En México, robar comida tiene al menos a 7 mil personas en la cárcel, las cuales enfrentan condenas que pueden llegar hasta los 10 años, pues se les atribuyen otras felonías para garantizar que no obtengan libertad
En
México se calcula que existen más de 7 mil hombres y mujeres que están
recluidos en las cárceles mexicanas por haber robado algo para comer.
Ellos son un rostro más de la pobreza que en el país afecta a más de 22 millones de mexicanos, de acuerdo a cifras oficiales.
Hay presos que hurtaron una fruta, un yogurt o medio kilo de
tortillas y esa es la razón por la que enfrentan procesos judiciales
que amenazan con mantenerlos en prisión por hasta 10 años.
La mayor parte de los presos acusados de los llamados Delitos
Famélicos están relacionados con otros ilícitos, los que a decir de los
agentes del ministerio público que los consignaron, ocurrieron de
manera simultánea.
Los departamentos jurídicos de tiendas como Walt Mart, Aurrera,
Soriana, Chedraui y Comercial Mexicana parecen especialistas en cuadrar
otros delitos al del robo de alimentos.
Para desalentar el robo de alimentos, estas tiendas departamentales
se aseguran que los infractores permanezcan varios años en la cárcel,
incluyendo otra felonía a éste, que en la mayoría de los códigos
penales de los estados es considerado un delito menor, explica el
sociólogo y abogado de Universidad Michoacana, José Rosario Valenzuela.
El 97 por ciento de las procesos penales que se instruyen contra
presos que cometieron el delito de robar alimentos, son acusados por
alguna de las tiendas que pertenecen a la Asociación Mexicana de
Tiendas Departamentales y de Autoservicio (AMDA), una asociación que
mantiene una política inflexible, que no permite otorgar el perdón
legal contra los usuarios que sustraen alimentos de sus instalaciones.
La cifras globales de las procuradurías de justicia de al menos 15
estados del país, revelan que solo en lo que va del presente año, las
tiendas afiliadas a la AMDA han solicitado el apoyo de los cuerpos de
seguridad y han acudido en calidad de víctimas ante el ministerio
público para entablar querella penal contra 682 personas, las que
fueron encontradas con alimentos sustraídos ilegalmente.
Pero lo representantes jurídicos de las tiendas afiliadas a la AMDA
no solo acusan el delito de robo de alimentos, en la mayoría de los
casos señalan a los infractores de haber cometido otros delitos
concurrentes, como intento de homicidio, daño en las cosas, lesiones,
amenazas y hasta ataques a las vías generales de comunicación. Esto
para asegurarse que los acusados no salgan pronto de prisión.
En la mayoría de los casos de delitos concurrentes con el Robo
Famélico, no existen tales hechos, solo es una estrategia de engaño que
hacen las tiendas de autoservicio a los agentes del ministerio público,
para que se actué en aparente rigor contra las personas a las que el
hambre las lleva a cometer el ilícito del robo, dice Saúl Moncada,
defensor de oficio de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.
Todos los acusados de Delitos Famélicos se encuentran en prisiones
de mediana y mínima seguridad en todo el país. La mayoría de ellos se
concentran en las prisiones del Distrito Federal, en donde se calcula
una población reclusa de poco más de 5 mil personas, la mayoría de
ellas mujeres, madres solteras, sin empleo y a veces sin formación
académica.
Solo un 37 por ciento de los procesados por delitos de hambre son hombres.
Las condiciones que enfrentan en prisión los presos que cometieron
el delito de tener hambre, son las más extremas. La falta de recursos
económicos –que a veces les impide pagar una fianza para alcanzar la
libertad condicional- los obliga a someterse a otros reos, para ser el
eslabón más débil en la cadena de corrupción que prevalece dentro de
las prisiones, señala Rosendo Tamayo Solís, penalista de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Por su condición de pobreza y su bajo perfil criminal, la mayor
parte de los reclusos por Delitos Famélicos son utilizados como
auxiliares de los cuerpos de seguridad al interior de los penales para
que realicen los cobros con los que se tasa a toda la población
carcelaria, cobro que se aplican para tener derecho a visita familiar,
visita conyugal, acceso al agua potable y/o evitar el pase de lista o
realizar labores de limpieza.
Reincidencia común
El mayor conflicto que representan para el sistema penitenciario los
reos por Delitos Famélicos, es la reincidencia delictiva. Casi el 64
por ciento de los que ingresaron en los últimos cinco años a prisión
por haber robado alimentos, también cometieron delitos graves dentro de
la cárcel, como tráficos de drogas, portación de arma de fuego, riña,
extorsión, lesiones, intento de homicidio y/o intento de evasión de
reos.
Los presos que se “engancharon” dentro de prisión con nuevos
delitos, sumaron a sus condenas iniciales entre 5 y 15 años de prisión,
de acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Gobierno del Distrito
Federal.
