La sanción a Serrano Limón

Marta Lamas

En julio de 2004 un grupo de asociaciones ciudadanas y la Red por la Salud de las Mujeres del DF exhibieron en conferencia de prensa el ilegal donativo de 30 millones de pesos que había recibido Pro-Vida, y denunciaron que éste los había malversado. Dicha cantidad proveniente del erario se había destinado originalmente a la lucha contra el VIH-Sida, pero Luis Pazos (cuando era diputado por el PAN y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados) se la asignó al Comité Nacional Pro-Vida para sus Centros de Ayuda a la Mujer (CAM).

Con sustento en la Ley de Transparencia, las organizaciones solicitaron información sobre el destino de los fondos desviados y confirmaron que la operación se dio a través de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP), una dependencia de la Secretaría de Salud (Ssa). Para recibir fondos públicos, las organizaciones civiles deben concursar mediante proyectos específicos, y el monto máximo de la donación no puede exceder los 250 mil pesos. Mediante un extraño convenio con la APBP, Pro-Vida no participó en ningún concurso y además recibió 120 veces más el monto máximo establecido.

A ese hallazgo se sumaron otros muy significativos: 

a) El 81.53% del monto ejercido por Pro-Vida se concentraba en los rubros de “Publicidad, Mobiliario y Equipo Médico”, mientras que 75.62% del concepto “Publicidad” se erogó para contratar a una sola empresa (Mercatel, S.A. de C.V.), que tenía la misma dirección del Comité Nacional Pro-Vida; 

b) En el rubro “Ayuda a Mujeres”, 96.47% de los recursos fue utilizado para contratar un salón de fiestas y realizar dos capacitaciones y una reunión de directivos, y no para el apoyo directo a mujeres; asimismo, el salón de fiestas tenía el mismo número de teléfono que la empresa Mercatel; 

c) Entre otras anomalías, se descubrió la compra de artículos suntuarios como plumas de lujo Montblanc y ropa para caballero y dama, ¡incluyendo tangas! El “donativo” era a todas luces improcedente por la forma en que se produjo, por su monto y por la manera en que se utilizó.

Fundar hizo una investigación y publicó un libro, coordinado por Gaia Gozzo, titulado El caso Provida: cuentas pendientes en la transparencia y justicia (2006).

La coalición de grupos pidió a las autoridades una auditoría pública y deslindar las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar, para que Pro-Vida devolviera los 30 millones con el fin de reintegrarlos al presupuesto.

El impacto mediático logró que la Auditoría Superior de la Federación entregara en el tiempo prometido la auditoría oficial, la que coincidió con la auditoría ciudadana. La ASF fue más lejos y revisó recursos públicos canalizados a Pro-Vida por la Lotería Nacional y el Fideicomiso “Transforma México”, en donde también se encontraron irregularidades. Por ello, presentó y ratificó ante el Ministerio Público Federal una denuncia por anomalías en la comprobación y aplicación de los fondos federales. Por su lado, la Secretaría de Salud canceló el contrato por más de 60 millones de pesos con Pro-Vida suscrito para los años 2004 y 2005; suspendió a 10 de los 23 Centros de Ayuda a la Mujer por no contar con el material y personal médico que brindara los servicios ofrecidos, e interpuso una demanda en contra de Pro-Vida, solicitando la devolución de las cantidades entregadas. La Secretaría de la Función Pública aplicó, por primera vez, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas a personas que no son servidores públicos por el hecho de haber manejado irregularmente dinero de las arcas nacionales; inhabilitó a Jorge Serrano Limón, director del Comité Nacional Pro-Vida, por 15 años para ejercer un puesto público y lo sancionó con una multa de 13 millones 237 mil 377 pesos. Asimismo, destituyó e inhabilitó a otros tres funcionarios de la Secretaría de Salud.

En concreto, la acción ciudadana logró tres cosas fundamentales: 

1) exhibir que los usos y costumbres que se dan en México en materia de asignación de presupuesto siguen siendo fundamentalmente negociaciones políticas poco democráticas, en las cuales los arreglos bajo la mesa para cuidar los intereses ideológicos de un partido son antepuestos a los intereses de la ciudadanía; 

2) poner en evidencia el uso de fondos públicos para financiar programas que contradicen compromisos internacionales y nacionales en materia de salud y derechos reproductivos; y 

3) demostrar la importancia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

No obstante la contundencia de las pruebas presentadas, Serrano Limón se amparó para no pagar la multa impuesta y no se sancionó a otros responsables de la desviación y malversación de los 30 millones, en especial a Luis Pazos.

Sin embargo, el proceso jurídico del amparo concluyó hace unos días, cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que Serrano Limón sí tiene que pagar la multa de los 13 millones de pesos. Y aunque probablemente algún empresario archicatólico le regalará el dinero, ¡qué bien que se hizo justicia!