Por: Edgar Rosas
(17 de agosto, 2015. Revolución
TRESPUNTOCERO).- En el actual contexto, donde el gobierno y la
iniciativa privada han emprendido una ola de intentos por desarrollar
megaproyectos en distintas partes del país, la persecución en contra de
los líderes comunitarios que defienden los derechos culturales,
económicos y sociales de sus pueblos-mismos que se ponen en riesgo con
esta clase de obras-ha sido una práctica utilizada de forma recurrente,
con la cual, desde la perspectiva de diversos sectores, busca
desincentivar la lucha.
Para Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos Para Todas y Todos” (RED
TDT) hoy en día existe una embate por parte de autoridades y empresas
en contra de las comunidades que han iniciado una resistencia contra el
despojo que representa los megaproyectos. Asimismo manifestó que la
persecución en contra de quienes se oponen a estas obras ha sido una
práctica generalizada en el país.
Ríos habló con Revolución TRESPUNTOCERO sobre este clima de
criminalización que se vive contra los defensores del territorio y los
recursos naturales. Enfatizó que este hostigamiento se enmarca en un
contexto de crisis en materia de seguridad y derechos humanos que
aqueja al país.
“Vemos que a pesar de una supuesta disminución en el número de
asesinatos reportados por el INEGI, que logró su cúspide en el 2011,
notamos que siguen en aumento fenómenos como la desaparición forzada,
detenciones ilegales, y en ese sentido también se da el contexto de
amenazas y agresiones contra personas defensoras y que resulta muy
especial porque ha habido una mayor persecución, una serie de
agresiones cada vez más intensas contra líderes comunitarios que
emprenden la defensa de los derechos sociales, económicos y culturales
de sus pueblos.
“Vemos que hay un embate especialmente en contra de quienes se
oponen a los megaproyectos y que en ese sentido tendríamos que recordar
todo los megaproyectos turísticos, mineros, de infraestructura, de
creación de energía que se dan a lo largo del territorio”, dijo.
En lo referente, manifestó que a través de modificaciones al marco
legal-como la reforma energética-el gobierno ha buscado legalizar el
despojo de tierras para la puesta en marcha de los megaproyectos, esto
a costa de las afectaciones de comunidades y pueblos originarios que
son los dueños de los terrenos en donde se pretenden realizar gran
parte de los proyectos.
Añadió que esta serie de ataques y hostigamientos tienen un vínculo
muy estrecho con agentes del Estado, sin descartar a empresarios y
delincuencia organizada. Mencionó que ante lo vivido en últimos meses,
se puede vislumbrar que este clima de represión aumentará.
“Entonces en este contexto en donde el despojo está legalizado a
través de leyes que buscan la expropiación, leyes como la servidumbre
legal, la ocupación temporal y ocupación superficial, pues
prácticamente se pretende quitarle el usufructo de las tierras a las
comunidades que ancestralmente las han tenido.
“Vemos pues que las amenazas, agresiones, asesinatos y
desapariciones en contra de personas defensoras va a ir en aumento
porque son quienes están defendiendo sus derechos al propio
desarrollo, y en ese sentido serán siempre un obstáculo parar el
capital que pretende ser hegemónico en todas estas comunidades, pueblos
e incluso ciudades. Vemos un aumento que nos preocupa, que está
claramente relacionado con agentes del Estado quienes intervienen
también como perpetradores”, expuso.
Fernando Ríos expresó su preocupación sobre el hecho que el sistema
judicial ha sido utilizado para criminalizar a los defensores
comunitarios. En este sentido habló sobre las propuestas de ley que se
han presentado en el país a través de las cuales se busca detener el
derecho a protestar.
“Ha habido más de seis iniciativas en varios estados y a nivel
nacional que quieren evitar el derecho a defenderse y quieren evitar el
derecho a las poblaciones a protestar, como es parte de su derecho. En
ese sentido se pretende criminalizar a través de evitar las mismas
protestas y luego de fincar cargos que proceden incluso de la
delincuencia organizada, cargos que vienen de los empresarios y que de
alguna manera lo que buscan es retrasar la organización social y la
defensa de los DD.HH”, manifestó.
