QUINTO PODER
Por: Argentina Casanova*
Las
Instancias de las Mujeres en las entidades federativas nacieron con el
objetivo de ser las impulsoras de las políticas públicas con perspectiva
de género, de transversalizar éstas en las administraciones públicas y
de implementar las acciones para prevenir la violencia y la
discriminación contra las mujeres.
Para ello se diseñaron una serie de modelos, normas, parámetros y áreas
de estudio y especialidad para encaminar las acciones a fin de mejorar
la vida de las mujeres.
Sin embargo, al igual que en otros espacios de la administración
pública, sus titularidades recaen más que en personas con un perfil o
trayectoria –con algunas excepciones extraordinarias– en personajes
político-partidistas vinculados con el gobernante en turno, ya sea por
pertenencia al grupo político, al partido y/o porque, en el caso de las
Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) se
“entiende” que tiene que ser una mujer quien lo ocupe.
Desde el año 2000 a la fecha, cuando se creó el Instituto Nacional de
las Mujeres (Inmujeres) como respuesta a las recomendaciones que el
Estado mexicano ha recibido de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus
siglas en inglés), ya se cuentan con IMEF en las entidades federativas y
cada una se rige con su propio criterio desde la persona que es
nombrada como titular.
Desde el movimiento feminista hay conciencia de que las IMEF son
resultado precisamente de la lucha feminista, así como sus presupuestos y
los programas federales que ejecutan y que se discutieron en la Cámara
de Diputados hacia finales de 2003 y 2004, cuando se propuso que los
ejecutaran directamente y no se concentrara en la instancia federal, una
medida de fortalecimiento a las entidades federativas.
Por esa razón y porque muchos de los principios que deben ejecutar son
precisamente agenda impulsada y diseñada desde los movimientos
feministas, la propuesta que surge en San Luis Potosí (SLP) y Chiapas,
hasta ahora, de que sean mujeres con experiencia, conocimiento en
género, agenda de derechos de las mujeres, transversalidad y políticas
públicas con perspectiva de género, resulta una demanda que ya se había
tardado.
La propuesta se centra en plantear la razón de por qué sí, por qué una
feminista puede ser la titular de la instancia, y por qué los grupos
feministas en cada entidad tienen el derecho de proponer a una mujer
para ocupar ese espacio, y por fin de una vez dejarlo de ver como un
espacio de acción partidista, para convertirlo esencialmente en uno de
acción política a favor de las mujeres.
Tanto en Chiapas como en SLP hay argumentos, hay requerimientos
específicos del perfil que deben reunir las mujeres y sobre todo se
fundan en la preocupación de que en los derechos de las mujeres no
podemos darnos el tiempo de experimentar y que haya personas de buenas
intenciones que lleguen a aprender, o creer que la acción se puede
emprender exclusivamente desde la experiencia de vida y el anhelo de una
mejor vida para las mujeres.
Se requiere también empezar a garantizar el servicio civil de carrera en
esas instituciones, que hacia el interior se reconozca el trabajo de
las personas que se capacitan y profesionalizan, pero sobre todo empezar
por garantizar el pleno respeto a los derechos de las mujeres y hombres
que trabajan en esas instituciones.
Es una demanda justa, pero es sobre todo una petición fundada en el
derecho que tienen las mujeres que han dedicado su vida al aprendizaje
de la teoría de género, teoría feminista, políticas públicas con
perspectiva de género y derechos de las mujeres, el aspirar al cargo de
titularidad de la instancia de la mujer en su entidad federativa.
Esta acción podría irse replicando hacia otros estados en el futuro, en
el corto plazo y debe empezar a hacérsele eco en los municipios, donde
prácticamente en algunos estados no existen o lo hacen en el membrete, y
sin ningún apoyo.
Casos en los que las directoras de las instancias municipales son las
secretarias que le ponen un escritorio y una silla para que atienda a
las mujeres que llegan a pedir información acerca de qué hacer porque no
reciben pensión.
Cuando los derechos de las mujeres se conviertan en una prioridad en la
administración pública de los estados, cuando las entidades dispongan
además de Consejos Sociales efectivos y no formados por señoras de
buenas intenciones, pero sin ningún conocimiento en los temas, o por ser
familiares de los políticos en turno, entonces las IMEF empezarán a
tener un trabajo que transforme la vida de las mujeres.
Como ya ha empezado a ocurrir en algunas entidades donde los
nombramientos se fundaron en la experiencia en el tema de las titulares,
como ocurre cuando el Consejo Social está integrado por feministas
conscientes de la trascendencia de las decisiones y acciones que han de
tomarse desde el Inmujeres y las entidades federativas.
*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
Cimacnoticias | Campeche.-
Archivo CIMACFoto
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