Conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales sobre crimenes de Ayotzinapa
Correspondencia de prensa
A
menos de un mes que se cumpla el primer aniversario de la noche de
Iguala, la del asesinato de seis personas (incluidos tres estudiantes)
y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, un
golpe mediático vuelve a poner en la primera plana de los medios de
comunicación lo sucedido en esa infausta noche. Para el presidente Peña
Nieto las conclusiones de las investigaciones del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) sobre los
asesinatos y las desapariciones ocurridas esa noche presentadas
públicamente el pasado 6 de septiembre, representan un tremendo golpe a
la credibilidad de su gobierno: la pretendida “verdad histórica” sobre
el caso del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam que según
él cerraba prácticamente el mismo fue hecha añicos con el rosario de
conclusiones de dicho grupo. La tristemente célebre “verdad histórica”
del gobierno de peña Nieto resultó ser una “mentira histórica”. Una de
esas devastadoras conclusiones en especial retumbó fuerte en la opinión
pública: los 43 de Ayotzinapa no fueron quemados en el basurero de
Cocula como dijo en noviembre pasado el muy cansado Murillo Karam. Por
tanto la exigencia de su búsqueda se potencia un año después de su
desaparición y el grito de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”
será aun más ensordecedor para el gobierno priista.
La estrategia
gubernamental de tratar que este caso que se ha convertido en el peor
escollo entre tantos problemas que enfrenta esta administración, apenas
a la mitad de su sexenio, fuera “superado” y desplazado a un segundo
plano, ha fracasado rotundamente. Las informaciones son cada vez más
numerosas sobre los actos que se preparan en todo el país desde la
península de Baja California hasta la de Yucatán, actos de todo tipo de
protestas a realizarse el próximo 26 de septiembre, cuando se cumpla el
primer aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, día que se
ha bautizado como el de “la indignación nacional”, actos que culminarán
con la que se espera será una gigantesca manifestación en la ciudad de
México que se iniciará a las 12.00 horas. desde la residencia
presidencial de Los Pinos y culminará horas después en el Zócalo.
La lucha por la aparición de los 43 se hace más actual, más vigente y
definirá aún más profundamente le amplia y creciente oposición popular
al gobierno priista que se encuentra prácticamente atorado y cuyas
camarillas han comenzado sus pugnas internas para definir precozmente
quien será el sucesor de Peña Nieto. Seguramente también en las actos
de las protestas del 26 de septiembre muchos gritos de ¡Fuera Peña! se
oirán fuertemente en las calles.
Las conclusiones del GIEI no
son sorprendentes. Desde noviembre pasado muchas investigaciones,
destacando las que aparecieron desde octubre mismo en la revista
Proceso, habían señalado las innumerables incongruencias, omisiones e
inconsistencias de las argumentaciones expuestas por Murillo en sus
explicaciones de lo que llamó la “verdad histórica”. Por ejemplo, la
inverosímil teoría de la incineración en un predio selvático en una
noche lluviosa de 43 cadáveres cuya pira debería haber producido una
columna de humo de decenas de metros que nunca se vio en los
alrededores y que para mantenerla se hubieran necesitado enormes
cantidades de llantas y materiales inflamables que los albañiles, que
resultaron ser los supuestos ejecutantes y cuyas “confesiones” fueron
arrancadas con las torturas de la policía, jamás hubieran podido
conseguir con sus exiguos recursos. El experto peruano que el GIEI
llevó al tiradero de Cocula consideró que en el lugar no había señales
de la supuesta gigantesca pira que para incinerar 43 cadáveres se
hubieran necesitado, ni rastros de una hoguera de diez o más horas que
seguramente hubiera dejado marcas en el predio cuyos alrededores
necesariamente se habrían incendiado.
Igualmente señaló la
presencia de un quinto camión ocupado por los estudiantes y ferozmente
atacado por sus agresores cuya presencia señalada por testimonios
ministeriales fue por completo soslayada en el informe de Murillo. En
dicho camión podría estar cierta explicación de la ferocidad que se
desató contra los estudiantes pues se considera que el mismo era
portador de droga con destino a Chicago.
Otro de los aspectos
más polémicos que no deben gustarle nada a Peña Nieto y su gobierno son
los pasajes donde el informe trata sobre el ejército. El texto va
señalando lo que también ha sido ya una y otra vez mencionado por
diversos autores y comentaristas, la presencia imposible de negar del
ejército en los acontecimientos. Y, por tanto, una de las
recomendaciones más comprometedoras para Peña Nieto es la demanda del
GIEI de permitir la apertura de las instalaciones del cuartel
localizado en Iguala y el cuestionamiento de los militares involucrados
en los incidentes de la noche de Iguala.
El informe del GIEI
de casi 500 páginas está lleno de observaciones, puntualizaciones y
recomendaciones que los expertos independientes hacen para que el
gobierno mexicano reexamine nuevamente sus conclusiones, de hecho
propone una nueva investigación sin afirmar claramente su rechazo a la
investigación de la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la
República (PGR). Pero ha bastado lo anterior para producir el estallido
de una bomba mediática que ha obligado al gobierno a reconocer la
necesidad de seguir investigando y a aceptar una nueva entrevista de
los familiares y sus abogados con Peña Nieto el próximo 23 de
septiembre.
Ante esta situación se ha desprendido como lógica
la prorrogación del mandato de estancia del GIEI en México para
continuar sus investigaciones. Otro resultado no muy grato para el
gobierno.
La pregunta que se impone ¿por qué el gobierno de
Peña Nieto ha debido aceptar en esta ocasión tal intervención de una
parte externa en el caso de la noche de Iguala? Y otra que se desprende
lógicamente ¿por qué la OEA, de quien depende CIDH (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos), la cual a su vez patrocina al
GIEI, ha puesto a uno de los gobiernos más importantes de la
organización, aliado casi incondicional de Washington, en los apuros en
que actualmente se encuentra ante un informe que da nuevos argumentos y
bríos a la campaña por la aparición de los 43? La respuesta es la
presión nacional e internacional tan impresionante que se ha desplegado
en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa, solidaridad que le llega
también indirectamente a sus aliados más directos y cercanos, los
maestros de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación)?
El caso de Ayotzinapa ha sido la punta del
tempano. La cuestión de los desaparecidos en México es ya una
problemática latinoamericana. Hoy el caso de los normalistas
trasciende, pues en México hay miles de desaparecidos desde hace más de
una década y no se había levantado un movimiento de la magnitud que hoy
apreciamos. Esto lo han reconocido las organizaciones de los derechos
humanos latinoamericanas. La solidaridad que se ha desplegado con
motivo de los acontecimientos de la noche de Iguala hoy se ha
convertido en una poderosa presión internacional que el gobierno
mexicano no puede soslayar tan fácilmente. Decenas de organizaciones no
gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos han
solicitado a Peña Nieto que cumpla con las recomendaciones de la GIEI.
Se han expresado en tal sentido las Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro
de Estudios Legales y Sociales, ambos de Argentina; Oficina en
Washington en Asuntos Latinoamericanos (WOLA); la Comisión de Paz y
Justicia y la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz,
ambas de Colombia; la Asociación pro Derechos Humanos de Perú; el
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de
Venezuela; la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador; la
Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay; el Centro de Derechos
Humanos Robert F. Kennedy de Estados Unidos y otras organizaciones
parecidas de Bolivia, Costa Rica, Brasil, Honduras, Guatemala,
Nicaragua y por supuesto México.
Estrictamente paralelo a
estos acontecimientos en México, se producía en el país vecino del sur
la gigantesca movilización popular, que culminó con la renuncia y el
arresto de Otto Pérez Molina, ex presidente de Guatemala.
Inmediatamente este hecho se ha traducido en la opinión popular a la
realidad mexicana: ¿por qué en Guatemala y en México no? O de otra
forma ¿qué tiene Guatemala que no tiene México? Obviamente a pesar de
las similitudes muy grandes con Guatemala, las cuales en el sur y el
sureste son muy evidentes, en lo sustancial México es un país muy
diferente a su vecino sureño. Aquí el grito de ¡Fuera Peña! todavía
tiene que llegar a las grandes masas de trabajadores para que tenga el
eco que merece y la fuerza necesaria para hacerlo realidad y además,
más que en Guatemala, aquí el sistema es claramente mucho más poderoso
en su raigambre nacional (nacionalista) y social que la estructura del
poder en Guatemala.
En Guatemala misma la operación de la
destitución y detención carcelaria de Pérez Molina debe ser
aleccionadora. Sin quitarle el mínimo mérito a la gran campaña popular
que logró destituir a este ex militar genocida, no podemos dejar de
tomar en cuenta que, en primer lugar la sentencia del 20 de mayo
condenando Pérez Molina a 80 años de prisión que representa una
conquista popular, ha sido revocada por el más alto tribunal de
Guatemala, encontrándose hoy todavía la apelación contra tal nefasta
decisión en pleno trámite. Igualmente debe entenderse que el genocida
fue sentenciado por un fraude escandaloso y no se tomó judicialmente en
cuenta para nada su pasado genocida. Finalmente en la primera vuelta de
las elecciones del 6 de septiembre para elegir al sucesor de Pérez
Molina, el candidato ganador ha sido el “independiente” Jimmy Morales,
un cómico de la televisión con vínculos directos con los grupos más
reaccionaros y derechistas del país que en la segunda vuelta podría ser
electo como el nuevo presidente de Guatemala.
Aquí en México
la consigna ¡Fuera Peña! debe plantearse junto con un programa
alternativo que tenga como meta la instauración de un gobierno de los
obreros, campesinos e indígenas que sea el inicio de la lucha por la
fundación de una nueva sociedad para evitar que a Peña Nieto lo
sustituya otro priista o panista o incluso como se está prefigurando ya
como una alternativa adecuada para los grupos capitalistas en el poder,
por un “independiente” al estilo de Jimmy Morales.
* El autor es militante de la Liga de Unidad Socialista (LUS) - México
Correspondencia de Prensa - boletín informativo: germain5@chasque.net
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