En lo referente reiteró que en México existe un contexto
generalizado de persecución y acosos en contra de defensores
comunitarios. Además manifestó que el intento del gobierno por
desarrollar megaproyectos está en muchas entidades.
“Desde Sonora hasta Chiapas encontramos que hay enclaves mineros muy
importantes y que en ese sentido (empresas y gobierno) necesitan
desalojar y necesitan contaminar a las propias comunidades que ahí
habitan. Vemos por otro lado que los campos a licitar en la Ronda Uno
están especialmente desde la frontera norte: Chihuahua, Coahuila,
Tamaulipas, y luego todo el golfo de México, en donde también
encontramos toda clase proyectos carreteros, turísticos, eólicos.
Lo que hacen (con lo anterior) es generalizar una situación de
vulnerabilidad para las comunidades y en ese sentido podemos poner como
ejemplo a Puebla porque está muy cerca y porque el gobernador Moreno
Valle no sólo ha emprendido proyectos en contra del medio ambiente,
como son las mineras en el norte de Puebla, o la extracción de
hidrocarburos que es la Ronda Uno la que está localizada en Puebla,
sino que ha desarrollado una serie de proyectos inmobiliarios y de
infraestructura que han afectado a grandes poblaciones como en Cholula,
y también una serie de medidas que tienen que ver con la organización
comunitaria”, dijo.
Además de Puebla, expuso Ríos, hay otras entidades que igual se han
caracterizado por la persecución contra defensores comunitarios.
“En Puebla ha imperado una criminalización atroz por parte de Moreno
Valle, pero también esto lo tendríamos que ver en el Estado de México
pues hay una persecución constante, por ejemplo, de los compañeros de
Xochicuautla, especialmente de su líder. Vemos como en Sonora están
siendo criminalizados los Yaquis. Vemos que en Chihuahua hay una
tendencia muy grande a criminalizar y que están ahí el sacerdote Javier
Ávila, también la defensora de DD.HH. Estela Ángeles Mondragón que
están siendo gravemente amenazados por su trabajo en la Sierra
Tarahumara y que tiene que ver también con gasoductos, uno que va a ir
desde Sonora hasta el norte de chihuahua.
“Y encontramos así constantemente en todo el país elementos muy
graves. En Tlaxcala mismo está también el gasoducto de
Morelos-Puebla-Tlaxcala que pretende despojar a comunidades del uso del
suelo, de su tierra y a favor de ciertos proyectos industriales que se
pretenden fincar en la región. Vemos una situación generalizada y que
es potencializada por la impunidad de los gobernadores”, sentenció.
Ríos dijo que el panorama que se avecina no es prometedor, puesto
que ante hechos como la profundización de la reforma energética, se va
a presentar un panorama criminalizado por parte del Estado.
“Vamos a ver un incremento constante de las comunidades defendiendo
sus derechos, vamos a ver también por otro lado una respuesta
criminalizadora del Estado con grades contingentes de policías, de
gendarmería, de PF, de ejército, queriendo controlar por la fuerza
estos proyectos”, finalizó.
En México, los defensores comunitarios enfrentan un grave riesgo
Silvia Emanueli, integrante de Espacio de Organizaciones Civiles por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio
DESC)-quienes han acompañado la lucha de diversas comunidades, citó lo
dicho por la exrelatora especial sobre la situación de las personas
defensoras de derechos humanos de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), quien apuntó en un informe que en México los defensores
comunitarios viven un grave riesgo.
De acuerdo al informe presentado que abarca del 2006 al 2011, la
exrelatora expresó su preocupación sobre el panorama de acoso que viven
defensores en materia ambiental y relacionados con las actividades de
las industrias extractivas y proyectos de construcción y desarrollo.
En el documento elaborado expuso que México es uno de los países en
donde los defensores comunitarios sufren un mayor número de amenazas, y
en donde están expuestos a atentados contra su integridad física.
En este sentido detalló que en México los defensores que se oponen a
megaproyectos son vulnerables ante intentos de asesinatos, detenciones
y encarcelamientos de forma arbitraria.
“En opinión de la exrelatora especial esto muestra que los riesgos
que enfrenten los defensores de los DDHH que trabajan en el contexto de
los proyectos de desarrollo es sumamente graves”, enfatizó Emanueli.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario