Luis Hernández Navarro
¡Zas! ¡Duro y a la cabeza! El informe provisional sobre la situación de los derechos humanos en México, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), propinó tremendo descontón a la administración de Enrique Peña Nieto.
Es una raya más al tigre. Desde hace un año, una tras otra, el gobierno de Peña Nieto ha perdido todas las batallas diplomáticas relevantes sobre el estado que guardan los derechos del hombre en el país. Su política de contención de daños en los foros internacionales parece coladera. Su capacidad de presión ante organismos multilaterales se encuentra sumamente mermada. Sus maniobras no han logrado impedir que se conozca la grave situación que prevalece en el país en este terreno.
La delegación de la CIDH estuvo en México entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre. Su llegada estuvo precedida de múltiples tensiones con el gobierno federal. Según informó Mario Patrón, director del Centro Pro de Derechos Humanos, en una sesión en Washington celebrada la última semana de julio, en la que se discutió prolongar el mandato del GIEI, el embajador de México ante la OEA, Emilio Rabasa, se confrontó con el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza.
Finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se vio forzada a extender una invitación al pleno de la CIDH para evitar que el organismo incluyera a México en el capítulo cuarto de su informe anual. Un Estado es incluido en el capítulo cuarto si el organismo reúne información de múltiples fuentes que evidencien violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, incluidas las conclusiones de otros órganos internacionales de derechos del hombre sobre la situación del país.
Rabasa, quien, en tiempos de Ernesto Zedillo encabezó, con más pena que gloria, la coordinación para el diálogo en Chiapas, quiso matizar en los medios el diferendo con la CIDH. Sin embargo, varias fuentes sostienen que efectivamente el choque se dio y distó mucho de ser terso. La airada respuesta gubernamental, acompañada de una andanada mediática contra Emilio Álvarez Icaza, muestran que el pulso entre ambos no fue precisamente mil sobre hojuelas.
En el terreno, la CIDH constató la grave crisis de derechos humanos que se vive en el país, caracterizada por una situación de extrema inseguridad y violencia, falta de acceso a la justicia e impunidad. Lo sucedido a los 43 normalistas de Ayotzinapa –concluyó la comisión– no es una tragedia aislada, sino parte de un patrón de violaciones a los derechos de los hombres.
Sobre los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, la presidenta de la comisión, Rose-Marie Belle Antoine, expuso que en la investigación a cargo de la PGR el organismo está obligado a determinar las responsabilidades penales correspondientes. Además –señaló– la procuraduría debe adoptar cuanto antes las medidas solicitadas por el GIEI: designar un fiscal especial a cargo de la investigación, renovar a todo el equipo, reorientar la investigación y permitir a los expertos entrevistar a todos los testigos, incluidos los soldados del 27 batallón de infantería.
El gobierno federal, mediante el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, reviró diciendo que el documento de la CIDH
no refleja la situación del país, y que el caso de Ayotzinapa es
absolutamente extraordinario. Cuestionó la objetividad de un informe preliminar realizado en cinco días, a partir de su recorrido por sólo cinco entidades federativas y el Distrito Federal.
Los argumentos del subsecretario Campa fueron muy poco originales. Son casi los mismos que se esgrimieron con la presentación de los primeros informes sobre derechos humanos en nuestro país en 1986. Uno se denominó México, los derechos humanos en zonas rurales: intercambio de documentos con el gobierno mexicano sobre violaciones de los derechos humanos en Oaxaca y Chiapas; el otro fue titulado: Preocupaciones de Amnistía Internacional sobre México. Era entonces presidente Miguel de la Madrid. Ambos reportes –como los que vendrían después– fueron objetados con los mismos razonamientos que Campa utilizó ahora.
La cerrazón oficial ante los señalamientos sobre la grave situación que guardan los derechos humanos en el país desde el inicio de la administración de Enrique Peña no se limita al caso de la CIDH. Un penoso incidente se suscitó también con el relator especial contra la tortura de la ONU, Juan Méndez, con quien la SRE entró en confrontación directa. Tampoco le cayeron nada bien al gobierno federal los señalamientos del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y los del relator contra ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns.
El reporte de la CIDH se dio en el preámbulo de la visita del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Hussein, que comenzó el pasado 4 de octubre. Junto con otros pronunciamientos emitidos en la ONU, sientan un precedente sobre la orientación que podría tener la visita de este funcionario.
El informe de la Comisión Interamericana puso sobre la mesa la necesidad de crear en el país un organismo contra la impunidad, o para investigar el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Una gran variedad de voces, nacionales y extranjeras, se escucharon demandando una salida en esta dirección.
De inmediato, Campa Cifrián las acalló diciendo que las “instituciones de fuera no sustituyen a las mexicanas, porque las soluciones de fuera son salidas fáciles que conducen al fracaso… la historia también acredita que las soluciones del país las tenemos que encontrar los mexicanos”.
La versión gubernamental sobre la crisis de derechos humanos se ha vuelto insostenible en el terreno internacional. Sus maniobras diplomáticas para tapar lo evidente funcionan cada vez menos.
Escribió el dramaturgo alemán Bertold Brecht:
Cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad. Esa hora es la que en materia de derechos humanos le llegó a México.
Twitter: @lhan55
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