“Hagamos
lo imposible. No olvidemos que los grandes acontecimientos en la
historia de la humanidad han sido la conquista de lo que parecía
imposible”. Charles Chaplin.
La remoción de Murillo
Karam de la Procuraduría General de la República no es, desde luego, un
triunfo del movimiento social surgido en torno a los 43 normalistas de
Ayotzinapa. Sin embargo, el cese del señor de la “verdad histórica” es
resultado, entre otros elementos, de la incansable lucha emprendida por
los familiares de los normalistas. El descrédito de Murillo Karam y
Peña Nieto ante el caso Ayotzinapa está por las nubes, su legitimidad,
en cambio, va en declive; mucho se debe a la firmeza de los padres de
familia al rechazar, con razones de sobra, la versión del ex procurador
acerca de lo sucedido en Iguala hace ya cinco meses. Sin la denuncia de
los padres, sin su movilización, sin su constante resistencia, Murillo
Karam no sólo continuaría en el puesto sino que su “verdad histórica”
sería la única versión existente.
La decisión de Peña Nieto, al
remover al cansado Murillo, es un ensayo que busca lavar la imagen de
su gobierno tanto en nuestro país como en el extranjero. En medio de
las sostenidas noticias sobre la corrupción imperante en su
administración; luego del recorte presupuestal anunciado como la única
medida de salvación ante la crisis económica; más su inoperante
actuación al respecto de lo sucedido en Iguala, el intelectual de
Atlacomulco pretende acallar los reclamos en su contra que,
especialmente en la prensa extranjera y organismos de derechos humanos
a nivel internacional, han hecho mella en su imagen. No es una
casualidad que esto suceda luego de la novena jornada de lucha por
Ayotzinapa. Se trata, en buena medida, de una respuesta política a los
padres de familia, pero también al movimiento social que, contra todos
los pronósticos, salió a las calles nuevamente. Tanto en la capital del
país como en otros lugares de México y el extranjero, la demanda por la
presentación con vida de los normalistas se hizo escuchar.
La
destitución de Murillo es un intento gubernamental por atemperar el
descontento hacia una administración que, como política oficial, oculta
información sobre lo sucedido en Iguala y protege con inusual fervor al
Ejército mexicano. La negativa anunciada por la Secretaría de
Gobernación para abrir los cuarteles del Ejército, muestra cuánta
necesidad tiene el Estado de salvaguardar a dicha institución. Una y
otra vez se insiste en que no hubo participación de efectivos del
Ejército aquel 26 de septiembre del 2014, pero las denuncias que
desmienten esa versión crecen a tal grado que el propio Peña Nieto ha
debido dar su espaldarazo a Salvador Cienfuegos. Entre más niegan la
participación de los militares, más parece confirmarse su accionar.
De
ahí la importancia, por un lado, que quienes han levantado la demanda
de la presentación con vida de los 43 no dejen de apuntar hacia los
militares y, por otro lado, que exista la mayor fuerza que haga
posible, como lo exigen los padres de familia, que se abra una nueva
línea de investigación en el caso que involucre, necesariamente, a la
institución castrense en todos su niveles.
Es cierto que, por el
momento, existe una suerte de interregno en la relación de fuerzas para
el movimiento social. El Estado, por más que quiere, no puede superar
su falta de legitimidad y la crisis política y económica por la que
atraviesa el país. Aunque el movimiento por la presentación con vida de
los 43 logró ponerlo contra la pared momentáneamente, también es cierto
que no consigue avanzar. La disputa por la “verdad histórica” se
encuentra en una especie de empate en las fuerzas. Pero ninguna de
éstas se encuentra derrotada.
Por esa razón, es un error no
centrar las fuerzas de las organizaciones sociales, estudiantiles,
obreras, campesinas, y del pueblo en general, en torno a los 43
normalistas de Ayotzinapa. Esa demanda ha demostrado ser, al unísono
del rechazo a la administración de Peña Nieto, capaz de aglutinar a las
más disimiles posiciones que buscan un cambio real en este país. Si esa
demanda se abandona, si se le deja morir de inanición, no sólo se abre
la vía para que, nuevamente, la impunidad se instale como la única
solución posible sino también y, más aún, se echa por la borda lo
alcanzado a través de las distintas jornadas de lucha.
El
panorama es difícil, ni duda cabe. Pero ante la adversidad, la firmeza
y la convicción son, más que nunca, necesarias. Estamos a un mes de que
se cumpla medio año de aquel doloroso 26 de septiembre, ¿qué haremos
mientras tanto?, ¿no es momento de ir construyendo, desde ya, alguna
acción que permita romper este letargo? Quizá valga la pena discutir
cómo demostramos al Estado que Ayotzinapa, y todo lo que representa,
continúa como una herida abierta e insuperable. Quizá, por eso mismo,
la exigencia de justicia es necesaria, y el castigo a todos los
responsables del operativo de Iguala se hace imprescindible.
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