En el país, en un mes o dos se puede instalar dicho organismo que podría investigar el caso de los estudiantes desaparecidos, afirmó.
Foto: Karina Maciel
Carlos Castresana, quien fue el primer director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por encargo de la ONU, consideró que ese tipo de organismo se podría solicitar en México para investigar el caso Ayotzinapa.
En entrevista para Aristegui CNN, detalló su experiencia en Guatemala, donde fue precisamente esa comisión la que junto con el Ministerio Público acusó al ex presidente Otto Pérez Molina, como la cabeza de una red de fraude aduanal que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Actualmente la ONU tiene unas 5 peticiones concretas de réplica de países que están diciendo queremos un mecanismo como este (el
de Guatemala), pero tiene que ser solicitado por el país, “Guatemala
tiene uno así porque lo pidió al secretario general de la ONU, México
tendría que hacer lo mismo”, indicó.
Aunque reconoció que la “creación de una fiscalía en sí misma no es la solución, no resuelve el problema, lo que resuelve el problema es abordarlo y solucionarlo, eliminar
las interferencias políticas, darles la independencia para que puedan
hacer su trabajo sin directrices del poder política”.
Precisó que la fiscalía internacional trabajaría de la mano con la
fiscalía del país; “yo tenía que convencer al fiscal, eso se puede
hacer en México y no representa ceder soberanía”, aseveró.
Lo que hace una comisión como la CICIG es crear “capacidad que dejas ahí instalada y al final son los fiscales y los policías de ese país quienes hacen la tarea”.
“La justicia es adictiva, cuanto más tienes más quieres”, consideró.
Tras la creación de la CICIG, se pudo meter “a los malos a la cárcel
que es para lo que se supone que están ideadas y pagadas” las
instituciones de justicia.
El divorcio de la ciudadanía con sus autoridades no es casual; “los
mexicanos están desencantados de sus instituciones de justicia porque
éstas no funcionan, no les están solucionando los problemas y en
definitiva no los están protegiendo”.
“Hace falta poner en marcha el mecanismo, entrenar a los
funcionarios, seleccionarlos muy bien, implementar controles de
confianza, y caminar con ellos hasta que son capaces por sí solos”,
aseguró.
En Guatemala, “tuvimos que crear esa contraparte, no encontramos
policías ni jueces confiables porque el sistema estaba muy infiltrado
por estructuras que provenían del conflicto armado, era ineficiente,
corrupto o peor, trabajaba para los malos”. Ante ello, “elegimos a
policías, les enseñamos nosotros, los formamos, con los fiscales lo
mismo”.
Y puntualizó que un grupo de expertos puede observar y recomendar pero no tiene capacidad de acción, de tomar decisiones, iniciativas,
“nosotros teníamos que trabajar caso por caso con el fiscal general,
tuvimos que remover dos fiscales generales, antes de encontrar uno que
estuviera dispuesto a hacer el trabajo y había veces que había que
convencerle”.
Sobre la reunión que este jueves tendrá el presidente Enrique Peña Nieto con los padres de Ayotzinapa, dijo que ellos pedirán “hechos, acciones, tiene que dar esa respuesta, no puede decir qué pena, lo siento, tiene que decir: vamos a hacer esto, esto, esto”.
Si hay voluntad política, el presidente del país o el Congreso
podría pedirlo a la ONU. Indicó que el presidente guatemalteco solicitó
la comisión “porque tenían una situación insostenible de seguridad y de
justicia; tenían el sistema colapsado, una cantidad de violencia que
desbordaba las capacidades de las pocas instituciones que medio
funcionaban, entonces sacaron bandera blanca, hablaron a Nueva York y
dijeron: vengan, ayúdennos“.
Si no pueden o no quieren investigar un asunto, “alguien tiene que
mover esa voluntad o crear esa capacidad que no se tiene”, eso es lo
que haría la comisión internacional.
“La situación en que se encuentra México que es una crisis de derechos humanos pero sobre todo es una crisis de confianza entre la ciudadanía y las autoridades,
no se soluciona de la noche a la mañana y tampoco con actos de fe, no
se le puede pedir a los mexicanos votos de confianza, cheques en blanco
por tiempo indefinido, ya ha habido esas oportunidades y han pasado y
ahora se necesitan resultados”, sostuvo.
Cuando trabajó el territorio guatemalteco, “me harté de decir que el
miedo tiene que cambiar de bando. Los malos que son mil no pueden tener
arrodillados a 14 millones, tienen que reaccionar y esa reacción
finalmente se ha producido (en Guatemala). Se han indignado cuando se
enteraron que el presidente y la vicepresidenta estaban involucrados en
una trama de corrupción que estaba saqueando las aduanas del país, es
decir los fondos públicos, los impuestos que pagaban los ciudadanos,
esa sociedad se ha movilizado y ha provocado la reacción del organismo
judicial que ha hecho lo que tenía que hacer”.
Al llegar a Guatemala en 2007, dijo, estaba en la misma situación:
había un divorcio absoluto entre la ciudadanía y las autoridades, y
además había un gran miedo en la ciudadanía como consecuencia de que
venían de estar 36 años en guerra civil, por ello había que crear esa
confianza y ésto se logra dando resultados.
Por último, contó que se encuentra en México trabajando en la
posible creación de unidades de fiscalías dentro de las procuradurías
que funcione con las mejores prácticas internacionales, “pequeñas
unidades bien impermeables, de funcionarios debidamente
adiestrados”, dos estados han manifestado la posibilidad de hacerlo, el
primero sería Oaxaca.
Refirió que en este momento hay miles de casos pero pocos juicios y
condenas, “estamos rozando el 100 por ciento de impunidad, igual que en
Guatemala, si allá se pudo revertir aquí también”.
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