Aurelio Nuño, un cambio para seguir igual

Nuño está en la disyuntiva de restaurar las condiciones de una verdadera reforma educativa o quedar como un simple demagogo.

Manuel Fuentes 

lasillarota.com

Aurelio Nuño, nuevo secretario de Educación Pública ha iniciado recorridos simbólicos en alguna escuela primaria (le faltan más de 207 mil) pero ha empezado a trastabillar y a contradecirse en sus promesas iniciales.  Ha ofrecido “diálogo totalmente público y transparente” pero ha reiterado que a la única instancia que reconoce es al comité del Sindicato Nacional Trabajadores de la Educación que encabeza el agachado líder Juan Díaz de la Torre.

Un diálogo no debe condicionarse sino no es diálogo.  Es convertir una buena oferta en una perorata barata, en un discurso de un sólo lado en el que se insista que la reforma educativa es perfecta e inamovible.  Aurelio Nuño dice que la reforma educativa no es punitiva, pero desde su origen, desde su esencia misma destruye derechos fundamentales de los docentes.

Desconoce al maestro su calidad de trabajador, de persona, lo convierte en un simple objeto sin derechos y sólo con obligaciones. El anular la bilateralidad es quitarle voz al profesor y a su organización sindical.  En la ley del servicio profesional docente simplemente no existen para ser considerados de forma alguna.

¿Qué caso tiene iniciar un diálogo para que todo siga igual? Hacer cumplir la ley del servicio profesional docente es aceptar que la única palabra, opinión o razón es la que impone la autoridad.  La nueva ley docente permite a la autoridad separar a un maestro de forma inmediata y cualquier aclaración o defensa que quiera hacer el afectado tendrá que hacerlo en la calle despedido.

Dice Aurelio Nuño que la Ley docente no es punitiva, pero seguro no quiere reconocer, porque el acepta haber participado en su diseño, que si un profesor es separado tendrá que pelear en los vetustos tribunales entre 7 o 10 años de litigio para demostrar que su separación fue injustificada.  ¿Es una ley justa? Desde luego que no. 

Antes, todo maestro tenía derecho a que la autoridad laboral revisara las acusaciones y pruebas de las autoridades educativas, previo al cese o su despido.  Antes se permitía que al levantar el acta administrativa estuviera presente el Sindicato y el propio trabajador; ahora la autoridad puede levantar actas de manera unilateral, sin la intervención del trabajador ni la del sindicato. 

Si se topa el docente con un funcionario abyecto y autoritario (de los que hay muchos) este podrá levantar actas como le vengan en gana, notificarle al trabajador para que responda las acusaciones por escrito en diez días y al termino de ese periodo despedirlo de inmediato.  La única razón que vale es la del funcionario de cuarta.  La ley docente le da el derecho para que el caso lo revise ¡la misma autoridad que decidió el cese!  La autoridad educativa es juez y parte, lo que hace de la ley del servicio profesional docente una norma totalmente inequitativa.

¿Cómo ofrecer un diálogo para que todo siga igual?  Por principio de cuentas debe suspender los procesos de evaluación porque éstos se están llevando a cabo con amenazas y abusos, sin dar a los docentes el derecho a ser capacitados, tener los materiales adecuados para su preparación y sin contar con tiempo razonable para su capacitación. 

Como muestra de estos abusos en el Colegio de Bachilleres del Distrito Federal fueron elegidos mil 500 docentes para ser examinados y la institución que conduce Silvia Ortega Salazar sólo ha ofrecido talleres intersemestrales del proceso de evaluación del aprendizaje a través del portafolio de evidencias ¡únicamente para 20 profesores! y un taller de preparación sobre el proceso de Evaluación del Desempeño Docente para la academia con una capacidad de solo ¡30 docentes! Los demás que se las arreglen como puedan.  Eso si los maestros que protestan y se oponen a este tipo de medidas arbitrarias son amenazados con el despido.

Sería prudente que Aurelio Nuño también se acercará con los maestros de educación media superior y se enterará porque que la ley docente es punitiva.  Debe saber que a pesar de que los maestros tienen nombramientos de base con un horario definido, las autoridades los alteran de manera unilateral para afectarlos e impedir que sigan trabajando. Las horas que tienen que dejar los afectados las autoridades se los entregan a sus incondicionales y eso no puede ser. Incluso los amenazan a los profesores con el despido si se afilian al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres.

Es inadmisible que en la página de Intranet diseñada por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, de común acuerdo con el INEE y a través del Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente para el registro de las evidencias, aparezca la leyenda “¿Renuncia usted a las leyes anteriores?”. Esta leyenda representa un autoritarismo sin proporciones que debe ser retirada de inmediato.

Aurelio Nuño debe suspender los procesos de evaluación y corregirlos de raíz con la participación de los docentes. Debe promover una reforma constitucional que regrese a los maestros sus derechos laborales que de ninguna manera se contraponen a los derechos de los menores a recibir la mejor educación. 

Si tiene interés en cambiar, debe hacer participar al magisterio nacional y padres de familia en el diseño de una verdadera reforma educativa. Hacer efectiva la educación gratuita y no como ahora sucede que se impone a los padres de familia cuotas económicas para evitar represalias en contra de sus hijos. Debe dignificar las aulas y mobiliario de manera urgente.

Aurelio Nuño está en la disyuntiva de restaurar las condiciones de una verdadera reforma educativa o quedar como un simple demagogo. Sus acciones y no las palabras serán su mayor reto.

Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx  Twitter: @Manuel_FuentesM