Y es que son las cárceles del Distrito Federal en donde se registra
el mayor índice de reincidencia delictiva, pero a pesar de ello, a los
reos por delitos famélicos no se les separa del resto de la población
carcelaria.
Dentro de la legislación penitenciaria no existen programas
oficiales, en ninguno de los niveles carcelarios del país, mediante los
cuales se les pueda dar protección a los reos no peligrosos procesados
por delitos de hambre. En ninguna cárcel estos internos son tratados de
manera especial para salvaguardar su integridad y su persona durante el
periodo del proceso penal al que son sujetos
Por decisión particular de algunos directores de penales, el estado
de Chihuahua es de los más avanzados en el sistema carcelario. Allí los
reos que ingresan por el delito de robo de alimentos son tratados de
otra manera. Se les aleja de la población de alta peligrosidad o que
cometieron delitos de alto impacto social, para evitar que sean
“enganchados” por los grupos de autogobierno. Se les asignan labores de
apoyo a la autoridad y se les otorgan incentivos por buen
comportamiento.
En contra parte, en las prisiones de los estados de Michoacán,
Veracruz, Puebla, Oaxaca, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro,
Guanajuato y San Luis Potosí, los presos acusados de delitos de hambre
son agregados, sin reglamentación psicocriminal, con el resto de la
población, lo que hace que el índice de reincidencia delictiva más
elevado del país se registre en esas entidades.
Vida de perro
Cuando Ricardo Nava se llevó una manzana a la bolsa, porque tenía
cinco días sin comer, no se imaginó el calvario que tendría que vivir
en prisión.
El encargado del departamento jurídico de Chedraui en Morelia, lo
acusó también de haber robado un pantalón, dos desodorantes y una
loción.
El agente del ministerio público que recibió la denuncia también se ensañó: lo acusó además de amenazas y daño en las cosas.
A Ricardo lo sentenciaron a 6 años de prisión.
“Fue la manzana más cara del mundo la que me comí”, comenta Ricardo
con voz apagada, pero con el alivio de estar fuera de la cárcel.
“Viví una vida de perro que no se la deseo a nadie. En la cárcel fui
un esclavo: trabajaba solo para tener derecho a comer. Tenía que pagar
una cuota diaria de diez pesos a los custodios que siempre amenazaban
con mandarlo a una celda con uno los delincuentes que controlan el
penal”.
El proceso penal de Ricardo fue extraordinario. En menos de dos
meses el juez dictó sentencia con los elementos que el Ministerio
Publico aportó: una declaración de un guardia de seguridad que no
estuvo al momento de la detención y que aseguró que el detenido amenazó
con golpearlo y le profirió amenazas de muerte.
En la declaración del guardia de Chedraui se argumentó “el riesgo en el que estuvo el personal de la tienda, durante el robo…”
El ministerio público, cuenta Ricardo, nunca realizó las actuaciones
de ley. Se limitó a recibir la declaración por escrito del guardia que
en apariencia llevó a cabo la detención. El departamento jurídico de la
tienda fue el que hizo los alegatos suficientes para que el ministerio
público solo integrara las actuaciones a su averiguación. El juez que
dictó la sentencia ni siquiera conoció al acusado.
En prisión, Ricardo conoció a por lo menos otros seis internos que
también fueron sometidos a proceso penal por Delitos Famélicos. Al robo
de pan, agua, galletas y yogurt, las tiendas en Michoacán Walmart,
Aurrera y Soriana, les agregaron otros delitos graves, incluyendo el de
homicidio en grado de tentativa, para evitar que los infractores
salieran en forma inmediata de la prisión. Todos los acusados fueron
sentenciados condenatoriamente.
Indígenas y hambre
Del total de los internos que actualmente son procesados por Delitos
Famélicos en todo el país, al menos 84 de ellos son indígenas, según
reconoce la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Son personas que en estado de indigencia tuvieron que recurrir al
hurto para poder alimentarse, pero que la legislación de diversos
estados los ha considera como criminales.
Actualmente existe una iniciativa al interior de la CDI para
solicitar ante las procuradurías de justicia y jueces penales de por lo
menos 17 estados, para que se desista de la acción penal en contra de
los reos indígenas sometidos a proceso por el delito de tener hambre.
La iniciativa no es parte de ningún programa oficial, solo es la
buena voluntad de algunos funcionarios de ese organismo federal.
Los 84 indígenas que son reconocidos por el CDI como reos por
Delitos Famélicos, son internos que no han delinquido dentro de
prisión, pero que están en posibilidad de ampliar su permanencia en la
cárcel por el riesgo al que se encuentran sometidos, ante la
posibilidad de cometer otros ilícitos como resultado de las condiciones
de pobreza en las que siguen permaneciendo.
En la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se tienen
documentados al menos 17 casos de reos que están procesados por haber
robado algo para comer, pero esa dependencia no ha sido capaz de emitir
ninguna recomendación a los gobiernos estatales para solicitar la
liberación de dichos preso. En la mayoría de los casos los funcionarios
de esa dependencia siguen “documentando” las indagatorias.
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