Por: Redacción Revolución
(07 de abril, 2015).- Por más que
diversas instancias del gobierno de México traten de negar, refutar y
ofender a los comentarios sobre desaparición forzada, que dio el
relator de la ONU Juan Méndez, es un hecho que es un problema de
seguridad sumamente grave, si bien es cierto que la atrocidad cometida
en Ayotzinapa dio a conocer de mayor manera este delito no todo se
queda en Guerrero.
Jan-Albert Hootsen, de Newsweek,
ha escrito un reportaje acerca de un acto terrible de desaparición
forzada, acaecido hace dos años en Veracruz, del cual aún hoy no se
sabe absolutamente nada. Los mexicanos están cansados de la impunidad y
abuso y hoy en día, lamentablemente, México está posicionado a nivel
mundial pero por su corrupción, inseguridad y violencia.
Ricardo Illescas Ramírez tenía sed. Era
agosto de 2013, y el joven de 25 años de edad, vendedor de ropa,
estaba en Nuevo Potrero, en la costa este del Golfo de México, en el
estado de Veracruz. Él había llegado más temprano para reunirse con los
compradores y, cuando terminó el día, Ramírez fue a un bar
destartalado cerca del centro de la ciudad.
Poco después de que él entró, dicen los
testigos, un grupo de hombres con uniformes de policía irrumpió por la
puerta, arrastrando a Ramírez y a otros fuera del lugar, los metieron
en las patrullas se retiraron. Testigos reportaron incidentes similares
ese día en un parque y parada de camiones cerca. En total 20 personas
desaparecieron aquella jornada. Ninguno de ellos se ha vuelto a ver o a
saber algo de su persona.
Desaparecer sin dejar rastro no es
extraño en América Latina. Entre 1974 y 1982 al menos 10.000 argentinos
desaparecieron durante la dictadura militar de ese país. En Guatemala
se estima que 70.000 personas murieron o desaparecieron en 1982 y 1983
durante el gobierno del dictador Efraín Ríos Montt. México, por
supuesto, está lejos de ser un estado policial despótico pero, en los
últimos seis meses, el tema de la desaparición forzada ha enturbiado el
país a causa de la relación incestuosa entre la policía mexicana y sus
principales adversarias; viciosas y poderosas bandas de
narcotraficantes del país. A medida que la indignación se ha
intensificado Enrique Peña Nieto se ha comprometido a restaurar la ley
y el orden y brindar explicaciones a las familias de los que han
desaparecido.
Sin embargo los críticos dicen que el
gobierno tiene poco que mostrar. Dieciocho meses después de que esas 20
personas desaparecieron, las familias de las víctimas aún no saben
quién los secuestró ni por qué. Más importante aún; no saben si están
vivos o muertos. “Todavía no tenemos respuestas”, dice Rosa María
Ramírez Rojas, de 48 años, madre de Ramírez. “Nadie nos puede decir
nada”.
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