Andrade, quien
siempre ha defendido férreamente los intereses de su partido, el PRI,
tanto dentro como fuera de la administración pública, es entonces la
persona perfecta para encabezar este Frankenstein en fase terminal. Su
única función será tapar, cubrir y limpiar los evidentes conflictos de
interés y corruptelas de su jefe y sus amigos en el gabinete
presidencial.
Este desenlace de la SFP debe ser un trago muy amargo
para quienes tenían esperanza de que la alternancia de 2000 pudiera
generar procesos de profesionalización de la administración pública
federal. Vicente Fox creó la SFP en 2003 para dirigir la modernización
administrativa que supuestamente tendría lugar con la nueva Ley de
Servicio Profesional de Carrera (LSPC). En realidad, ni Fox ni Felipe
Calderón tomaron en serio este necesario proceso de transformación del
Poder Ejecutivo. Vaciaron de contenido a la LSPC por medio de
reglamentos amañados y colocaron a una serie de políticos ambiciosos y
burócratas grises como titulares de esta importante secretaría.
Calderón inclusive propuso la desaparición de la SFP en 2009. Sin
embargo, nunca habíamos llegado a un extremo tan vergonzoso o un
cinismo tan transparente como aquellos en que incurre Peña Nieto.
La muerte definitiva de la SFP como un organismo
reformador e independiente constituye la cereza en el pastel de la
disfuncionalidad pública bajo el régimen actual. Primero se canceló la
división de poderes por medio de la suplantación del Congreso de la
Unión por el “Pacto por México”. Después terminaron con la oposición
partidista con la cooptación del PRD, y reprimieron a la oposición
social con constantes abusos policiacos y detenciones arbitrarias.
Posteriormente sometieron al INE (antes IFE) y al IFAI al rellenar a
ambos institutos con funcionarios fieles al régimen. Hoy terminan el
trabajo con la perversión absoluta del proyecto original de la SFP.
El Partido Revolucionario Institucional ya no es digno de
su nombre. Se ha convertido definitivamente en el Partido de la
Reversión Institucional. Solamente un masoquista se atrevería a desear
su permanencia en el poder más allá del presente sexenio. Ha llegado la
hora de ir preparando el relevo.
Twitter: @JohnMAckerman
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